El gobierno congeló las tarifas de celulares, internet y televisión paga hasta fin de año
Por: Gustavo LópezEn la edición del sábado 22 de agosto del Diario Clarín se publica una nota de opinión del Ingeniero José Crettaz, plagada de falacias o de groseros errores que vale la pena aclarar, para que muchos lectores del diario tengan otro punto de vista, fundado en datos estadísticos que evidentemente no se consultaron.
Lo primero que llama la atención es que se critique un DNU que establece un congelamiento transitorio de precios a raíz de la pandemia que afecta al mundo entero, sin hacerse mención en ningún momento de la gente. Lo mismo ocurre con el control de precios que se introduce con la normativa, para el Ingeniero Crettaz no hay sujeto más que la empresa, no hay ciudadano, usuario o consumidor de un servicio, que además tiene que pagar.
El DNU contiene dos partes, una coyuntural, la del congelamiento por la pandemia hasta el 31 de diciembre y la otra parte referida a la nueva normativa en la que el estado interviene en defensa de la accesibilidad a los servicios.
Nadie puede discutir la necesidad de evitar un segundo aumento de precios en medio de una pandemia, cuando 12 millones de compatriotas llegan a fin de mes por la ayuda y el compromiso del gobierno a través del I.F.E, los A.T.P y demás mecanismos de ayuda.
Lo que rescata el DNU es la declaración de servicio público, esencial y estratégico, en competencia de los servicios de internet, telefonía y televisión por cable.
Hoy las tecnologías de la información y de las comunicaciones son fundamentales para el acceso a la educación, la información, el conocimiento y el trabajo. Porque son derechos humanos básicos que fueron declarados servicios públicos esenciales por el Presidente de la Nación, en competencia, con regulación de precios para evitar cualquier arbitrio que pueda dejar sin acceso a los ciudadanos.
A partir de este DNU, las empresas sólo podrán aumentar sus precios, previa autorización de la autoridad regulatoria, que velará por precios justos, razonables y equilibrados, teniendo en cuenta costos, plan de inversiones y ganancia para las empresas. Además se incluye la obligatoriedad de planes sociales, universales y obligatorios, para aquellas personas de menores recursos para que la situación económica no los condene al aislamiento.
De esta manera, el estado vela por garantizar el acceso a un servicio esencial para el desarrollo humano, pensando en la gente.
Llama la atención, reitero la nula mención a los ciudadanos en la nota publicada. Sin embargo, la nota no se priva de alarmar sobre posibles colapsos por supuestas faltas de inversión a futuro, comparando falazmente el desarrollo del sector en el último gobierno nacional frente al gobierno de Cristina Kirchner, señala Crettaz, sin fundamentar, que la telefonía celular colapsó durante el gobierno de Cristina, por falta de frecuencias.
Cuando recurrimos a las estadísticas nos anoticiamos que en 2014 el gobierno licitó el espectro para el 4G, que duplicó los MHz existentes ( de 206 a 434) y lo mismo hizo con el límite de concentración por empresa (CAP de 50 a 110).
Omite señalar Crettaz que al entregarse el 4G las empresas tenían un plan de inversión a 5 años, pero un Decreto de Macri de 2016 permitió que aún no se hayan concretado las inversiones.
Señala que la conexión de fibra óptica aumentó a partir de Mauricio Macri, falacia, pero omite aclarar que Arsat invirtió más de 3.200 millones de dólares en el tendido de 31.600 Km de fibra óptica entre 2012 y 2015 y el gobierno de Macri sólo invirtió 200 millones agregando un 10% de red.
La realidad nos señala todo lo contrario. La caída de la inversión se precipitó a partir de 2017, por el endeudamiento externo, la suba del dólar y el empobrecimiento de la población, lo que llevó a perder a las compañías de celulares el 22% de las líneas pos pagas. Se pasó de 7,59 millones de líneas en 2015 a 5, 87 millones de líneas en 2019. Esas personas dejaron el abono y pasaron a la tarjeta pre paga, que la cargan sólo cuando pueden y no cuando la necesitan.
Podríamos agregar que en el marco de la inclusión digital se habían entregado 6 millones de Netbooks hasta 2015 pero en los 4 años de Macri se compraron 600 mil, sólo el 10% de lo anterior y un tercio de ellas nunca se entregaron a los chicos. Que se construyó al 2015 la TDA con una inversión de 1000 millones de dólares y en 4 años de Gobierno, Macri no cambió las baterías En definitiva, se intenta presentar el DNU como una vuelta a una etapa analógica, de retraso en lo digital, cuando de lo que se trata es de evitar aumentos no justificados de precios y garantizar el acceso a herramientas fundamentales a todos y todas en nuestro país.
Ya se giraron 3000 millones a Arsat para mejorar el transporte de datos. Se destinaron 1000 millones para conectar barrios populares y 2000 millones para dar conexión a escuelas y hospitales.
La redistribución de la renta también es digital y el gobierno nacional pretende la mayor inclusión posible. No es contra nadie, es a favor de todos.
Queremos previsibilidad para las empresas, las inversiones, la rentabilidad y también y fundamentalmente para los ciudadanos. De eso se trata el DNU.
*El autor es Vicepresidente de ENaCom
Ver también: Celebran la decisión de Alberto Fernández de declarar Servicio Público la telefonía celular, internet y la TV paga, El ENaCom comenzó a trabajar en la reglamentación del DNU que declara servicio público a las comunicaciones, Solicitada contra el DNU que regula los servicios de provisión de Internet, telefonía celular y televisión por cable. Las falacias de los que atacan al DNU sobre TelecomunicacionesFoto: Martín Bonetto
Fuente: Diario Clarín
