domingo, 15 de noviembre de 2026

Imputaron a Mariano Soria por sus expresiones sobre Palestina y se abre el debate sobre la libertad de expresión

El docente de Historia y militante de izquierda fue imputado en una causa iniciada a partir de una denuncia vinculada con sus manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y sus cuestionamientos al accionar del Estado de Israel en Gaza. En declaraciones al programa Señales, cuestionó la actuación de la fiscalía y del juez, denunció una persecución política y aseguró que la investigación busca disciplinar a quienes expresan solidaridad con Palestina. La causa tendrá un período de investigación de seis meses e incluye el análisis de sus dispositivos electrónicos.

La Justicia Federal resolvió imputar a Mariano Soria, docente de Historia y militante de izquierda, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia vinculada con sus manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y sus cuestionamientos al accionar del Estado de Israel en la Franja de Gaza. El proceso judicial, en el que se lo acusa de antisemitismo, vuelve a poner sobre la mesa un debate central para la sociedad democrática: los límites de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el papel de la Justicia frente a las ideas y opiniones políticas.

Sin desconocer la gravedad del antisemitismo ni la necesidad de combatir cualquier forma de discriminación y odio, el caso plantea interrogantes sobre las garantías constitucionales, el pluralismo y las libertades individuales. Desde esa perspectiva, la imputación de Soria abre una discusión acerca de si las herramientas judiciales están siendo utilizadas para garantizar derechos o si, por el contrario, pueden convertirse en mecanismos de disciplinamiento ideológico.

El docente recibió la resolución con desagrado, aunque reconoció que era una de las posibilidades que aparecían como más previsibles después del desarrollo de las primeras instancias de la audiencia, realizadas el 16 de octubre y el 4 de noviembre. Según explicó en diálogo con el programa Señales, la postura que habían adoptado la fiscalía, la querella y finalmente el juez anticipaba el desenlace que terminó formalizando la imputación.

El repudio a Cecchini que dio origen a la causa
Para Soria, la acusación que dio origen a la causa es completamente falsa. El conflicto se originó a partir de un repudio político a Cecchini, una reconocida marca de carteras de Rosario, luego de que se conociera una publicación de la USAR, fechada el 10 de enero de 2024, sobre una colecta destinada al ejército israelí. El docente sostuvo que cuestionar políticamente esa iniciativa fue interpretado por la fiscalía como un ataque contra toda la comunidad judía, una asociación que rechazó de manera categórica.

En ese sentido, cuestionó que durante las audiencias se haya construido una identificación entre judaísmo y sionismo. Según señaló, esa amalgama fue sostenida por la fiscal y no encontró un freno por parte del juez, quien, amparándose en las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal, terminó formalizando la imputación.

Soria aseguró que la fiscalía no logró acreditar ningún acto de antisemitismo, discriminación o violencia contra el propietario de Cecchini. Admitió que en el pronunciamiento público de repudio utilizaron términos duros, pero defendió el contenido de esas expresiones. A su entender, una acción de solidaridad con un ejército al que considera responsable de un genocidio convierte a quienes la promueven en cómplices de su accionar.

También remarcó que, desde aquella publicación de enero de 2024, el propietario de la firma tuvo tiempo suficiente para deslindar su responsabilidad o aclarar públicamente su posición respecto de la colecta y del apoyo al ejército israelí. Sin embargo, afirmó que ni la empresa ni su titular realizaron una manifestación en ese sentido. Para el docente, esa ausencia de aclaraciones forma parte de una definición política y, como tal, puede ser objeto de cuestionamiento y repudio.

Gaza y Cisjordania, en el centro de sus argumentos
En su argumentación, Soria sostuvo que existe un genocidio contra el pueblo palestino, una situación que, según afirmó, está acreditada ante la Corte Penal Internacional, organismo del que Argentina es firmante. En ese marco, recordó que si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ingresara al país, debería ser detenido para ser entregado a la Justicia, al igual que otros funcionarios del Estado de Israel sobre quienes pesan acusaciones.

El docente consideró que el debate judicial está dejando de lado el contexto internacional y la realidad que atraviesa la población palestina. Mientras en los tribunales federales se discute si sus expresiones contra Cecchini constituyeron antisemitismo, sostuvo, se evita abordar lo que ocurre en Gaza y Cisjordania.

Describió una situación en la que, según sus palabras, el ejército israelí continúa provocando muertes entre la población civil de Gaza, con entre diez y veinte personas asesinadas por día. También denunció la violencia ejercida en Cisjordania por colonos que, con el respaldo del ejército, golpean, expulsan a familias palestinas, incendian viviendas y asesinan a sus habitantes.

Frente a ese escenario, se preguntó qué nombre corresponde darle a esas acciones y si no constituyen también una forma de terrorismo. Para Soria, la discusión judicial adquirió ribetes políticos y hasta ridículos, porque se concentra en las expresiones utilizadas para cuestionar a una empresa mientras se relega el debate sobre la violencia contra el pueblo palestino.

Durante la conversación con Señales también hizo referencia a la cobertura periodística internacional y a la necesidad de consultar fuentes que permitan comprender la dimensión de la situación humanitaria. Recordó que, en su intervención del 4 de noviembre, ya había planteado la importancia de mirar más allá de las versiones que circulan en las redes sociales y recurrir a medios internacionales.

Según expresó, los ataques contra Gaza continuaban incluso bajo la existencia de una supuesta tregua, mientras persistían las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

También hizo referencia a la cobertura periodística realizada en el paso de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, donde, según mencionó, se pudo constatar que la asistencia necesaria no estaba ingresando en las cantidades requeridas para atender a la población.

Al mismo tiempo, cuestionó la existencia de una campaña destinada a negar que en Gaza se esté produciendo un genocidio. Señaló que en las redes sociales se difunden argumentos que, a su entender, buscan desacreditar esa denuncia, entre ellos afirmaciones sobre el crecimiento de la población palestina que consideró absurdas.

En contraposición, mencionó la circulación internacional del documental Nasa, al que presentó como un material que muestra registros y testimonios de los propios perpetradores sobre la manera en que se desarrollaron los crímenes. Para Soria, ese tipo de producciones vuelve cada vez más difícil sostener que no existen elementos para discutir lo que ocurre en Gaza.

Las críticas a la fiscalía y al juez
En esa línea, apuntó directamente contra la actuación de la fiscal federal de Rosario, Federica Tiscornia, a quien identificó como la principal impulsora de la investigación. Sostuvo que la funcionaria actuó con libertad, sin que el juez pusiera límites a sus decisiones, y cuestionó también que no se haya intervenido para frenar el allanamiento realizado en su domicilio.

Soria manifestó estar convencido de que existe una motivación política detrás de la causa y consideró que la investigación podría responder a una definición que involucra a sectores de la propia Justicia y posiblemente a otros poderes del Estado, incluido el Poder Ejecutivo. A su entender, el objetivo es cercenar el derecho a expresar solidaridad con el pueblo palestino y generar una acción ejemplificadora contra quienes impulsan esa causa en Rosario.

El docente consideró que, en la Argentina, hay sectores de la Justicia que no quieren abordar esa realidad y tampoco permiten que se hable de ella. Según su interpretación, la fiscalía, con el aval del juez y en acuerdo con la querella, desplazó el eje de la discusión hacia las expresiones que utilizó contra el propietario de Cecchini, dejando en segundo plano la denuncia sobre el genocidio.

En ese punto, planteó una comparación con el repudio que merece cualquier reivindicación del nazismo. Se preguntó por qué debería existir alguna duda a la hora de repudiar a quienes apoyan un genocidio contra el pueblo palestino. Para él, la obligación moral de pronunciarse contra esas acciones y contra quienes las respaldan es tan clara como el rechazo a cualquier expresión de reivindicación del nazismo.

El allanamiento y la revisión de sus dispositivos
Uno de los aspectos que todavía forman parte de la investigación es el material secuestrado durante el allanamiento a su vivienda. El juez autorizó la apertura y revisión de su computadora y su teléfono celular, elementos que quedaron sujetos a la investigación. Soria explicó que, en un primer momento, también se llevaron cuatro libros, tres de ellos escritos por autores judíos, algo que consideró un papelón de la fiscalía, ya que, según sostuvo, esos materiales no pueden demostrar ninguna conducta antisemita.

Ahora, afirmó, la expectativa de los investigadores estaría puesta en encontrar algún contenido de esas características en sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, se mostró convencido de que tampoco encontrarán elementos que respalden la acusación.

El docente insistió en que todas las actividades y manifestaciones por las que se lo investiga fueron públicas desde el primer momento y se encuentran disponibles en las redes sociales. Aclaró, además, que no es quien administra las cuentas desde las que se difundieron las publicaciones, por lo que consideró innecesario revisar sus dispositivos para reconstruir acciones que ya fueron expuestas públicamente.

A su juicio, la investigación implica un gasto de horas de trabajo judicial y policial para intentar construir una causa que no tiene sustento. Sostuvo que detrás de ese procedimiento existe un propósito evidente de amedrentar y silenciar a quienes cuestionan las políticas del Estado de Israel y expresan su solidaridad con Palestina.

"Por supuesto que no nos van a callar"
Para Soria, el problema de fondo excede su situación personal. Consideró que cualquier ciudadano, organización social o agrupación política debería poder denunciar públicamente que una empresa colabora con un ejército al que considera responsable de crímenes de guerra y genocidio, sin que esa expresión pueda convertirse automáticamente en motivo de persecución penal.

Reconoció que el propietario de Cecchini puede haberse sentido ofendido o incómodo por el repudio público, pero sostuvo que esa circunstancia no debería impedir que la sociedad discuta lo que sucede en Medio Oriente. En ese sentido, invitó a consultar los medios internacionales y las imágenes que circulan diariamente para comprender la dimensión de la situación humanitaria.

Respecto del futuro de la causa, Soria explicó que el juez autorizó un período de investigación de seis meses, durante el cual se procederá a revisar su computadora y su teléfono celular. A partir de los resultados, la fiscalía deberá resolver si continúa adelante con la investigación, desiste de ella o impulsa una eventual elevación a juicio.

Mientras tanto, aseguró que no modificarán su actividad política ni la campaña de solidaridad con Palestina. Adelantó que continuarán llevando el reclamo a los sindicatos, los centros de estudiantes y las organizaciones de derechos humanos, además de sostener públicamente que existe una persecución contra quienes apoyan al pueblo palestino y denuncian lo que consideran un genocidio.

"Por supuesto que no nos van a callar", afirmó, al ratificar que seguirán desarrollando las actividades y difundiendo sus posiciones en los distintos espacios de participación social y política.

La entrevista se realizó mientras Soria viajaba hacia Buenos Aires para participar de una actividad. Las interrupciones en la comunicación telefónica no impidieron que expusiera su postura frente a la imputación y al rumbo de la investigación.

Una discusión que excede el caso particular
El caso dejó planteada una reflexión que excede las circunstancias particulares de Soria e interpela al conjunto de la sociedad: la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la posibilidad de cuestionar las políticas de cualquier Estado sin temor a represalias judiciales.

La discusión no pasa únicamente por lo que finalmente resuelva la Justicia en esta causa, sino también por los recursos que se destinan a investigar si una persona expresó determinadas opiniones con una intención específica. Son seis meses de investigación que podrían estar dedicados a otras cuestiones de mayor relevancia, en lugar de concentrarse en determinar qué dijo Soria y con qué propósito.

Como expresó Soria, las manifestaciones cuestionadas fueron públicas desde el primer momento. No hubo nada oculto: quienes participaron de esas acciones expresaron abiertamente lo que consideraban necesario decir. Por eso, lo que está en juego es también el ejercicio de la crítica política en una democracia.

La Argentina no debería tener que discutir si un ciudadano puede expresar su desacuerdo con un gobierno, una política estatal o una determinada posición internacional. Cualquier persona tiene derecho a manifestar su descontento, incluso cuando sus opiniones incomoden u ofendan a quienes ejercen el poder o a otros sectores de la sociedad.

Ese derecho, naturalmente, reconoce límites. Sin embargo, en este caso no se advierte que se hayan cruzado. Lo que sí aparece es un sesgo preocupante cuando la expresión de una posición política, compartida por sectores sociales de distintos lugares del mundo, termina bajo investigación judicial.

Así, la imputación de Mariano Soria no solo abre un nuevo capítulo en una causa federal, sino que instala una discusión mucho más amplia sobre el alcance de las libertades democráticas y el lugar que deben ocupar las opiniones políticas en una sociedad plural. La pregunta que queda planteada es hasta dónde puede avanzar la Justicia cuando lo que se investiga es el contenido de una expresión de solidaridad y de una crítica política.

Ver también: Palestina, allanamiento y libros: Mariano Soria denunció una persecución política en Rosario

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