Lula da Silva señaló que impulsará una agenda de regulación digital, soberanía tecnológica y reindustrialización tras imponerse en las elecciones brasileñas del domingo 25 de octubre. En su discurso de victoria, el mandatario cuestionó la influencia de las grandes empresas tecnológicas sobre los procesos democráticos, reclamó que los delitos cometidos en internet reciban un tratamiento equivalente al de aquellos que ocurren fuera del entorno digital y anticipó que la comunicación digital tendrá un protagonismo mayor en la gestión que comenzará en 2027.
"Vamos a tener que regularlas", afirmó Lula al referirse a las plataformas digitales y a lo que describió como una injerencia externa durante la campaña electoral. El presidente sostuvo que Brasil no puede aceptar que empresas tecnológicas de alcance global acumulen ganancias millonarias sin asumir sus responsabilidades tributarias.
"No es posible que no tengamos conciencia de que un delito en el mundo digital tiene que ser tratado igual que un delito en la vida real", señaló. En la misma intervención, cuestionó que compañías de enorme poder económico intenten dirigir el resultado electoral de un país.
El planteo no se limita a una discusión sobre los contenidos publicados en redes sociales. La regulación anunciada se inscribe en una agenda más amplia que incluye la soberanía sobre los datos, la infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de inteligencia artificial (IA), la capacidad industrial brasileña y el posicionamiento internacional del país frente a las principales potencias tecnológicas.
Un programa de gobierno que ya contemplaba la soberanía digital
Las declaraciones de Lula durante su discurso de victoria retoman lineamientos que ya estaban presentes en su programa de gobierno. El documento propone fortalecer la soberanía digital de Brasil mediante la construcción de un ecosistema tecnológico nacional, con capacidades propias de procesamiento y almacenamiento de datos y desarrollo de inteligencia artificial.
Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo y la operación de supercomputadoras por parte de instituciones nacionales, junto con la expansión de centros de datos y otras infraestructuras destinadas a la IA. La propuesta contempla, además, salvaguardas socioambientales para evaluar las consecuencias de estas inversiones, incluidos sus efectos sobre el sistema eléctrico y las comunidades locales.
El objetivo es que la expansión de la infraestructura digital no se limite a atraer inversiones extranjeras, sino que contribuya a consolidar capacidades científicas, tecnológicas y productivas dentro del país. En esa perspectiva, la soberanía digital comprende tanto el control y la gestión de los datos como la posibilidad de desarrollar tecnologías propias y reducir la dependencia de proveedores internacionales.
El plan también incluye el desarrollo de un modelo de lenguaje en portugués, orientado a responder a las necesidades y problemáticas de Brasil. La iniciativa estaría acompañada por una plataforma nacional que proporcione los datos necesarios para entrenar ese sistema, con el objetivo de fortalecer la capacidad local de investigación y desarrollo en inteligencia artificial.
La propuesta se vincula con un debate más amplio sobre la representación lingüística y cultural en los modelos de IA. Desarrollar herramientas adaptadas al portugués brasileño y a las particularidades sociales, económicas e institucionales del país podría ampliar sus aplicaciones en la educación, los servicios públicos y la actividad productiva.
Su implementación, sin embargo, requerirá resolver cuestiones relacionadas con la calidad y la gobernanza de los datos, la protección de la privacidad, los costos computacionales y la disponibilidad de profesionales especializados.
En materia de regulación, el programa plantea que el entorno digital debe quedar sujeto a las leyes brasileñas, proteger los derechos fundamentales y responder al interés público. También contempla la regulación de las plataformas de juegos y de otros entornos digitales.
Estos lineamientos permiten situar el anuncio de regular las grandes plataformas dentro de una estrategia más extensa: establecer reglas para los actores que operan en el ecosistema digital y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades nacionales para participar en su construcción.
La relación entre ambos objetivos será determinante para la política tecnológica del próximo gobierno. La regulación apunta a definir las responsabilidades y los límites de las empresas que operan en Brasil, mientras que la inversión en supercomputadoras, centros de datos y modelos de inteligencia artificial busca ampliar las alternativas tecnológicas disponibles en el país.
El desafío será articular estas medidas con la política industrial, la educación y la transición energética, de modo que la infraestructura digital contribuya al desarrollo nacional sin trasladar costos desproporcionados a las comunidades o al sistema eléctrico.
La disputa por las plataformas y la integridad electoral
La regulación de las plataformas digitales aparece como uno de los principales desafíos políticos de la nueva gestión de Lula, en un escenario en el que las redes sociales, los sistemas de recomendación algorítmica y las herramientas de inteligencia artificial intervienen cada vez más en la formación de la opinión pública.
Durante su discurso, Lula vinculó su triunfo con la resistencia a la desinformación y a lo que describió como una injerencia externa a través de las plataformas. También afirmó que la elección representó una derrota para la mentira y el negacionismo.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento de los sistemas de distribución y moderación de contenidos políticos. Durante la campaña, Meta —empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otros servicios— quedó bajo escrutinio por fallas que afectaron contenidos y cuentas vinculados con la contienda electoral.
La controversia incluyó denuncias sobre la visibilidad de publicaciones favorables a Lula, problemas con herramientas de inteligencia artificial y la desactivación temporal de la cuenta publicitaria del candidato. La empresa atribuyó los episodios señalados a problemas técnicos, afirmó haber corregido las fallas y negó haber favorecido deliberadamente a una candidatura.
Estos antecedentes alimentaron las denuncias de interferencia digital y las exigencias de explicaciones a las plataformas. Sin embargo, es necesario distinguir entre los problemas técnicos reportados, las acusaciones de las campañas y la existencia de una eventual intervención deliberada en el resultado electoral.
Por el momento, el discurso de victoria establece una orientación política, pero no constituye por sí mismo un proyecto de ley ni permite determinar el alcance definitivo de las normas que impulsará el Ejecutivo.
Soberanía digital: desarrollar una inteligencia artificial brasileña
El segundo eje de la estrategia es reducir la dependencia tecnológica del país. Lula planteó que Brasil debe desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial y evitar que su futuro productivo quede condicionado por tecnologías creadas en el exterior.
"Queremos enseñar más matemática, más ingeniería, porque no quiero seguir dependiendo de una inteligencia artificial china o estadounidense. Quiero crear una brasileña", afirmó.
La declaración conecta la política educativa con la estrategia industrial. El desarrollo de modelos de IA exige profesionales especializados, investigación científica, capacidad de procesamiento, acceso a datos, infraestructura energética y empresas capaces de transformar los avances tecnológicos en productos y servicios.
En ese sentido, la apuesta por ampliar la enseñanza de disciplinas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas —conocidas como STEM— se presenta como una condición para construir capacidades nacionales a largo plazo.
Brasil ya cuenta con antecedentes institucionales en esa dirección. El Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA), presentado en 2024, estableció una hoja de ruta para ampliar las capacidades nacionales en esta materia. A su vez, la política industrial Nova Indústria Brasil (NIB) incorporó la innovación, la modernización productiva y el desarrollo de sectores estratégicos entre sus prioridades.
El desafío será traducir esos lineamientos en resultados concretos: investigación sostenida, formación de profesionales, infraestructura de procesamiento y almacenamiento, acceso a datos de calidad y desarrollo de empresas capaces de competir en el mercado tecnológico.
Crear una IA brasileña no implica necesariamente prescindir de todas las tecnologías extranjeras. Supone, en cambio, ampliar la capacidad del país para desarrollar, adaptar y controlar herramientas estratégicas, y reducir su vulnerabilidad frente a proveedores externos.
La ventaja energética como instrumento geopolítico
Uno de los elementos más relevantes del planteo de Lula es la relación entre la disponibilidad energética de Brasil y su aspiración de convertirse en un actor tecnológico de mayor peso internacional.
"Tenemos que aprovechar el potencial energético de un país que tal vez sea el que tenga más capacidad de energía renovable para traer los centros de datos necesarios para almacenar también nuestros datos en Brasil", sostuvo.
La referencia apunta a una oportunidad estratégica: atraer centros de datos, ampliar la infraestructura de computación y procesamiento y utilizar la matriz energética brasileña para sostener servicios digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.
Los centros de datos son instalaciones que alojan servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de procesamiento. Su expansión es fundamental para entrenar y operar modelos de IA, administrar grandes volúmenes de información y ofrecer servicios digitales a empresas, gobiernos y usuarios.
Pero estas instalaciones también demandan grandes cantidades de electricidad, redes de telecomunicaciones robustas, sistemas de refrigeración, agua y conexiones confiables. En ese escenario, la disponibilidad de energía renovable puede convertirse en una ventaja competitiva para Brasil, siempre que las inversiones se acompañen de una planificación adecuada de la infraestructura y de controles ambientales.
La estrategia plantea, además, una cuestión de soberanía: no alcanza con recibir inversiones extranjeras para alojar servidores en territorio brasileño. El desafío consiste en conseguir que esa infraestructura fortalezca las capacidades locales de investigación, procesamiento de datos, innovación y producción industrial.
De lo contrario, el país corre el riesgo de convertirse en un proveedor de energía y espacio físico para compañías internacionales, sin capturar una proporción equivalente del valor generado por la economía digital.
La discusión también involucra el destino de la capacidad de procesamiento instalada en el país, el acceso de las instituciones brasileñas a esos recursos y las condiciones bajo las cuales los datos se almacenan y utilizan. La localización física de los servidores, por sí sola, no garantiza el control efectivo sobre la información ni sobre las tecnologías que la procesan.
Redata y los incentivos para atraer centros de datos
Dentro de esa estrategia se inscribe el Régimen Especial de Tributación para los Servicios de Centros de Datos, conocido como Redata, sancionado en septiembre de 2026 mediante la Ley 15.504. El régimen establece incentivos fiscales para promover inversiones en infraestructura digital y fortalecer las cadenas tecnológicas nacionales.
La norma contempla beneficios tributarios para la adquisición de determinados equipos destinados a la instalación, modernización y ampliación de centros de datos. A cambio, las empresas beneficiarias deben asumir compromisos de inversión en investigación, desarrollo e innovación, además de destinar una parte de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos al mercado brasileño.
La ley también incorpora objetivos de sostenibilidad y eficiencia hídrica, así como incentivos para favorecer la distribución regional de las inversiones. Algunos parámetros operativos dependen de la reglamentación correspondiente.
La implementación del régimen será determinante para evaluar su alcance. La efectividad de los incentivos dependerá de las condiciones de acceso, las obligaciones asumidas por las empresas beneficiarias y la capacidad del Estado para verificar que las inversiones se traduzcan en beneficios productivos concretos.
La discusión también involucra el impacto fiscal de las exenciones, la disponibilidad de electricidad para otros sectores económicos y la necesidad de evitar que la expansión de los centros de datos genere presiones ambientales o territoriales.
En este sentido, el desafío del gobierno será compatibilizar la atracción de capitales con una política industrial que promueva empleo calificado, investigación local, transferencia de conocimientos y una mayor participación de proveedores brasileños.
El Redata constituye así uno de los instrumentos concretos de esa estrategia, aunque sus resultados dependerán de la aplicación efectiva de la ley y de la capacidad de vincular los incentivos tributarios con el desarrollo tecnológico nacional.
Una disputa por el lugar de Brasil en la economía digital
La agenda tecnológica tiene también una dimensión geopolítica explícita. En su discurso, Lula afirmó que Brasil no acepta ser "el patio trasero de nadie" y planteó la necesidad de abandonar una posición periférica en las decisiones internacionales.
La aspiración trasciende la regulación de las plataformas. Involucra la capacidad de Brasil para desarrollar tecnologías propias, participar en las cadenas de valor de la economía digital y aprovechar sus recursos energéticos para atraer inversiones sin renunciar a sus objetivos industriales.
La reelección de Lula abre una nueva etapa para esa agenda, pero los anuncios políticos no garantizan por sí solos una mayor autonomía tecnológica. El resultado dependerá de la capacidad del gobierno para convertir sus propuestas en inversiones, investigación, formación profesional y producción nacional, sin descuidar la protección de los datos, la competencia y los costos ambientales.
La disputa de fondo no consiste únicamente en atraer infraestructura digital o establecer reglas para las grandes plataformas, sino en determinar qué parte del conocimiento, del valor económico y de las decisiones estratégicas permanecerá en Brasil.
Foto: Agencia Brasil
Fuentes: Agencia Brasil, Folha de S.Paulo, Señales
