La Cámara de Diputados declaró el rechazo al decreto de Javier Milei que limitó el acceso a la información pública y le exigió al Poder Ejecutivo Nacional su derogación. Karina Banfi fue quien llevó el tema al recinto a través de un apartamiento de reglamento que fue acompañado con el voto de 167 legisladores. En su discurso, la dirigente del radicalismo citó el amparo que se presentó en la Justicia luego de que Aerolíneas Argentinas se negara a brindar información a Perfil sobre los gastos de publicidad y propaganda de la compañía. "Vamos a esperar la resolución judicial porque no tengo dudas que va a declarar la inconstitucionalidad de este decreto", sostuvo.
"Si queremos respetar la libertad de expresión y si queremos ser un país que respeta la libertad de pensamiento y la libertad de opinión por sobre todas las cosas tenemos que respetar este acuerdo y esta concertación que logró este Congreso a través de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública", enfatizó la diputada Karina Banfi, autora de la iniciativaLa iniciativa de Banfi fue votada a favor por todos los bloques, excepto por La Libertad Avanza e Independencia, el espacio de los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, hubo una abstención de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo. "Con la fuerza de tres cuartos de la Cámara, lo que hicimos fue decirle al Ejecutivo Nacional que tiene la posibilidad de derogar ahora el decreto 780 porque, eventualmente, la Justicia lo va a declarar inconstitucional", explicó a este medio la legisladora radical.
El decreto 780/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de septiembre y, desde entonces, acumula cuestionamientos. La norma modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y redefinió el concepto mismo de "información pública". Además, incorporó nuevos requisitos para solicitar datos al Estado y estableció que las autoridades no están obligadas a responder solicitudes con la "esfera típicamente doméstica de los funcionarios", entre otros cambios.
"Entendemos que cuando se vulnera la libertad de expresión, cuando se vulnera la transparencia y el gobierno abierto, el Parlamento y el Congreso tienen que reaccionar. Nos gustaría que muchos diputados aquí presentes (en alusión a Pro y a la UCR) no sean selectivos sobre la vulneración de las facultades que comete el Poder Ejecutivo en contra del Congreso", asestó el diputado radical Pablo JulianoPoco después de su publicación, Aerolíneas Argentinas rechazó una solicitud de acceso a la información pública presentada desde Perfil para conocer cómo fue la distribución del dinero destinado a publicidad y propaganda por parte de la compañía estatal en la primera etapa de gobierno de Milei. Las autoridades de la empresa se respaldaron, justamente, en el nuevo decreto. Con el acompañamiento y patrocinio de la clínica jurídica y gratuita de Poder Ciudadano, el caso llegó a la Justicia.
El coordinador del servicio jurídico de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, contó cuál es el estado de la causa: "Está para que se dicte sentencia en primera instancia. Ya pasó a la fiscalía para que haga su dictamen y después debe expedirse la jueza. Ojalá sea antes de la feria, pero los tiempos de la Justicia son erráticos", contó.
"Los ciudadanos deben tener garantizado el acceso a la información y el Gobierno no puede excederse desnaturalizando la ley; el decreto 780 va en contra de lo que este Congreso sancionó, el Ejecutivo se ha extralimitado en sus facultades y ha legislado", aseveró la diputada de Unión por la Patria, Carolina GaillardBanfi, que es la impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostuvo que con la sentencia judicial —siempre y cuando el Ejecutivo no decida derogar antes el decreto— volverá a la carga en la Cámara baja: "Ahora no se podía derogar porque es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional reglamentar la ley. El problema es que con el 780 no se reglamentó nada, sino que se legisló. Pero eso no lo podemos decir nosotros, sino que lo debe decir la Justicia", explicó.
Acceso a la información: el rechazo en Diputados al decreto reglamentario 780/2024
El rechazo al decreto se incorporó al temario de la sesión de ayer, cuyo principal tema de debate fue el proyecto para prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online. Banfi habló de la "gravedad institucional" que implicó la reglamentación que restringió el acceso a la información pública, un derecho humano fundamental en las democracias. En particular, subrayó su alarma por la habilitación a que se persiga con la figura de daños y perjuicios a quienes hacen uso de este instrumento.
El rechazo al decreto se incorporó al temario de la sesión de ayer, cuyo principal tema de debate fue el proyecto para prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online. Banfi habló de la "gravedad institucional" que implicó la reglamentación que restringió el acceso a la información pública, un derecho humano fundamental en las democracias. En particular, subrayó su alarma por la habilitación a que se persiga con la figura de daños y perjuicios a quienes hacen uso de este instrumento.
"Es insuficiente una resolución que le exija al Gobierno que derogue el decreto. Porque es el mismo gobierno que quiere negar los informes pedidos. Es el mismo gobierno que ataca permanentemente la libertad de expresión, que ha hecho agravios y ataques a periodistas, que ha reprimido a periodistas durante el tratamiento de la Ley Bases, a balazo de goma limpio", enfatizó Cristian Castillo, del Frente de Izquierda y de TrabajadoresLa diputada Banfi contó que así como Aerolíneas Argentinas se respaldó en el decreto 780 para negar información a Perfil, las actuales autoridades del Banco Nación hicieron lo mismo con una solicitud que ella había presentado por contrataciones durante la gestión anterior.
La medida desnaturaliza la ley 27.275 de acceso a la información pública, pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada. En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.
"A principios de año inicié un amparo porque la señora (Silvina) Batakis y la señora María Barrios, presidentas en su momento del Banco Nación, no querían entregar los recibos de sueldo ni las nóminas de contrataciones. ¿Se acuerdan que habían contratado a la numeróloga? La Justicia me dio la razón. Y lo que sucedió es que el nuevo presidente del Banco Nación (Daniel Tillard) le dijo a la Justicia que no me la va a entregar porque está amparado en el decreto 780, lo cual me obliga a apelar", contó Banfi.
Antes de pasar a la votación para la inclusión del proyecto al temario, el santacruceño Sergio Acevedo anticipó que se iba a abstener -finalmente votó en contra- porque "la verdad que hacer declaraciones para que no tengan ningún efecto jurídico, la verdad es como que nos tomemos el pelo a nosotros mismos", manifestó. "Yo celebro la voluntad, pero sabemos que esto termina en nada; tenemos que ir a las cosas, es hora que vayamos a las cosas y tratemos lo que tiene que ver con nuestras atribuciones y facultades que todos los días las menoscaban", agregó. La votación resultó entonces con 167 votos positivos, 41 negativos y una abstención, de la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
Fuentes: Diarios Perfil, La Nación y Parlamentario
