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jueves, 2 de julio de 2026

ENaCom habilitó a Nahuel Caputto para prestar servicios de Internet

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) otorgó una licencia a Consultora Arcadia S.A. para prestar Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e inscribió a la empresa como prestadora del Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet, de acuerdo con la Resolución Sintetizada Nº 463/2026, firmada el 30 de junio por el interventor del organismo, Juan Martín Ozores.

La autorización habilita a la sociedad a brindar servicios fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, de alcance nacional o internacional, con infraestructura propia o mediante redes de terceros. La resolución aclara, además, que la licencia no implica la asignación automática de frecuencias radioeléctricas, las cuales deberán tramitarse por separado en caso de resultar necesarias.

Más allá del aspecto administrativo, la decisión incorpora un nuevo actor al mercado de los servicios de conectividad: una empresa que, de acuerdo con registros societarios y publicaciones de acceso público, integra el entramado empresarial vinculado al empresario santafesino Carlos Nahuel Caputto.

Un grupo con presencia creciente en la comunicación
Caputto tiene una fuerte presencia en distintos segmentos del ecosistema comunicacional santafesino. Entre las firmas que lo integran figuran El Litoral S.A., editora del tradicional diario vespertino santafesino; Cable & Diario, en el ámbito audiovisual; Artes Gráficas del Litoral, dedicada a la impresión de publicaciones y desarrollada en asociación con AGEA, empresa del Grupo Clarín; además de Consultora Arcadia S.A., vinculada a la comunicación estratégica, el marketing y la organización de eventos.

Con la incorporación de una licencia para brindar acceso a Internet, el conglomerado suma ahora la posibilidad de participar en un eslabón adicional de la cadena de las comunicaciones: además de producir contenidos periodísticos, desarrollar actividades publicitarias, imprimir publicaciones y prestar servicios de consultoría, queda habilitado para ofrecer servicios de conectividad.

Un debate recurrente
La ampliación de actividades de grupos empresarios con presencia simultánea en medios de comunicación, producción de contenidos y servicios de telecomunicaciones reabre un debate histórico sobre la integración vertical y la concentración en el sistema de medios.

Especialistas en políticas de comunicación suelen señalar que, cuando un mismo grupo reúne participación en distintas etapas del circuito comunicacional —producción de contenidos, distribución y prestación de servicios—, adquiere una capacidad de influencia mayor sobre el mercado y el acceso a la información. Al mismo tiempo, quienes defienden este tipo de modelos sostienen que la convergencia tecnológica exige empresas con mayor escala para competir e invertir en infraestructura.

En ese contexto, la licencia otorgada por el ENaCom a Consultora Arcadia representa un nuevo paso en la diversificación de actividades de un grupo empresario que ya ocupa un lugar relevante dentro del mapa de medios y servicios de comunicación de la provincia de Santa Fe.

miércoles, 29 de abril de 2026

Adorni pone fecha a la pulseada Telecom–Telefónica: decisión clave en 30 días

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito 2.151 preguntas de los bloques parlamentarios, en la antesala de su presentación ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Entre otros temas, se refirió a la adquisición de Telefónica por parte de Telecom Argentina —empresa vinculada al Grupo Clarín— y señaló que la operación se encuentra en la etapa final de análisis y aún no cuenta con aprobación definitiva.

De acuerdo con la respuesta oficial, el proceso está siendo evaluado tanto desde el punto de vista regulatorio como en materia de defensa de la competencia. En ese marco, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) ya emitió su intervención técnica y recordó que cualquier cambio de control accionario en empresas del sector requiere autorización previa, además del cumplimiento de exigencias económicas, legales y técnicas.

Entre ellas, se destacan la inexistencia de deudas con el Estado, el cumplimiento de compromisos de inversión, el uso adecuado del espectro radioeléctrico y el respeto a los límites de acumulación de frecuencias. La normativa vigente también prevé sanciones que pueden llegar hasta la caducidad de licencias si se concretan transferencias sin aval oficial.

En paralelo, el Ministerio de Economía informó que ya finalizó la etapa de investigación de la operación, tras la recolección de pruebas e informes técnicos, incluido el del ENaCom. Actualmente, la Secretaría de Concentraciones Económicas se encuentra elaborando el dictamen que será elevado a la Autoridad Nacional de la Competencia para su resolución.

El marco legal contempla tres posibles escenarios: la aprobación de la operación, su autorización con condiciones o su rechazo. Según lo informado, la decisión final podría conocerse en un plazo aproximado de 30 días, en un expediente clave para la configuración del mercado de telecomunicaciones en la Argentina.

El factor político: un tuit fijado desde marzo de 2025
En paralelo al análisis técnico, el presidente Javier Milei mantiene fijado en su cuenta de X, desde marzo de 2025, un mensaje fuertemente crítico contra el Grupo Clarín y la operación.

"Clarín: la gran estafa argentina", arranca el posteo, en el que acusa al grupo de "presionar y operar a los gobiernos para obtener beneficios" y advierte sobre una supuesta estrategia para concentrar el mercado. "Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", sostiene.

En ese tono, el mandatario plantea que una eventual aprobación implicaría una posición dominante que afectaría a los usuarios: "Tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico".

El mensaje cierra con una advertencia política: "No vamos a dejar que eso suceda".

domingo, 12 de abril de 2026

Golpe al periodismo argentino: precarización, violencia y fin del Estatuto

A medio siglo del golpe de Estado de 1976, el trabajo periodístico en Argentina enfrenta un escenario alarmante. La derogación del Estatuto del Periodista Profesional no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que erosiona las condiciones básicas de la profesión
En vísperas del 7 de junio -Día del Periodista- de 2025, varios centenares de trabajadores de prensa protestaron en la Plaza de Mayo por los ataques y limitaciones oficiales al ejercicio de la tarea de informar / Foto: Juan Valeiro / Revista Mu 

Por: Bianca De Toni*
El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, es la principal norma que regula la actividad en la Argentina: establece condiciones laborales, categorías profesionales, derechos básicos y la cláusula de conciencia, clave para garantizar el ejercicio libre del periodismo. Bajo el eufemismo de la "modernización", el Estatuto vuelve hoy al centro del debate a partir de su derogación, mediante el artículo 194 de la Ley 27.742 (Reforma Laboral y Bases), que lejos de abrir una discusión sobre las condiciones laborales del sector, la clausura.

Su derogación no es inocente, sino que forma parte de un entramado de políticas que, desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, en diciembre de 2023, reconfiguraron el escenario de la comunicación en el país. Las medidas han sido numerosas, de amplio alcance y carácter estructural, adoptadas mayoritariamente por decreto y con efectos regresivos en términos del derecho a la comunicación (1). En ese marco se inscriben, entre otras, la intervención del ENaCom, el vaciamiento del sistema federal de medios públicos, las modificaciones en el acceso a la información pública y la eliminación de las políticas de fomento al sector sin fines de lucro.

En paralelo a estas transformaciones, desde sus primeros días el Gobierno instaló un clima de confrontación que colocó al periodismo como blanco de ataque y que, lejos de atenuarse, se profundizó año tras año. Las agresiones y descalificaciones, emitidas por el propio presidente y altos funcionarios, se dirigieron contra periodistas de distintos colores políticos, al tiempo que se incrementó la violencia digital, especialmente hacia periodistas mujeres. Según el monitoreo de libertad de expresión (2) del Foro de Periodismo Argentino, en 2025 se registraron 278 casos de ataques a la prensa, mientras que en 2024 ya se habían registrado 179, un 53% más que en 2023.

Al hostigamiento simbólico se suman las feroces represiones a manifestaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires, en las que los trabajadores de prensa han sido objetivos recurrentes, como ocurrió con el fotorreportero Pablo Grillo, gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta de jubilados y organizaciones sociales, y que aún espera justicia un año después.

Este escenario se combina con condiciones estructurales de precarización que atraviesan al sector desde hace años. Datos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires indican que en abril de 2025 (3) el 70,48% de los trabajadores de prensa del AMBA percibía ingresos por debajo de la canasta básica, mientras que el pluriempleo alcanzaba al 55%. Aunque se trata de datos concentrados en el área metropolitana, permiten dimensionar las condiciones de precarización en las que hoy se ejerce el periodismo.

El contexto actual no sólo explica el avance sobre el Estatuto, sino que también evidencia la necesidad de discutirlo. El mundo en el que nació el Estatuto ya no es el mismo. La expansión de las redes sociales no sólo modificó las formas de producir y consumir información, sino que también reconfiguró las tareas y rutinas del trabajo periodístico, al tiempo que concentró buena parte del modelo de negocios del sector, generando una crisis de sostenibilidad que se discute a escala global.

En ese marco, el sistema de trabajo sobre el que fue construido -basado en el empleo estable en relación de dependencia- también se transformó. Cada vez son más quienes ejercen la profesión sin patrón, por decisión o por necesidad, mientras disminuyen los puestos registrados. La figura del colaborador, reconocida en el propio Estatuto como una excepción dentro del sistema, hace años dejó de ser marginal, reflejándose en el creciente número de publicaciones firmadas por colaboradores/as en medios tradicionales.

Al mismo tiempo, en los últimos años crecieron y se consolidaron experiencias de medios autogestivos y comunitarios -estos últimos con larga trayectoria en la historia de nuestro país y que alcanzaron reconocimiento legal a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, que operan en los márgenes de un sistema de medios altamente concentrado. Estas formas de trabajo ya no son excepcionales ni atípicas, e incluso engrosan las filas de afiliados de los sindicatos de prensa, como ocurre en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), donde las y los trabajadores autogestivos representan más de la mitad del padrón.

Es así que, la necesidad de discutir el Estatuto se vuelve imperiosa. No sólo en función de las transformaciones tecnológicas, que empujan a los trabajadores a una lógica de multitarea, sino también para que, al igual que en sus orígenes, pueda hacerse cargo de los cambios en la base social del trabajo periodístico, una realidad en la que la protección laboral ya no puede pensarse exclusivamente en términos de relación de dependencia.

A cinco décadas del golpe de Estado, y con la memoria viva de una de las etapas más terribles de nuestra historia que nos recuerda la censura, la persecución, la desaparición y el asesinato de trabajadores de prensa, queda claro que el control sobre la construcción del discurso público fueron herramientas centrales para imponer su proyecto político-económico a través del terrorismo de Estado. Hoy, las condiciones de trabajo periodístico -marcadas por la precarización, el hostigamiento, la represión y el desfinanciamiento- dan cuenta de nuevas formas de disciplinamiento. La eliminación del Estatuto del Periodista Profesional constituye un eslabón más de un proceso que amenaza la libertad de prensa y debilita la capacidad del periodismo para cumplir su rol social y democrático.

Notas:
1.- Las caracterizaciones aquí presentadas se basan en "El autoritarismo libertario: las políticas de comunicación del primer año de gobierno de La Libertad Avanza en Argentina" (Longo, De Toni y Segura, 2025).

*Licenciada y profesora universitaria en Comunicación Social de la FCC-UNC. Becaria doctoral del Conicet en Comunicación. Editora de Enfant Terrible y referente de la Red de Medios Digitales de Argentina.
Fuente: Qué

miércoles, 25 de marzo de 2026

Medios públicos en jaque: 50 años después, la comunicación también está en disputa

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche difundieron una carta abierta en el Día del Trabajador de Prensa y a 50 años del golpe de 1976, en la que alertan sobre el vaciamiento de los medios públicos en Argentina, denuncian recortes y centralización de contenidos en RTA y otros organismos, y advierten sobre el impacto en el derecho a la información y la comunicación en las regiones.
A 50 años del golpe, la comunicación también está en disputa
Hoy, 25 de marzo, en el "Día del trabajador/a de prensa" y a cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesial y empresario en la Argentina, reafirmamos que no hay democracia posible sin derecho a la comunicación. La fecha nos devuelve a la memoria de Rodolfo Walsh, desaparecido por ejercer un periodismo comprometido, y remite también al Estatuto del Periodista de 1944, hoy amenazado por la Reforma Laboral y con posible pérdida de vigencia a partir de enero de 2027.

No se trata solo de acceder a noticias. Se trata de quiénes pueden contar lo que pasa, desde dónde y para quiénes. En un país extenso y profundamente desigual, la brecha informativa no es una abstracción. Se expresa todos los días en territorios donde las voces locales quedan relegadas frente a una lógica centralizada de producción de contenidos. En ese mapa, las 49 emisoras de Radio Nacional constituyen, o constituían, una política pública concreta para garantizar presencia, servicio y producción informativa en cada región.

Porque los medios públicos no son una estructura más. Son, o deberían ser, la casa común de un país. Un espacio donde la diversidad de historias, identidades y contextos encuentra lugar. Hoy, esa casa está siendo vaciada. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, con Javier Milei como presidente, lo que se profundiza es un proceso de desarticulación, recorte y control sobre el sistema de medios públicos que impacta directamente en el derecho a la información de las comunidades. No se trata solo de condiciones laborales, que también se deterioran, sino de algo más profundo. La pérdida de voces, de miradas y de presencia territorial.

El ajuste avanza. En Radio y Televisión Argentina (RTA), la intervención del Poder Ejecutivo a través del Decreto 117/24, prorrogado de manera sistemática, dejó sin funcionamiento al directorio con control bicameral, debilitando los mecanismos institucionales de supervisión. La eliminación de direcciones dentro del organigrama profundizó la centralización y dejó a las 49 emisoras de Radio Nacional sin conducción local efectiva.

A esto se suma una política de reducción de personal que combina retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Desde julio de 2024 hasta febrero de 2026, los programas impulsados apuntan a recortar entre 500 y 600 puestos de trabajo. En paralelo, la precarización salarial y la falta de paritarias erosionan las condiciones laborales, mientras se reducen coberturas y servicios.

En la TV Pública, el impacto es visible en la pantalla. Eliminación de noticieros de fin de semana, cancelación de transmisiones en vivo fuera del horario central y desprogramación de contenidos propios, ficción, cultura, entretenimiento, reemplazados por repeticiones o material enlatado. Incluso avanza un proceso de reconfiguración de identidad, con la intención de quitar la denominación "Pública" del nombre del canal.

En Radio Nacional, el escenario es aún más crítico. La no renovación de contratos afectó a periodistas, locutores, técnicos, productores y trabajadores de distintas áreas. La unificación de señales y la retransmisión de contenidos desde LRA1 Buenos Aires redujeron drásticamente la producción local. En muchos casos, una de las frecuencias AM o FM quedó con transmisión centralizada las 24 horas, generando un verdadero apagón informativo en los territorios.

Ese corrimiento impacta directamente en servicios esenciales. En la Patagonia, por ejemplo, los históricos "mensajes a pobladores rurales" dejaron de emitirse durante fines de semana y feriados.

A esto se suma el control centralizado de contenidos, la suspensión de redes sociales y páginas web de las emisoras desde mayo de 2024, en un proceso denominado de "reestructuración" y la cancelación de convenios de producción con instituciones como el INTA, que garantizaban contenidos de alto valor social.

En este contexto, también se registran hechos de censura explícita. El levantamiento total de la programación de LT12 Paso de los Libres y el corrimiento del aire de una trabajadora de LRA3 Santa Rosa, junto con restricciones para entrevistar a voces críticas del gobierno.

El desmantelamiento no se limita a RTA. La agencia TelAm fue prácticamente desactivada: en marzo de 2024 se suspendió el servicio informativo, se vallaron sus edificios y se avanzó en su transformación en Agencia de Publicidad del Estado (APE), reduciendo su función a la gestión de pauta oficial. La planta de trabajadores fue drásticamente recortada y la intervención se extiende hasta 2027.

En Contenidos Públicos S.E., las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV atraviesan un proceso similar: intervención, apagón digital, paralización de nuevas producciones y reducción de personal. La degradación de la Televisión Digital Abierta en la Patagonia agrava el escenario, afectando el acceso gratuito a contenidos educativos en zonas rurales.

El ENaCom, organismo clave en la regulación, también fue intervenido de manera unipersonal. El cierre de delegaciones provinciales centralizó la gestión en Buenos Aires y dejó sin cobertura operativa a gran parte del país. En enero de 2026, además, se eliminó el FoMeCA, herramienta fundamental para el sostenimiento de medios comunitarios y de pueblos originarios.

La Defensoría del Público, por su parte, enfrenta recortes presupuestarios y amenazas a su autonomía, debilitando su rol en la defensa de las audiencias.

Nada de esto es aislado. Todo forma parte de un mismo proceso. A cincuenta años del golpe, cuando el silencio fue impuesto por la fuerza y la censura fue política de Estado, resulta imposible no trazar paralelismos. Sin equiparar contextos históricos, sí advertimos una preocupación profunda; el debilitamiento de los medios públicos implica también, el debilitamiento de la democracia.

Por eso, como trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche, volvemos a decirlo con la voz en alto. Defender los medios públicos es defender el derecho de las comunidades a informarse, a expresarse y a existir en el mapa mediático del país.

Y en esa defensa, nos encontramos con una consigna que atraviesa generaciones y sigue vigente: Memoria, Verdad y Justicia. Dictadura, nunca más.

Foto: Marcelo Martínez, Diario Río Negro

lunes, 2 de febrero de 2026

El Gobierno eliminó el FoMeCa y profundiza el desmantelamiento del sistema de fomento a los medios comunitarios

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 11/2026, , que firmó el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Juan Martín Ozores, el gobierno de Javier Milei le puso punto final al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa). Así, cae una de las principales fuentes de financiamiento para radios, canales y productoras comunitarias, cooperativas y medios sin fines de lucro en Argentina.

La medida tira abajo el reglamento anterior del FoMeCa y lo reemplaza por otro esquema, el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA), que el gobierno presenta como una "modernización". Pero, si uno mira bien, es mucho más que eso. Ya no se trata de un fondo pensado para cuidar la diversidad de voces y sostener medios comunitarios. Ahora, la apuesta pasa por un modelo más abierto, competitivo y, sobre todo, alineado con la lógica del mercado y la búsqueda de inversiones.

FoMeCa nació con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Usaba el 10% de los gravámenes pagados por los grandes medios para apuntalar proyectos locales, autogestivos y comunitarios. No buscaba generar ganancias ni exportar contenidos; su meta era garantizar el derecho a la comunicación, fortalecer lo local y mantener la pluralidad informativa. Todo ese espíritu, en el mejor de los casos, queda diluido en el nuevo esquema del ENaCom intervenido. En el peor, directamente desaparece.

Fondos congelados, pagos que no llegan y un silencio que persiste
Hay algo que la resolución no menciona: desde principios de 2024, los fondos del FoMeCa están congelados. Las transferencias de las convocatorias de 2023 nunca llegaron, aunque los proyectos se aprobaron, se hicieron y se rindieron como pedía el propio ENaCom.

Lo mismo pasa con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), que debería usarse para conectividad e inclusión digital. En ambos casos, el Estado no cumplió lo prometido y dejó a cooperativas, pymes y medios comunitarios en serios problemas financieros.

Organizaciones como FARCo, CoNTA y AMARC lo vienen denunciando hace rato. Dicen que la falta de pagos no es casualidad ni un simple problema administrativo: es una decisión política para vaciar estos instrumentos de fomento sin admitirlo abiertamente. La Resolución 11/2026 no hace más que ponerle nombre y apellido a ese vaciamiento.

De la democratización al "contenido competitivo"
En la resolución, ENaCom justifica el fin del FoMeCa hablando de "simplificación burocrática", "innovación tecnológica" y la necesidad de crear contenidos "competitivos" y "exportables". Pero detrás de ese lenguaje técnico hay un giro político fuerte: el Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser, simplemente, un facilitador de negocios en el sector audiovisual.

Qué es el FoProA y por qué no reemplaza al FoMeCa
El FoProA es un régimen general de concursos para proyectos audiovisuales que prevé el acceso a aportes económicos no reembolsables, infraestructura, equipamiento o instancias de capacitación. Según su propio reglamento, está orientado a promover la producción de contenidos, la innovación tecnológica y la proyección de la industria audiovisual, con criterios de evaluación centrados en la consistencia, la factibilidad y el potencial de desarrollo de los proyectos.

Sin embargo, este diseño no reemplaza ni cumple la función que tenía el FoMeCa. El fondo eliminado estaba concebido como una política pública específica para sostener medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro, reconociendo su rol social, territorial y democrático en el sistema de comunicación. El FoProA, en cambio, financia proyectos puntuales y acotados en el tiempo, no la continuidad operativa de radios, canales o productoras comunitarias que dependen de esos recursos para sostener su funcionamiento cotidiano.

A diferencia del FoMeCa, el nuevo esquema no establece prioridades explícitas para los medios comunitarios, no garantiza líneas específicas para el sector sin fines de lucro ni contempla criterios de evaluación vinculados al derecho a la comunicación, la diversidad de voces o el arraigo local. La eventual participación de estos medios queda supeditada a competir en igualdad formal de condiciones con productoras comerciales u otros actores con mayor capacidad financiera, técnica y administrativa.

Esa igualdad formal oculta una desigualdad estructural. En un escenario de concentración y ajuste, competir bajo reglas comunes favorece a quienes ya cuentan con recursos, equipos profesionales y espalda económica, y deja en clara desventaja a los medios comunitarios, cuya función no es la rentabilidad ni la exportación de contenidos, sino el ejercicio del derecho a comunicar.

En ese sentido, el reemplazo del FoMeCa por el FoProA no constituye una mera actualización administrativa, sino un cambio de lógica en las políticas de fomento: el eje se desplaza desde la comunicación entendida como derecho humano hacia un modelo basado en la competencia por proyectos, la productividad y la "proyección" industrial. Un corrimiento que redefine quiénes son los destinatarios reales del apoyo estatal y quiénes quedan, una vez más, al margen.

Un golpe directo al derecho a la comunicación
La eliminación del FoMeCa no es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia del gobierno de Milei: intervención eterna del ENaCom, parálisis de políticas públicas, desfinanciamiento de sectores clave y abandono de los principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entiende la comunicación como derecho humano y asunto de interés público.

En vez de promover la pluralidad, esta medida debilita a los actores más frágiles del sistema de medios. El resultado: más concentración, más centralización y menos voces locales y comunitarias.

La pregunta que queda, y que no es técnica ni administrativa sino política, es clara: ¿qué lugar ocupan los medios comunitarios, cooperativos y populares en el país que quiere construir este gobierno? La respuesta, cada vez más, la deja escrita el Boletín Oficial.

El FoMeCA, una política clave para medios comunitarios y alterativas
En 2024, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA) ya había advertido sobre la importancia estratégica del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) frente a los intentos de desmantelar las políticas públicas de apoyo a los medios comunitarios. En un comunicado difundido ese año, la organización subrayó que el FoMeCA era una herramienta central para garantizar el pluralismo informativo y la democratización de la comunicación.

En ese documento, CoNTA recordó que el FoMeCA es un fondo creado por ley, con más de diez años de implementación, basado en concursos abiertos, evaluaciones de jurados independientes y decisiones adoptadas por un directorio con representación del oficialismo y la oposición. Además, remarcó que no compite con otros sectores culturales, sino que se financia a partir de un porcentaje específico del gravamen a los servicios audiovisuales.

El comunicado también destacaba que, gracias a este fondo, cientos de medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios pudieron sostenerse, generar empleo y producir contenidos de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. Para CoNTA, el ataque al FoMeCA implicaba un retroceso democrático, ya que los medios sin fines de lucro cumplen un rol fundamental como contrapeso frente a la concentración mediática.

Estas advertencias, realizadas meses antes, adquieren hoy plena vigencia y permiten dimensionar el impacto que tiene la eliminación del FoMeCA sobre el derecho a la comunicación y la diversidad de voces en Argentina.

FoMeCa 2020–2023: balance de una política pública de fomento a los medios comunitarios
Entre 2020 y 2023, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa) atravesó el período de mayor alcance e impacto desde su creación. En esos cuatro años, la política pública de fomento a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios no solo se consolidó, sino que alcanzó los mejores indicadores históricos en términos de proyectos apoyados, entidades beneficiadas, montos adjudicados y nivel de ejecución.

Este balance permite dimensionar qué estuvo en juego durante esos años y por qué el FoMeCa se convirtió en una herramienta central para sostener la pluralidad de voces y la diversidad comunicacional en todo el país.

Una gestión récord en términos históricos
La gestión 2020–2023 concentró el 50,7% del total histórico del FoMeCa desde su inicio en 2013. En ese período:
  • 367 entidades resultaron ganadoras, más de la mitad del total histórico.
  • Se financiaron 1.591 proyectos, también el 50,7% del total acumulado.
  • Se adjudicaron $2.444,5 millones, la cifra más alta desde la creación del fondo.
  • Se ejecutaron 22 líneas de fomento, de las cuales 16 fueron creadas durante esta gestión.
El crecimiento fue especialmente significativo en comparación con la gestión anterior (2016–2019): el número de proyectos ganadores aumentó un 194% y la cantidad de entidades beneficiadas creció un 81%.

Más medios, más diversidad, más primeras veces
Uno de los datos más relevantes del período es la ampliación real del universo de beneficiarios. De las 367 entidades ganadoras:
  • 167 participaron por primera vez del FoMeCa.
  • 69 fueron comunidades de pueblos originarios, lo que representa el 18,8% del total de entidades ganadoras.
Este dato da cuenta de una política activa de inclusión, que permitió el acceso al fomento estatal a medios y organizaciones que históricamente habían quedado al margen de las políticas públicas de comunicación.

Pueblos originarios: fomento con identidad
Durante la gestión 2020–2023, los pueblos originarios alcanzaron niveles inéditos de participación:
  • 227 proyectos ganadores, el 14,3% del total del período.
  • $225,2 millones adjudicados, equivalentes al 9,2% del monto total.
Presencia de comunidades beneficiarias en 16 provincias del país.

La mayor concentración se dio en las regiones del Noroeste y la Patagonia, donde el FoMeCa se convirtió en una herramienta clave para fortalecer experiencias de comunicación con identidad cultural, lingüística y territorial.

Ejecución efectiva y pagos sostenidos
Otro aspecto central del período fue el nivel de ejecución presupuestaria. Entre 2020 y 2023:
  • Se pagaron $2.025,6 millones, incluyendo compromisos de años anteriores.
  • De los fondos adjudicados durante la misma gestión, se ejecutó el 79,73% del total.
En términos comparativos, esta gestión alcanzó el mejor nivel de pago histórico dentro del mismo período de adjudicación, superando a las gestiones previas:
  • 2013–2015: 53% ejecutado.
  • 2016–2019: 73% ejecutado.
  • 2020–2023: 80% ejecutado.
¿En qué se invirtieron los recursos?
Los montos adjudicados durante la gestión se orientaron principalmente a fortalecer la producción y la sostenibilidad de los medios comunitarios:
  • 59% a producción de contenidos.
  • 28% a equipamiento y adecuación edilicia.
  • 11% a gestión de medios.
  • 2% a formación y capacitación.
En cuanto a formatos:
  • 54% de los fondos se destinaron a proyectos radiofónicos.
  • 43% a proyectos audiovisuales.
  • 4% a formatos mixtos.
Estos datos reflejan el rol central de la radio y el audiovisual comunitario en el entramado comunicacional federal.

Alcance federal: FoMeCa en todo el país
Los proyectos financiados durante 2020–2023 alcanzaron a todas las regiones del país. En términos de montos adjudicados:
  • Región Metropolitana: 25%
  • Provincia de Buenos Aires: 20%
  • Región Centro: 20%
  • Patagonia: 12%
  • Noroeste: 9%
  • Noreste y Nuevo Cuyo: 7% cada una
Esta distribución muestra un alcance verdaderamente federal, con presencia sostenida de medios comunitarios en todas las provincias.

El Canal Benteveo: memoria audiovisual del FoMeCa
Un aspecto central —y muchas veces invisibilizado— del trabajo desarrollado durante estos años fue la construcción de una memoria pública de las producciones financiadas por el FoMeCa. En ese marco se creó y fortaleció el Canal Benteveo, el canal audiovisual del fondo en la plataforma YouTube (@canalbenteveo), integrado por contenidos realizados por las entidades ganadoras de todo el país.

Durante 2023 se analizaron y catalogaron más de 2.500 horas de material radiofónico y audiovisual, lo que permitió conformar un archivo federal sin precedentes. El canal reúne actualmente más de 700 capítulos de casi 500 producciones, que suman más de 300 horas de contenidos sobre derechos humanos, soberanía alimentaria, infancias y adolescencias, género y diversidades, pueblos originarios, discapacidades, Malvinas, trabajo y experiencias productivas comunitarias, entre muchas otras temáticas.

Lejos de ser solo un repositorio, el Canal Benteveo funciona como una política de transparencia, circulación y democratización de los contenidos, poniendo en valor el trabajo de los medios comunitarios y permitiendo que esas producciones —financiadas con recursos públicos— tengan alcance nacional, circulación federal y vida más allá de cada convocatoria.

Más allá del financiamiento: acompañamiento y memoria
El trabajo del FoMeCa no se limitó a la adjudicación de fondos. Durante estos años se desarrollaron políticas complementarias clave:
  • Capacitaciones territoriales y virtuales para medios comunitarios e indígenas.
  • Acompañamiento a procesos de regularización y acceso a licencias, que permitió que 38 radios comunitarias y un canal comunitario obtuvieran licencias sin fines de lucro.
  • Creación y fortalecimiento del Programa Benteveo, un archivo audiovisual y radiofónico que ya reúne más de 300 horas de producciones comunitarias y permite la circulación federal de contenidos.
Un balance que marca un piso
El período 2020–2023 dejó un piso alto para las políticas de fomento a la comunicación comunitaria en la Argentina. Los números muestran que cuando el FoMeCa funciona de manera sostenida, con reglas claras, ejecución efectiva y presencia territorial, el resultado es más producción, más voces, más federalismo y más derecho a la comunicación.

El desafío hacia adelante no es inventar nuevas herramientas, sino sostener y profundizar una política pública que ya demostró su impacto real en el entramado de medios comunitarios del país.

El FoMeCa como política estratégica, no como gasto
Los datos del período 2020 a 2023 son claros: el FoMeCa fue una política importante para asegurar el derecho a la comunicación. En lugares donde el mercado no puede llegar porque no es rentable o porque las voces son incómodas, el Estado desempeñó un papel fundamental para apoyar medios, identidades y territorios.

En estos momentos, hay un debate sobre reemplazar el FoMeCa con programas generales para ayudar a la producción de audiovisuales. El peligro es que se pierda una política pensada especialmente para este sector en un sistema que no entiende las desigualdades que hay en las comunidades. El FoMeCa no se trataba solo de dar dinero, sino de crear programas específicos, ayudar técnicamente, trabajar de manera federal y reconocer a personas que han sido excluidas durante mucho tiempo.

Desarmar o vaciar esta herramienta no implica modernizar el sistema de fomento, sino retroceder en pluralidad, diversidad y democracia comunicacional. Los números de estos años marcan un piso político: muestran que cuando el Estado asume la comunicación como un derecho y no como un negocio, los resultados se traducen en más voces, más producción local y más ciudadanía informada.
El FoMeCA ¡¿afuera?!

Repudio al desmantelamiento de medios cooperativos y comunitarios
El Sindicato de Prensa Rosario repudia la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) por parte del gobierno de Milei a través de la Resolución 11/2026. Este dispositivo había sido creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 para promover proyectos de medios sin fines de lucro con el aporte de las grandes empresas del sector.

En lugar del FoMeCA, el gobierno crea el FoProA (Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales) que, más allá de su denominación amigable, es un modo de oficializar la lógica opuesta, la del mercado, y de destruir el espíritu democratizador de la LSCA.

El SPR denuncia las políticas del gobierno de LLA contra los medios comunitarios y cooperativos que golpean su sostenimiento, lo que vulnera la pluralidad de voces y el derecho a la comunicación de toda la sociedad.
SPR – Sindicato de Prensa Rosario


viernes, 16 de enero de 2026

Cierre definitivo por decreto: el Gobierno mendocino liquidó Acequia TV

Acequia TV, el canal público de la provincia de Mendoza, dejó de existir de manera definitiva tras más de una década al aire. El cierre fue formalizado por un decreto publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, luego de un prolongado proceso de vaciamiento, despidos y desfinanciamiento que se extendió por más de dos años bajo la gestión del del gobernador Alfredo Cornejo.

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de comunicación estatal —con noticieros en vivo, producción local y contenidos premiados a nivel nacional— terminó extinguiéndose por decisión administrativa. El Gobierno provincial avanzó primero sobre la estructura del canal y luego sobre su figura jurídica, al desmantelar finalmente el Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual "Acequia". Antes de ese proceso, el canal supo consolidar una grilla potente: llegó a emitir cinco noticieros diarios —tres de una hora y dos de media hora— y sostuvo una programación basada en coproducciones con productoras privadas, muchas de ellas financiadas con fondos del entonces Ministerio de Cultura.

Entre esas propuestas, Acequia TV también transmitió los partidos del torneo Federal A de fútbol, en una etapa en la que competían tres equipos mendocinos, emisiones que registraron picos elevados de audiencia y reforzaron su inserción en el público local.

En 2014, el maestro mendocino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, participó de un homenaje realizado en Acequia TV. En ese marco, el estudio central de la emisora fue bautizado con su nombre, como reconocimiento a la creatividad y al legado del artista que, a través de sus obras e ideas, proyectó la identidad mendocina y argentina en todo el mundo.
Del anuncio al desmantelamiento

En abril de 2024, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, anunció en la Legislatura que el Ejecutivo provincial buscaría enajenar los bienes de Acequia TV y transferirlos al sector privado. Días después, Mendoza Fiduciaria notificó el despido de la totalidad del personal. Decenas de trabajadores quedaron en la calle tras años de reducción presupuestaria y achicamiento progresivo de la señal.

Las producciones locales fueron levantadas de la grilla, los programas en vivo se eliminaron y la pantalla se llenó de contenidos enlatados. El contraste con los primeros años del canal fue notorio: Acequia había competido con fuerza en el ecosistema audiovisual mendocino, con noticieros en horarios centrales y coberturas que disputaban audiencia a los grandes medios privados.

Ese despliegue le valió premios y reconocimientos en todo el país, pero la falta de financiamiento y la decisión política de desmantelarlo terminaron por hacerlo inviable.

En línea con la ofensiva libertaria contra los medios públicos nacionales —como TelAm y la TV Pública— Fayad justificó el cierre con una frase contundente: "No hace falta gastar impuestos para tener un canal, no tiene sentido".

Según el oficialismo, el presupuesto mensual del canal, estimado en 30 millones de pesos, resultaba injustificable.
El decreto de cierre definitivo
El cierre formal de Acequia TV quedó plasmado en el Decreto N.º 3032, publicado en el Boletín Oficial de Mendoza y firmado el 30 de diciembre de 2025. La norma aprobó el Acuerdo Rescisorio del Fideicomiso de Administración del Servicio Audiovisual "Acequia" y autorizó un aporte extraordinario de 135 millones de pesos para afrontar los compromisos finales del proceso de liquidación.

El decreto se apoya en la Ley Provincial N.º 9550, que facultó al Poder Ejecutivo a liquidar los activos del fideicomiso y realizar los aportes necesarios para su cierre. Previamente, mediante el Decreto N.º 967/25, se había autorizado una transferencia de 65,8 millones de pesos, que resultó insuficiente para cubrir las obligaciones pendientes.

Mendoza Fiduciaria S.A., en su carácter de fiduciaria, solicitó entonces la ampliación del aporte para atender gastos y desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha clave para el cierre contable y administrativo del fideicomiso. El pedido contó con el visto bueno del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Extinción del fideicomiso y despidos
El Acuerdo Rescisorio, firmado el 18 de diciembre de 2025 entre la Provincia de Mendoza y Mendoza Fiduciaria S.A., estableció la extinción del fideicomiso a partir del 1 de enero de 2026. La Provincia actuó en un triple rol —fiduciante, beneficiaria y fideicomisaria— mientras que Mendoza Fiduciaria intervino como fiduciaria, representada por su presidente, Nicolás Egües.

El acuerdo dispuso:
  • La finalización de todos los contratos laborales vigentes.
  • La cancelación íntegra de los créditos y obligaciones pendientes.
  • La realización de una rendición final de cuentas por parte del fiduciario.
  • La transferencia al Gobierno provincial del remanente del patrimonio fideicomitido.
Las operaciones de liquidación quedaron a cargo de Mendoza Fiduciaria, con un plazo máximo de seis meses para su conclusión. El decreto también ratificó que los fondos extraordinarios otorgados serían utilizados para afrontar indemnizaciones, deudas y gastos inherentes al cierre.
Un derecho a la comunicación que se apaga
Acequia TV fue creada en 2013, al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como una herramienta del Estado provincial destinada a garantizar el derecho a la comunicación, promover la producción audiovisual local y fortalecer una señal pública con identidad mendocina. Sin embargo, desde abril de 2024 el canal permanece cerrado y sin emisiones, luego de que el gobernador Alfredo Cornejo decidiera cesar su funcionamiento y avanzar en la venta de la señal, un proceso que hasta el momento no se concretó.

Durante más de una década, el canal público funcionó como un espacio de producción cultural, informativa y periodística que ofreció una alternativa a los medios privados, con contenidos locales, federales y una pluralidad de voces que difícilmente encuentran lugar en el mercado comercial.

Sostener un canal público provincial no solo implicó una política de comunicación, sino también una decisión estratégica en términos culturales y democráticos: permitió visibilizar identidades, acompañar a la industria audiovisual local, generar empleo calificado y garantizar acceso a información y contenidos que no responden exclusivamente a lógicas de rentabilidad.

Para el Ejecutivo provincial, el cierre se justificó en argumentos económicos y administrativos. Para los trabajadores despedidos y para amplios sectores de la sociedad mendocina, en cambio, la decisión significó una pérdida simbólica, cultural y democrática, que excede largamente el debate presupuestario.

Acequia TV no fue solo una señal de televisión. Fue un proyecto de comunicación pública orientado a democratizar la palabra, fortalecer la soberanía cultural y dar visibilidad a la producción artística y periodística de Mendoza. Con el decreto firmado y el fideicomiso extinguido, esa experiencia quedó, al menos por ahora, definitivamente en el pasado.
Privatización fallida, ajuste y rechazo sindical

Días antes del cierre definitivo, Víctor Fayad, había anticipado que la intención del Gobierno provincial era avanzar en la privatización de la señal. Según detalló el funcionario, Acequia TV contaba con un presupuesto asignado de 522 millones de pesos para 2024, de los cuales 494 millones estaban destinados a gastos de personal.

En esa misma línea, Fayad sostuvo que el Estado provincial destinaba 30 millones de pesos mensuales para sostener la emisora, donde hasta pocas horas antes del anuncio trabajaban 30 empleados. El cierre del canal se inscribe así en una lógica de ajuste que el Ejecutivo mendocino alineó con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y su objetivo declarado de "achicar" el Estado.

Sin embargo, la decisión tuvo un impacto directo y concreto: 30 familias quedaron sin empleo en un contexto de profunda crisis económica a nivel nacional. Desde el Sindicato de Prensa de Mendoza (SiPreMza) repudiaron la medida y reivindicaron el rol de los medios públicos como un servicio social esencial.

A través de un comunicado, el gremio denunció los despidos y apuntó contra el gobernador Alfredo Cornejo. "En lugar de ordenar el déficit de la compañía —algo que no se planteó durante la década de existencia de Acequia TV—, se busca borrar del mapa al canal como si fuera apenas un número más en las cuentas del Estado", señalaron.

Además, remarcaron que la presencia de un canal público en la provincia "garantiza un rol social que no es ejercido por los medios privados". En ese sentido, destacaron que la programación de Acequia TV incluía contenidos informativos, culturales, deportivos, educativos y de entretenimiento "de calidad, federal y plural".

Por último, desde SiPreMza exigieron al Gobierno provincial la reincorporación de les trabajadores despedidos y reclamaron a les legisladores mendocinos que rechacen el artículo 9 del proyecto de Ley de Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado, con el objetivo de preservar la continuidad de Acequia TV "como medio público".
Fuentes: Boletín Oficial de Mendoza, Archivo Señales

Ver también: Mendoza lanzó Acequia, el canal público que ya tiene un 45% de contenidos locales, Acequia TV, un canal público en problemas, A 8 meses del cierre del canal público de Mendoza, el Gobierno aún no tiene quién se haga cargo

miércoles, 31 de diciembre de 2025

La oposición de Milei al acuerdo de Telecom y Telefónica dilata una operación clave para Clarín

Telecom y Telefónica han sido los actores dominantes del mercado argentino de las telecomunicaciones desde la privatización de la empresa estatal de telefonía en 1990, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando el país fue dividido en dos regiones para la prestación de los servicios por parte de estas compañías.

A diez meses de concretada la millonaria operación, la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina continúa a la espera de una definición por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones del país, que analiza si la fusión de ambas compañías configura o no una situación de monopolio.

El próximo 4 de enero vence el plazo para que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) adopte una decisión final sobre la autorización de la compra de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por parte de Telecom Argentina, tras expirar la prórroga dispuesta por el decreto 448/2025.

Según fuentes del sector, la visión del presidente Javier Milei sobre la operación es altamente negativa, tanto desde el punto de vista económico como político. No obstante, para el grupo español la operación es irreversible: Telefónica ya recibió el pago de US$ 1.245 millones, monto que figura desde febrero del año pasado en los balances de la compañía.

La transacción se concretó el 24 de febrero, cuando Telecom Argentina adquirió Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales 1.119 millones fueron abonados en efectivo, luego de descontarse una deuda de 126 millones de dólares que el grupo español mantenía con su filial local.

Tras el anuncio de la operación, el Gobierno dio intervención tanto al ENaCom como a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) —actualmente Autoridad Nacional de la Competencia— para evaluar si la adquisición implicaba una concentración indebida del mercado.

Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron que, en caso de determinarse la existencia de una posición dominante, Telecom podría verse obligada a ceder o vender activos en uno o más segmentos del negocio.

Como antecedente estructural del mercado, Telecom y Telefónica han concentrado históricamente la mayor parte de los servicios de telecomunicaciones desde la privatización de 1990, lo que constituye uno de los ejes centrales del análisis regulatorio actual.

La compra fue objetada ante el regulador por Claro, filial de América Móvil —propiedad del empresario mexicano Carlos Slim—, y por Telecentro, empresa que presta servicios de internet y televisión paga, ambas competidoras directas de Telecom.

El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la fusión con TMA hasta tanto concluyeran las investigaciones del ENaCom y de Defensa de la Competencia.

Telecom apeló esa decisión y, el 5 de junio, la Justicia suspendió la medida dispuesta por el Gobierno.
 
Objeción oficial
El 19 de junio, la CNDC emitió un informe en el que objetó la operación al advertir “riesgos significativos” para la competencia, al considerar que la fusión elimina a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país. De concretarse plenamente la operación, el mercado quedaría conformado por Telecom, con una participación del 58 %, y Claro, con el 42 %.

El organismo también alertó sobre la acumulación de espectro radioeléctrico en manos de Telecom, su participación superior al 40 % en telefonía fija en numerosas ciudades, y su posición dominante en los mercados de servicios integrados (telefonía, internet y televisión) y de servicios corporativos.

El 5 de agosto, Telecom presentó su descargo ante la CNDC, rechazó los argumentos del informe y manifestó su disposición a asumir “posibles compromisos que atiendan las preocupaciones” señaladas por la autoridad de competencia.

En el sector se aguardaba un dictamen final inminente; sin embargo, fuentes oficiales indicaron a EFE que “por el momento no hay novedades” respecto de la definición del caso.

En noviembre, en su último estado financiero presentado ante los mercados, Telecom sostuvo que, si bien no puede asegurarse el resultado de la revisión regulatoria, la empresa y sus asesores legales cuentan con “sólidos argumentos para sustentar su posición”.

Telecom Argentina cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding —controlada por el Grupo Clarín— y al fondo Fintech Telecom, del empresario mexicano David Martínez.

Al 30 de septiembre, Telecom contaba con 2,7 millones de líneas de telefonía fija, 20,3 millones de clientes móviles en Argentina y 2,7 millones en Paraguay, 4,1 millones de accesos fijos a internet y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por su parte, Telefónica Móviles Argentina registraba 2,1 millones de líneas de telefonía fija, 19,1 millones de clientes móviles, 1,6 millones de accesos fijos a internet y casi 400.000 abonados a servicios de televisión.

Choque político y disputa por el poder en el tramo final de la definición
En el trasfondo del expediente regulatorio, la operación se ha transformado también en un conflicto político de alto voltaje. En el Gobierno de Javier Milei sostienen que la compra se realizó sin la debida intervención del Estado en un sector concesionado y consideran que, más allá de la estructura societaria, el control efectivo de Telecom responde al Grupo Clarín, con el que el Ejecutivo mantiene una relación de fuerte confrontación. En ese marco, fuentes oficiales admiten que la posibilidad de autorizar la fusión, en los términos actuales, es prácticamente nula.
 
Desde el entorno de Telecom, en tanto, argumentan que el análisis de competencia debe contemplar un mercado más amplio, que incluya el ingreso de nuevos actores como la conectividad satelital —con Starlink como principal referencia— y otros servicios digitales, una interpretación que no es compartida por el oficialismo. Así, la definición del ENaCom no solo determinará el futuro de la mayor operación reciente del sector, sino que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y uno de los principales grupos empresarios y mediáticos del país.  

Actualización: El Gobierno prorrogó por tercera vez la intervención del ENaCom
La medida fue oficializada mediante el decreto 938/2025 y extiende el proceso de reorganización del organismo hasta enero de 2027
El Gobierno nacional resolvió prorrogar por tercera vez la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), en el marco del proceso de reordenamiento institucional iniciado en 2024. La decisión fue formalizada a través del decreto 938/2025 y establece que la intervención se extenderá desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027.

La intervención del ENaCom comenzó en enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo designó a Juan Martín Ozores como interventor del organismo. Desde entonces, la medida ya había sido prorrogada en dos oportunidades, mediante los decretos 675/2024 y 448/2025. Con la nueva normativa, el Gobierno volvió a ratificar a Ozores en el cargo, manteniendo su rango y jerarquía de secretario.

El ENaCom, de carácter autárquico y descentralizado, funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los motivos de la nueva prórroga
Según se desprende de los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la extensión de la intervención en la necesidad de consolidar los avances alcanzados hasta el momento. Entre ellos, se destacan las tareas de relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos operativos y sustantivos, que aún se encuentran en desarrollo.

Asimismo, el Gobierno subrayó la importancia de profundizar el reordenamiento administrativo y financiero del Fondo previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522, con el objetivo de transparentar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de control.

Regularización del sistema y modernización normativa
Otro de los ejes centrales del proceso es la consolidación del trabajo realizado por las comisiones técnicas y grupos especializados, en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual. Esto permitirá avanzar en la evaluación de expedientes pendientes, finalizar trámites de adjudicación de licencias y garantizar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión y la incorporación de nuevos prestadores.

En paralelo, se avanzó en la revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos aportados por los licenciatarios de Servicios TIC. Desde el Ejecutivo señalaron que resulta clave implementar plenamente este nuevo esquema para cumplir con los fines para los cuales fue creado.

Finalmente, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología reiteraron que la intervención del ENaCom es una etapa transitoria, pero necesaria, y aseguraron que, una vez concluido el proceso, el organismo continuará cumpliendo su misión de promover comunicaciones de calidad, fomentando la competencia y el equilibrio entre los distintos actores del sector.
Fuentes: Agencia EFE, Señales y Noticias Argentinas

sábado, 27 de diciembre de 2025

Caprichos de libertarios

Por: Diego Berardo, Gestor Cultural. Ex Director del Centro Cultural San Martín
Odios. Quieren que el teatro se parezca al show de la jura de diputados. | Diputados

El año se va como empezó. La cultura sigue amenazada por quienes tienen la obligación de cuidarla y promoverla, esos que hoy utilizan el proyecto de reforma laboral para insistir en el desfinanciamiento de organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (INAMu). Para ponerlo en números, el Incaa dejará de recibir el dinero por el 10% de los tickets vendidos en los cines y el 25% que ENaCom le gira de lo que recauda de las empresas televisivas. Es decir, se queda sin fondos por fuera de lo que caprichosamente decida el Ministerio de Economía. Esto último sucede a la par de que el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, destacara que en su gestión se le puso fin a la discrecionalidad. ¿En qué quedamos?

Como no se entiende por qué un gobierno que profesa la mínima intervención estatal quiere dejar todo al antojo de Luis Caputo, alguien en X le preguntó al presidente del Incaa cómo se financiará el instituto y Carlos Pirovano confirmó: "Fondos del Tesoro. Se propone eliminar la asignación específica, no la policía (sic) pública. Las asignaciones específicas son un privilegio que busca evitar la sana discusión de presupuesto". Entonces, cabe preguntarse por qué el Gobierno insiste en dañar a un sector que tiene un vínculo tan grande con nuestra identidad y que, si eso no alcanzara, como pocos, genera un círculo virtuoso en la economía, repercutiendo en distintos actores de la producción y los servicios, generando empleos y exportando nuestro arte al mundo.

La respuesta es puramente ideológica. Odian a la cultura, tal vez porque quieren que el teatro se parezca al show que montan en una jura de diputados o a que la música que suena sea la de un presidente jugando al rock & roll. A lo mejor desean que el cine no exista, como el del cameraman oficial Santiago Oría. En esto último se van haciendo camino al andar, gracias a decisiones políticas y una brutal recesión. Por ejemplo, si buscamos cuántas entradas vendieron los films nacionales desde que Milei llegó al poder, encontramos que en 2025 llevamos más de 2,8 millones en 219 películas estrenadas, pero si le sacamos Homo Argentum a la cuenta el número se reduce a menos de un millón. En 2024, fueron apenas 791 mil en 235.Es decir, en dos años suman 3,6 millones, mientras que en 2023, se cortaron casi 3,5 millones de tickets en 241 producciones argentinas.

Para pasar en limpio, en todo lo que lleva esta administración al mando se superará en venta de entradas de películas locales por muy poquito al último año de su predecesora, en un contexto donde se supone que la economía ha mejorado, pero las industrias locales (y la cultura es una de ellas) no se enteran. El cine argentino produce menos y a la gente le cuesta cada vez más ir a una sala. Sin discriminar el origen del film, en 2023 hubo un total de 42.789.793 tickets vendidos, unos10 millones más que en 2025. Por eso, es evidente que la cultura necesita más apoyo y no cortarle ingresos. Buscan asfixiarla para silenciarla, pero nuestros artistas tienen una historia de vocación y resistencia que el Gobierno y sus voceros quizás desconozcan.

[Spoiler alert] Una vez más, no podrán.
Fuente: Diario Perfil

lunes, 15 de diciembre de 2025

Telecom unifica sus marcas en Personal mientras espera el aval regulatorio para integrar Movistar

Gonzalo Hita, director de Operaciones (COO) de Personal, dijo que la compra de Telefónica es un hecho, a pesar de lo cual las compañías se administran de forma independiente hasta que se autorice la fusión

Antes de que diciembre entre en su recta final, Telecom decidió mover una ficha clave. En un contexto marcado por la presión regulatoria, la espera por la aprobación de la compra de Telefónica y la irrupción de nuevos competidores globales como Starlink, la compañía anunció un giro estratégico: todas sus marcas comerciales se unifican bajo el nombre Personal. La decisión no es solo estética ni comunicacional. Es, sobre todo, una señal de cómo la empresa lee el escenario que viene y del tamaño que considera necesario para seguir compitiendo e invirtiendo.

El anuncio se realizó en el auditorio que Telecom tiene en sus oficinas de Barracas, durante un encuentro encabezado por Gonzalo Hita, COO (Chief Operating Officer o Director de Operaciones) de la compañía, quien hizo un balance del año, presentó los resultados del negocio y anticipó los principales ejes estratégicos para 2026. "La industria de las telecomunicaciones enfrenta desafíos significativos", advirtió el ejecutivo al comenzar su exposición.

Un sector bajo presión
"El tráfico global de datos se va a incrementar exponencialmente en los próximos años. No hay datos exactos, pero algunos estiman que podrían crecer hasta x9 hacia 2033", afirmó Hita. Ese crecimiento plantea un problema estructural: "La industria de las telecomunicaciones enfrenta desafíos significativos por este crecimiento exponencial de los datos, que requiere inversiones (CAPEX) cada vez más intensivas, mientras que los ingresos se mantienen estables o amesetados".

A este escenario se suma la intensificación de la competencia, con la aparición de jugadores globales como los satélites de órbita baja (LEO), que pueden sustituir redes fijas y móviles tradicionales. "No hay negocio si no hay una necesidad a cubrir", aseguró Hita, y explicó que la estrategia de Telecom se centra en construir un ecosistema de soluciones que respondan a los puntos de dolor de sus clientes.

"Estamos construyendo un ecosistema relevante con soluciones de entretenimiento y contenido con Flow, soluciones de pago con Pay, ecosistemas B2B. Todo gira alrededor de la conectividad y está potenciado por la inteligencia artificial", resumió.
Los números del negocio
En los últimos doce meses, Telecom registró una facturación de u$s 3.731 millones, con más de 35 millones de conexiones en todo el país e inversiones superiores a u$s 700 millones. Desde la fusión Cablevisión–Telecom, la compañía lleva invertidos alrededor de u$s 8.000 millones, con un promedio anual cercano a los u$s 700 millones, nivel que —según Hita— se mantendrá en los próximos años.

Uno de los datos destacados fue la recuperación de Flow. En 2024, la plataforma había perdido 72.000 clientes, pero en 2025 logró revertir esa tendencia y sumar más de 85.000 nuevas suscripciones. El repunte se explicó por dos estrategias: el desarrollo de contenido propio —como Viudas Negras y Yiya— y la integración de servicios OTT como Disney+, HBO+, Universal+, Paramount+ (incluido), el pack fútbol y la transmisión en vivo de grandes eventos musicales como Lollapalooza, Quilmes Rock y recitales de Lali, Miranda y María Becerra.
 
Inversión en redes: fibra y 5G
La migración tecnológica es otro de los pilares del plan. En la red fija, Telecom avanza en la expansión de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), con el objetivo de apagar definitivamente la red de cobre en 2026. Actualmente, la compañía cuenta con unos 5,4 millones de hogares con FTTH y proyecta llegar a 7,1 millones.

En redes móviles, la evolución va del 4G al 5G. Hoy, el 27% del parque de clientes ya utiliza 5G, el 83% cuenta con dispositivos compatibles y 2,9 millones de usuarios generan tráfico sobre esa red. Además, se desplegaron más de 750 sitios 5G, con foco en las zonas donde el 4G comienza a saturarse.

En este contexto, el 5G también habilita nuevos negocios, como el acceso fijo inalámbrico (5G FWA), que ya suma unos 50.000 clientes, principalmente en Capital Federal, Rosario y Córdoba, y se posiciona como alternativa —y en algunos casos competidor— del satélite.

La compra de Movistar
Consultado sobre la adquisición de Movistar, Gonzalo Hita fue categórico: "La compra está confirmada. Estamos esperando la aprobación por parte de los reguladores". Hasta que eso ocurra, Movistar y Personal seguirán operando como compañías separadas. "Cuando nos aprueben, vamos a devolver la marca Movistar y todo quedará bajo la marca Personal, pero no sabemos cuándo será eso. Sin escala, no hay inversión posible", enfatizó.

La fusión entre Movistar y Personal —resultado de la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom por u$s 1.245 millones en febrero de 2025— avanza, pero aún no fue autorizada por los reguladores argentinos. La operación está bajo análisis del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), luego de cuestionamientos por un posible impacto negativo en la competencia. En marzo de este año, el Gobierno dispuso una suspensión preventiva de la integración operativa, medida que posteriormente fue dejada sin efecto por la Justicia, permitiendo que el proceso de evaluación continúe.

En este marco, el presidente Javier Milei se manifestó públicamente en contra del acuerdo, al advertir que podría derivar en una concentración excesiva del mercado y afectar la libre competencia. El mandatario llegó a cuestionar al Grupo Clarín —uno de los principales accionistas de Telecom— al sostener que "se quiere quedar con Telefónica de prepo" y remarcó que la operación debe ser analizada con estrictos criterios antimonopólicos. Mientras tanto, el ENaCom mantiene su intervención extendida hasta al menos enero de 2026, por lo que Movistar y Personal continúan funcionando de manera independiente, a la espera de la definición final y de las eventuales condiciones que puedan imponer los organismos regulatorios.
Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal

Personal, la marca madre
Una de las principales novedades del anuncio fue la unificación de todas las marcas bajo Personal. La razón social seguirá siendo Telecom —nombre que se mantiene para la cotización bursátil—, pero Flow, Pay, Tienda y Smarthome pasarán a ser productos dentro del ecosistema Personal.

"Debíamos simplificar la arquitectura marcaria y aprovechar el potencial del nombre para diferenciar los servicios en un mercado competitivo", explicó Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal. La ejecutiva detalló que la elección respondió a dos razones centrales: el apalancamiento en la conectividad —base del ecosistema— y la diferenciación a través de la personalización. "El nombre Personal sugiere naturalmente algo único y distinto", afirmó.

"Personal será la única marca, empleadora y comercial. Queremos revalorizar lo más potente que tenemos", agregó Cataldo.

Contenidos y billetera digital
Otra de las apuestas para sumar ingresos es el contenido. "Para 2026 ya tenemos en marcha tres proyectos de contenidos que no podemos adelantar", adelantó Cataldo, en línea con una estrategia que incluye producciones nacionales, contenidos cortos y nuevas alianzas OTT.

En cuanto a Personal Pay, la billetera digital ya cuenta con más de 4 millones de cuentas, aunque solo 2,5 millones la utilizan como cuenta principal. "Una billetera es exitosa si gana principalidad", explicó Hita. Entre las novedades, Cataldo confirmó que sumará la función PIX para pagos en Brasil de cara al verano, mientras que otras operaciones —como el pago de sueldos— siguen limitadas por cuestiones regulatorias.

Lo que viene
"El plan para el año que viene es personalización y experiencia, IA como habilitador de negocio y crecimiento y mejoras en el NPS", resumió Hita. Telecom también continuará fortaleciendo su red fija, expandiendo 5G y desarrollando negocios complementarios en entretenimiento, hogar conectado, finanzas digitales y soluciones tecnológicas para empresas bajo la marca Personal Tech.

En un mercado con tráfico en alza, ingresos presionados y nuevos jugadores globales, la compañía apuesta a la escala, la simplificación y el ecosistema como respuesta. La unificación de marcas es, en ese sentido, mucho más que un cambio de nombre: es una definición estratégica sobre cómo competir en la próxima etapa de la industria.
Fuentes: Telecom, Señales

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Ataques, represión, censura, videos falsos y vigilancia digital: el gobierno de Javier Milei amenaza la libertad de expresión

El martes 2 de diciembre se presentó en el Senado de la Nación el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, elaborado por SiPreBA, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con apoyo de Democracy at Work. La actividad tuvo lugar en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora María Carolina Moisés.

Entre los expositores, disertaron el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego de Charras; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez; los periodistas Julia Mengolini y Ari Lijalad; el secretario General de la CGT, Jorge Sola; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kejval; y la periodista y representante del SiPreBA, Ángela Lerena. 

Un contexto de ataques crecientes: represión, hostigamiento y vaciamiento
"Desde hace dos años este gobierno despliega un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, que incluye represión, persecución y desfinanciamiento de los medios públicos. Todo eso se traduce en el informe de este año", afirmó Gaudensi.

La senadora Moisés destacó que "la libertad de expresión es un derecho integral de las personas a participar de la vida política, cívica o sindical" y recordó que se trata de "un pilar del sistema democrático".

El informe revela que las agresiones policiales a periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos aumentaron un 66% respecto de 2024, con 83 casos documentados hasta octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el reportero gráfico Pablo Grillo, se registraron 20 hechos de violencia policial, que incluyeron intoxicaciones con gases, balas de goma, golpes y vejaciones.

También se consolidaron prácticas de persecución judicial, obstaculización del trabajo periodístico y hostigamiento digital desde el Poder Ejecutivo, como estrategias para disciplinar voces críticas. El documento señala el uso de figuras legales —como "resistencia a la autoridad"— para criminalizar a quienes registran abusos estatales durante protestas sociales.
Deepfakes, ciberpatrullaje y nuevas formas de control en el ecosistema digital
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de las herramientas digitales aplicadas a la esfera pública. El documento dedica secciones específicas a describir cómo las tecnologías se están utilizando en el actual contexto político.

Sobre manipulación informativa, el relevamiento documenta el uso de Inteligencia Artificial generativa durante el año electoral, incluyendo la circulación de deepfakes de dirigentes como Mauricio Macri y Jorge Taiana. El informe destaca que estas prácticas fueron incluso justificadas públicamente por el Presidente de la Nación bajo el argumento de la libertad de expresión.

En relación con la cibervigilancia y las tareas de inteligencia, el documento analiza cambios normativos recientes, entre ellos la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan la infiltración de agentes digitales y el monitoreo de redes sociales.

Durante el panel, Jorge Sola (CGT) advirtió: "La amalgama entre el odio y el algoritmo empieza a funcionar de una manera que vende". Y añadió una definición técnica sobre el impacto social de estas herramientas: "Los algoritmos no son neutros, son arquitectos de subjetividades".
 
Testimonios sobre criminalización, ataques digitales y disputa por la verdad
El periodista Ari Lijalad analizó la lógica detrás de la persecución judicial y los ataques desde el Ejecutivo: "El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. Él piensa que su opinión se transforma automáticamente en un hecho". Lijalad advirtió además que "incitar al odio contra los periodistas tiene consecuencias", vinculando el discurso oficial con agresiones físicas y digitales a quienes intentan contrastar los relatos oficiales con datos verificables.

El informe incluye métricas sobre hostigamiento digital. Citando datos de la consultora AdHoc, señala que el perfil del presidente Javier Milei en la red X registró más de 1.589 insultos durante el período analizado, un nivel de violencia superior incluso al de cuentas anónimas o "trolls".

La periodista Julia Mengolini relató haber sido víctima de la fabricación de contenidos pornográficos falsos mediante Inteligencia Artificial, una modalidad de violencia digital con fuerte impacto emocional, político y laboral. El documento también reseña el caso de Ian Moche, un niño autista de 12 años que fue expuesto públicamente por la máxima autoridad del Ejecutivo.

Testimonios de periodistas: acoso judicial, ataques digitales y estigmatización
Participaron además Julia Mengolini, quien sufrió ataques coordinados en redes por cuentas vinculadas al gobierno y una denuncia penal del presidente Javier Milei, y Ari Lijalad, quien también enfrenta hostigamiento judicial por parte del mandatario.

La FIP advirtió que el Estado argentino "no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa", mediante estigmatización, represión, judicialización y desmantelamiento de organismos clave. "No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada", subrayó Laínez.

El documento describe además:
  • Censura judicial inédita en 30 años, como la prohibición de difundir audios de Karina Milei.
  • Uso de inteligencia artificial y videos falsos (deepfakes) durante el año electoral para manipular el debate público.
  • Vaciamiento del ENaCom, la Defensoría del Público y los medios públicos, junto a la pérdida de transparencia en la pauta oficial.
  • Deterioro de las condiciones laborales, con congelamiento salarial, falta de paritarias y despidos masivos.
  • Vigilancia estatal y patrullaje digital destinados a criminalizar la protesta y la expresión crítica.
Un Estado que retrocede en su rol de garante del derecho a la información
En su intervención, Diego de Charras expresó que la situación de 2025 es aún más grave que la de 2024: "Hemos retrocedido mucho y hoy nos preocupa la integridad física de reporteros y fotorreporteros. El Estado ha abandonado su responsabilidad de custodiar la libertad de expresión".

Gaudensi alertó que "se está afectando la calidad democrática" y denunció ataques del Ejecutivo contra periodistas desde el plano judicial. Destacó también "el desguace de los medios públicos", remarcando especialmente la ausencia de Télam y su impacto en la mirada federal del sistema de medios.

La senadora Moisés señaló entre los hechos más críticos el intento de obligar a periodistas a revelar sus fuentes en un caso de corrupción: "Proteger las fuentes es proteger el derecho de la ciudadanía a informarse". También denunció censuras judiciales, allanamientos solicitados por el gobierno y persecución penal a comunicadores. Recordó que la Comisión, reactivada tras tres años de inactividad, creó un Observatorio para atender estas situaciones.
Voces de sindicatos, organismos y la academia
En la jornada tomaron la palabra Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA. También intervino virtualmente desde Perú Zuliana Lainez Otero, de la FIP, quien destacó que "documentar las agresiones es el dato que mata el relato que quiere invisibilizar los ataques a nuestros colegas".

Esta segunda edición del informe expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en diferentes ejes:
  • Represión y criminalización: El número de 83 periodistas que denunciaron represión en manifestaciones hasta octubre de 2025, implica un incremento del 66% respecto al 2024. El relevamiento evidencia acciones sistemáticas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, periodistas, docentes y activistas sociales. Ejemplos significativos, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, muestran la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional.
  • Censura y hostigamiento judicial: La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
  • Discursos de estigmatización y ataques digitales: Desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.
  • Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público.
  • Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.
  • Abandono estatal y vaciamiento: La profundización del vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios, continuaron en 2025. También la drástica reducción en el acceso a la información pública y la opacidad en el manejo de pauta oficial.
  • Vigilancia estatal y ataques a colectivos disidentes: El Poder Ejecutivo avanzó en la legalización de tareas de inteligencia y patrullaje digital para criminalizar la protesta y la expresión crítica en redes sociales. El Informe documenta la persecución a colectivos y referentes culturales, educativos y de derechos humanos.
Libertad de expresión como condición de la democracia
"Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia", concluye el documento.

La senadora Moisés cerró la actividad destacando la necesidad de que el Congreso actúe sobre la base de los datos presentados: "Este informe nos permite tener un diagnóstico y, sobre todo, pensar qué acciones podemos impulsar para garantizar este derecho fundamental".

La presentación dejó en claro que, frente al avance de la represión, el hostigamiento y la desinformación, documentar y visibilizar los ataques es una herramienta indispensable para la defensa del espacio cívico y del derecho a la información en Argentina.

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