El barrio de los pescadores de La Florida vuelve a estar bajo amenaza. Elsa Avip, referente de las familias que viven y trabajan en esa zona histórica del norte de Rosario, habla con la preocupación de quien conoce de cerca una historia que se repite cada vez que cambia un gobierno: el temor al desalojo, la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras y la sensación de que, una y otra vez, el barrio queda fuera de los planes de la ciudad.
En una entrevista realizada en Señales, Elsa volvió a poner en palabras una preocupación que, según cuenta, atraviesa desde hace años a las familias del lugar. Hace algunos meses había relatado que existían proyectos para modernizar la zona y construir un nuevo frente comercial. En aquel momento, las familias del barrio ni siquiera habían sido notificadas formalmente de esas iniciativas y apenas habían podido conocer algunas imágenes de lo que se proyectaba.
Ahora la situación es diferente y mucho más urgente: llegaron nuevas cédulas judiciales que intiman a varias familias a abandonar los terrenos.
"Por siempre estar presente en la problemática del barrio y darnos esta oportunidad para poder expresarnos, que la gente sepa cuáles son las actitudes que tiene el Estado hacia el barrio de los pescadores", dice Elsa durante la entrevista.
Para ella, no se trata solamente de una disputa por tierras. Se trata de la continuidad de un barrio que considera "histórico" e "ícono de la ciudad" y que, según sostiene, parece estar siempre bajo la expectativa de ser borrado de Rosario.
"Cada vez que hay un gobierno nuevo, municipal, nosotros siempre estamos con ese miedo del desalojo", resume.
El miedo que vuelve con cada gobierno
La última notificación llegó un miércoles. Cédulas judiciales fueron entregadas a varias familias del barrio, pero, según cuenta Elsa, sin que antes se hubiera realizado un relevamiento actualizado que permitiera establecer cuántas personas viven realmente allí.
Las notificaciones alcanzaron a unas 40 familias, que en conjunto representan alrededor de 170 personas. Entre ellas hay menores de edad y personas con discapacidad.
Para los vecinos, la dimensión humana del conflicto queda así expuesta desde el comienzo. No se trata de un terreno vacío ni de un asentamiento reciente, sino de familias que llevan décadas viviendo en el lugar.
Elsa sabe que, una vez recibida una cédula de desalojo, existen tres días hábiles más uno de gracia para presentarse ante la Justicia. Eso hicieron.
El viernes, el barrio intentó organizarse. Habían acordado solicitar que las familias fueran atendidas por tres o cuatro fiscalías, de manera de poder ordenar la presentación y evitar que decenas de vecinos terminaran dispersos entre las distintas dependencias judiciales.
Pero cuando llegaron a los tribunales, la organización prevista se transformó, según Elsa, en un caos. Los vecinos fueron derivados a las diez fiscalías existentes y terminaron mezclados entre distintas dependencias. A eso se sumó, relata, una situación que muchos vivieron como maltrato.
Secretarios de fiscales les preguntaban por qué estaban allí, por qué las tierras no eran de ellos, quién les había indicado que podían edificar y por qué no comenzaban a buscar otro lugar donde vivir.
La situación se volvió todavía más desconcertante cuando, según cuenta Elsa, varios fiscales hicieron constar que algunos vecinos no se habían presentado ante los tribunales, a pesar de que sí habían concurrido. Esa circunstancia fue interpretada como una situación de rebeldía.
"Según ellos, nos favorece, pero a nosotros sabemos claramente que no nos favorece cuando te hacen pasar en rebeldía", sostiene Elsa.
Lo que ella percibe detrás de esa figura es algo más profundo: la sensación de ser ignorados, de que la Justicia los trata como si no pertenecieran al lugar donde viven. "Es como que estamos ignorados, como que no pertenecemos al lugar", dice.
Una historia de más de siete décadas
La historia que cuentan los vecinos se remonta mucho más atrás que el expediente judicial actual. Elsa habla de cinco décadas de familias y de un barrio que, en realidad, tiene más de 70 años de historia.
En su relato aparecen distintas empresas y propietarios que fueron sucediéndose sobre esas tierras. En algún momento, explica, los terrenos eran atribuidos a Ñul; después pasaron al Banco Israelí y finalmente llegaron a Nevada, la empresa que comenzó a impulsar un juicio de desalojo en 2017.
Aquel proceso quedó en suspenso durante un tiempo y ahora volvió a activarse.
Elsa y otros vecinos pudieron acceder parcialmente a algunos expedientes, aunque asegura que no tienen demasiadas facilidades para consultarlos. Allí encontraron una de las cuestiones que más les preocupa: según la documentación que pudieron leer, Nevada sostiene que compró las tierras sin nadie viviendo allí.
La afirmación, para Elsa, resulta incomprensible frente a la realidad del barrio. "Hay casi 150 familias", señala. Y recuerda que el lugar tiene una historia de siete u ocho décadas, atravesada por generaciones enteras.
"Hoy por hoy las tierras tienen dueños y cuando nuestros padres, en mi caso, y muchos abuelos, eso era un bañado. Fuimos rellenando, fuimos acomodando y fuimos dándole forma a lo que hoy es el barrio", cuenta.
La memoria del territorio aparece así como una de las principales pruebas que los vecinos oponen a la idea de un terreno deshabitado. Lo que para un expediente puede figurar como una superficie disponible, para quienes viven allí es el resultado de décadas de trabajo familiar y comunitario.
Por eso Elsa rechaza que en los tribunales los vecinos hayan sido tratados como usurpadores. "Éramos usurpadores, que no pertenecíamos a ese lugar", resume sobre la forma en que, según su percepción, fueron recibidos.
Un relevamiento que, según los vecinos, no refleja al barrio
También cuestiona el relevamiento utilizado para confeccionar las cédulas judiciales. Cree que pudo haberse tomado información de la causa iniciada en 2017.
En las notificaciones aparecieron nombres de menores, personas fallecidas y vecinos que ya no viven allí. En muchos casos, asegura, ni siquiera figuraban los números de documento, un dato que permitiría determinar si se trata de menores o adultos.
También aparecieron los nombres de algunos de los primeros habitantes del barrio, muchos de los cuales ya fallecieron. "Simplemente cédulas judiciales con nombre", describe.
Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a buscar un abogado que pueda representarlos colectivamente como barrio.
Al principio, cuando Elsa y algunas vecinas se acercaron a la fiscalía, les explicaron que, si una familia estaba integrada por cinco personas, debían tener cinco abogados distintos. La organización judicial, según les dijeron, iba a depender de la forma en que cada vecino fuera asignado.
Finalmente pudieron alcanzar un acuerdo, aunque Elsa lo dice "entre comillas": que una fiscalía atendiera a una familia. Pero la desconfianza permanece.
Desde el barrio sienten que los tribunales no necesariamente van a defenderlos. Elsa considera especialmente preocupante que desde la propia estructura judicial se les diga que las tierras no les pertenecen.
"Desde el momento que te digan que no es tuyo, siendo que, bueno, en mi caso tengo 56 años, tengo hermanos más grandes y hay gente más grande, es algo que si un abogado que es defensor ya te está tirando para abajo, no quiero saber los que quieren echarnos diciendo que el lugar es de ellos", plantea.
La contradicción entre el desalojo y la reurbanización
La situación adquiere otra dimensión cuando se la cruza con los proyectos que el municipio había presentado para el sector.
Elsa encuentra allí una contradicción difícil de explicar: si las tierras pertenecen a una empresa privada, ¿por qué el municipio había impulsado un proyecto de reurbanización?
La pregunta surge al recordar que apenas cuatro o cinco meses antes se había hablado de un megaproyecto vinculado a un parque acuático y de una posible reurbanización del barrio junto con la Municipalidad.
"Supuestamente nosotros teníamos la conversación de la reurbanización con la municipalidad, y ahora de repente es como que ese terreno tiene ese dueño", señala.
Y vuelve sobre la contradicción: "Yo no entiendo por qué la municipalidad tenía la autoridad de venir a querer reurbanizarnos y acomodarnos nosotros".
Ahora Elsa agrega otra preocupación: ya no se trata solamente de dónde vivirían las familias si finalmente se concreta un desalojo, sino de cómo podrían continuar trabajando.
Durante meses, el municipio había hablado de poner en valor la costa y de modernizar la zona, con una intervención que contemplaba también los locales de los pescadores. Pero para Elsa, mientras se hablaba de esa transformación, se fue perdiendo algo mucho más elemental: el vínculo cotidiano con el río.
Sin río, ¿cómo trabajan los pescadores?
El llamado "espejo de agua", que funcionaba como una especie de estacionamiento o zona de amarre para las canoas de los vecinos que pescan, ya no existe, asegura.
"Los vecinos que se dedican al pescado no tienen su amarre ya hace rato, lo cual les fue prometido", cuenta.
La construcción del parque acuático aparece, en su relato, como parte de un proceso más amplio de transformación de la ribera.
Elsa asegura que las obras hicieron imposible recuperar ese espacio para las embarcaciones y cuestiona el impacto que tuvieron sobre el paisaje y sobre las actividades tradicionales del barrio.
"Es imposible que lo hagan por cómo están destruyendo la ribera, cómo están destruyendo La Florida, cómo están destruyendo la costa", afirma.
Recuerda que todo comenzó, según su mirada, con las obras vinculadas al desagüe del Conducto Piaggio y que luego continuaron otras intervenciones.
"No nos dejaron patio. Nosotros, del barrio, no nos dejaron patio", dice. La expresión tiene un sentido concreto: los vecinos sienten que las obras fueron avanzando sobre los espacios que históricamente funcionaban como extensión de sus viviendas y de su relación con el río.
Pero Elsa amplía el reclamo. No considera que la pérdida del acceso al río afecte solamente a los pescadores. También cuestiona que los sectores populares de Rosario tengan cada vez menos espacios públicos para disfrutar de la costa.
"No nos dejan el río ni siquiera tanto, yo siempre digo ni para nosotros ni para los barrios populares que puedan ir a disfrutar en un espacio público tan hermoso como es el río Paraná", plantea.
Su crítica se formula en términos de desigualdad: "El privado es para los privados, ¿no es cierto? Y los públicos para los pobres que somos nosotros, la gente del barrio".
La pregunta que atraviesa el desalojo: ¿a dónde irían?
En ese contexto, el desalojo es hoy la preocupación que domina la vida cotidiana de las familias.
"Lo que a nosotros más ahora nos tiene acongojado y nos tiene, digamos, sin dormir, es el tema del desalojo", cuenta. Y aparece una pregunta que, para los vecinos, nadie ha respondido: ¿a dónde irían?
Elsa asegura que averiguaron y que no existe en Rosario un lugar preparado para recibir a un nuevo barrio con estas características.
Pero incluso si apareciera un espacio, el problema no se resolvería simplemente trasladando las viviendas. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", pregunta.
La diferencia, explica, está entre poder vivir cerca del trabajo y que alguien impida desarrollar esa actividad. Para una familia que pesca, tener la vivienda próxima al río y disponer de un lugar donde amarrar la embarcación no es un detalle: es parte de la posibilidad concreta de trabajar.
Kioscos, pescaderías y una economía familiar
Lo mismo ocurre con los pequeños comercios. Elsa tiene un kiosco en el barrio y conoce esa economía de primera mano. En los días cálidos, cuando aumenta la circulación de personas por La Florida, el comercio se sostiene con los vecinos y visitantes que llegan a la zona.
Pueden pedir desde agua caliente hasta una masita, explica, en una dinámica comercial pequeña pero permanente. Y detrás de ese kiosco no hay una gran empresa. "En mi kiosco somos, estoy yo primeramente, o sea mis hermanos, mis hijos, sobrinos", cuenta.
Son negocios familiares en los que los integrantes de una misma familia se ayudan entre sí.
La descripción, según Elsa, vale para prácticamente todo el barrio. No hay grandes emprendimientos ni cadenas comerciales. Detrás de cada negocio y de cada pescadería hay familias que dependen de esa actividad.
"Detrás de cada negocio y de cada pescadería vos tenés que contarle como mínimo cuatro o cinco familias", afirma.
El número total de habitantes tampoco es menor. Elsa estima que actualmente hay unas 150 familias, con un promedio de cinco o seis integrantes por grupo, aunque algunas son todavía más numerosas.
Por eso considera imprescindible realizar un nuevo relevamiento. Las generaciones continúan y el barrio, dice, no está desapareciendo sino creciendo. "Se sigue aumentando el barrio", explica.
Lo que cuestiona es que ningún organismo estatal haya realizado un registro actualizado que permita saber exactamente cuántas familias y cuántas personas viven allí.
Para Elsa, el problema se vuelve todavía más grave cuando las propias cédulas judiciales parecen desconocer esa realidad.
Cuenta que incluso llegaron notificaciones a menores y menciona el caso de un niño de aproximadamente cinco años que habría recibido una citación para presentarse en tribunales. "Es insólito", resume.
El ReNaBaP y un barrio que pide ser reconocido
Hay, además, un elemento que los vecinos consideran fundamental: el barrio forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, el ReNaBaP.
Elsa asegura que la mayoría de las familias cuenta con el correspondiente certificado. Ese reconocimiento, sin embargo, tampoco les habría servido como esperaban durante sus presentaciones judiciales.
Una de las vecinas mencionó en tribunales que el barrio figura en el ReNaBaP y, según relata Elsa, recibió como respuesta que eso no importaba.
La escena profundizó la frustración. Algunas vecinas salieron llorando de los tribunales, preguntándose para qué habían ido si esperaban encontrar allí algún tipo de protección.
Elsa reconoce que los vecinos no son especialistas en derecho. "Tratamos de defenderme como puedo, con lo que sé, con lo poco que conozco", dice. Pero al mismo tiempo sostiene que no son ignorantes y que conocen las dificultades que enfrentan.
En ese contexto también expresa sospechas sobre la actuación de algunos defensores y sobre posibles acuerdos, aunque no aporta nombres ni pruebas concretas. Su percepción, dice, está atravesada por una vieja frase de su padre: "La plata mueve el mono".
La desconfianza hacia el sistema judicial convive, sin embargo, con una necesidad urgente de encontrar representación legal.
Por eso Elsa hace un llamado público. Pide solidaridad a la comunidad rosarina y, especialmente, a algún abogado que pueda acercarse, asesorar a las familias y eventualmente representarlas.
La dificultad es económica. Muchas de las familias, sostiene, no están en condiciones de pagar un abogado particular. "No podemos sostener un abogado", explica.
También apunta a la solidaridad histórica de Rosario y espera que profesionales comprometidos puedan escuchar el reclamo. Entre las instituciones a las que piensan recurrir menciona a la Defensoría del Pueblo.
La noche anterior a la entrevista, cuenta, un grupo de vecinos se había reunido para preparar una nota destinada a ese organismo. La intención era explicar la situación y adjuntar los certificados del ReNaBaP y otra documentación que permita demostrar la existencia previa del barrio y de las familias que lo habitan.
Los vecinos quieren dejar constancia de que son preexistentes a muchas de las intervenciones y proyectos que hoy se desarrollan en la zona.
También quieren que se reconozca la historia de un lugar que, según su relato, fue construido mucho antes de que aparecieran los proyectos actuales.
La disputa por el parque acuático
La discusión por el parque acuático vuelve entonces a aparecer. Elsa cuenta que los vecinos se opusieron a la obra porque, desde su perspectiva, les quitó espacio, alteró la ribera y modificó el paisaje.
"Nos tapa la ventana de nuestra casa, se apropiaron de nuestro patio y arruinaron una ribera tan hermosa, la que tiene Rosario", sostiene.
Su cuestionamiento no es solamente paisajístico. También pone en duda la utilidad de una obra que, desde su mirada, no responde a las necesidades permanentes de la ciudad.
Quienes viven allí conocen, dice, el comportamiento del río y las temporadas a lo largo de todo el año. Por eso creen que determinados proyectos están pensados para ser disfrutados durante un período reducido.
Elsa establece un paralelo con la llamada Florida Paga, que, según su apreciación, tiene actividad intensa durante tres meses y queda prácticamente sin movimiento durante los otros nueve.
"Es algo que va a quedar muerto", sostiene sobre el parque acuático. También recuerda antecedentes de proyectos que no funcionaron y menciona que hubo un año en que determinados toboganes no funcionaron.
Para ella, la inversión resulta difícil de justificar cuando el propio barrio tiene necesidades básicas pendientes. "Es una lástima tanta plata gastada en ese lugar cuando nuestro mismo barrio necesita un montón de cosas", afirma.
Y amplía el reclamo al resto de Rosario. Elsa cuenta que camina por otros sectores de la ciudad y conversa con vecinos de distintos barrios. Dice que también allí observa necesidades, problemas de infraestructura y familias que esperan respuestas.
En su mirada, la discusión por el barrio de los pescadores forma parte de una problemática más amplia sobre las prioridades urbanas.
Pero en el caso particular de La Florida, existe un componente que vuelve todavía más urgente la situación: la identidad construida alrededor del río.
Para Elsa, sacar a las familias de ese lugar significaría romper una relación entre vivienda, trabajo, paisaje y memoria que lleva generaciones.
Nevada y las dudas sobre la propiedad de las tierras
No sabe quién está detrás de Nevada. Los vecinos intentaron identificar a la empresa y encontraron distintas denominaciones. Nevada Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria aparece vinculada a un domicilio en calle Salta al 1165, pero, según Elsa, allí no encontraron una identificación clara.
La situación adquiere otra dimensión cuando se la cruza con los proyectos que el municipio había presentado para el sector.
Elsa encuentra allí una contradicción difícil de explicar: si las tierras pertenecen a una empresa privada, ¿por qué el municipio había impulsado un proyecto de reurbanización?
La pregunta surge al recordar que apenas cuatro o cinco meses antes se había hablado de un megaproyecto vinculado a un parque acuático y de una posible reurbanización del barrio junto con la Municipalidad.
"Supuestamente nosotros teníamos la conversación de la reurbanización con la municipalidad, y ahora de repente es como que ese terreno tiene ese dueño", señala.
Y vuelve sobre la contradicción: "Yo no entiendo por qué la municipalidad tenía la autoridad de venir a querer reurbanizarnos y acomodarnos nosotros".
Ahora Elsa agrega otra preocupación: ya no se trata solamente de dónde vivirían las familias si finalmente se concreta un desalojo, sino de cómo podrían continuar trabajando.
Durante meses, el municipio había hablado de poner en valor la costa y de modernizar la zona, con una intervención que contemplaba también los locales de los pescadores. Pero para Elsa, mientras se hablaba de esa transformación, se fue perdiendo algo mucho más elemental: el vínculo cotidiano con el río.
Sin río, ¿cómo trabajan los pescadores?
El llamado "espejo de agua", que funcionaba como una especie de estacionamiento o zona de amarre para las canoas de los vecinos que pescan, ya no existe, asegura.
"Los vecinos que se dedican al pescado no tienen su amarre ya hace rato, lo cual les fue prometido", cuenta.
La construcción del parque acuático aparece, en su relato, como parte de un proceso más amplio de transformación de la ribera.
Elsa asegura que las obras hicieron imposible recuperar ese espacio para las embarcaciones y cuestiona el impacto que tuvieron sobre el paisaje y sobre las actividades tradicionales del barrio.
"Es imposible que lo hagan por cómo están destruyendo la ribera, cómo están destruyendo La Florida, cómo están destruyendo la costa", afirma.
Recuerda que todo comenzó, según su mirada, con las obras vinculadas al desagüe del Conducto Piaggio y que luego continuaron otras intervenciones.
"No nos dejaron patio. Nosotros, del barrio, no nos dejaron patio", dice. La expresión tiene un sentido concreto: los vecinos sienten que las obras fueron avanzando sobre los espacios que históricamente funcionaban como extensión de sus viviendas y de su relación con el río.
Pero Elsa amplía el reclamo. No considera que la pérdida del acceso al río afecte solamente a los pescadores. También cuestiona que los sectores populares de Rosario tengan cada vez menos espacios públicos para disfrutar de la costa.
"No nos dejan el río ni siquiera tanto, yo siempre digo ni para nosotros ni para los barrios populares que puedan ir a disfrutar en un espacio público tan hermoso como es el río Paraná", plantea.
Su crítica se formula en términos de desigualdad: "El privado es para los privados, ¿no es cierto? Y los públicos para los pobres que somos nosotros, la gente del barrio".
La pregunta que atraviesa el desalojo: ¿a dónde irían?
En ese contexto, el desalojo es hoy la preocupación que domina la vida cotidiana de las familias.
"Lo que a nosotros más ahora nos tiene acongojado y nos tiene, digamos, sin dormir, es el tema del desalojo", cuenta. Y aparece una pregunta que, para los vecinos, nadie ha respondido: ¿a dónde irían?
Elsa asegura que averiguaron y que no existe en Rosario un lugar preparado para recibir a un nuevo barrio con estas características.
Pero incluso si apareciera un espacio, el problema no se resolvería simplemente trasladando las viviendas. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", pregunta.
La diferencia, explica, está entre poder vivir cerca del trabajo y que alguien impida desarrollar esa actividad. Para una familia que pesca, tener la vivienda próxima al río y disponer de un lugar donde amarrar la embarcación no es un detalle: es parte de la posibilidad concreta de trabajar.
Kioscos, pescaderías y una economía familiar
Lo mismo ocurre con los pequeños comercios. Elsa tiene un kiosco en el barrio y conoce esa economía de primera mano. En los días cálidos, cuando aumenta la circulación de personas por La Florida, el comercio se sostiene con los vecinos y visitantes que llegan a la zona.
Pueden pedir desde agua caliente hasta una masita, explica, en una dinámica comercial pequeña pero permanente. Y detrás de ese kiosco no hay una gran empresa. "En mi kiosco somos, estoy yo primeramente, o sea mis hermanos, mis hijos, sobrinos", cuenta.
Son negocios familiares en los que los integrantes de una misma familia se ayudan entre sí.
La descripción, según Elsa, vale para prácticamente todo el barrio. No hay grandes emprendimientos ni cadenas comerciales. Detrás de cada negocio y de cada pescadería hay familias que dependen de esa actividad.
"Detrás de cada negocio y de cada pescadería vos tenés que contarle como mínimo cuatro o cinco familias", afirma.
El número total de habitantes tampoco es menor. Elsa estima que actualmente hay unas 150 familias, con un promedio de cinco o seis integrantes por grupo, aunque algunas son todavía más numerosas.
Por eso considera imprescindible realizar un nuevo relevamiento. Las generaciones continúan y el barrio, dice, no está desapareciendo sino creciendo. "Se sigue aumentando el barrio", explica.
Lo que cuestiona es que ningún organismo estatal haya realizado un registro actualizado que permita saber exactamente cuántas familias y cuántas personas viven allí.
Para Elsa, el problema se vuelve todavía más grave cuando las propias cédulas judiciales parecen desconocer esa realidad.
Cuenta que incluso llegaron notificaciones a menores y menciona el caso de un niño de aproximadamente cinco años que habría recibido una citación para presentarse en tribunales. "Es insólito", resume.
Hay, además, un elemento que los vecinos consideran fundamental: el barrio forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, el ReNaBaP.
Elsa asegura que la mayoría de las familias cuenta con el correspondiente certificado. Ese reconocimiento, sin embargo, tampoco les habría servido como esperaban durante sus presentaciones judiciales.
Una de las vecinas mencionó en tribunales que el barrio figura en el ReNaBaP y, según relata Elsa, recibió como respuesta que eso no importaba.
La escena profundizó la frustración. Algunas vecinas salieron llorando de los tribunales, preguntándose para qué habían ido si esperaban encontrar allí algún tipo de protección.
Elsa reconoce que los vecinos no son especialistas en derecho. "Tratamos de defenderme como puedo, con lo que sé, con lo poco que conozco", dice. Pero al mismo tiempo sostiene que no son ignorantes y que conocen las dificultades que enfrentan.
En ese contexto también expresa sospechas sobre la actuación de algunos defensores y sobre posibles acuerdos, aunque no aporta nombres ni pruebas concretas. Su percepción, dice, está atravesada por una vieja frase de su padre: "La plata mueve el mono".
La desconfianza hacia el sistema judicial convive, sin embargo, con una necesidad urgente de encontrar representación legal.
Por eso Elsa hace un llamado público. Pide solidaridad a la comunidad rosarina y, especialmente, a algún abogado que pueda acercarse, asesorar a las familias y eventualmente representarlas.
La dificultad es económica. Muchas de las familias, sostiene, no están en condiciones de pagar un abogado particular. "No podemos sostener un abogado", explica.
También apunta a la solidaridad histórica de Rosario y espera que profesionales comprometidos puedan escuchar el reclamo. Entre las instituciones a las que piensan recurrir menciona a la Defensoría del Pueblo.
La noche anterior a la entrevista, cuenta, un grupo de vecinos se había reunido para preparar una nota destinada a ese organismo. La intención era explicar la situación y adjuntar los certificados del ReNaBaP y otra documentación que permita demostrar la existencia previa del barrio y de las familias que lo habitan.
Los vecinos quieren dejar constancia de que son preexistentes a muchas de las intervenciones y proyectos que hoy se desarrollan en la zona.
También quieren que se reconozca la historia de un lugar que, según su relato, fue construido mucho antes de que aparecieran los proyectos actuales.
La disputa por el parque acuático
La discusión por el parque acuático vuelve entonces a aparecer. Elsa cuenta que los vecinos se opusieron a la obra porque, desde su perspectiva, les quitó espacio, alteró la ribera y modificó el paisaje.
"Nos tapa la ventana de nuestra casa, se apropiaron de nuestro patio y arruinaron una ribera tan hermosa, la que tiene Rosario", sostiene.
Su cuestionamiento no es solamente paisajístico. También pone en duda la utilidad de una obra que, desde su mirada, no responde a las necesidades permanentes de la ciudad.
Quienes viven allí conocen, dice, el comportamiento del río y las temporadas a lo largo de todo el año. Por eso creen que determinados proyectos están pensados para ser disfrutados durante un período reducido.
Elsa establece un paralelo con la llamada Florida Paga, que, según su apreciación, tiene actividad intensa durante tres meses y queda prácticamente sin movimiento durante los otros nueve.
"Es algo que va a quedar muerto", sostiene sobre el parque acuático. También recuerda antecedentes de proyectos que no funcionaron y menciona que hubo un año en que determinados toboganes no funcionaron.
Para ella, la inversión resulta difícil de justificar cuando el propio barrio tiene necesidades básicas pendientes. "Es una lástima tanta plata gastada en ese lugar cuando nuestro mismo barrio necesita un montón de cosas", afirma.
Y amplía el reclamo al resto de Rosario. Elsa cuenta que camina por otros sectores de la ciudad y conversa con vecinos de distintos barrios. Dice que también allí observa necesidades, problemas de infraestructura y familias que esperan respuestas.
En su mirada, la discusión por el barrio de los pescadores forma parte de una problemática más amplia sobre las prioridades urbanas.
Pero en el caso particular de La Florida, existe un componente que vuelve todavía más urgente la situación: la identidad construida alrededor del río.
Para Elsa, sacar a las familias de ese lugar significaría romper una relación entre vivienda, trabajo, paisaje y memoria que lleva generaciones.
Nevada y las dudas sobre la propiedad de las tierras
No sabe quién está detrás de Nevada. Los vecinos intentaron identificar a la empresa y encontraron distintas denominaciones. Nevada Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria aparece vinculada a un domicilio en calle Salta al 1165, pero, según Elsa, allí no encontraron una identificación clara.
La sociedad, además, parece tener múltiples facetas. En distintos momentos, los vecinos la identificaron como constructora, como una empresa española, como una firma dedicada a los frutos secos y como una empresa inmobiliaria.
"Es como que tiene 200.000 nombres, 200.000 facetas porque no sabemos bien a qué se dedica", dice Elsa. Para ella, detrás de la disputa territorial existe un conflicto político y económico de fondo.
Lo plantea de manera directa, aunque como una interpretación personal: "Yo siempre lo digo y lo voy a decir: para rellenar los bolsillos de pocos y para el hambre, la necesidad de vivienda y salud para muchos, que es el barrio de los pescadores".
No identifica a una persona física detrás de Nevada. "Nunca estuvo", afirma. Y esa ausencia, sumada a las distintas denominaciones que encontraron, alimenta las dudas de los vecinos.
La Municipalidad y una promesa que quedó pendiente
Mientras tanto, la Municipalidad aparece en una posición contradictoria desde la perspectiva del barrio.
Por un lado, había presentado planes de reurbanización y modernización de la zona. Por otro, frente al actual proceso judicial, Elsa asegura que no se acercó para explicar qué sucederá con las familias.
Los concejales, cuenta, sí mantuvieron algún contacto y les marcaron posibles caminos para continuar el reclamo. Pero la solución de fondo todavía no aparece.
La historia de la reurbanización también se conecta con una promesa política más antigua. Elsa recuerda que Pablo Javkin había hablado de ese proyecto antes de su primer mandato.
Lo recuerda con particular dureza porque, según ella, en aquel momento el barrio era reconocido cuando resultaba necesario políticamente.
"Cuando se acordaba que éramos ciudadanos, cuando se acordaba que estábamos ahí y cuando necesitaba el voto", dice.
"No nos queremos ir"
A pesar de todo, Elsa asegura que los vecinos no piensan abandonar el lugar. "No nos queremos ir, no nos vamos a ir", afirma.
La frase no aparece como una consigna aislada, sino como la conclusión de todo un relato.
No quieren irse porque allí viven, trabajan y porque allí vivieron sus padres y abuelos. Porque allí están las canoas, los kioscos, las pescaderías y los pequeños comercios familiares. Porque allí está el río del que depende una parte de su economía y porque allí construyeron una identidad que consideran inseparable de la historia de Rosario.
Van a luchar, dice Elsa, "hasta el último momento". Y vuelven a pedir solidaridad.
La apelación está dirigida a los vecinos de Rosario, una ciudad que, según Elsa, conoce el barrio aunque muchas veces no conozca sus problemas.
Cree que el 99,9 por ciento de los rosarinos pasó alguna vez por allí, caminó por la zona, compró pescado, disfrutó de la costa o simplemente vio ese paisaje como parte de la ciudad.
Por eso insiste en que el barrio de los pescadores no puede reducirse a un expediente de desalojo ni a una superficie sobre la que distintos actores discuten derechos de propiedad. Es, para ella, una parte de Rosario.
Un barrio donde cada pescadería sostiene a varias familias, donde los kioscos son empresas familiares, donde los pescadores necesitan el río para trabajar y donde las generaciones se suceden desde hace décadas.
Un barrio que reclama que se lo reconozca antes de que sea demasiado tarde.
Y un barrio que, mientras espera una respuesta judicial y busca abogados que puedan acompañarlo, continúa mirando hacia el Paraná y repitiendo la misma pregunta que atraviesa toda la historia reciente de sus habitantes: Si los obligan a irse, ¿a dónde irán los pescadores con sus canoas?
Escuchá la entrevista completa:
"Es como que tiene 200.000 nombres, 200.000 facetas porque no sabemos bien a qué se dedica", dice Elsa. Para ella, detrás de la disputa territorial existe un conflicto político y económico de fondo.
Lo plantea de manera directa, aunque como una interpretación personal: "Yo siempre lo digo y lo voy a decir: para rellenar los bolsillos de pocos y para el hambre, la necesidad de vivienda y salud para muchos, que es el barrio de los pescadores".
No identifica a una persona física detrás de Nevada. "Nunca estuvo", afirma. Y esa ausencia, sumada a las distintas denominaciones que encontraron, alimenta las dudas de los vecinos.
La Municipalidad y una promesa que quedó pendiente
Mientras tanto, la Municipalidad aparece en una posición contradictoria desde la perspectiva del barrio.
Por un lado, había presentado planes de reurbanización y modernización de la zona. Por otro, frente al actual proceso judicial, Elsa asegura que no se acercó para explicar qué sucederá con las familias.
Los concejales, cuenta, sí mantuvieron algún contacto y les marcaron posibles caminos para continuar el reclamo. Pero la solución de fondo todavía no aparece.
La historia de la reurbanización también se conecta con una promesa política más antigua. Elsa recuerda que Pablo Javkin había hablado de ese proyecto antes de su primer mandato.
Lo recuerda con particular dureza porque, según ella, en aquel momento el barrio era reconocido cuando resultaba necesario políticamente.
"Cuando se acordaba que éramos ciudadanos, cuando se acordaba que estábamos ahí y cuando necesitaba el voto", dice.
"No nos queremos ir"
A pesar de todo, Elsa asegura que los vecinos no piensan abandonar el lugar. "No nos queremos ir, no nos vamos a ir", afirma.
La frase no aparece como una consigna aislada, sino como la conclusión de todo un relato.
No quieren irse porque allí viven, trabajan y porque allí vivieron sus padres y abuelos. Porque allí están las canoas, los kioscos, las pescaderías y los pequeños comercios familiares. Porque allí está el río del que depende una parte de su economía y porque allí construyeron una identidad que consideran inseparable de la historia de Rosario.
Van a luchar, dice Elsa, "hasta el último momento". Y vuelven a pedir solidaridad.
La apelación está dirigida a los vecinos de Rosario, una ciudad que, según Elsa, conoce el barrio aunque muchas veces no conozca sus problemas.
Cree que el 99,9 por ciento de los rosarinos pasó alguna vez por allí, caminó por la zona, compró pescado, disfrutó de la costa o simplemente vio ese paisaje como parte de la ciudad.
Por eso insiste en que el barrio de los pescadores no puede reducirse a un expediente de desalojo ni a una superficie sobre la que distintos actores discuten derechos de propiedad. Es, para ella, una parte de Rosario.
Un barrio donde cada pescadería sostiene a varias familias, donde los kioscos son empresas familiares, donde los pescadores necesitan el río para trabajar y donde las generaciones se suceden desde hace décadas.
Un barrio que reclama que se lo reconozca antes de que sea demasiado tarde.
Y un barrio que, mientras espera una respuesta judicial y busca abogados que puedan acompañarlo, continúa mirando hacia el Paraná y repitiendo la misma pregunta que atraviesa toda la historia reciente de sus habitantes: Si los obligan a irse, ¿a dónde irán los pescadores con sus canoas?
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