Por una comunicación plural, federal y democrática
Hace 20 años lanzamos un colectivo multisectorial y federal destinado a democratizar la palabra y dejar atrás las normas de la dictadura militar en materia de medios de comunicación social. Propusimos entonces una agenda para equilibrar las voces en los medios, limitar la concentración, defender y fomentar el rol de los trabajadores, promover nuevos actores e impulsar la producción nacional informativa y cultural.
La plataforma de 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se debatió en foros en todo el país y se convirtió en ley en 2009 con el acompañamiento de las mayorías populares, de legisladores de diversos partidos y el compromiso de la máxima autoridad del PEN, entonces a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trató de una norma respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, condición que le valió el reconocimiento mundial y un fallo de plena constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2013. Su articulado estableció una Comisión Bicameral parlamentaria, una Defensoría del Público, en representación de las audiencias, y un Consejo Federal multisectorial.
Sin embargo, su aplicación careció de políticas acertadas y su implementación fue sistemáticamente saboteada por una justicia complaciente con los poderes económicos y mediáticos. Diversas maniobras judiciales impidieron la adecuación legal en los medios con posición dominante de mercado hasta que el gobierno elegido en 2015 inició su desmantelamiento por decreto. Desde entonces la autoridad de aplicación perdió su independencia y quedó sometida a la voluntad del Ejecutivo.
Se impuso un régimen de mayor concentración de mercado, pérdida del federalismo y desconocimiento de la comunicación como derecho humano, que no fue modificado por el turno gubernamental desarrollado entre 1919 y 2023.
La actual gestión de Milei agravó, mediante el abuso de decretos y facultades extraordinarias, la desprotección de los derechos ciudadanos y el avasallamiento de los derechos laborales mediante políticas de flexibilización y ajuste. El crecimiento de la pobreza, a más del 55% en apenas seis meses, la desocupación y la recesión económica, fueron acompañados por amenazas a empresas, insultos a periodistas y cierres de medios. Se avanzó por decreto hacia el desmantelamiento de los medios públicos, se congelaron los fondos de fomento a la cultura y fueron intervenidos los órganos regulatorios del audiovisual y de la comunicación digital. Los medios universitarios son víctimas también del ajuste y el desfinanciamiento.
"Desde 2015 a esta parte hemos vuelto a retroceder. La verdad es preocupante y hoy nos pone en una situación en donde si repasamos cada uno de esos 21 puntos, nos damos cuenta que se están avasallando absolutamente todos", aseguró María Ana Mandakovic, secretaria de Organización de FATPren y adjunta de la CTA Autónoma Nacional
A 20 años del lanzamiento de la Coalición asistimos al desguace del sistema público de medios y de su carácter federal, así como al levantamiento de la producción local en las provincias para su reemplazo por conferencias del vocero presidencial en Casa Rosada. Existe un verdadero apagón informativo, que cuenta con el silencio cómplice de medios que antes reclamaban por la no injerencia gubernamental.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Radio y Televisión Argentina (RTA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el sector de contenidos públicos han sido intervenidos por decreto y vaciados de funciones y personal. Otros, como la agencia de noticias Télam, fueron clausurados.
Los ámbitos de la comunicación y la cultura se encuentran en un estado de emergencia laboral y productiva afectando a medios y productoras en todo el país. Están pisados los fondos previstos por ley para la promoción del cine y el audiovisual nacional, así como el teatro, la música independiente, el sistema de medios comunitarios e indígenas y la conectividad a internet en zonas con vulnerabilidad social o geográfica. A ello se suma el uso discrecional y disciplinador de la publicidad oficial.
Hace 20 años luchamos con la rémora oscurantista de la dictadura. Hoy nos desafía el mundo de las redes, las plataformas y los avances sin regulación de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo, las profesiones y los contenidos. Un nuevo sujeto social, político y cultural reclama nuevas agendas y mecanismos de representación.
Cese inmediato de las intervenciones en los medios públicos y el Ente Nacional de Comunicaciones y su reemplazo por las autoridades legalmente previstas en las normas que regulan el sector.Restablecimiento del pleno funcionamiento y control de los fondos de fomento sectorial creados por ley y con financiamiento propio para el cine, la televisión, la cultura y el mundo digital.Respeto al federalismo informativo mediante el cumplimiento de las cuotas de producción local y nacional, el restablecimiento de las corresponsalías de la agencia Télam, de las delegaciones de ENaCom en todo el país y la devolución de los contenidos locales a las filiales de Radio Nacional.Sanción de una ley de publicidad oficial que termine con la discrecionalidad de fondos reservados para grupos “amigos” mientras se asfixia a los medios independientes, comunitarios y comerciales de todo el país. La ley deberá tener como finalidad tanto la obligación de informar los actos de gobierno como el apoyo a un sistema independiente, público y privado, que garantice el pluralismo informativo.Actualización y modernización de las leyes 26.522 y 27.078 para contar con un marco regulatorio que extienda los servicios del mundo digital en el campo social y geográfico, creando condiciones de equidad fiscal y fomento para los productores nacionales frente a las plataformas globales que hoy dominan la deliberación democrática en lo informativo y la circulación de bienes y servicios culturales.Fomento del trabajo argentino en los ámbitos de la comunicación y la cultura con estabilidad laboral y respeto por las normativas vigentes.Pleno funcionamiento del Fondo de Servicio Universal conjuntamente con la defensa de la empresa argentina de satélites (ARSAT) para el mayor despliegue de la red de fibra óptica con sentido federal así como el desarrollo de la soberanía científica y tecnológica en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los históricos 21 Puntos Basicos por el Derecho a la Comunicación
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional . Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.20.- Se creará la figura de la Defensoría del público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Fundamentos
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.
Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.
Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas. Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.
Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.
Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.
Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.
Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.
Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.
Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH. Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.
Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.
Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.
Recordando que también dice el Informe 2002 que Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos.
Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.
Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.
