Pogliano desmiente
Ante la nota del Diario Clarín del día de hoy, referida a la toma del Mirador del Azul-Cabeza del Indio, quiero aclarar que en ningún momento responsabilicé a la comunidad mapuche, organizaciones políticas o sociales, como tampoco a ninguna persona en particular, de la usurpación de las tierras en la reserva forestal.
La fidelidad de mis declaraciones quedaron claras en la entrevista que me realizó el noticiero Todo Noticias, el cual forma parte del mismo grupo que el Diario Clarín.
Hago pública esta aclaración porque considero que la solución de este conflicto requiere de la seriedad y responsabilidad que la situación amerita.
Intendente de El Bolsón, Contador Bruno Pogliano
Toma de tierras en El Bolsón: grupos mapuches ocuparon 22 hectáreas de una reserva forestal
Unas 140 familias ocuparon 22 hectáreas. Serían integrantes de la Cooperativa Awka Mallín y de algunas comunidades mapuches. Advierten que se están talando una gran cantidad de árboles autóctonos para alimentar fogatas
La toma de 22 hectáreas comenzó aproximadamente el 18 de agosto pasado, pero se convirtió en un problema mayor para el municipio del intendente Bruno Pogliano, cuando en las últimas horas se sumaron más de un centenar de personas. Según pudieron confirmar autoridades locales, los ocupantes extendieron su radio de influencia otros 600 metros hacia el Mirador Azul y Cabeza del Indio, espacios de excepcional atractivo turístico.
Los funcionarios también confirmaron que se están talando una gran cantidad de árboles autóctonos para alimentar fogatas y posiblemente vender una parte de la madera.
Fuentes indican que entre los ocupantes hay integrantes de la Cooperativa Awka Mallín y de algunas comunidades mapuches de la zona que vienen reclamando terrenos desde hace un tiempo.
Este lunes por la tarde el intendente Pogliano se reunió con la fiscal federal Silvia Little de la Justicia Federal por la invasión, aunque no obtuvo respuestas concretas por parte de la funcionaria judicial, según declaró a los medios locales.
Al terminar el encuentro conversó en la calle con los propios vecinos. “Salí mucho peor de lo que esperaba, muy contrariado, no se ha desordenado el desalojo y no creo que lo ordenen. Para la Justicia no hay delito. Si la Justicia Federal no hace nada, si no ordena el desalojo, va a ser muy difícil parar este daño ambiental que se está produciendo y terminamos privilegiando al que toma”, se le escuchó decir.
La fiscal Little había estado en la zona de la ocupación durante la mañana del mismo día acompañada de personal de Gendarmería Nacional. Little conversó con los ocupantes y, según le trasmitió a Pogliano, no encontró hechos que ameriten procesos penales dentro de la Reserva Forestal. La fiscal acordó con las familias un impás de 10 días para que desde el municipio puedan encontrarles una nueva ubicación. El número de ocupantes va aumentando a medida que pasan las horas. Se estima que hay en total unas 135 familias involucradas.
Sin embargo, el intendente Pogliano reclamó la inmediata desocupación de todo el sector antes de resolver nuevas tierras para los vecinos sin techo. “No podemos negociar con gente que no sale de ahí. Nosotros pedimos la intervención y la intervención en concreto es la Gendarmería Nacional desalojando o la Policía Aeroportuaria”, indicó el intendente.
Uno de los vecinos que lo aguardaba afuera del edificio de la Justicia Federa le aseguró que iban a juntarse e ir a la zona ocupada. “Es lo que hay que hacer. Si no lo defendemos entre todos, lo vamos a perder es el futuro de nuestros nietos. Necesitamos que ese lugar que es el pulmón de El Bolsón esté desocupado”, les respondió.
En diálogo con Clarín, Pogliano explicpo que “son unas 130 familias aproximadamente que entraron coordinadamente. El fin de semana aparecieron allí, de manera muy organizada. Esto preocupa porque hay personas que necesitan un lugar, pero hay otras personas que están especulando y en las redes ya hay ofertas de lotes en esa zona ocupada. También se están talando árboles para la venta. Hay árboles de 120 años de edad. Es un patrimonio natural que está siendo desbastado”.
“Acá se repite la historia de Cushamen (Chubut) y Mascardi (Bariloche) donde se mezclan intereses con reivindicaciones mapuches. No todos son mapuches, lo mismo ocurre en Mascardi. Hay actores que se repiten y que hacen acordar el caso de Maldonado. Y si ocurre lo de Mascardi va a ser muy difícil resolver esto. La propia Gendarmería tiene sus temores pensando en lo que ocurrió en Bariloche (el 25 de noviembre de 2017 murió Rafael Nahuel en un enfrentamiento entre mapuches y Prefectura Naval) y en Cushamen”, agregó.
Por su parte el intendente ya inició una solicitud formal de liberación del espacio en Change.org que ya reunió unas 2.000 firmas virtuales.
El tema de fondo podría resultar mucho más complejo de lo que parece. Fuentes de la policía de Neuquén aseguran a Clarín que el líder detrás de la toma es Juan Fernández, hijo del ex intendente de San Martín de los Andes Juan Carlos Fernandez.
Fernández hijo (con entonces de 26 años) estuvo involucrado en el asesinato del sargento de la policía neuquina José Aigo el 7 de marzo de 2012. En la madrugada de aquel día, Aigo y su compañero el oficial Pedro Guerrero detuvieron en el paraje Pilo Lil, a 50 kilómetros de Junín de los Andes, a una camioneta en la que iban Fernández y dos ocupantes, Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres.
Después de la inspección de documentos, los policías quisieron examinar la caja de la camioneta. Fue entonces cuando Oporto y Torres dispararon a los agentes hiriendo de muerte a Aigo. Los atacantes huyeron hacia la Cordillera y Guerrero retornó a Junín con Fernández en calidad de detenido y cargando a su compañero.
Pocos después se supo que los fugados tenían amplios vínculos con los movimientos de izquierda chilenos MIR Y FPMR. Nunca fueron atrapados.
Una de las últimas pistas que obtuvo la policía de Neuquén en 2017 fue que Oporto y Torres, podrían encontrarse en la zona de Cushamen y El Bolsón. Fuentes locales habrían reconocido a los militantes en la misma época en que arrancó la toma de 1.200 hectáreas de Cushamen, en abril de 2015, por parte del lonko Facundo Jones Huala hoy detenido en Chile. En esta área murió ahogado Santiago Maldonado el 1° de agosto de 2017.
La Justicia neuquina declaró a Fernández culpable por encubrimiento y falso testimonio en abril de 2014, pero en noviembre de ese año, un Tribunal de Impugnación lo absolvió. En la provincia corrió fuerte el rumor de que la figura del senador neuquino Oscar Parrilli, entonces Secretario de la Presidencia, habría pesado en la liberación de Fernández. Durante el gobierno kirchnerista hubo fuertes intentos por acercarse a la comunidad mapuche. En un periodo de 12 años se les reconocieron más 200 mil hectáreas a los pueblos autóctonos del sur.
En las redes sociales se ha viralizado una fotografía de Fernández que dice: "Juan Fernández de CETEP y asesino del policía José Aigo, está promoviendo las tomas en Loma del Medio. Si no hay Justicia, hay condena Social”.
CETEP refiere a la Cooperativa Awka Mallín de El Bolsón a quien vinculan con la ocupación de la Reserva Federal. Esta organización, que integra Fernández, también mantiene fuertes lazos con algunas comunidades mapuches de la zona.
En los últimos cinco años se han multiplicado las ocupaciones en la Patagonia por parte de grupos que se autodenominan mapuches. Además de la ocupación de 2015 en Cushamen, en noviembre de 2017 otro grupo lof Lafken Winkul Mapu se apropió de predio de seis hectáreas de Mascardi a 35 kilómetros de Bariloche. Desde entonces estos militantes se extendieron a más de 30 hectáreas sobre los terrenos aledaños y la costa del lago Mascardi.
Qué hay detrás de ocupaciones como las de El Bolsón y Villa Mascardi
Por: Gonzalo Sánchez
No es un reclamo de tierras ancestrales ni una petición de reconocimiento de derechos de ocupación tradicional, como ocurre con frecuencia -y se atiende porque lo indica la ley- en la Patagonia. Es pobreza fuera de cauce. En su desesperación lógica, esa pobreza se cruza con una nueva generación sumamente radicalizada de descendientes de comunidades locales. También existen, de acuerdo con los partes de inteligencia, “elementos” provenientes de Chile que cruzan la Cordillera de manera clandestina. Todo esa mixtura ha convertido a los propietarios del sur del país, sin importar que sean magnates o simples leñadores, en enemigos. Los elevan a la categoría de “genocidas descendientes de la conquista del desierto” y, en un delirio sin parangón, se van autoconvenciendo de que hay que forjar una “nación mapuche” dentro de los límites de un corredor prístino entre Bariloche y El Bolsón.
Es ahí, en el Sur del Sur, donde otra vez se está cocinando algo complicado.
Maldonado y Nahuel son los antecedentes trágicos de todo esto. La recordada RAM, cuya existencia jamás se comprobó fácticamente, tuvo su hora de fama durante los hechos de Colonia Cushamen, sobre tierras de Benetton. La caída de Facundo Jones Huala disolvió el apogeo de esa aparente organización. Hoy, Jones Huala está preso en el sur de Chile, culpable de atentados contra la propiedad. Pero de este lado de los Andes, integrantes de su misma agrupación, supieron involucrarse en tomas de tierras cercanas a San Carlos de Bariloche. A principios de agosto, además, volvieron a estar activos en las cercanías de Esquel.
Ahora es El Bolsón. Pero no se puede omitir el recrudecimiento de la violencia en Villa Mascardi, donde los vecinos están armados porque ya no saben cómo contener las embestidas nocturnas de un grupo que los asola desde hace 3 años, quemando chacras y cabañas de montaña, y ocupando tierras que tienen dueños con nombres, apellidos, planos y títulos de propiedad. Diego Frutos es uno de esos propietarios. Posee una cabaña llamada La Cristalina. Su predio fue ocupado por "usurpadores que se ocultan en el bosque". Le incendiaron la casa. Días atrás pudieron regresar a buscar algo de lo que allí quedaba. Están desesperados. Apenas pudieron volver a entrar. Pero no en solitario, sino acompañados por la Policía.
¿Qué hacen, a todo esto, las fuerzas de seguridad? Con los antecedentes de Nahuel y Maldonado, hay una orden de peso que baja desde el mismo ministerio de seguridad: no tirar ni siquiera un tiro al aire.
Un ex funcionario de Parques Nacionales, área que ahora depende del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, comentaba días atrás algo más delicado. Hablaba de “campos de entrenamiento” en la zona del Foyel y “lugares inaccesibles” donde se diseñan y planifican las avanzadas sobre lotes determinados. Y la misma gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, salió a pedir a gritos la intervención del Estado por las tomas sin razón. Señaló como “bandidos” a los que irrumpen contra la propiedad privada y pidió la urgente intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, a cargo de hoy de Magdalena Odarda, funcionaria ex ARI relanzada en el Frente de Todos.
Los dueños de la tierra, y funcionarios superados por las circunstancias, creen que desde el Estado Nacional baja una mirada benévola sobre los grupos que avanzan con las tomas. Que se pasó de un extremo al otro: de Patricia Bullrich, que mandaba a las fuerzas de seguridad a desalojarlos -a veces a riesgo de cometer excesos trágicos- a Sabina Frederic, que manda a sus funcionarios a “subir la montaña” para escuchar sus reclamos. En el medio, está la gente pidiendo paz y justicia.
