El fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la fiscal federal Soledad García, a cargo de la investigación
La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron la elevación a juicio de la causa contra Olga Concepción Artale de Silva, una médica obstetra de 87 años acusada de los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.
Según la investigación, la profesional habría confeccionado certificados de nacido vivo con información falsa que permitió inscribir a dos niñas con filiaciones que no se correspondían con su origen biológico.
El expediente se inició a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes descubrieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus progenitores en sus partidas de nacimiento. Las presentaciones se realizaron en 2022 y 2023, y las causas tramitaron por separado hasta que fueron acumuladas debido a la coincidencia de la profesional imputada.
El requerimiento de elevación a juicio fue formulado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, representada por la abogada Julia Giordano, luego de que quedara firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal federal Soledad García y del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
Desde la fiscalía aclararon que esta causa es independiente de la investigación en la que está imputada otra expartera de 88 años, Dolly Edith Viale de Garrido, conocida como "Dolly", por presuntos hechos de supresión de identidad y otros delitos que continúan bajo investigación.
La partida de nacimiento de la denunciante Ana Carolina
Ana Carolina Alzugaray creció en la localidad santafesina de Maciel, junto a Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, quienes la criaron. Desde pequeña sabía que no era su hija biológica, aunque esa circunstancia no quedó reflejada en su partida de nacimiento.
En ese documento, la obstetra Artale de Silva había certificado que Alzugaray nació el 11 de junio de 1981 y consignado una filiación biológica que, según la investigación, no se correspondía con la realidad.
La mujer relató que su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se había establecido a través de una hermana de la médica, quien mantenía una relación con Ceresole. También señaló que fue entregada a su familia en una vivienda ubicada en Richieri al 2000, en Rosario.
En su búsqueda de información sobre su origen, Alzugaray se comunicó en varias oportunidades con la obstetra. Según denunció, la mujer le respondió que no recordaba lo sucedido y le pidió que dejara de contactarla.
La búsqueda de su identidad biológica, que se extendió durante aproximadamente 30 años, le permitió conocer a Romina Elisabet Lobos, quien también había descubierto en la adultez que no era hija biológica de quienes la habían criado, Esther Candusso y José Francisco Lobos.
En el caso de Lobos, la partida de nacimiento consignaba que había nacido el 5 de agosto de 1982. Según la investigación, la médica también habría certificado una filiación biológica inexistente.
En ambos casos, la obstetra habría entregado a las familias certificados de nacido vivo firmados por ella, que luego fueron utilizados para inscribir a las niñas en el Registro Civil.
Las dos mujeres denunciaron los hechos y se constituyeron como querellantes. Las causas quedaron radicadas en el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, que delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal. En mayo de 2024, tras la implementación del Código Procesal Penal Federal, la pesquisa quedó a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
La partida de nacimiento de Romina Elisabet Lobos
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la fiscalía consideró necesario obtener perfiles genéticos de las denunciantes y de las personas que figuraban como sus progenitores.
El juzgado autorizó la toma de muestras biológicas, que estuvo a cargo del Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Posteriormente, las muestras fueron remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su análisis.
Los informes periciales descartaron la existencia de un vínculo biológico entre ambas mujeres y sus respectivos padres de crianza, lo que confirmó la discrepancia entre la filiación biológica y la registrada oficialmente.
El procesamiento de la médica
En mayo de 2025, cuando fue convocada a prestar declaración indagatoria por el caso de Lobos, Artale de Silva se negó a declarar y manifestó padecer "olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria", que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un traumatismo reciente.
Ante esa situación, el juzgado solicitó la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. Una primera evaluación concluyó que la médica presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso judicial.
La querella cuestionó el informe porque no precisaba si el cuadro era transitorio o permanente. En diciembre de 2025, el juzgado suspendió el trámite y ordenó una nueva evaluación.
En marzo de 2026, un segundo examen determinó que la profesional presentaba un "deterioro cognitivo leve" y que contaba con las condiciones necesarias para comprender la causa penal en su contra. A partir de ese resultado, se reanudó el trámite judicial y el 2 de julio la médica fue convocada a declaración indagatoria por el caso de Alzugaray.
El 3 de agosto, el juez Vera Barros dictó su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida a la profesional "excede una mera irregularidad administrativa, pues importó la utilización consciente de un documento público para dotar de apariencia de legalidad a una filiación falsa, con aptitud para producir consecuencias jurídicas permanentes".
Además, consideró que la intervención de la obstetra habría sido determinante para que las filiaciones cuestionadas quedaran asentadas en el Registro Civil y se afectara la identidad de ambas mujeres.
El juez dispuso que la médica continuara en libertad, al considerar que no se habían registrado cambios en los riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva.
Tras quedar firme el procesamiento, la fiscalía y la querella solicitaron que la causa avance hacia la etapa de juicio oral.
Buscan a las madres biológicas
La Unidad Fiscal Rosario solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la población para identificar o localizar a las posibles madres biológicas de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos.
En particular, se convoca a mujeres que hayan dado a luz en fechas próximas al 11 de junio de 1981 y al 5 de agosto de 1982, respectivamente, y que puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos.
Quienes cuenten con datos pueden comunicarse con el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario:
- Teléfono: 341-2859127
- Correo electrónico: atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar
Foto: Claudio González
Fuente: Ministerio Público Fiscal
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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