La Mesa Regional se formó hace aproximadamente 10 meses, con el objetivo de reunir a cooperativas que trabajan en proyectos de urbanización en colaboración con la Secretaría de Integración Sociourbana. Sin embargo, desde la asunción del actual gobierno de Javier Milei, las obras han sido paralizadas. En la actualidad, la mesa está compuesta por ocho cooperativas, que han tenido un impacto directo en más de 2.600 familias.
Trabajo y proyectos en curso
Anabel explicó que su cooperativa: Agustín Tosco, Polo Productivo, de barrio Las Flores, está llevando a cabo un proyecto para llevar agua potable que beneficiará a 129 familias. "Es uno de los trabajos más grandes que pudimos hacer en el barrio fue la obra intradomiciliaria, que es la conexión del caño madre de agua hacia la caja, dentro de la casa. Completamos el servicio a 65 familias, o sea, terminadas con luz también para la bomba de agua, la cisterna, la torre, el tanque, y para eso hay que tener una conexión de luz adecuada. A las 129 viviendas les conectamos la caja directo hacia ahí, nos falta terminar el 40%", señala y destaca que había 20 trabajadores "entre esos 5 eran mujeres, porque también eso era algo nuevo para nosotros. Un 75% de los trabajadores eran provenientes del barrio, personas que laburaron y cobraron su sueldo".
Por su parte, Agustín comentó sobre la situación en el barrio Saladillo, donde la falta de servicios básicos ha llevado a problemas graves, como incendios provocados por la deficiencia eléctrica. A través de la cooperación con Flor de Ceibo, del Movimiento Evita, se han implementado proyectos para mejorar la infraestructura y garantizar derechos básicos como el acceso al agua y la electricidad.
Un Estado ausente
Ambos representantes señalaron que, a pesar de los convenios firmados y el avance inicial de las obras, no han recibido respuestas adecuadas del gobierno nacional, provincial y municipal. A pesar de los intentos de diálogo, la falta de acciones concretas ha dejado a muchas familias en la incertidumbre.
En este contexto, Anabel y Agustín resaltaron la importancia de la urbanización como un medio para mejorar la calidad de vida en los barrios populares. "Defendemos la idea de una ciudad integrada y completa", afirmaron, recordando que la urbanización no solo se trata de infraestructura, sino también de dignidad y derechos.
Anabel Amarillo sentenció: "Desde que asumió el nuevo gobierno, nuestras obras se han paralizado. Esas obras habían iniciado y hemos llegado a un 20, un 30% de avance real con todos los certificados y las auditorías que requería la Secretaría para obtener el segundo desembolso, pero desde la asunción de Javier Milei no hemos tenido ninguna novedad a raíz de estas obras. Defendemos la urbanización como una necesidad para garantizar derechos básicos, como el acceso al agua y la electricidad", sostuvo la también integrante de Nuestramérica.
A su lado, Agustín González Chendo señaló: "Saladillo es un barrio que ha sido olvidado. La falta de servicios ha llevado a situaciones extremas, como incendios en casas. Necesitamos respuestas del Estado para reanudar las obras que fueron prometidas y que son urgentes."
"Lo que buscamos es la integración de nuestros barrios en la ciudad. La urbanización no es solo cuestión de infraestructura; es un tema de dignidad y de derechos para todas las familias que aquí viven", subrayó.
"Queremos que se visibilice nuestra lucha. Estamos aquí para defender no solo a nuestras cooperativas, sino también a todas las familias que dependen de estas obras para mejorar su vida cotidiana. La política debe estar al servicio de la comunidad, y no al revés", concluye el referente de barrio Saladillo.
El Gobierno nacional no cumple con la Ley 27.453, que establece el "Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana".
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La visita a Aire Libre Radio Comunitaria fue una oportunidad para visibilizar la lucha de estas comunidades. Los representantes hicieron un llamado a la sociedad y a las autoridades para que retomen las obras y atiendan las necesidades urgentes de los barrios. "La política que necesitamos es la que trabaja en el territorio, la que escucha y responde a la comunidad", concluyeron.
La Mesa Regional de Barrios Populares es un ejemplo de organización y resistencia, cómo decenas de organizaciones en las barriadas populares. A través de su trabajo, buscan no solo mejorar la infraestructura de sus barrios, sino también reconstruir el tejido social y fomentar la participación comunitaria, en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos.
Hacia la integración
Hasta el año 2016, en Argentina, no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes en el territorio. Ese mismo año, 13 mil encuestadores de organizaciones realizaron un acuerdo con el Estado nacional para relevar estos datos por primera vez. El registro se oficializó en 2017 y, seis años más tarde, con su ampliación, quedó confirmado con 6.467 barrios populares, es decir, aquellos que carecen de servicios básicos y esenciales para la vida, como el agua, la electricidad o una red cloacal.
Este fue el impulso para la sanción de la Ley 27.453, motorizada por movimientos sociales y aprobada por unanimidad en el Congreso, en el año 2018. La normativa está destinada a mejorar la infraestructura de los territorios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y garantizar los derechos de sus poblaciones. Además, es una fuente laboral para miles de familias, ya que establece que el 25% de los trabajos a realizar deben ser hechos por las propias vecinas y vecinos, organizadxs en cooperativas.
A través del decreto que reglamentó la ley, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios. Desde el año 2021, se destina al FISU un 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que luego se reforzó con un 15% del Aporte de las Grandes Fortunas.
Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei en alianza con el PRO, las obras en los barrios se encuentran frenadas: "A seis meses de haber asumido, el gobierno sigue recaudando el impuesto, pero decide no pagar: no ha continuado ni una sola obra y adeuda el pago de las que están en proceso y auditadas", indicó un anterior comunicado de la Mesa Regional de Barrios Populares.
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Paralización de obras en Barrios Populares de Rosario afecta a miles de familias
Hacia la integración
Hasta el año 2016, en Argentina, no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes en el territorio. Ese mismo año, 13 mil encuestadores de organizaciones realizaron un acuerdo con el Estado nacional para relevar estos datos por primera vez. El registro se oficializó en 2017 y, seis años más tarde, con su ampliación, quedó confirmado con 6.467 barrios populares, es decir, aquellos que carecen de servicios básicos y esenciales para la vida, como el agua, la electricidad o una red cloacal.
Este fue el impulso para la sanción de la Ley 27.453, motorizada por movimientos sociales y aprobada por unanimidad en el Congreso, en el año 2018. La normativa está destinada a mejorar la infraestructura de los territorios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y garantizar los derechos de sus poblaciones. Además, es una fuente laboral para miles de familias, ya que establece que el 25% de los trabajos a realizar deben ser hechos por las propias vecinas y vecinos, organizadxs en cooperativas.
A través del decreto que reglamentó la ley, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios. Desde el año 2021, se destina al FISU un 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que luego se reforzó con un 15% del Aporte de las Grandes Fortunas.
Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei en alianza con el PRO, las obras en los barrios se encuentran frenadas: "A seis meses de haber asumido, el gobierno sigue recaudando el impuesto, pero decide no pagar: no ha continuado ni una sola obra y adeuda el pago de las que están en proceso y auditadas", indicó un anterior comunicado de la Mesa Regional de Barrios Populares.
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Miembros de la Mesa Regional de Barrios Populares reclamaron por los trabajos de urbanización que comenzaron en ocho barrios de la ciudad y llevan ya diez meses paralizados. Este martes Nación y provincia firmaron el convenio para culminar la urbanización del cordón Ayacucho, en el barrio Tablada. Se trata de proyectos para regularizar conexiones eléctricas y de agua, construir veredas o levantar salones de usos múltiples para el desarrollo de talleres de formación, comedores, actividades de salud, sociales o recreativas.
El desarrollo de las obras estaba previsto en barrios como La Bombacha, Santa Rosa, Los Pumitas, San Francisquito, Villa Banana, Saladillo, San Martín Sur, y Las Flores Sur, beneficiando a unas 2.600 familias.
Las obras financiadas por el Fideicomiso de Integración Socio-Urbana, a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana del ex Ministerio de Desarrollo Social, para el período 2022/2024 fueron paralizadas en el transcurso de este año, afectando profundamente a las comunidades locales.
Las mismas, están destinadas a mejorar la infraestructura en barrios populares de Rosario inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y abarcan múltiples mejoras, desde conexiones eléctricas y de agua hasta construcción de veredas y equipamiento comunitario, beneficiando a un total de 2,600 familias en situación de vulnerabilidad.
Obras y su impacto en los Barrios
Conexiones Eléctricas
Las obras en conexiones eléctricas incluyen el mejoramiento del tendido eléctrico, la implementación de bajadas seguras y la instalación de medidores y conexiones intradomiciliarias. Estas mejoras tienen como objetivo no solo proporcionar acceso a un servicio eléctrico seguro y estable, sino también reducir el riesgo de accidentes en épocas de alto consumo energético. Los barrios más beneficiados con estas obras incluyen:
- Villa Banana: 250 familias beneficiadas, con un avance de obra entre el 35% y el 65%.
- La Bombacha: 200 familias, con menos del 35% de avance.
- San Martín Sur103 familias, con un progreso inferior al 35%.
- San Francisquito: 100 familias, con un avance estimado entre el 35% y el 65%.
- Saladillo: 49 familias beneficiadas, con menos del 35% de avance.
Conexiones de Agua
El proyecto de conexiones de agua se centra en el polígono del barrio Las Flores Sur, donde 129 familias ya contaban con un avance de obra superior al 65%. Las nuevas conexiones brindan acceso a agua potable sin depender de la presión del servicio durante los picos de consumo, ya que cada vivienda cuenta con su propio tanque de almacenamiento. Este acceso garantiza mejores condiciones de higiene y limpieza, reduciendo la propagación de enfermedades y mejorando la calidad de vida de los habitantes.
Construcción de Veredas
El proyecto de veredas tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los barrios, protegiendo a las viviendas de inundaciones durante lluvias y dando una imagen urbana ordenada. La construcción de veredas también ayuda a limitar el uso de la calzada, proporcionando seguridad y accesibilidad para los peatones. Algunos de los barrios beneficiados incluyen:
- Villa Banana: 250 familias, con un avance de obra menor al 35%.
- Santa Rosa: 300 familias, con un progreso entre el 35% y el 65%.
- San Francisquito: 100 familias, con un avance estimado entre el 35% y el 65%.
Equipamiento Comunitario
Para el barrio Los Pumitas, el proyecto incluía la construcción de un centro comunitario y la mejora de espacios públicos, beneficiando a 1,500 familias. Estos espacios públicos están diseñados para fomentar la cohesión social y el desarrollo de actividades vecinales, ofreciendo un espacio seguro para el encuentro y la recreación. A pesar de su importancia para la integración social, la obra presenta un avance menor al 35%, lo que limita su impacto en la comunidad.
Implicaciones Sociales de la Paralización
Las familias que residen en estos barrios dependen de estas mejoras para acceder a servicios básicos y vivir en condiciones más dignas. En barrios como La Bombacha, Santa Rosa, Los Pumitas, San Francisquito, Villa Banana, Saladillo, San Martín Sur, y Las Flores Sur, la interrupción de las obras ha generado un impacto adverso en aspectos fundamentales de la vida diaria, afectando la seguridad, la salud y la cohesión social.
Es por ello que se dirigieron por nota al secretario de Integración Socio-Urbana de Nación, Sebastián Pareja, un funcionario cercano a Karina Milei, le piden la continuidad de las obras paralizadas y reunión con mesa regional, la cual nuclea Cooperativas de Trabajo, con obras conveniadas y en proceso, con la Secretaria de Integración Socio Urbana, y actualmente paralizadas. Con la finalidad de solicitarle la reanudación de las obras, y/o en su defecto un encuentro con esta mesa para dialogar sobre un plan para la reactivación de la totalidad de las obras. Aguardan una pronta respuesta.
En las fotos los trabajos que realizaba la cooperativa Agustín Tosco, Polo Productivo, de barrio Las Flores
