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sábado, 14 de noviembre de 2026

El Paraná seguirá alto hasta el verano y crece la preocupación en las ciudades ribereñas

El Instituto Nacional del Agua advierte que la actual creciente podría extenderse hasta fines de diciembre o principios de enero. Juan Borús explicó las particularidades del fenómeno, anticipó niveles de entre 5,20 y 5,30 metros para Rosario y señaló que las nuevas lluvias podrían prolongar la permanencia del río en valores elevados
Una crecida significativa, por encima de los valores habituales
La creciente del río Paraná mantiene en alerta a toda la región del litoral. Aunque no constituye un fenómeno extraordinario si se la compara con los registros de las últimas tres décadas, sus características, la intensidad de los caudales y las condiciones particulares del valle fluvial hacen que el escenario actual sea significativo y plantee desafíos para las ciudades ribereñas, las actividades económicas y la vida cotidiana de quienes viven en contacto con el río.

Así lo explicó Juan Borús, referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), quien analizó en Señales el comportamiento de la creciente, sus causas, la evolución prevista para las próximas semanas y las consecuencias que podría tener sobre el Paraná inferior y el sistema del Delta.

Para comenzar, el especialista hizo una precisión sobre la manera de definir el fenómeno. Explicó que el término extraordinario se reserva para aquellos acontecimientos que, al compararlos con los registros de los últimos 30 años, no encuentran antecedentes similares. Cuando los valores se mantienen dentro de los promedios históricos, en cambio, se habla de una crecida ordinaria. En este caso, Borús prefirió no encuadrarla en ninguna de esas dos categorías y definió el escenario como una crecida significativa.

La razón es que, si bien existen antecedentes dentro de los registros de las últimas tres décadas, el actual episodio se encuentra claramente por encima de los valores medios. Además, presenta particularidades que explican tanto su intensidad como la manera en que se está propagando a lo largo del curso del Paraná.

Las huellas de las bajantes todavía condicionan al río
Una parte importante de esas características está relacionada con la distribución de la humedad atmosférica en la región, la persistencia de las condiciones húmedas y el desarrollo de lluvias que provocaron la saturación de los suelos. A esto se suma un factor determinante: el estado en el que la crecida encontró al valle fluvial del Paraná cuando comenzó a avanzar durante la segunda semana de octubre.

Según explicó Borús, el río se encontró con un valle morfológicamente alterado por la persistencia de las bajantes registradas entre 2020 y 2023. Aunque hayan transcurrido tres o cuatro años desde aquel período, ese lapso representa apenas un instante en términos de la dinámica geomorfológica de un río como el Paraná. Las bajantes fueron muy persistentes e intensas y dejaron una huella importante en la configuración del valle.

Ese antecedente tuvo consecuencias directas sobre la propagación de la creciente. Cuando la masa de agua ingresó en el tramo argentino del Paraná, lo hizo con mucho volumen, energía e intensidad, pero encontró dificultades para ocupar y llenar el valle fluvial. Esa resistencia modificó los tiempos habituales de desplazamiento del agua.

Borús estimó que, debido a esas condiciones, fue necesario agregar aproximadamente cuatro o cinco días a la propagación normal de la onda de crecida. El fenómeno se hizo particularmente evidente hasta hace unos siete u ocho días, cuando el valle terminó de colmarse y el agua comenzó a drenar de manera más marcada a través de la sección principal del río.

La particular geografía del Paraná y el impacto sobre las alturas
En ese comportamiento, el ingeniero señaló la importancia de detener la mirada en un sector geográfico muy particular: el tramo comprendido entre Paraná y Santa Fe capital. Se trata de una singularidad del sistema fluvial que tiene implicancias que van más allá de su descripción geográfica. Borús explicó que, aguas arriba de esa sección, el río presenta la barranca sobre su margen oeste, mientras que aguas abajo vuelve a encontrarla del mismo lado. Esa configuración imprime una particularidad en la dinámica hidráulica del Paraná y condiciona su comportamiento frente a una crecida de estas características.

Esa configuración ayuda a explicar por qué el empuntamiento de la onda fue tan marcado en los tramos comprendidos entre La Paz y Paraná, por un lado, y entre San Javier y Santa Fe capital, por otro.

Actualmente, tanto Paraná como Santa Fe se encuentran próximos a los 5,90 metros y, de acuerdo con las previsiones del INA, comenzarían a estabilizarse en valores de entre 5,80 y 5,90 metros, con oscilaciones dentro de ese rango. Mientras tanto, la intensidad de la creciente ya está gobernando el comportamiento del Paraná inferior, particularmente frente a Rosario, San Lorenzo, Capitán Bermúdez y las localidades ubicadas aguas abajo.

Rosario, ante niveles que superan el umbral de alerta
En ese sector, el río avanza hacia los cinco metros y la expectativa del especialista es que Rosario termine noviembre con alturas de entre 5,20 y 5,30 metros. Se trata de valores superiores al nivel de alerta vigente, establecido en cinco metros, y que Borús considera excesivamente elevados.

El ingeniero incluso cuestionó la evolución histórica de ese parámetro. Recordó que el nivel de alerta de 4,30 metros, utilizado históricamente, resultaba mucho más representativo de las condiciones de riesgo para la población y las actividades ribereñas. A su entender, resulta llamativo que, mientras aumenta la interacción de las ciudades con el río y se ocupan zonas cada vez más bajas y vulnerables, el nivel de alerta, en lugar de reducirse, haya aumentado.

Por eso, advirtió que una altura de 5,30 metros en Rosario representa un valor muy importante para toda la ribera de la ciudad y su litoral. No se trata solamente de una cifra hidrométrica: es un nivel capaz de condicionar numerosas actividades, entre ellas la logística portuaria, con consecuencias concretas para el funcionamiento de la región.

Frente a este panorama, Borús consideró que quienes viven en las zonas ribereñas deben mantener una atención especial durante las próximas dos o tres semanas. Y planteó un cambio importante respecto de las fuentes de información que deben seguir los vecinos. Si hasta ahora la referencia principal era la información oficial de los organismos nacionales y, eventualmente, provinciales, a partir de esta etapa adquiere un protagonismo central la comunicación de los gobiernos municipales.

El especialista sostuvo que las municipalidades de las ciudades afectadas, como Rosario, ya están tomando las riendas de la etapa de culminación de la crecida. Por ese motivo, remarcó que cada ciudadano debe prestar atención y cumplir estrictamente las indicaciones oficiales emitidas por su municipio, especialmente en los centros urbanos que se encuentran expuestos al avance del agua.

En ese sentido, destacó que todo el aparato de respuesta está preparado para intervenir, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, con el objetivo de reducir al mínimo posible los impactos del fenómeno.
La diferencia entre una creciente y una situación de desastre

Borús explicó que existen situaciones naturales que no pueden evitarse: no es posible impedir las lluvias, evitar que los suelos se saturen ni detener la formación de una creciente significativa. Sin embargo, sí es posible trabajar para que sus consecuencias sean lo menos perjudiciales posible. El objetivo central, afirmó, es evitar que el fenómeno alcance una dimensión de desastre, entendida como aquella situación en la que se supera la capacidad de respuesta de los organismos encargados de intervenir.

Para el especialista, la diferencia entre tener un río alto y atravesar una emergencia está directamente relacionada con el grado de afectación que produce sobre las actividades y la vida de las poblaciones ribereñas.

Mientras el nivel del agua se mantiene elevado, pero no altera de manera importante las actividades económicas ni la interacción cotidiana con el río, la situación puede atravesarse con observación y algunas precauciones. En cambio, cuando se alcanzan valores como los previstos para Rosario, cercanos a los 5,30 metros, las consecuencias comienzan a extenderse a cuestiones esenciales.

Entre ellas mencionó la actividad portuaria, la interacción de la población con el Paraná y el funcionamiento de las tomas de agua. En este último caso, explicó que la creciente remueve y arrastra materiales de los sectores del valle fluvial que atraviesa, lo que puede incrementar la presencia de distintos tipos de sustancias en el agua captada. Esta circunstancia dificulta el funcionamiento habitual de los sistemas de abastecimiento.

Por eso, Borús fue categórico al señalar que el escenario actual debe ser considerado una emergencia. No se trata simplemente de observar la evolución de las alturas hidrométricas o adoptar las precauciones habituales que pueden surgir de las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina. Cuando el río alcanza estos valores, la interacción con las zonas urbanas queda fuertemente condicionada y la situación adquiere otra dimensión.

Un fenómeno que podría extenderse hasta enero
A esa preocupación se suma la duración prevista del fenómeno. El ingeniero advirtió que no se está frente a una creciente que vaya a resolverse en pocos días, sino ante un proceso prolongado, cuya evolución dependerá de la dinámica de una masa de agua muy importante y de las características particulares del sistema del Delta.

Explicó que el Paraná deberá trasladar ese volumen hacia la cabecera del Delta y, posteriormente, distribuirlo a través de sus diferentes brazos y canales. En el tramo medio del Delta, esa repartición implica recargar los sistemas del río Guazú y del río Palmas, para finalmente descargar los volúmenes acumulados hacia el estuario del Río de la Plata.

Todo ese proceso demanda tiempo. Según la estimación de Borús, la creciente no solamente ocupará lo que resta de noviembre, sino también prácticamente todo diciembre. Recién hacia fines de ese mes o principios de enero podría comenzar a observarse con mayor claridad la curva descendente de la onda de crecida.

La explicación, señaló, debe buscarse en la hidrodinámica de una región particularmente compleja. El Delta tiene una dinámica propia tanto en condiciones normales como durante los períodos de creciente, y esa particularidad también alcanza al Paraná inferior. El traslado y la distribución de una masa de agua de semejante magnitud no se producen de manera inmediata, sino que requieren atravesar todo ese entramado fluvial.

Las nuevas lluvias, una amenaza para prolongar la creciente
Otro de los interrogantes centrales está relacionado con la posibilidad de que nuevas lluvias generen otro pico de creciente. En ese punto, Borús puso el foco menos en la formación de un máximo puntual y más en la persistencia de la humedad atmosférica sobre las regiones donde se originó el actual fenómeno.

Identificó especialmente al estado brasileño de Paraná, la cuenca del río Iguazú, la provincia de Misiones y el este de Paraguay como las zonas donde continúa concentrada buena parte de esa humedad. Mientras esas condiciones no se disipen, advirtió, existe una probabilidad concreta de que se produzcan nuevos episodios de precipitaciones durante el período que resta del año.

El problema es que esas lluvias podrían caer sobre suelos que ya se encuentran saturados. En esas condiciones, la capacidad de absorción es menor y una proporción importante del agua precipitada se transforma rápidamente en excedentes que escurren hacia el Paraná.

A diferencia de lo ocurrido al comienzo de la creciente, cuando el río todavía debía ocupar y llenar el valle fluvial, ahora ese espacio ya se encuentra colmado. Por lo tanto, los nuevos aportes de agua ingresarían con mayor facilidad y se incorporarían a una masa que ya está instalada en el sistema.

Para Borús, el principal efecto de esos eventuales aportes adicionales no sería necesariamente provocar un nuevo pico de magnitud, sino retrasar el retorno a niveles más normales y prolongar la permanencia de alturas elevadas, especialmente en toda la zona de descarga del Delta.

El especialista explicó que la mirada cambia según el lugar desde el que se analiza el comportamiento del río. Si se observa el Paraná en Corrientes, por ejemplo, puede resultar central determinar hasta dónde llegará el pico de la creciente. Pero si el análisis se realiza aguas abajo del tramo Paraná-Santa Fe, en ciudades como Rosario, adquieren mayor importancia los volúmenes de agua que vienen desde las zonas superiores de la cuenca.

Esos volúmenes son los que determinan la tendencia ascendente, la definición del nivel máximo y, fundamentalmente, el tiempo durante el cual esa masa de agua permanecerá instalada en el Paraná inferior.

Por ese motivo, el INA seguirá prestando especial atención a la posibilidad de nuevos eventos de lluvia entre noviembre y diciembre. Borús consideró que esa probabilidad es clara y que constituye uno de los factores que deberán seguirse de cerca para anticipar la evolución del fenómeno.

El verano bajo la influencia de un Paraná elevado
Consultado sobre la posibilidad de que la región deba convivir con un Paraná elevado durante el verano e incluso parte del otoño, el ingeniero fue más preciso respecto del primer período y mantuvo algunas reservas sobre el segundo. Para él, la permanencia de niveles altos durante el verano es una posibilidad muy concreta. En cambio, todavía existen dudas sobre lo que puede suceder durante el otoño.

En ese sentido, recordó que, durante los meses anteriores, los análisis sobre la evolución climática siempre habían contemplado la posibilidad de un nuevo impulso del fenómeno de El Niño durante el otoño. Sin embargo, a medida que avanzaron las semanas, las perspectivas comenzaron a modificarse.

La impresión actual, explicó, es que el fenómeno de El Niño en el océano Pacífico podría comenzar a declinar durante el verano. Si esa tendencia se confirma, el otoño ya no estaría acompañado por una señal climática significativa y persistente, lo que permitiría pensar en una progresiva normalización de las condiciones.

Esa es, según Borús, la interpretación más firme que puede hacerse con la información disponible en este momento. Mientras tanto, el Paraná continuará siendo motivo de atención para las autoridades y las comunidades ribereñas, no solamente por las alturas que puede alcanzar, sino también por el tiempo que permanecerá elevado y por las consecuencias que esa situación tendrá sobre la vida urbana, la actividad económica y la relación cotidiana de las ciudades con el río. 

Escuchá la entrevista completa: 
Fotos: Comuna de Calchines, Fernando Nicola

Siete toneladas de residuos y diez años de una lucha contra la contaminación del Río Paraná

La campaña "Más ríos, menos basura", impulsada por diversas organizaciones cumple una década de relevamientos en las costas del Paraná. Alrededor del 90% de los objetos encontrados son de plástico. Los registros permiten identificar a las empresas responsables, dimensionar el avance de los microplásticos y reclamar cambios en los modelos de producción y consumo
Una jornada suspendida y diez años de trabajo

La crecida del río Paraná y el pronóstico de lluvias obligaron a postergar la undécima jornada de recolección y clasificación de residuos de la campaña "Más ríos, menos basura", una actividad que desde hace diez años se realiza en la ciudad con el objetivo de visibilizar la contaminación de las costas, los humedales y los ecosistemas acuáticos. Aunque las condiciones climáticas habían mejorado durante la mañana, la decisión de suspender la convocatoria ya estaba tomada. Así lo explicó en Señales Mirko Moskat, integrante del Taller Ecologista y uno de los responsables de la iniciativa, quien señaló que la determinación respondió no solamente a las previsiones meteorológicas, sino también al importante crecimiento del nivel del río durante las últimas semanas.

Durante una recorrida realizada el día anterior, los organizadores habían comprobado que numerosos sectores costeros donde habitualmente se encuentran residuos estaban cubiertos por el agua. En esas condiciones, consideraron que la actividad perdería parte de su sentido y que lo más conveniente era reservar los esfuerzos para una próxima fecha, que será definida próximamente y comunicada a todas las personas que ya se habían inscripto para participar.

La jornada pendiente será la número once de una experiencia que lleva una década de trabajo sostenido. Sin embargo, para Moskat, el propósito de estas convocatorias va mucho más allá de retirar basura de las costas. El objetivo principal, remarcó, no es limpiar, sino visibilizar un problema ambiental, tomar contacto directo con sus dimensiones y generar información que permita identificar cuáles son los residuos que más contaminan el río Paraná y los humedales.

A partir de esos relevamientos, el Taller Ecologista busca producir datos concretos que contribuyan a establecer prioridades y construir agendas de políticas públicas. La intención es que la información permita discutir qué puede hacer la sociedad y qué responsabilidades debe asumir el Estado para abordar las causas profundas de la contaminación. En ese diagnóstico, explicó Moskat, aparecen principalmente dos factores: las actuales lógicas de producción y consumo y, en determinadas situaciones, las deficiencias en la gestión de los residuos. Lo que se encuentra en las costas, en definitiva, constituye un reflejo de aquello que se compra, se consume y se produce.
El plástico, protagonista de la contaminación
Los resultados acumulados durante estos años muestran una tendencia contundente. Alrededor del 90% de los objetos encontrados en las jornadas son de plástico y, dentro de ese universo, predominan los productos descartables, diseñados para ser utilizados durante un período muy breve y terminar rápidamente en la basura. Para el referente ambiental, allí se encuentra uno de los principales focos del problema: la necesidad de reducir la producción y el consumo de plásticos de un solo uso.

Se trata, sostuvo, de una lógica de producción irracional, basada en fabricar objetos que tienen una vida útil muy corta y que luego se convierten en residuos. La contaminación ambiental es una de sus consecuencias más visibles, aunque no la única. Por eso, considera necesario revisar de fondo el modelo que privilegia lo descartable por encima de alternativas reutilizables y duraderas.

El trabajo de clasificación también permite dimensionar el volumen de los residuos recolectados. Durante las diez jornadas realizadas hasta el momento, los integrantes de la campaña estiman haber retirado alrededor de siete toneladas de basura de las costas del Paraná. Para obtener esa cifra, no solamente pesan los materiales, sino que también los clasifican en distintas categorías, cuentan los objetos y registran las marcas y empresas responsables de su producción y comercialización.

Aunque aparecen metales, vidrios y textiles, los plásticos siguen siendo el material predominante. Incluso cuando se considera el peso total, representan aproximadamente el 70% de los residuos recolectados, o algo menos. El vidrio y los textiles pueden tener un peso considerable, especialmente estos últimos por la humedad que suelen acumular, pero el plástico continúa ocupando el lugar más importante. Su impacto, además, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la agenda ambiental internacional.
De los residuos visibles a los microplásticos
La problemática no termina en los objetos que pueden verse y retirarse durante las jornadas. Una botella, un envoltorio o un trozo de telgopor son apenas algunas de las formas visibles de una contaminación que avanza hacia dimensiones mucho más difíciles de controlar. Cuando los plásticos ingresan al ambiente comienzan a fragmentarse progresivamente, convirtiéndose en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a partículas conocidas como microplásticos.

En las recorridas por las costas, explicó Moskat, es posible observar pequeños fragmentos de telgopor y otros restos que resultan prácticamente imposibles de recolectar. Muchos son tan diminutos que ni siquiera pueden distinguirse a simple vista. Con el paso del tiempo, esas partículas se dispersan por los ecosistemas y terminan incorporándose a los organismos de distintas especies.

Los peces del río Paraná son una muestra concreta de esa situación. Según los estudios realizados sobre ejemplares de la región, se han encontrado partículas de plástico en sus tractos digestivos. Pero la contaminación tampoco se limita a la fauna acuática: también alcanza al ser humano.

Moskat advirtió que durante los últimos cinco o seis años se multiplicaron los estudios científicos que detectaron partículas de plástico en distintas partes del cuerpo, entre ellas el tejido pulmonar, la sangre e incluso el cerebro. Aunque todavía se está comenzando a comprender cuáles pueden ser las consecuencias de esa presencia sobre la salud, la exposición ya forma parte de la vida cotidiana. Los microplásticos están presentes en el agua, los alimentos y el aire que respiramos, por lo que las personas se encuentran expuestas de manera permanente.

Frente a ese escenario, consideró que el esfuerzo debe concentrarse en interrumpir el ingreso constante de plásticos al ambiente. Una vez dispersos y fragmentados, su recuperación se vuelve cada vez más difícil, cuando no prácticamente imposible.
Las marcas detrás de la basura
Otra de las dimensiones que incorporan los relevamientos del Taller Ecologista es la identificación de las marcas comerciales presentes en los residuos. Esa información se publica a través de los propios canales de la organización y, durante varios años, también formó parte de informes internacionales elaborados por el movimiento global Break Free From Plastic, conocido en español como Libérate del Plástico.

Creado en 2016, el movimiento reunió información de distintos países mediante jornadas de recolección y clasificación de residuos en diferentes ecosistemas, especialmente en zonas costeras. Los relevamientos no se limitaban a contabilizar los objetos encontrados, sino que buscaban identificar las empresas responsables de los productos y envases descartados. Con esos datos se elaboraban informes globales que permitían establecer cuáles eran las corporaciones más frecuentemente identificadas en los ambientes contaminados.

Los resultados mostraron que Coca-Cola fue, de manera reiterada, la empresa cuyos residuos aparecieron con mayor frecuencia, tanto en los relevamientos internacionales como en los realizados a nivel local. En el caso de otras compañías, los resultados variaron más, aunque en los informes globales también se destacó la presencia de grandes corporaciones como PepsiCo.

La elaboración de esos rankings buscaba señalar la responsabilidad empresarial y promover cambios en la manera de producir, envasar y distribuir los productos. Para Moskat, si bien el Estado tiene un papel fundamental en la regulación, las compañías también deben asumir su responsabilidad y modificar sus prácticas.

En ese sentido, recordó que el pasaje de los sistemas reutilizables y retornables hacia una cultura de envases descartables no fue un proceso inevitable, sino una transformación impulsada por decisiones empresariales. Por eso, considera que las mismas compañías que promovieron ese modelo deberían avanzar ahora en el sentido contrario, recuperando y priorizando los envases retornables, los materiales reutilizables y las alternativas que reduzcan la generación de residuos.
La responsabilidad extendida del productor
La discusión sobre las políticas públicas necesarias para enfrentar el problema ocupa un lugar central en el diagnóstico del Taller Ecologista. Moskat reconoció que la Argentina no atraviesa un buen momento para avanzar en este tipo de iniciativas y que, a nivel nacional, una de las herramientas más relevantes sería una ley de envases basada en el principio de responsabilidad extendida del productor.

Ese principio establece que las empresas deben hacerse responsables de los impactos ambientales de los productos que ponen en el mercado, incluso después de que sus envases se convierten en residuos. La responsabilidad tendría dos dimensiones fundamentales. Por un lado, las compañías deberían financiar los sistemas de gestión de esos residuos, que actualmente son administrados principalmente por los municipios. Ese aporte permitiría fortalecer y costear las tareas locales de recolección y tratamiento.

Por otro lado, una legislación de esas características podría establecer directrices sobre los materiales y tipos de envases permitidos, promoviendo aquellos que sean reciclables y, especialmente, avanzando hacia la reutilización por encima de lo descartable. De esa manera, una ley de envases permitiría intervenir tanto en las decisiones de producción como en el financiamiento de los sistemas que deben gestionar posteriormente los residuos.

Sin embargo, las posibilidades de intervención no se agotan en el ámbito nacional. También existen herramientas que pueden desarrollarse desde las provincias y los municipios, especialmente en relación con las decisiones que toman los comercios locales sobre los elementos descartables que utilizan para vender sus productos.

Supermercados, restaurantes, panaderías, almacenes y otros establecimientos incorporan bolsas, envoltorios, recipientes y vajilla descartable que muchas veces responden a decisiones propias de cada comercio. Según Moskat, allí existe un margen importante para generar regulaciones y estrategias que permitan reducir ese consumo.

También mencionó las posibilidades de fomentar la venta a granel en dietéticas y otros comercios de alimentos, evitando que todos los productos deban comercializarse necesariamente envasados. Son alternativas que podrían impulsarse mediante legislación local o provincial, campañas de concientización y acuerdos con los distintos sectores comerciales para que asuman compromisos concretos.

A su entender, estas herramientas todavía no están siendo suficientemente consideradas, pese a que podrían contribuir a disminuir la cantidad de descartables que circulan cotidianamente en las ciudades.
Una contaminación que no reconoce fronteras
La dimensión del problema también queda expuesta cuando se observa el comportamiento del río y sus afluentes. Las crecidas, como las registradas en el contexto del fenómeno de El Niño, ponen en movimiento residuos que llegan desde distintos puntos y terminan depositándose en las costas. En las jornadas de recolección, los integrantes de la campaña encuentran habitualmente una cantidad importante de objetos que fueron generados en la propia ciudad o en zonas cercanas.

Sin embargo, los relevamientos también han permitido identificar residuos provenientes de lugares mucho más distantes. En algunas oportunidades aparecieron envases de productos comercializados en Paraguay y Brasil, una evidencia de que la contaminación no reconoce fronteras administrativas ni se limita al entorno inmediato de quienes generan los desechos.

De la misma manera, los residuos producidos en una ciudad pueden terminar en las costas de otras localidades ubicadas río abajo. Así, la basura que se descarta en un punto del territorio puede desplazarse a través del sistema fluvial y afectar ambientes alejados de su lugar de origen. A ese recorrido se suma el proceso de fragmentación de los plásticos, que con el tiempo se transforman en partículas cada vez más pequeñas y difíciles de retirar.

Para Moskat, esa dinámica confirma que se trata de un problema que excede las fronteras de una ciudad e incluso de un país. La contaminación por plásticos tiene una escala global y, por esa razón, también requiere respuestas que estén a la altura de esa dimensión.
La expectativa de un acuerdo internacional sobre plásticos
Aunque el panorama actual no ofrece demasiados motivos para el optimismo, el referente del Taller Ecologista identificó una posible oportunidad en las discusiones internacionales que se vienen desarrollando desde hace varios años en el ámbito de las Naciones Unidas. Allí se trabaja en la posibilidad de alcanzar un tratado global sobre plásticos, una convención que tendría un alcance similar al de los acuerdos internacionales existentes sobre cambio climático, biodiversidad y protección de la capa de ozono.

La expectativa de numerosos países y organizaciones de la sociedad civil es que ese instrumento incluya un componente fuerte vinculado con la producción y el consumo de plásticos. No se trataría solamente de establecer pautas para gestionar los residuos una vez generados, sino de intervenir también sobre las causas que originan el problema.

De todos modos, Moskat advirtió que la eventual aprobación de una convención internacional sería apenas un primer paso. La experiencia de otros acuerdos globales demuestra que no todos logran implementarse con éxito y que, en muchos casos, la falta de voluntad política termina dificultando su cumplimiento. Por eso, el desafío posterior será conseguir que las reglas acordadas se traduzcan efectivamente en medidas concretas.
Diez años después, el desafío sigue siendo producir menos basura
Mientras tanto, la contaminación continúa creciendo y las costas del Paraná siguen reflejando las consecuencias de un modelo de producción y consumo basado, en buena medida, en los productos de un solo uso.

La próxima jornada de "Más ríos, menos basura" tendrá una nueva fecha, que será anunciada cuando las condiciones del río y del clima permitan concretarla. La convocatoria volverá a reunir a quienes se inscribieron para participar de la recolección, clasificación y registro de los residuos. Pero, como insiste Moskat, el sentido de la actividad no está únicamente en las toneladas que puedan retirarse de la costa, sino en la posibilidad de transformar cada objeto encontrado en información, cada relevamiento en evidencia y esa evidencia en una herramienta para exigir cambios.

Después de diez años de trabajo y alrededor de siete toneladas de residuos contabilizados, la campaña sigue poniendo el foco en una pregunta que atraviesa toda la problemática: qué sociedad produce semejante cantidad de objetos descartables, quiénes deben hacerse responsables de sus consecuencias y qué decisiones son necesarias para evitar que el Paraná y sus humedales continúen recibiendo los restos de ese modelo.

domingo, 8 de noviembre de 2026

El agua que nace en Ancasti: la resistencia de dos provincias frente a un proyecto de litio

En las Sierras de Ancasti, Catamarca, un proyecto de exploración de litio en roca encendió las alarmas de las comunidades por sus posibles impactos sobre las fuentes de agua, los bosques nativos y las economías familiares. Asambleas de Catamarca y Santiago del Estero se organizan para cuestionar el emprendimiento de Litios del Norte S.A. y reclamar información, participación y garantías para proteger una cuenca hídrica compartida
Río Albigasta

Una convocatoria cuestionada y el reclamo por información
En las Sierras de Ancasti, en el este de Catamarca, el avance de un proyecto de exploración de litio en roca comenzó a encender las alarmas de las comunidades que habitan la región. La preocupación no se limita a las transformaciones que podría ocasionar la actividad minera sobre el paisaje serrano, los bosques nativos y las formas tradicionales de producción. El centro de la disputa es el agua: un recurso que atraviesa los límites provinciales, sostiene a poblaciones enteras y alimenta una cuenca compartida entre Catamarca y Santiago del Estero.

En ese territorio, vecinos y vecinas vienen organizándose para defender los bienes comunes y el patrimonio natural, arqueológico y cultural de la región. Uno de los principales puntos de referencia de esa resistencia es el proyecto minero de litio en roca impulsado por Litios del Norte S.A., una firma internacional que pretende desarrollar actividades en las cumbres de la Sierra de Ancasti, dentro de los departamentos catamarqueños de Ancasti y El Alto.

Edgar Ahumada, integrante de la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto, brindó detalles sobre el conflicto en declaraciones al programa Señales, donde repasó los antecedentes del proyecto, cuestionó la falta de información oficial y advirtió sobre los posibles impactos ambientales, hídricos y productivos de la iniciativa. Según explicó, la información que llegó a las comunidades resulta insuficiente frente a la magnitud de las intervenciones proyectadas.

El primer intento reciente de avanzar con una instancia de información pública se produjo durante los primeros días de octubre, cuando el Gobierno provincial y la empresa buscaron convocar a una reunión técnica informativa. Sin embargo, la convocatoria fue impugnada por las organizaciones vecinales, que cuestionaron el incumplimiento de los plazos previstos para comunicar el encuentro y permitir que los habitantes accedieran con anticipación a la documentación correspondiente.

La presentación consiguió postergar la reunión, que hasta el momento no se había concretado. Para Ahumada, el episodio dejó al descubierto uno de los principales problemas del proceso: la distancia entre los mecanismos institucionales de participación y las posibilidades reales de intervención de las comunidades afectadas.

En ese contexto, también cuestiona el alcance de la denominada licencia social, un concepto que suele aparecer en los procesos de aprobación de proyectos extractivos, pero cuya aplicación considera ambigua. Según plantea, no existe una reglamentación que establezca con claridad qué porcentaje de habitantes debe manifestar su consentimiento ni un procedimiento preciso para determinar cuándo una comunidad acepta efectivamente una iniciativa de estas características. En la práctica, señala, el mecanismo puede terminar reducido a la recolección de firmas.

La impugnación de la convocatoria tuvo, además, un efecto que excedió el cuestionamiento administrativo. El reclamo permitió articular a tres espacios de organización territorial: la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto, la Asamblea Ancasti por la Vida y la Asamblea Friense por el Albigasta, integrada por vecinos autoconvocados de Frías, en Santiago del Estero, y de la microrregión vinculada al río Albigasta.

La confluencia de estas organizaciones expresa una preocupación que no reconoce fronteras provinciales. El Alto y Ancasti pertenecen a Catamarca, mientras que Frías se encuentra en Santiago del Estero. Sin embargo, las comunidades comparten una misma trama hídrica y productiva. Los cursos de agua que nacen en las sierras catamarqueñas alimentan el sistema del río Albigasta, recargan los acuíferos subterráneos y sostienen actividades agropecuarias y poblaciones de ambos lados del límite interprovincial.
Antecedentes de perforaciones y una exploración que no comenzaría de cero

Para comprender la dimensión del conflicto, Ahumada propone mirar más allá de la presentación actual del emprendimiento. Aunque la empresa denomina exploratoria a esta etapa, recuerda que en 2010 ya se habían realizado 17 perforaciones en el cerro, sin que los habitantes de la zona tuvieran conocimiento de esos trabajos.

Según su reconstrucción, se trató de perforaciones de aproximadamente 300 metros de profundidad y seis pulgadas de diámetro, equivalentes a unos 150 milímetros. Con el paso del tiempo, explica, fueron los propios vecinos quienes encontraron los lugares donde se habían efectuado las intervenciones.

Ese antecedente es central para las asambleas, porque pone en discusión la idea de que la actividad recién estaría comenzando. Ahumada sostiene que, después de aquellas perforaciones, las empresas ya contarían con información sobre la composición mineral del subsuelo y los porcentajes de los recursos presentes en las formaciones rocosas. En ese sentido, considera que las tareas anunciadas no pueden analizarse como si no existiera una historia previa de exploración.

La preocupación se extiende también a la situación legal y ambiental de los territorios involucrados. El referente señala que buena parte de los sectores donde se proyectan las intervenciones corresponden a áreas clasificadas como zonas amarillas dentro del ordenamiento territorial de los bosques nativos, tanto bajo la Ley Nacional de Bosques como en la normativa provincial. Se trata de sectores en los que, según explica, existen restricciones para realizar modificaciones que comprometan la conservación de esos ecosistemas.

En cuanto a la superficie alcanzada, Ahumada estima que el área central prevista para la exploración comprende alrededor de 34.000 hectáreas, con una posible expansión que podría llevar el total hasta unas 75.000. Reconoce que las cifras pueden presentar variaciones de 500 o incluso 1.000 hectáreas, pero advierte que, más allá de esas diferencias, se trata de una extensión territorial considerable.

Uno de los sectores señalados como punto de partida de esta primera etapa es Jerónimo. Allí, según relata, después de las perforaciones realizadas en 2017 comenzaron a observarse modificaciones en el entorno y algunas vertientes dejaron de existir. La situación genera especial inquietud porque se trata de una región donde la producción agroganadera constituye una de las principales fuentes de subsistencia y actividad económica de sus pobladores.
Cerro del Ancasti

El agua de las sierras: una cuenca que une a dos provincias
La relación entre el agua, el territorio y la producción aparece una y otra vez en las explicaciones de Ahumada. Las perforaciones, sostiene, se concentran en una zona estratégica de la cabecera de la cuenca, desde donde se alimentan distintos cursos de agua que confluyen en el sistema del Albigasta.

Entre ellos menciona los ríos Grande, Malpaso y La Plata, vinculados a la red hídrica que desemboca en el río Albigasta y continúa hacia el embalse artificial conocido como Dique El Bolsón o Dique del Albigasta.

La importancia de ese sistema excede ampliamente a las localidades cercanas a las sierras. El embalse, ubicado a unos 25 kilómetros de Frías y vinculado territorialmente con la zona de El Alto, forma parte de una red de abastecimiento y regulación hídrica fundamental para el sudoeste santiagueño y el este catamarqueño.

De esa misma cuenca dependen, además, obras interprovinciales de infraestructura que se encuentran proyectadas o en ejecución. Ahumada menciona los acueductos destinados a irrigar el departamento La Paz, en Catamarca, y sectores del departamento Choya y de la zona de Frías, en Santiago del Estero.

Cualquier alteración en las cabeceras, advierte, podría repercutir sobre un sistema del que dependen tanto el consumo humano como las actividades productivas.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se considera el tipo de explotación que se pretende desarrollar. A diferencia de los proyectos de litio en salmuera, habituales en el oeste catamarqueño y en otras regiones de la Puna, la iniciativa de las Sierras de Ancasti apunta a extraer litio contenido en formaciones rocosas.

Ahumada explica que la explotación de litio en salmuera utiliza grandes piletones en los que se concentra el líquido extraído de los salares. A través de un proceso de evaporación que puede extenderse durante seis, ocho o incluso veinte meses, el agua se reduce progresivamente y permite obtener carbonato de litio, que luego pasa a las etapas de procesamiento.

La modalidad proyectada para Ancasti es diferente. Se trata de litio en roca, un sistema que contempla la extracción de material del cerro, su posterior trituración y molienda y, finalmente, los procedimientos necesarios para separar y obtener el mineral. El referente describe el método como una explotación a cielo abierto, conocida como open pit, que supone una intervención directa sobre la formación geológica.
Pero, para las comunidades, el principal interrogante no se encuentra solamente en la transformación física del paisaje, sino en lo que puede suceder bajo la superficie.

Ahumada explica que los cerros de la región poseen una característica que considera un beneficio natural: la presencia de agua dulce a poca profundidad. En distintos sectores, las primeras napas pueden encontrarse a tres, cinco o doce metros, e incluso en algunos lugares a profundidades menores.

Se trata de reservas que, según señala, presentan condiciones de calidad que permiten su utilización para consumo humano, una vez sometidas a los tratamientos correspondientes, así como para el abastecimiento de actividades ganaderas y agrícolas.

El temor de las asambleas se concentra en la posibilidad de que las perforaciones profundas conecten distintos niveles de agua subterránea. Ahumada advierte que, si durante los trabajos no se sellan adecuadamente las napas atravesadas, podrían generarse vías de comunicación entre acuíferos superficiales de agua dulce y reservorios más profundos que contienen sales y distintos elementos metálicos.

En su explicación, el problema radica en que las perforaciones de hasta 300 metros pueden atravesar sucesivas capas subterráneas con características químicas diferentes. Si esas capas quedan comunicadas, sostiene, existe el riesgo de que aguas de distinta composición se mezclen y alteren la calidad de las reservas utilizadas por las poblaciones locales.

Entre los elementos que menciona se encuentran metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y talio. También señala la presencia de otros elementos, como hierro, zinc, cobre y molibdeno, cuya concentración y composición deben evaluarse de acuerdo con las características de cada acuífero.

La preocupación expresada por el referente apunta a que una eventual comunicación entre las napas podría comprometer reservas de agua dulce destinadas al consumo, al riego y a la producción agroganadera. Para las comunidades, la posibilidad de que esos recursos se deterioren representa una amenaza que no puede evaluarse únicamente desde la superficie donde se instalarían las actividades mineras.

En una región donde el agua de las sierras alimenta cursos que atraviesan dos provincias, la discusión sobre el litio termina convirtiéndose también en una discusión sobre el futuro de toda la cuenca. Lo que sucede en las alturas de Ancasti, advierten las organizaciones, no queda necesariamente circunscripto al territorio donde se desarrolla el emprendimiento: puede proyectar sus consecuencias aguas abajo, hacia los pueblos, los campos y las obras de abastecimiento que dependen de ese sistema hídrico.

Un ecosistema bajo presión: agua, bosques y producción familiar

Las advertencias de las comunidades no se limitan a los posibles efectos de las perforaciones sobre los acuíferos subterráneos. Para Edgar Ahumada, el proceso de exploración y una eventual explotación del litio en roca podrían desencadenar una serie de impactos sobre el conjunto del ecosistema serrano, desde la disponibilidad de agua hasta la conservación de los humedales, la vegetación y las actividades productivas que sostienen a las familias de la región.

Uno de los primeros aspectos que señala es el consumo de agua que requiere el propio procedimiento de perforación. La intervención a profundidades de hasta 300 metros necesita, explica, un flujo constante de agua para enfriar las brocas y facilitar la extracción del material rocoso triturado. Esa demanda representa, desde su perspectiva, una presión adicional sobre las fuentes hídricas locales, especialmente en una zona donde el agua dulce se encuentra a escasa profundidad.

El problema podría agravarse si las intervenciones no cuentan con controles adecuados. Ahumada advierte que una alteración de las reservas subterráneas puede afectar la profundidad y disponibilidad de las capas de agua, con consecuencias sobre las vegas, los humedales y los ojos de agua que forman parte del paisaje serrano. Esos ambientes cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y también para la actividad ganadera.

En ese punto, insiste en que el territorio donde se proyectan las intervenciones no está deshabitado ni constituye un espacio improductivo. Por el contrario, se trata de una zona habitada por familias que desarrollan pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas. No son grandes establecimientos empresariales, sino unidades familiares cuya economía depende directamente de los recursos naturales del lugar.

"Son zonas de familias, de ganaderos o de agricultores, de pequeños ganaderos. No estamos hablando de grandes producciones, que son su medio de subsistencia, su medio de vida", remarca.

A la preocupación por el consumo de agua se suma el posible manejo de los residuos generados durante las distintas etapas del emprendimiento. Ahumada advierte que una gestión inadecuada podría producir lodos capaces de contaminar las reservas subterráneas y, posteriormente, alcanzar los cursos superficiales que alimentan el sistema del río Albigasta.

También menciona posibles alteraciones en las capas profundas del subsuelo y la liberación de gases durante las intervenciones sobre determinadas formaciones rocosas. En su explicación, la presencia de minerales sulfurados y compuestos nitrogenados requiere especial atención, debido a las transformaciones químicas que podrían producirse durante las operaciones.

Entre los escenarios que plantea se encuentra la generación de compuestos de azufre y nitrógeno que, al incorporarse a la atmósfera y reaccionar con el agua, podrían contribuir a procesos de precipitación ácida. Ahumada sostiene que ese fenómeno tendría consecuencias sobre la vegetación de la zona y sobre el equilibrio ambiental de los ecosistemas serranos.

El referente también describe las etapas posteriores que, según su interpretación, podría demandar una explotación industrial del mineral. Una vez extraída la roca, el material sería sometido a voladuras, molienda y procesos térmicos en hornos de altas temperaturas, que estima en aproximadamente 1.100 grados centígrados. Luego, los productos resultantes deberían atravesar tratamientos químicos, entre ellos el uso de ácido sulfúrico.

Para las asambleas, ese conjunto de operaciones abre nuevos interrogantes sobre el manejo de los residuos y los posibles efectos sobre el agua. Ahumada advierte que los tratamientos químicos podrían modificar el pH de los cauces y afectar la biodiversidad acuática. Su preocupación es que los impactos no queden circunscriptos al área de intervención minera, sino que puedan extenderse a través de los cursos de agua que conectan las distintas localidades de la cuenca.
Una resistencia que cruza las fronteras provinciales
La defensa del territorio fue adquiriendo, en ese contexto, una dimensión colectiva e interprovincial. Mientras se desarrollaba una nueva actividad de la Asamblea Ancasti por la Vida en la villa de Ancasti, representantes de la Asamblea Departamental por el Agua de El Alto y de la Asamblea Friense por el Albigasta participaban del encuentro, reflejando la articulación que se viene construyendo entre las comunidades.

Para Ahumada, ese rechazo compartido tiene una explicación concreta: los pueblos están unidos por una misma cuenca hídrica. Las comunidades de Ancasti, El Alto y Frías pueden pertenecer a jurisdicciones administrativas diferentes, pero dependen de un sistema de agua dulce que atraviesa las fronteras provinciales.

"Hay un rechazo social que unificó a comunidades geográficamente, a las comunidades de Ancasti, El Alto y de Frías, porque es una cuenca hídrica compartida", explica. Y agrega que existen manifestaciones claras de que el proyecto no puede avanzar de manera unilateral sobre un recurso que involucra a poblaciones de dos provincias.

La discusión vuelve así sobre la licencia social. Para las organizaciones, el consentimiento de las comunidades no está otorgado y no puede darse por supuesto a partir de una convocatoria formal o de un procedimiento administrativo. La participación ciudadana, sostienen, debe garantizar el acceso a información suficiente, la posibilidad de analizar los antecedentes y la intervención efectiva de quienes pueden resultar afectados.

Una de las expresiones públicas de esa resistencia tuvo lugar el 22 de octubre, cuando vecinos y vecinas realizaron una caravana desde la pasarela del río Guayamba hasta Tintigasta (en el Departamento El Alto, Catamarca), donde se desarrolló una reunión comunitaria. La movilización reunió a habitantes de la región que se trasladaron en distintos vehículos para participar del encuentro y expresar sus preocupaciones frente al avance del proyecto.
La convocatoria tuvo una característica que Ahumada considera importante: no estuvo dirigida únicamente a los vecinos y a las organizaciones ambientales. También se invitó a representantes institucionales y autoridades de distintos ámbitos, entre ellos el intendente del departamento El Alto, el senador departamental, autoridades religiosas y funcionarios del Gobierno provincial.

La intención, aclara, no era realizar una manifestación opositora por el solo hecho de oponerse a la minería. Las asambleas buscaban respuestas, información técnica y explicaciones sobre las características del emprendimiento, sus antecedentes y las consecuencias que podría tener sobre el territorio.

Sin embargo, según relata, ninguno de los invitados asistió presencialmente a la reunión comunitaria. La única respuesta institucional que recibieron fue una nota escrita del senador por el departamento El Alto, quien tampoco participó personalmente del encuentro.

En esa comunicación, el legislador se apoyó en un informe del Ministerio de Minería de Catamarca para explicar la situación administrativa del proyecto de Litios del Norte S.A. Allí se remarcaba que la iniciativa se encontraba únicamente en una fase inicial de exploración, con perforaciones destinadas a la investigación geológica, y que todavía no estaba en una etapa de producción.

La nota también señalaba que el informe de impacto ambiental no había sido aprobado y que el Gobierno provincial había solicitado información complementaria a la empresa el 2 de octubre. Asimismo, informaba que las instancias presenciales de participación ciudadana habían sido postergadas preventivamente, precisamente a raíz de los cuestionamientos planteados por las comunidades.

La respuesta incluía referencias técnicas y el número de expediente para que los interesados pudieran acceder a la documentación pública. Sin embargo, para Ahumada, esa información no despejaba las principales dudas ni respondía a uno de los puntos centrales del reclamo: los antecedentes de las perforaciones realizadas años atrás.

El referente considera que presentar el emprendimiento como una exploración inicial sin incorporar lo sucedido en años anteriores constituye una omisión relevante. Según su reconstrucción, en 2017 ya se habían realizado aproximadamente veinte perforaciones, algunas de las cuales alcanzaron los 300 metros de profundidad. Los caños de unos 150 milímetros que quedaron en el territorio, sostiene, forman parte de una memoria material que los vecinos pueden reconocer.

Por eso cuestiona que la comunicación oficial transmita tranquilidad al describir una etapa exploratoria como si se tratara del comienzo de las actividades. A su entender, esa caracterización minimiza el impacto acumulativo que las intervenciones anteriores podrían haber producido sobre el territorio y sus recursos naturales.

"Hay carencias en la información", resume, al referirse a una respuesta que considera políticamente cautelosa, pero insuficiente en cuanto a la precisión de los antecedentes y las características del proyecto.
Cuevas, bosques y memoria: el patrimonio también está en juego

A las preocupaciones ambientales e hídricas se agrega otro aspecto que las organizaciones consideran fundamental: la preservación del patrimonio arqueológico y cultural.

En la zona se encuentran las Cuevas de Oyola (foto superior) se identificaron 38 cuevas y aleros con arte rupestre, con testimonios de pueblos originarios de más de mil años.

Se trata de sitios que forman parte de la historia y la identidad cultural de la región y que, según advierten las asambleas, podrían quedar expuestos a las transformaciones derivadas de las actividades mineras. La preocupación aumenta porque esos espacios se encuentran dentro del área territorial vinculada al proyecto.

Para las comunidades, la posible afectación del patrimonio arqueológico no puede analizarse de manera separada del resto de los riesgos ambientales. La conservación de los bosques nativos, las fuentes de agua, los sitios históricos y los paisajes serranos forma parte de una misma discusión sobre el futuro del territorio y la continuidad de las formas de vida que se desarrollaron allí durante generaciones.

La referencia a las leyes nacional y provincial de bosques también atraviesa los cuestionamientos. Ahumada considera que las respuestas institucionales no alcanzan para despejar las dudas sobre la compatibilidad de las intervenciones proyectadas con las restricciones de conservación que rigen en buena parte de esos sectores.
¿Desarrollo para quién? El impacto sobre las economías locales

El conflicto tiene, además, una dimensión económica que las asambleas consideran central y que, según sostienen, no está siendo suficientemente contemplada en la discusión pública.

En las comunidades de Ancasti y El Alto, la ganadería y la agricultura constituyen actividades históricas, a las que se suman el turismo y otras formas de aprovechamiento del entorno natural.

Ahumada cuestiona especialmente la distancia entre los beneficios laborales que se anuncian habitualmente para justificar los emprendimientos mineros y la cantidad de puestos de trabajo que, según indica, figuran en la información disponible sobre este proyecto.

De acuerdo con lo que señala, la iniciativa contempla mano de obra para apenas ocho personas. Frente a esa cifra, plantea el interrogante sobre quiénes asumirían los costos de una eventual afectación de las fuentes de agua y de las condiciones ambientales de las que dependen las familias de la región.

"Va a dar mano de obra a muy poca gente y va a perjudicar abiertamente la capacidad productiva y el medio de subsistencia", advierte.

El referente sostiene que las economías locales están profundamente vinculadas a la producción ganadera y que no se trata de una actividad marginal dentro de la provincia. Según afirma, la producción de la zona involucrada representa aproximadamente el 50 por ciento de la producción ganadera de Catamarca, una dimensión que, desde su perspectiva, debería ser considerada antes de evaluar cualquier transformación del territorio.

La discusión, entonces, no enfrenta solamente dos actividades económicas, sino también dos perspectivas sobre el desarrollo. Por un lado, un modelo extractivo que presenta al litio como un recurso estratégico y una oportunidad de inversión. Por otro, comunidades que advierten que la explotación podría poner en riesgo actividades productivas existentes, los bienes naturales y las condiciones que permiten su permanencia en el territorio.

La resistencia de los vecinos se sostiene, por eso, en tres ejes que se repiten en cada encuentro y cada presentación: organización, participación y acceso a la información. No se trata, insiste Ahumada, de rechazar cualquier discusión sin conocer los proyectos, sino de exigir que las decisiones se tomen con información completa y con la intervención de quienes habitan los lugares donde se pretenden desarrollar las actividades.

Las responsabilidades políticas y el futuro de la cuenca

En ese escenario, también comenzaron a expresarse cuestionamientos desde el ámbito político local. Ahumada menciona una manifestación pública del intendente del departamento Ancasti, Piñero, quien habría señalado la falta de información y de acciones suficientes por parte de las autoridades involucradas. El referente interpreta esas declaraciones como una señal de que incluso dentro de las estructuras institucionales existen dudas sobre el conocimiento y la comprensión de este tipo de emprendimientos y sus posibles consecuencias.

Sin embargo, el posicionamiento del Gobierno provincial aparece, según plantea, claramente alineado con el desarrollo de los proyectos mineros. Ahumada señala que el gobernador Raúl Jalil respalda estas iniciativas y que la política provincial mantiene una coincidencia con la orientación del Gobierno de Javier Milei en materia de promoción de la actividad extractiva.

La distancia entre ese respaldo político y las demandas de las comunidades vuelve a colocar en el centro de la discusión la pregunta sobre quién decide el destino de los territorios y bajo qué condiciones se utilizan sus recursos.

En la microrregión Albigasta, el agua no reconoce los límites que separan a Catamarca de Santiago del Estero. Los ríos que nacen en las sierras alimentan el Dique El Bolsón, recargan los acuíferos y sostienen tanto el consumo de las poblaciones como la producción agrícola y ganadera de la región. Por eso, las organizaciones advierten que cualquier alteración en las cabeceras de la cuenca puede repercutir mucho más allá del lugar donde se realicen las perforaciones.

La disputa por el litio en las Sierras de Ancasti excede así los límites de un expediente minero o de una discusión técnica sobre los métodos de extracción. Involucra el agua, los bosques, el patrimonio arqueológico, las economías familiares y la posibilidad de que las comunidades participen de las decisiones que comprometen su futuro.

Mientras esperan respuestas y reclaman acceso a información completa, las asambleas de Catamarca y Santiago del Estero continúan articulando acciones en defensa de la cuenca. Frente a un proyecto que consideran una amenaza para el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades, sostienen una consigna que resume el sentido de su resistencia: "El agua del Albigasta no se vende, se defiende".

Escuchá la entrevista completa:

domingo, 1 de noviembre de 2026

Barrio de Los Pescadores: denuncian represión policial y advierten sobre un posible avance del desalojo

Tras un operativo realizado durante la madrugada del sábado 1 de noviembre, vecinos y vecinas de La Florida denunciaron agresiones, amenazas e intentos de ingreso a sus comercios por parte de efectivos policiales y personal de Control Urbano. Elsa Avip, referente del barrio, vinculó el procedimiento con el conflicto por la permanencia de las familias en el territorio. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario también repudió el operativo y cuestionó al gobierno municipal.

Elsa Avip, referente del barrio de Los Pescadores, denunció un violento operativo policial y municipal realizado durante la madrugada del sábado 1 de noviembre, en el que, según relató, hubo agresiones contra vecinos y vecinas, amenazas e intentos de ingreso a los comercios de la zona. Además, expresó su preocupación por las advertencias sobre posibles allanamientos y por el futuro de los emprendimientos familiares, en un contexto de creciente incertidumbre por la permanencia de las familias en los terrenos que habitan desde hace generaciones.

En diálogo con Buscando Trabajo, por Aire Libre Radio Comunitaria, Avip relató los momentos de tensión que se vivieron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos policiales y personal de Control Urbano llegaron al barrio en varios vehículos.

"Fue una noche bastante dura, bastante jodida. Llegaron como un comando, en cuatro trafic blancas. Cuando nos dimos cuenta, comenzó a bajar un montón de personal policial. Empezaron a avanzar sobre las motos, que son las que hacen picadas y generan ruidos, una problemática con la que nosotros nunca estuvimos de acuerdo y que siempre hemos planteado en la Municipalidad", contó.

Sin embargo, según su testimonio, el procedimiento derivó en situaciones de violencia contra habitantes del barrio. "Desde la punta de Ricardo Núñez hacia Gallo empezaron a golpear a la gente. Nosotros estábamos trabajando pacíficamente en nuestros negocios. Golpearon muy mal a una vecina de 73 años y también a una chica que estaba sobre una moto", denunció.

Avip explicó que salió de su comercio para preguntar qué estaba sucediendo e intentar hablar con algún responsable del operativo, pero recibió insultos y malos tratos. La situación se agravó cuando, según relató, efectivos policiales intentaron ingresar a su negocio.

"Se lanzaron hacia mi negocio y quisieron entrar. Me puse en la puerta para impedirlo. Entre ellos apareció el jefe de Control Urbano, quien también me maltrató y me habló muy mal", señaló.

Durante el intercambio, la referente volvió a plantear su reclamo por la habilitación comercial. Según contó, el funcionario le respondió que no podían otorgársela porque las tierras no eran de su propiedad y le exigió presentar un título para justificar su permanencia en el lugar.

"Yo necesito la habilitación para trabajar en orden. Sin embargo, me dijeron que no podían dármela porque las tierras no eran mías. ¿Cómo puede ser que ahora no tenga derecho a una habilitación para trabajar como corresponde?", cuestionó.

La referente recordó que la última habilitación de su negocio estuvo vigente hasta el 23 de febrero de este año y destacó que la actividad comercial forma parte de la historia de su familia. "La primera habilitación fue en 1991 o 1992, cuando se la dieron a mis padres. Todos los papeles que presento para demostrar que vivo acá y que este es mi lugar no sirven", expresó.

El temor a los allanamientos y el desalojo
Más allá de las agresiones denunciadas, Avip manifestó su preocupación por las amenazas que atraviesan las familias del barrio y el temor a que se produzcan nuevos procedimientos. Como antecedente, recordó lo sucedido con otro comercio de la zona de La Florida, donde, según denunció, durante un operativo se llevaron las pertenencias del negocio e incluso la jubilación de la madre de la propietaria, una mujer con discapacidad.

"Yo tengo ese temor porque nos dijeron que estaban esperando la orden de algún juez para entrar y hacer un allanamiento. Nos pueden llevar las poquitas cosas que tenemos para trabajar y dejarnos con las manos vacías. Los vecinos y vecinas sentimos ese amedrentamiento, como si nos dijeran que pueden hacer con nosotros lo que quieran", sostuvo.

La referente vinculó lo sucedido con la organización que el barrio había llevado adelante durante la tarde anterior, en defensa de sus hogares y de su permanencia en el territorio.

"La tarde de ayer, el barrio organizó una acción en defensa de nuestros hogares, del barrio, y la respuesta fue esperar la madrugada y reprimirnos. Niñeces, abuelas, madres, nada les importa", manifestó.

En ese contexto, convocó a la comunidad a acompañar el reclamo: "Solicitamos la colaboración de la sociedad. Somos quinta generación en estas tierras, este es nuestro hogar. Necesitamos ayuda para defender nuestro barrio".

El comunicado de los vecinos: "La costa no se vende, se defiende"
Tras el operativo, vecinos autoconvocados y familias pescadoras de La Florida difundieron un comunicado en el que cuestionaron el accionar de la Policía provincial y de Control Urbano municipal. Allí sostuvieron que el procedimiento fue presentado como un operativo de tránsito, pero que su verdadero objetivo habría sido avanzar sobre las familias que viven y trabajan a la vera del río.

"Lo que pasó anoche no fue un operativo de tránsito. Fue una pantalla", afirmaron.

En el documento denunciaron empujones, amenazas y agresiones contra habitantes del barrio, y cuestionaron el despliegue de numerosos móviles policiales y municipales en una zona donde, señalaron, todavía faltan servicios e infraestructura básica.

También rechazaron que las familias sean consideradas usurpadoras y reivindicaron su presencia histórica en el territorio. "Los pescadores de La Florida no son usurpadores. Son los habitantes históricos de este lugar. Estaban antes que los barrios, antes que los countrys, antes que los negocios inmobiliarios", expresaron.

Entre sus principales exigencias, reclamaron el cese de los operativos que consideran intimidatorios, el respeto al derecho a la vivienda y al trabajo de las familias pescadoras y explicaciones públicas de los gobiernos municipal y provincial sobre sus planes para la costa.

El comunicado concluye con una consigna que sintetiza la posición de los habitantes: "¡La costa no se vende, se defiende! ¡Barrio de Los Pescadores de La Florida resiste!".

Repudio de los organismos de Derechos Humanos
El operativo también generó el pronunciamiento de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario, que difundió un comunicado el 1 de noviembre en el que expresó su repudio al procedimiento policial y municipal.

El espacio denunció que durante el operativo se maltrató, golpeó y lesionó físicamente a habitantes del barrio. Además, apuntó contra el gobierno municipal encabezado por Pablo Javkin y cuestionó las políticas vinculadas al uso y la apropiación de sectores de la costa rosarina.

En su declaración, los organismos mencionaron la cercanía del barrio con el proyecto del parque acuático promovido por el municipio y plantearon interrogantes sobre los intereses que podrían estar detrás de las intervenciones en esa zona.

"Él fue elegido para administrar la ciudad, no es dueño de la misma", señalaron en referencia al intendente, al tiempo que reclamaron que las autoridades actúen de acuerdo con las leyes y no mediante acciones que, según denunciaron, buscan amedrentar y reprimir a la población.

La Mesa también reivindicó la permanencia histórica de las familias pescadoras y sostuvo que el barrio está habitado desde hace aproximadamente 150 años. "Rosario no está dispuesta a permitir que desde el gobierno se utilicen maniobras propias de regímenes dictatoriales para amedrentar y reprimir al pueblo, con el fin de hacer prosperar negocios que solo favorecen a un grupo minúsculo de la sociedad", expresaron.

Un conflicto territorial que sigue abierto
La violencia denunciada durante el operativo se inscribe en un conflicto de larga data por la permanencia de las familias del barrio de Los Pescadores en la zona de La Florida.

Alrededor de 40 familias recibieron cédulas judiciales para presentarse en un juicio iniciado por una empresa que afirma ser propietaria de los terrenos desde 1998. El conflicto tiene antecedentes desde 2017, aunque los habitantes sostienen que en los últimos meses se reactivaron las acciones judiciales y las notificaciones vinculadas a la posibilidad de abandonar la zona.

En ese escenario, las familias advierten que no solo está en juego la continuidad de sus viviendas, sino también sus fuentes de trabajo, sus comercios y una historia de arraigo ligada a la pesca y a la vida junto al río.

Mientras crece la preocupación por posibles medidas de desalojo, los vecinos y vecinas reclaman respuestas de las autoridades y acompañamiento social para defender su permanencia en el territorio.

Ver también: La Rambla en disputa: polémica por el parque acuático y la defensa del último acceso público al Paraná, "Sin participación, no hay consenso posible": las críticas de Eduardo González al proyecto de Costa Norte, Entre toboganes y memoria: Amanda Pacotti apeló a la historia de Pablo Javkin para defender la costa rosarina, Parque acuático: la Justicia habilitó la continuidad de la obra, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Parque acuático: la Justicia habilitó la continuidad de la obra, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse, Costanera Norte en disputa: Conducto Piaggio, parque acuático y un Concejo que votó sin cerrar nada, Rosario, la ciudad que sigue postergando las obras de fondo, Vivir, pescar y resistir: el barrio que mira al Paraná y se niega a desaparecer, Barrio de Los Pescadores: denuncian represión policial y advierten sobre un posible avance del desalojo

Legado Deliot: después de 20 años de disputa, Rosario recupera 807 hectáreas de humedales y abre una nueva etapa para su protección

Tras más de dos décadas de disputa judicial, el municipio rosarino logró recuperar 807 hectáreas de humedales en las islas del Paraná, un territorio de enorme valor ambiental, arqueológico y cultural que había sido ocupado por un empresario ganadero. Para Jorge Bártoli, integrante de El Paraná No Se Toca, el desenlace representa mucho más que la restitución de tierras: constituye un caso testigo de recuperación del patrimonio público, reparación ambiental y continuidad de una política de Estado, remarcó en una entrevista en Señales. Ahora, el desafío será restaurar los ambientes afectados, integrar las tierras recuperadas a la Reserva Los Tres Cerros y garantizar una gestión que preserve la biodiversidad y promueva la educación ambiental.

Después de más de 20 años de disputa judicial, Rosario recuperó 807 hectáreas de humedales del Legado Deliot, un territorio de enorme valor ambiental ubicado en las islas del Paraná, frente a las costas de la ciudad, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Se trata de tierras de propiedad municipal que durante años estuvieron ocupadas por el empresario ganadero Enzo Rómulo Mariani, quien pretendía quedarse con más de 800 hectáreas pertenecientes a la ciudad.

La recuperación marca un punto de inflexión en una historia atravesada por conflictos judiciales, intervenciones sobre el ambiente, reclamos de organizaciones sociales y decisiones políticas que se sostuvieron a lo largo de distintas administraciones municipales. También abre una nueva etapa: la de restituir las condiciones naturales del humedal, recuperar los espacios dañados y poner en valor un patrimonio público que ahora podrá convertirse en un refugio de biodiversidad, un espacio de educación ambiental y un ámbito para el desarrollo del ecoturismo.

Para Jorge Bártoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca, el momento tiene una dimensión histórica. Así lo expresó al referirse al anuncio de la recuperación, que también había sido destacado por el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale. "Para nosotros y para la ciudad de Rosario es un hecho histórico, sin duda. Estamos hablando de la recuperación de un territorio maravilloso, patrimonio público de todos los rosarinos", sostuvo.

Para dimensionar la superficie recuperada, Bártoli propone una comparación con uno de los espacios verdes más conocidos de la ciudad: las 807 hectáreas equivalen a seis veces y media la superficie del parque Independencia. Una extensión que permite comprender no solamente la magnitud territorial de la restitución, sino también el potencial ambiental que representa para Rosario.

Sin embargo, su mirada excede la cuestión patrimonial local. En un contexto que considera especialmente agresivo hacia los entornos naturales y los bienes comunes del país, Bártoli advierte sobre la falta de una Ley de Humedales, cuyo tratamiento ha atravesado sucesivos fracasos en el Congreso de la Nación. Frente a ese escenario, plantea que las provincias y los municipios tienen una responsabilidad fundamental en la preservación de estos territorios y cuentan con herramientas legales para intervenir.

Desde esa perspectiva, entiende que lo ocurrido con el Legado Deliot constituye un caso testigo. No se trata únicamente de que Rosario haya recuperado tierras que le pertenecían, sino de que se logró avanzar en la restitución del patrimonio público, la reparación de un daño ambiental de gran magnitud y la preservación de un bien natural con enormes posibilidades hacia el futuro. "Es una mirada a futuro en un espacio que tiene un enorme potencial ecoturístico y como reserva de biodiversidad", señaló.

La historia de esta recuperación tiene, además, un elemento que Bártoli considera determinante: la continuidad de una decisión política. Hace 14 años, en medio del conflicto por la ocupación de las tierras, la Municipalidad de Rosario, durante la gestión de la entonces intendenta Mónica Fein, resolvió avanzar en la recuperación del territorio. Esa decisión, destacó, se sostuvo durante las administraciones municipales posteriores.

El proceso contó desde el comienzo con el acompañamiento de El Paraná No Se Toca, a la que progresivamente se fueron sumando otras organizaciones de la sociedad civil y, posteriormente, la Universidad Nacional de Rosario, que aportó un respaldo académico y científico. La articulación entre el municipio, las organizaciones ambientalistas y la universidad permitió construir un espacio de trabajo común que atravesó distintos gobiernos y resistió las dificultades de un conflicto que durante años pareció no tener resolución.

Para Bártoli, ese recorrido demuestra la importancia de sostener políticas públicas más allá de los cambios de gestión. "Lo más importante es que hubo una política de Estado que tuvo continuidad a lo largo de las sucesivas administraciones municipales", remarcó.
Un territorio que amplía la Reserva Los Tres Cerros
Las 807 hectáreas recuperadas no constituyen un espacio aislado. Se incorporan a otras 400 hectáreas linderas que no habían sido usurpadas y que desde hace varios años integran la Reserva Los Tres Cerros. De esta manera, la recuperación amplía considerablemente un territorio protegido que reúne valores ambientales, históricos y arqueológicos de singular importancia.

La denominación de la reserva remite precisamente a uno de sus principales atributos: la presencia de un sitio arqueológico de enorme valor conocido como Los Tres Cerros. El nombre evoca las antiguas formas de ocupación del territorio por parte de los pueblos originarios del delta del Paraná, particularmente los Chaná, que construían montículos artificiales de tierra, conocidos como cerros o cerritos, para establecer sus asentamientos y desarrollar distintas actividades comunitarias.

Estos pueblos aprovecharon las elevaciones naturales de las islas, como los albardones y los médanos, pero también modificaron el paisaje mediante la construcción de montículos en terrenos que originalmente eran prácticamente llanos. Algunos de esos cerritos llegaron a alcanzar tres metros de altura y centenares de metros cuadrados de superficie. Allí instalaron sus viviendas y enterraron a sus muertos, dejando estructuras que constituyen algunas de las evidencias más visibles y duraderas de las poblaciones indígenas del litoral.

Las investigaciones arqueológicas realizadas por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata sobre el sitio Los Tres Cerros permitieron determinar que se trata de elevaciones artificiales construidas mediante la incorporación de arcillas, tierras quemadas, huesos y fragmentos de vasijas. La superposición de esos materiales contribuyó a aumentar la altura y la cohesión de los montículos, además de proteger los asentamientos frente a las periódicas crecidas del río.

Los estudios también permitieron identificar distintas jerarquías, funciones e intensidades de ocupación entre los asentamientos. En algunos de ellos se diferenciaron sectores destinados a actividades domésticas y otros utilizados como basureros, donde se acumularon miles de fragmentos de cerámica y restos óseos de animales. Las vasijas y los materiales arqueológicos encontrados constituyen testimonios fundamentales para reconstruir las formas de vida de las antiguas comunidades isleñas.

A esa riqueza cultural se suma una biodiversidad extraordinaria. Bártoli destaca que el territorio tiene un enorme potencial turístico y, especialmente, para la educación ambiental. Considera que la sociedad difícilmente pueda comprometerse con la protección de ambientes naturales que no conoce. Por eso, entiende que resulta fundamental generar condiciones para que la población pueda acercarse, recorrer y comprender el funcionamiento de los humedales.

Actualmente, el acceso al lugar es complicado y la infraestructura disponible es verdaderamente mínima. La expectativa es que, con las intervenciones que se proyectan, el territorio pueda contar con instalaciones básicas que faciliten las visitas sin alterar sus características naturales. La posibilidad de que los rosarinos conozcan de primera mano este ambiente adquiere una relevancia particular en una ciudad que ha sufrido durante años las consecuencias de los incendios y las quemas en los humedales del Paraná.

"No podemos pretender que la población tome para sí la protección de entornos naturales que no conoce. A este lugar hay que ir a conocerlo", plantea Bártoli. En ese sentido, la recuperación de las tierras representa también la posibilidad de construir una relación diferente entre la ciudad y su territorio insular.
Los terraplenes que alteraron la vida del humedal
El sector que estuvo ocupado por Mariani tiene una característica geográfica que ayuda a comprender el interés que despertó en el empresario: es lindero con la conexión vial Rosario-Victoria y cuenta con acceso terrestre desde esa traza. Para quienes desarrollan actividades agropecuarias en las islas, esa cercanía representa una ventaja logística importante, porque facilita los desplazamientos y el traslado de maquinaria e insumos.

Precisamente, esa condición habría sido uno de los factores que impulsaron al ocupante a apropiarse de un territorio que no le pertenecía. Allí desarrolló actividades ganaderas y construyó terraplenes, caminos, viviendas y galpones, modificando profundamente la dinámica natural del humedal.

El comienzo de la lucha por recuperar esas tierras se remonta a una situación que fue advertida casi de casualidad. Bártoli recuerda que hace 14 años un compañero de la organización, un amigo que ya falleció, se encontraba remando por el riacho Paranasito cuando ingresó por un arroyo que entonces todavía era conocido como Arroyo de la Cruz. Allí descubrió que el curso de agua estaba interrumpido por un terraplén.

Ese hallazgo permitió advertir la dimensión de las intervenciones que se estaban realizando en el territorio. Para Bártoli, el terraplenamiento en zonas de delta constituye una práctica especialmente perjudicial, aunque históricamente haya formado parte de ciertos usos y costumbres vinculados con la producción agropecuaria y forestal.

La construcción de terraplenes para cortar arroyos o secar lagunas con el objetivo de favorecer determinadas actividades productivas implica una alteración profunda del funcionamiento del ecosistema. Los humedales necesitan cursos de agua libres para que las especies que allí habitan, anidan y crecen puedan desarrollar sus ciclos naturales y reproductivos. Cuando se interrumpe esa dinámica, se afectan los procesos que sostienen la vida del ambiente y los beneficios ecosistémicos que esos territorios brindan a la sociedad.

En el caso del Legado Deliot, la magnitud de las obras fue considerable. De acuerdo con las imágenes históricas que conserva la organización, se construyeron entre 12 y 14 kilómetros de terraplenes. La intervención permitió interrumpir el Arroyo de la Cruz y secar la que había sido una enorme laguna del mismo nombre, provocando, según describe Bártoli, un daño ambiental verdaderamente superlativo.
Las modificaciones del paisaje no se limitaron a las obras de infraestructura vinculadas con la actividad ganadera. En el predio también se construyeron un chalet, una pileta de natación, un galpón de grandes dimensiones para guardar la maquinaria utilizada en la construcción de los terraplenes y una vivienda destinada al casero.

Todo ese despliegue se realizó sobre tierras que pertenecían al municipio rosarino. Bártoli recuerda que durante mucho tiempo el ocupante actuó con absoluta impunidad, convencido de que podría permanecer allí indefinidamente. Sin embargo, el desenlace terminó siendo diferente al que había imaginado.

La complejidad del conflicto estuvo determinada, en buena medida, por las particularidades jurisdiccionales del territorio. Aunque pertenece a Rosario, el Legado Deliot se encuentra fuera del ejido municipal y, además, está ubicado en otra provincia: las islas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos.

Esa situación convirtió el proceso judicial en un recorrido especialmente engorroso. Primero hubo que litigar en Rosario, donde, según recuerda Bártoli, ocurrieron situaciones insólitas, como la desaparición de expedientes judiciales que posteriormente volvieron a aparecer. Luego, el conflicto debió continuar en Entre Ríos, mientras el empresario sostenía su pretensión de quedarse con las tierras y llevaba el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fueron años de idas y vueltas, obstáculos administrativos y judiciales, discusiones y momentos de incertidumbre. Un camino que, como reconoce Bártoli, daría material suficiente para escribir un libro.

En ese largo recorrido, el dirigente ambientalista destaca especialmente la actuación de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Rosario durante los últimos dos o tres años. Considera que tuvo una intervención muy firme y que finalmente permitió alcanzar un acuerdo de retirada, que es el que ahora comienza a ponerse en marcha.

La resolución de las instancias judiciales permitió avanzar hacia la restitución efectiva del territorio y establecer las condiciones para que Mariani desaloje el lugar. Se trata de una etapa que, según Bártoli, será relativamente breve en comparación con los años que demandó el litigio, aunque todavía requiere completar el retiro del ocupante para que el municipio pueda tomar plena posesión de las tierras.
De la recuperación judicial a la restauración ambiental
La recuperación de las 807 hectáreas representa el paso más importante de un proceso que, sin embargo, está lejos de haber concluido. Para las organizaciones ambientalistas y el municipio, comienza ahora un desafío diferente: transformar el territorio recuperado en un espacio protegido, restaurar los ambientes afectados y garantizar que la reserva pueda funcionar de manera efectiva.

La tarea implica integrar las nuevas hectáreas al sector que ya conformaba la Reserva Los Tres Cerros y avanzar en una gestión que permita preservar sus valores naturales, arqueológicos y culturales. Bártoli considera que no alcanza con recuperar jurídicamente las tierras: es necesario dotarlas de una estructura de funcionamiento que garantice su conservación a largo plazo.

La preocupación compartida por las organizaciones y el municipio es que la reserva tenga una gestión dinámica, eficiente y ágil. El objetivo es que pueda cumplir efectivamente con su función de refugio de biodiversidad, convertirse en un centro ecoturístico y ofrecer oportunidades para desarrollar actividades de educación ambiental.

A eso se suma la necesidad de revertir las alteraciones provocadas por las obras realizadas durante la ocupación. La recuperación del libre escurrimiento de los arroyos internos del valle de inundación del Paraná aparece como una cuestión central para restablecer los ciclos naturales del humedal. El desmantelamiento de los terraplenes será, en ese sentido, una de las intervenciones fundamentales para que el agua vuelva a circular y los ambientes puedan recuperar progresivamente sus características.

La discusión sobre cómo gestionar el territorio también involucra a las comunidades que habitan y trabajan en las islas. Desde su creación, la Comisión Multisectorial Legado Deliot tuvo entre sus objetivos recuperar ambiental, social y culturalmente los lotes, pero también mantener y fortalecer a los habitantes isleños que desarrollan modos de vida sustentables, como los pescadores artesanales, evitando trasladar a las islas valores y lógicas propias de los espacios urbanos.
Trece años de una construcción colectiva

La continuidad del trabajo institucional y social tuvo un ámbito específico de articulación. En 2013, mediante la firma del decreto municipal de creación de la Comisión Multisectorial Legado Deliot Nº 1531, se pusieron en marcha las estrategias destinadas a recuperar y poner en valor la calidad ambiental de estos lotes.

La comisión se constituyó cuando el municipio decidió intervenir formalmente en el conflicto y avanzar en la recuperación de un territorio que pertenecía a Rosario, pero que estaba ocupado por un particular. Desde entonces, se convirtió en el espacio donde confluyeron funcionarios municipales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del ámbito académico.

Bártoli destaca que el trabajo municipal estuvo acompañado durante todos estos años por el respaldo y también por la presión de las organizaciones sociales. A su entender, esa participación fue determinante para evitar que el conflicto tuviera otro desenlace. La perseverancia de quienes sostuvieron el reclamo permitió mantener el tema en agenda incluso en los momentos en que los tiempos judiciales y administrativos parecían alejar cualquier posibilidad de recuperación.

Actualmente, la comisión que gestiona la Reserva Los Tres Cerros está integrada por distintas áreas de la administración municipal y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el río Paraná y sus islas. Participan El Paraná No Se Toca, la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca, el Taller de Comunicación Ambiental, vinculado a Sergio Rinaldi, Fridays for Future, Mundo Aparte, la Multisectorial por la Ley de Humedales y Taller Ecologista.

La Universidad Nacional de Rosario también tuvo una participación de peso en este proceso, particularmente a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Observatorio Ambiental, que aportaron el acompañamiento académico y científico necesario para fortalecer el trabajo de recuperación y preservación del territorio.

Fueron 13 años de reuniones, discusiones e intercambios, muchas veces intensos. Bártoli recuerda que el recorrido estuvo marcado por tensiones entre los tiempos de la burocracia, las expectativas de las organizaciones y los plazos de la Justicia. Hubo momentos en los que parecía que el proceso se caía definitivamente y otros en los que volvía a tomar impulso.

"Ha sido verdaderamente muy azaroso", resume. Sin embargo, la comisión nunca dejó de trabajar y la gestión municipal mantuvo su participación. Esa perseverancia permitió sostener un objetivo común a pesar de las dificultades y de los cambios políticos e institucionales.

Para el integrante de El Paraná No Se Toca, el resultado demuestra que es posible construir políticas públicas de largo plazo mediante el trabajo mancomunado entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. Por eso insiste en que el Legado Deliot constituye una experiencia que debería ser considerada como referencia para otros territorios amenazados por ocupaciones, transformaciones productivas y daños ambientales.

La nueva etapa, sostiene, deberá continuar sobre esa misma base de articulación. La recuperación de las tierras es una conquista colectiva, pero también una responsabilidad que exige sostener el compromiso y garantizar que el territorio no vuelva a quedar expuesto a intereses particulares.
"Por ríos y arroyos libres": el reclamo de la Multisectorial

La recuperación del Legado Deliot también fue celebrada por la Multisectorial, que destacó el papel de la lucha colectiva en el desenlace judicial. En un comunicado, las organizaciones expresaron su satisfacción por la sentencia del 23 de octubre del corriente año, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

El fallo rechazó la excepción de prescripción adquisitiva planteada por el empresario Enzo Rómulo Mariani, al considerar que la posesión que ejercía sobre el inmueble era ilegítima y de mala fe. Asimismo, hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por la Municipalidad de Rosario y dispuso que Mariani deberá restituir el inmueble al municipio, libre de personas y cosas.

Para fundamentar su decisión, la sentencia estableció que "se encuentra fehacientemente acreditado que el inmueble es titularidad de la Municipalidad de Rosario y que ha estado y continúa bajo la ocupación de Enzo Rómulo Mariani, [...] quien ejerce una posesión ilegítima y de mala fe".

La Multisectorial también puso el foco en las consecuencias que tuvo esa ocupación sobre el destino ambiental del territorio. Según señalaron, la situación impidió que la Municipalidad de Rosario pudiera cumplir con la finalidad pública asignada al predio: el desarrollo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. De esta manera, la ocupación no solo obstaculizó la ejecución de un proyecto ambiental y cultural, sino que también produjo un perjuicio económico y ambiental.

En ese sentido, las organizaciones remarcaron que la sentencia representa el reconocimiento judicial de una lucha sostenida durante años por recuperar un patrimonio público y devolverle su función ambiental. La restitución de las tierras deberá permitir avanzar ahora en la recuperación de los ambientes afectados y en la concreción del proyecto de reserva, cuya finalidad es preservar la biodiversidad, proteger el patrimonio arqueológico y garantizar el libre funcionamiento de los cursos de agua.

El reclamo de la Multisectorial, sin embargo, no termina con la restitución del inmueble. La recuperación efectiva del humedal requiere también desarmar los terraplenes que interrumpieron los cursos naturales de agua y restablecer la conexión entre los ambientes que integran el valle de inundación del Paraná. El comunicado cerró con una consigna que sintetiza el sentido de la lucha que las organizaciones vienen sosteniendo desde hace más de una década: "¡La Reserva de Los Tres Cerros No Se Toca! ¡Por ríos y arroyos libres!".

La recuperación del Legado Deliot representa así mucho más que el final de una prolongada disputa por la propiedad de unas tierras. Es la posibilidad de reparar un daño ambiental, recuperar el funcionamiento de un ecosistema, proteger un patrimonio arqueológico de enorme importancia y devolver a la sociedad el acceso a un territorio que forma parte de su patrimonio común.

Después de años de expedientes, litigios, reuniones y reclamos, las 807 hectáreas vuelven a estar en el horizonte de la ciudad. Pero la historia todavía tiene capítulos por delante. Desarmar los terraplenes, liberar los cursos de agua, restaurar el humedal y consolidar una reserva con gestión efectiva serán las tareas que definirán el verdadero alcance de esta recuperación.

Para quienes sostuvieron la lucha, el desafío ahora es que la conquista judicial se transforme en una política concreta de conservación. Que Los Tres Cerros sea un refugio para la biodiversidad, un espacio de encuentro con la naturaleza y una oportunidad para que las próximas generaciones comprendan el valor de los humedales. Porque, como viene sosteniendo El Paraná No Se Toca, defender el río también significa garantizar que sus arroyos permanezcan libres y que la vida del humedal pueda seguir desarrollándose sin obstáculos.


Fotos: Municipalidad de Rosario, La Mati Bianchi, Carlos Salazar,  Multisectorial por los Humedales, Señales

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