Elsa Avip, referente del barrio de Los Pescadores, denunció un violento operativo policial y municipal realizado durante la madrugada del sábado 1 de noviembre, en el que, según relató, hubo agresiones contra vecinos y vecinas, amenazas e intentos de ingreso a los comercios de la zona. Además, expresó su preocupación por las advertencias sobre posibles allanamientos y por el futuro de los emprendimientos familiares, en un contexto de creciente incertidumbre por la permanencia de las familias en los terrenos que habitan desde hace generaciones.
En diálogo con Buscando Trabajo, por Aire Libre Radio Comunitaria, Avip relató los momentos de tensión que se vivieron alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos policiales y personal de Control Urbano llegaron al barrio en varios vehículos.
"Fue una noche bastante dura, bastante jodida. Llegaron como un comando, en cuatro trafic blancas. Cuando nos dimos cuenta, comenzó a bajar un montón de personal policial. Empezaron a avanzar sobre las motos, que son las que hacen picadas y generan ruidos, una problemática con la que nosotros nunca estuvimos de acuerdo y que siempre hemos planteado en la Municipalidad", contó.
Sin embargo, según su testimonio, el procedimiento derivó en situaciones de violencia contra habitantes del barrio. "Desde la punta de Ricardo Núñez hacia Gallo empezaron a golpear a la gente. Nosotros estábamos trabajando pacíficamente en nuestros negocios. Golpearon muy mal a una vecina de 73 años y también a una chica que estaba sobre una moto", denunció.
Avip explicó que salió de su comercio para preguntar qué estaba sucediendo e intentar hablar con algún responsable del operativo, pero recibió insultos y malos tratos. La situación se agravó cuando, según relató, efectivos policiales intentaron ingresar a su negocio.
"Se lanzaron hacia mi negocio y quisieron entrar. Me puse en la puerta para impedirlo. Entre ellos apareció el jefe de Control Urbano, quien también me maltrató y me habló muy mal", señaló.
Durante el intercambio, la referente volvió a plantear su reclamo por la habilitación comercial. Según contó, el funcionario le respondió que no podían otorgársela porque las tierras no eran de su propiedad y le exigió presentar un título para justificar su permanencia en el lugar.
"Yo necesito la habilitación para trabajar en orden. Sin embargo, me dijeron que no podían dármela porque las tierras no eran mías. ¿Cómo puede ser que ahora no tenga derecho a una habilitación para trabajar como corresponde?", cuestionó.
La referente recordó que la última habilitación de su negocio estuvo vigente hasta el 23 de febrero de este año y destacó que la actividad comercial forma parte de la historia de su familia. "La primera habilitación fue en 1991 o 1992, cuando se la dieron a mis padres. Todos los papeles que presento para demostrar que vivo acá y que este es mi lugar no sirven", expresó.
El temor a los allanamientos y el desalojo
Más allá de las agresiones denunciadas, Avip manifestó su preocupación por las amenazas que atraviesan las familias del barrio y el temor a que se produzcan nuevos procedimientos. Como antecedente, recordó lo sucedido con otro comercio de la zona de La Florida, donde, según denunció, durante un operativo se llevaron las pertenencias del negocio e incluso la jubilación de la madre de la propietaria, una mujer con discapacidad.
"Yo tengo ese temor porque nos dijeron que estaban esperando la orden de algún juez para entrar y hacer un allanamiento. Nos pueden llevar las poquitas cosas que tenemos para trabajar y dejarnos con las manos vacías. Los vecinos y vecinas sentimos ese amedrentamiento, como si nos dijeran que pueden hacer con nosotros lo que quieran", sostuvo.
La referente vinculó lo sucedido con la organización que el barrio había llevado adelante durante la tarde anterior, en defensa de sus hogares y de su permanencia en el territorio.
"La tarde de ayer, el barrio organizó una acción en defensa de nuestros hogares, del barrio, y la respuesta fue esperar la madrugada y reprimirnos. Niñeces, abuelas, madres, nada les importa", manifestó.
En ese contexto, convocó a la comunidad a acompañar el reclamo: "Solicitamos la colaboración de la sociedad. Somos quinta generación en estas tierras, este es nuestro hogar. Necesitamos ayuda para defender nuestro barrio".
El comunicado de los vecinos: "La costa no se vende, se defiende"
Tras el operativo, vecinos autoconvocados y familias pescadoras de La Florida difundieron un comunicado en el que cuestionaron el accionar de la Policía provincial y de Control Urbano municipal. Allí sostuvieron que el procedimiento fue presentado como un operativo de tránsito, pero que su verdadero objetivo habría sido avanzar sobre las familias que viven y trabajan a la vera del río.
"Lo que pasó anoche no fue un operativo de tránsito. Fue una pantalla", afirmaron.
En el documento denunciaron empujones, amenazas y agresiones contra habitantes del barrio, y cuestionaron el despliegue de numerosos móviles policiales y municipales en una zona donde, señalaron, todavía faltan servicios e infraestructura básica.
También rechazaron que las familias sean consideradas usurpadoras y reivindicaron su presencia histórica en el territorio. "Los pescadores de La Florida no son usurpadores. Son los habitantes históricos de este lugar. Estaban antes que los barrios, antes que los countrys, antes que los negocios inmobiliarios", expresaron.
Entre sus principales exigencias, reclamaron el cese de los operativos que consideran intimidatorios, el respeto al derecho a la vivienda y al trabajo de las familias pescadoras y explicaciones públicas de los gobiernos municipal y provincial sobre sus planes para la costa.
El comunicado concluye con una consigna que sintetiza la posición de los habitantes: "¡La costa no se vende, se defiende! ¡Barrio de Los Pescadores de La Florida resiste!".
Repudio de los organismos de Derechos Humanos
El operativo también generó el pronunciamiento de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario, que difundió un comunicado el 1 de noviembre en el que expresó su repudio al procedimiento policial y municipal.
El espacio denunció que durante el operativo se maltrató, golpeó y lesionó físicamente a habitantes del barrio. Además, apuntó contra el gobierno municipal encabezado por Pablo Javkin y cuestionó las políticas vinculadas al uso y la apropiación de sectores de la costa rosarina.
En su declaración, los organismos mencionaron la cercanía del barrio con el proyecto del parque acuático promovido por el municipio y plantearon interrogantes sobre los intereses que podrían estar detrás de las intervenciones en esa zona.
"Él fue elegido para administrar la ciudad, no es dueño de la misma", señalaron en referencia al intendente, al tiempo que reclamaron que las autoridades actúen de acuerdo con las leyes y no mediante acciones que, según denunciaron, buscan amedrentar y reprimir a la población.
La Mesa también reivindicó la permanencia histórica de las familias pescadoras y sostuvo que el barrio está habitado desde hace aproximadamente 150 años. "Rosario no está dispuesta a permitir que desde el gobierno se utilicen maniobras propias de regímenes dictatoriales para amedrentar y reprimir al pueblo, con el fin de hacer prosperar negocios que solo favorecen a un grupo minúsculo de la sociedad", expresaron.
Un conflicto territorial que sigue abierto
La violencia denunciada durante el operativo se inscribe en un conflicto de larga data por la permanencia de las familias del barrio de Los Pescadores en la zona de La Florida.
Alrededor de 40 familias recibieron cédulas judiciales para presentarse en un juicio iniciado por una empresa que afirma ser propietaria de los terrenos desde 1998. El conflicto tiene antecedentes desde 2017, aunque los habitantes sostienen que en los últimos meses se reactivaron las acciones judiciales y las notificaciones vinculadas a la posibilidad de abandonar la zona.
En ese escenario, las familias advierten que no solo está en juego la continuidad de sus viviendas, sino también sus fuentes de trabajo, sus comercios y una historia de arraigo ligada a la pesca y a la vida junto al río.
Mientras crece la preocupación por posibles medidas de desalojo, los vecinos y vecinas reclaman respuestas de las autoridades y acompañamiento social para defender su permanencia en el territorio.
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