A diez meses de concretada la millonaria operación, la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina continúa a la espera de una definición por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones del país, que analiza si la fusión de ambas compañías configura o no una situación de monopolio.
El próximo 4 de enero vence el plazo para que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) adopte una decisión final sobre la autorización de la compra de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por parte de Telecom Argentina, tras expirar la prórroga dispuesta por el decreto 448/2025.
Según fuentes del sector, la visión del presidente Javier Milei sobre la operación es altamente negativa, tanto desde el punto de vista económico como político. No obstante, para el grupo español la operación es irreversible: Telefónica ya recibió el pago de US$ 1.245 millones, monto que figura desde febrero del año pasado en los balances de la compañía.
La transacción se concretó el 24 de febrero, cuando Telecom Argentina adquirió Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales 1.119 millones fueron abonados en efectivo, luego de descontarse una deuda de 126 millones de dólares que el grupo español mantenía con su filial local.
Tras el anuncio de la operación, el Gobierno dio intervención tanto al ENaCom como a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) —actualmente Autoridad Nacional de la Competencia— para evaluar si la adquisición implicaba una concentración indebida del mercado.
Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron que, en caso de determinarse la existencia de una posición dominante, Telecom podría verse obligada a ceder o vender activos en uno o más segmentos del negocio.
Como antecedente estructural del mercado, Telecom y Telefónica han concentrado históricamente la mayor parte de los servicios de telecomunicaciones desde la privatización de 1990, lo que constituye uno de los ejes centrales del análisis regulatorio actual.
La compra fue objetada ante el regulador por Claro, filial de América Móvil —propiedad del empresario mexicano Carlos Slim—, y por Telecentro, empresa que presta servicios de internet y televisión paga, ambas competidoras directas de Telecom.
El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la fusión con TMA hasta tanto concluyeran las investigaciones del ENaCom y de Defensa de la Competencia.
Telecom apeló esa decisión y, el 5 de junio, la Justicia suspendió la medida dispuesta por el Gobierno.
Objeción oficial
El 19 de junio, la CNDC emitió un informe en el que objetó la operación al advertir “riesgos significativos” para la competencia, al considerar que la fusión elimina a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país. De concretarse plenamente la operación, el mercado quedaría conformado por Telecom, con una participación del 58 %, y Claro, con el 42 %.
El organismo también alertó sobre la acumulación de espectro radioeléctrico en manos de Telecom, su participación superior al 40 % en telefonía fija en numerosas ciudades, y su posición dominante en los mercados de servicios integrados (telefonía, internet y televisión) y de servicios corporativos.
El 5 de agosto, Telecom presentó su descargo ante la CNDC, rechazó los argumentos del informe y manifestó su disposición a asumir “posibles compromisos que atiendan las preocupaciones” señaladas por la autoridad de competencia.
En el sector se aguardaba un dictamen final inminente; sin embargo, fuentes oficiales indicaron a EFE que “por el momento no hay novedades” respecto de la definición del caso.
En noviembre, en su último estado financiero presentado ante los mercados, Telecom sostuvo que, si bien no puede asegurarse el resultado de la revisión regulatoria, la empresa y sus asesores legales cuentan con “sólidos argumentos para sustentar su posición”.
Telecom Argentina cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding —controlada por el Grupo Clarín— y al fondo Fintech Telecom, del empresario mexicano David Martínez.
Al 30 de septiembre, Telecom contaba con 2,7 millones de líneas de telefonía fija, 20,3 millones de clientes móviles en Argentina y 2,7 millones en Paraguay, 4,1 millones de accesos fijos a internet y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Por su parte, Telefónica Móviles Argentina registraba 2,1 millones de líneas de telefonía fija, 19,1 millones de clientes móviles, 1,6 millones de accesos fijos a internet y casi 400.000 abonados a servicios de televisión.
Choque político y disputa por el poder en el tramo final de la definición
En el trasfondo del expediente regulatorio, la operación se ha transformado también en un conflicto político de alto voltaje. En el Gobierno de Javier Milei sostienen que la compra se realizó sin la debida intervención del Estado en un sector concesionado y consideran que, más allá de la estructura societaria, el control efectivo de Telecom responde al Grupo Clarín, con el que el Ejecutivo mantiene una relación de fuerte confrontación. En ese marco, fuentes oficiales admiten que la posibilidad de autorizar la fusión, en los términos actuales, es prácticamente nula.
Desde el entorno de Telecom, en tanto, argumentan que el análisis de competencia debe contemplar un mercado más amplio, que incluya el ingreso de nuevos actores como la conectividad satelital —con Starlink como principal referencia— y otros servicios digitales, una interpretación que no es compartida por el oficialismo. Así, la definición del ENaCom no solo determinará el futuro de la mayor operación reciente del sector, sino que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y uno de los principales grupos empresarios y mediáticos del país.
Actualización: El Gobierno prorrogó por tercera vez la intervención del ENaCom
La medida fue oficializada mediante el decreto 938/2025 y extiende el proceso de reorganización del organismo hasta enero de 2027
La intervención del ENaCom comenzó en enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo designó a Juan Martín Ozores como interventor del organismo. Desde entonces, la medida ya había sido prorrogada en dos oportunidades, mediante los decretos 675/2024 y 448/2025. Con la nueva normativa, el Gobierno volvió a ratificar a Ozores en el cargo, manteniendo su rango y jerarquía de secretario.
El ENaCom, de carácter autárquico y descentralizado, funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Los motivos de la nueva prórroga
Según se desprende de los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la extensión de la intervención en la necesidad de consolidar los avances alcanzados hasta el momento. Entre ellos, se destacan las tareas de relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos operativos y sustantivos, que aún se encuentran en desarrollo.
Asimismo, el Gobierno subrayó la importancia de profundizar el reordenamiento administrativo y financiero del Fondo previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522, con el objetivo de transparentar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de control.
Regularización del sistema y modernización normativa
Otro de los ejes centrales del proceso es la consolidación del trabajo realizado por las comisiones técnicas y grupos especializados, en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual. Esto permitirá avanzar en la evaluación de expedientes pendientes, finalizar trámites de adjudicación de licencias y garantizar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión y la incorporación de nuevos prestadores.
En paralelo, se avanzó en la revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos aportados por los licenciatarios de Servicios TIC. Desde el Ejecutivo señalaron que resulta clave implementar plenamente este nuevo esquema para cumplir con los fines para los cuales fue creado.
Finalmente, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología reiteraron que la intervención del ENaCom es una etapa transitoria, pero necesaria, y aseguraron que, una vez concluido el proceso, el organismo continuará cumpliendo su misión de promover comunicaciones de calidad, fomentando la competencia y el equilibrio entre los distintos actores del sector.
Fuentes: Agencia EFE, Señales y Noticias Argentinas
