Desde la Plaza de los Dos Congresos hasta hoy, el recorrido de Sebastián Romero muestra cómo una imagen puede transformarse en símbolo, en excusa represiva o en bandera de resistencia frente a políticas que empobrecen al pueblo. Su historia vuelve al centro de la escena entre fallos judiciales, estigmatización mediática y un ajuste que retoma el camino iniciado en 2017. Un testimonio que interpela: ¿quién criminaliza a quién cuando el pueblo protesta?
En su casa del FoNaVi de Roullión y Seguí, Sebastián posa junto a los carteles con que su barrio reclama algo tan básico como el agua potable
La Corte Suprema, que mantiene una afinidad notoria con las reformas impuestas en tiempos de Mauricio Macri, volvió a inclinar la balanza hacia ese lado. El jueves pasado, sus tres integrantes —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratificaron la constitucionalidad de la cuestionada Ley 27.426. Aquella Reforma Previsional que, en diciembre de 2017, se sancionó al calor de muchas protestas y bajo una represión feroz al mando de Patricia Bullrich.
Con el fallo, quedaron firmes los artículos que modificaron el cálculo inicial y la movilidad de las jubilaciones: nunca buenas noticias para quienes ya cargaban con el peso del ajuste.
En ese marco, el caso de Sebastián Romero emergió como un verdadero paradigma. Así lo planteó en su momento en Señales Sergio Smietniansky, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, quien afirmó dos puntos esenciales en toda causa judicial: esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar si pueden tipificarse como delito. Bajo esas claves, decía, lo de Romero revelaba la profunda asimetría entre la protesta social y la maquinaria penal del Estado.
Smietniansky explicaba que Romero era delegado gremial de la automotriz General Motors en Rosario y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Había concurrido, junto a miles, a la Plaza de los Dos Congresos el 18 de diciembre de 2017 para repudiar un proyecto que dañaba directamente a jubilados y jubiladas: la Reforma Previsional del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese día, en ese instante donde se cruzaron el ajuste y la represión, la imagen de Romero se viralizó: pasaba a ser, sin buscarlo, "El Gordo Mortero".
Sebastián retomó el hilo años después desde el micrófono de Aire Libre Radio Comunitaria, agradeciendo el espacio y la difusión de las luchas del movimiento obrero. Él mismo se presenta para quienes no lo conocen: Sebastián Romero, el gordo del mortero, figura estigmatizada por los grandes medios tras aquella jornada del 18 de diciembre.
Relata que ese día enfrentó la represión estatal con lo que tenía a mano: un palo con un mortero de pirotecnia, herramienta habitual de las movilizaciones para hacer ruido. Pero la escena fue convertida por los medios en símbolo de violencia, ocultando —según él— la violencia principal: la del Estado que buscaba imponer un ajuste sobre quienes menos tienen.
Cuenta que llegó a la plaza con un mandato de base. Era obrero de General Motors, parte de los trescientos trabajadores suspendidos y luego despedidos, en un momento en que —denuncia— los sindicatos no estaban defendiendo la lucha. Se reorganizaron: hicieron asambleas masivas, paralizaron la planta, sostuvieron un plan de lucha por los puestos de trabajo. Y así, desde ese proceso de organización, llegaron a la movilización del 18.
Pero la imagen viral terminó siendo arma política. Romero pregunta, casi con indignación cansada: ¿por qué aún hoy, años después, los medios y ciertos partidos siguen usando su imagen para campañas? La respuesta que propone es clara: porque buscan estigmatizar la protesta y al mismo tiempo infundir miedo. Criminalizan su figura para criminalizar la resistencia social.
Y trae el presente: el gobierno de Javier Milei profundizando el ajuste —en discapacidad, en jubilaciones, en derechos laborales— mientras se reciclan viejas narrativas que apuntan contra quien protesta. Romero interpela directamente a la audiencia: ¿Tiene derecho el pueblo a protestar? ¿Tiene derecho a defenderse cuando la represión aparece para imponer políticas rechazadas por la mayoría?
Hacia el final, conecta la memoria con la lucha: recuerda que están por cumplirse casi veinticinco años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde hubo represión brutal y muertos, pero donde también el pueblo expulsó cinco presidentes y conquistó derechos que hoy vuelven a ser amenazados. Ese recuerdo, dice, es más que historia: es advertencia y brújula.
Romero cierra agradeciendo a la audiencia y a la radio, con la esperanza de que su mensaje llegue y de que la organización popular vuelva a ser fuerza capaz de frenar el ajuste y defender la dignidad de la vida y del trabajo.
En ese marco, el caso de Sebastián Romero emergió como un verdadero paradigma. Así lo planteó en su momento en Señales Sergio Smietniansky, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, quien afirmó dos puntos esenciales en toda causa judicial: esclarecer cómo sucedieron los hechos y determinar si pueden tipificarse como delito. Bajo esas claves, decía, lo de Romero revelaba la profunda asimetría entre la protesta social y la maquinaria penal del Estado.
Smietniansky explicaba que Romero era delegado gremial de la automotriz General Motors en Rosario y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Había concurrido, junto a miles, a la Plaza de los Dos Congresos el 18 de diciembre de 2017 para repudiar un proyecto que dañaba directamente a jubilados y jubiladas: la Reforma Previsional del gobierno de Mauricio Macri. Y en ese día, en ese instante donde se cruzaron el ajuste y la represión, la imagen de Romero se viralizó: pasaba a ser, sin buscarlo, "El Gordo Mortero".
Sebastián retomó el hilo años después desde el micrófono de Aire Libre Radio Comunitaria, agradeciendo el espacio y la difusión de las luchas del movimiento obrero. Él mismo se presenta para quienes no lo conocen: Sebastián Romero, el gordo del mortero, figura estigmatizada por los grandes medios tras aquella jornada del 18 de diciembre.
Relata que ese día enfrentó la represión estatal con lo que tenía a mano: un palo con un mortero de pirotecnia, herramienta habitual de las movilizaciones para hacer ruido. Pero la escena fue convertida por los medios en símbolo de violencia, ocultando —según él— la violencia principal: la del Estado que buscaba imponer un ajuste sobre quienes menos tienen.
Cuenta que llegó a la plaza con un mandato de base. Era obrero de General Motors, parte de los trescientos trabajadores suspendidos y luego despedidos, en un momento en que —denuncia— los sindicatos no estaban defendiendo la lucha. Se reorganizaron: hicieron asambleas masivas, paralizaron la planta, sostuvieron un plan de lucha por los puestos de trabajo. Y así, desde ese proceso de organización, llegaron a la movilización del 18.
Pero la imagen viral terminó siendo arma política. Romero pregunta, casi con indignación cansada: ¿por qué aún hoy, años después, los medios y ciertos partidos siguen usando su imagen para campañas? La respuesta que propone es clara: porque buscan estigmatizar la protesta y al mismo tiempo infundir miedo. Criminalizan su figura para criminalizar la resistencia social.
Y trae el presente: el gobierno de Javier Milei profundizando el ajuste —en discapacidad, en jubilaciones, en derechos laborales— mientras se reciclan viejas narrativas que apuntan contra quien protesta. Romero interpela directamente a la audiencia: ¿Tiene derecho el pueblo a protestar? ¿Tiene derecho a defenderse cuando la represión aparece para imponer políticas rechazadas por la mayoría?
Hacia el final, conecta la memoria con la lucha: recuerda que están por cumplirse casi veinticinco años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde hubo represión brutal y muertos, pero donde también el pueblo expulsó cinco presidentes y conquistó derechos que hoy vuelven a ser amenazados. Ese recuerdo, dice, es más que historia: es advertencia y brújula.
Romero cierra agradeciendo a la audiencia y a la radio, con la esperanza de que su mensaje llegue y de que la organización popular vuelva a ser fuerza capaz de frenar el ajuste y defender la dignidad de la vida y del trabajo.
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