viernes, 19 de diciembre de 2025

Libertad de expresión en disputa: el Concejo de Rosario respaldó a periodistas y La Libertad Avanza votó en contra

En la última sesión de prórroga del período 2025, el Concejo Municipal de Rosario aprobó por mayoría una declaración de apoyo a periodistas argentinos y a organizaciones profesionales y de derechos humanos que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hechos que afectan la libertad de expresión. El bloque de La Libertad Avanza votó en contra y fundamentó su postura, mientras que la autora de la iniciativa, la concejala Norma López (Comunidad), defendió el proyecto y el rol democrático del periodismo.

La iniciativa fue tratada como expediente 277739, proveniente de la Comisión de Igualdad. El proyecto recibió 22 votos afirmativos y 6 negativos, correspondientes a los bloques La Libertad Avanza y Nación y Libertad.

Desde Secretaría se anunció formalmente: "Expediente de la Concejala Norma López, número 3. Es una declaración. El Concejo Municipal expresa su solidaridad y apoyo a periodistas argentinos y organismos, organizaciones profesionales y de derechos humanos que han expuesto sobre hechos que afecta la libre expresión en el territorio nacional. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Igualdad, expediente 277739".

El voto negativo de La Libertad Avanza y la intervención de Anabel Lencina
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, otorgó la palabra a la concejala Anabel Lencina (La Libertad Avanza), quien fundamentó el voto negativo de su bloque. Durante la lectura inicial de un texto que la edil había preparado se produjeron cuestionamientos desde el recinto, vinculados a la pertinencia de leer íntegramente la intervención. Ante esa situación, la presidenta aclaró que la concejala se encontraba en uso de la palabra y que estaba habilitada a leer su fundamentación, e invitó a canalizar cualquier debate reglamentario al respecto en una reunión de Labor Parlamentaria.
Luego de la aclaración, Lencina decidió comenzar nuevamente su exposición y leyó de manera completa el siguiente texto: 
"Señora Presidente (así la denominan los integrantes de LLA), concejales y estimados ciudadanos.
Este expediente se presenta bajo la invocación de un valor noble y compartido en la Constitución, la libertad de expresión. Nadie en este recinto, y mucho menos quienes defendemos la libertad, podría desconocer la centralidad de este principio en una República Constitucional. Y justamente, por respeto a las ideas de Alberdi y a esta Constitución, este proyecto debe ser rechazado.

Desde nuestro bloque partimos de una premisa muy clara y esta es su mejor definición. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Como enseña el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, frase divulgada a nivel mundial por nuestro prócer de la libertad, Javier Milei, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad.

Para nosotros, menos poder estatal es más libertad individual. Menos discrecionalidad política es más autonomía social.

Quisiera aclarar que el expediente se apoya en denuncias efectuadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, corresponde efectuar una distinción jurídica elemental que este proyecto omite.

La mera presentación de una denuncia no constituye un hecho aprobado. Ni una declaración de responsabilidad, menos una violación constatada de derechos humanos. Este expediente es construido sobre una interpretación sesgada de informes que omite reconocer que todos tienen derecho a expresarse, incluso el Presidente.

Sí, incluso el Presidente, porque él también es ciudadano argentino y también tiene derecho a defenderse de los ataques que reciba. En este sentido, es muy importante destacar una noticia de último momento. Hace apenas unas horas, la Justicia ordenó reabrir una causa contra una periodista por sus dichos contra el Presidente y su hermana*.

Las expresiones cuestionadas refieren a la vida privada del Presidente como persona y no a su carácter de tal. Lo que vuelve a poner en debate la moral de ciertos sectores del periodismo que se declaran ofendidos, cuando en realidad son ellos quienes incurren en la agresión. La defensa de la libertad de expresión no puede ser selectiva.

El proyecto utiliza el tema para desprestigiar al Gobierno Nacional, construyendo un falso cuadro de censura previa que no existe en nuestro país. Este Concejo es un órgano de representación de los intereses de los rosarinos que nos votaron para proponer soluciones sobre los problemas propios de la ciudad. En contexto de demandas sociales urgentes, la prudencia institucional exige priorizar la agenda local, evitando declaraciones que no resuelven conflictos concretos y no mejoran la vida de la gente.

Por último, quiero destacar que pertenecemos a un partido cuyo nombre justamente es el de La Libertad Avanza, representando en la provincia, representado en la provincia, por nuestra máxima referente, la diputada Romina Díez, bajo el liderazgo de nuestro Presidente, Javier Milei, que desde el principio da la batalla en favor de la construcción de este milagro argentino, el que si Dios quiere, llevaremos delante en la Ciudad. Por eso es que el voto de nuestro bloque es negativo. Gracias, señora presidente".

La respuesta de Norma López y la defensa del proyecto
A continuación, pidió la palabra la concejala Norma López, autora de la declaración, quien explicó los fundamentos del expediente y respondió a los cuestionamientos planteados:

"En principio voy a hacer una aclaración, en algunos párrafos voy a leer, sobre todo por respeto a las y los trabajadores de taquigrafía que son quienes también sustentan nuestro reglamento interno.

Quiero decir que esta declaración que voy a pedir luego que sea leída por secretaría en su aspecto resolutivo, está basada en la situación de persecución que han sufrido comunicadoras y comunicadores en nuestro país, pero que surgió además luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteara la necesidad de visitar Argentina por las denuncias que tenían sobre hostigamiento a la labor periodística y además el hostigamiento que sufren algunos organismos de derechos humanos.

Pero quiero hacer también mención de cuáles son estas instituciones que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Foro de Periodismo Argentino, FoPeA, lejos está FoPeA de ser un organismo conducido desde algún sector del peronismo, del kirnerismo, algún sector que esté ligado al antimileísmo.

La organización FoPeA nuclea la diversidad de opiniones de muchos formadores de opinión pública justamente que lideran distintas franjas de la comunicación en nuestro país. También forma parte de esta denuncia Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales que tienen una extensa trayectoria y que han defendido históricamente el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo.

La libertad de expresión cabe para todo el pueblo argentino y la libertad de trabajo no solamente resguarda los fundamentos de lo que significa la libertad en las editoriales y la libertad de pensamiento en comunicadores y comunicadoras.

Pero además quiero hacer referencia a lo que hemos introducido en este expediente como uno de los considerandos para argumentar el porqué de esta declaración. El informe anual 2024 de FoPeA actualizado a septiembre de 2025, indica que se han registrado 226 agresiones a periodistas, atribuyéndose casi la mitad de ellas al accionar directo del presidente Javier Milei, lo que evidencia una escalada de hostigamientos, deslegitimación pública, agresión verbal desde altas esferas gubernamentales, prácticas incompatibles con los estándares democráticos vigentes.

Para quienes nos hemos formado en ámbitos académicos o en ámbitos laborales en materia de comunicación y periodismo, sabemos que el valor de una comunicación democrática debe privar, no solamente para garantizar la opinión de trabajadores de la comunicación, sino también en la transparencia informativa de todos los gobiernos, porque tiene que ser uno de los pilares democráticos de todo lo que significa una estructura gubernamental y de una República.

Por otro lado, hay distintas leyes que avanzan en lo que significa el derecho a la información. Como comunicadora, como periodista, es que avancé y presenté este proyecto y que no tiene ni más ni menos que la necesidad de hablar justamente de la escasa participación democrática intentada desde las altas esferas y que habla también de que estamos en riesgo la institucionalidad democrática, lo peor que podemos hacer es acallar a periodistas, a comunicadores y comunicadoras y además, más allá de lo que ha acabado de informar la concejala preopinante acerca de una acción judicial que han incorporado contra una comunicadora, lo que quiero decir que no se puede asimilar lo que significa la simetría en relación al poder que tiene el Presidente de la Nación sobre el resto de los ciudadanos y ciudadanas y por eso es que más aún necesitamos de un compromiso.

Y este cuerpo, que es el cuerpo político que representa la mirada democrática de la ciudad, que representa las distintas palabras y posicionamientos políticos y expresiones populares, porque cada uno de nosotros y cada uno de sus vecinos, nosotras, estamos sentados aquí por voluntad del pueblo de Rosario y nuestro deber es defender las instancias democráticas, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el respeto a lo que significa el trabajo digno de comunicadores y comunicadoras".

El respaldo del Sindicato de Prensa Rosario
Tras la aprobación de la declaración, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) difundió un comunicado en apoyo a la iniciativa del Concejo: Destacamos y apoyamos la declaración del Concejo Municipal rosarino en solidaridad con las y los periodistas y con las organizaciones profesionales y de derechos humanos afectados en el derecho a la libertad de expresión en nuestro país, situación expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por esas organizaciones. La iniciativa pertenece a la edila Norma López en un firme respaldo a las y los trabajadores de prensa que venimos sufriendo agravios, persecución y violencia física en las coberturas periodísticas.

El texto de la declaración señala la "escalada de hostigamientos, deslegitimación pública y agresión verbal desde altas esferas gubernamentales, prácticas incompatibles con los estándares democráticos vigentes. Que se denunciaron ante la CIDH discursos violentos, judicialización abusiva de periodistas y acciones que podrían configurar mecanismos de censura previa, afectando el secreto profesional y el derecho a la información, situación expresamente prohibida por el sistema interamericano".

La declaración, a la que se opone el bloque de ediles de la Libertad Avanza, resalta además que "el derecho al acceso a la información pública -reconocido por la Ley Nacional 27.275 y por principios republicanos de transparencia-se ha visto restringido por decisiones y omisiones del Gobierno Nacional, afectando la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el ejercicio del control social institucional".

"Reclamamos a nuestrxs legisladores que respalden de modo explícito esta declaración de apoyo al trabajo periodístico en un marco de respeto a la libertad de expresión, la pluralidad de voces, la transparencia informativa y la consideración a la comunicación como un derecho humano inalienable. Resguardar la libre circulación de la información, expresada en el trabajo periodístico es defender la vigencia real de nuestra democracia", señaló el gremio de prensa.

*La causa judicial mencionada en el debate
Durante su intervención, la concejala Lencina aludió a una "noticia de último momento" vinculada a la periodista Julia Mengolini. Al respecto, se informó que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada unipersonalmente por el juez Pablo Bertuzzi, revocó el sobreseimiento de la periodista y abogada y ordenó la prosecución del proceso iniciado por una querella del presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, por el delito de injurias.

El tribunal consideró que las expresiones cuestionadas no podían quedar automáticamente excluidas del ámbito penal por no encuadrar, según su criterio, en un "asunto de interés público" en sentido estricto.

Sobre este punto, el constitucionalista Gustavo Arballo advirtió que el razonamiento es conceptualmente incorrecto. Señaló que el artículo 110 del Código Penal no limita la atipicidad solo a expresiones de interés público, sino que también protege opiniones, juicios de valor y manifestaciones críticas, incluso cuando resultan ofensivas o provocadoras. Según Arballo, reducir la protección penal a una noción restrictiva de interés público genera una falsa dicotomía que desconoce el alcance real de la libertad de expresión, especialmente en el debate político.

El especialista agregó que, tratándose de figuras públicas, lo personal también forma parte de lo político y advirtió que, con el estándar aplicado en este caso, la crítica política quedaría expuesta a una judicialización permanente, con jueces convertidos en árbitros constantes del discurso público.

Texto completo de la declaración

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