En Mendoza, la discusión por el agua —ese recurso que sostiene la vida en una provincia desértica— se convirtió en un pulso social que vuelve cada cierto tiempo como un terremoto político. Esta semana, el Senado provincial tratará nuevamente el proyecto megaminero San Jorge, que pretende extraer cobre, oro y plata en Uspallata, dentro de la cuenca del río Mendoza. Allí se juega la salud del principal río de la provincia y, con él, el abastecimiento de tres de cada cuatro mendocinos. La votación no es una más: llegó envuelta en presiones políticas, informes científicos objetados, documentos oficiales alterados y un trámite legislativo acelerado.
En este clima crítico emerge la voz de Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, docente, investigador y miembro desde hace quince años de la Asamblea Popular por el Agua. Su participación constante en audiencias, debates y procesos legislativos lo convirtió en una referencia indispensable para comprender el conflicto minero en Mendoza.
Giraud recuerda que San Jorge es un emprendimiento de minería a cielo abierto ubicado en el norte del Valle de Uspallata, emplazado casi por completo dentro de la cuenca del río Mendoza. "Aguas abajo vivimos más de un millón y medio de personas", subraya, recordando que esa cuenca abastece no sólo al oasis norte, sino también al área conectada superficial y subterráneamente con el río Tunuyán inferior.
No es la primera vez que la historia se repite. El procedimiento original comenzó en 2008 y, luego de tres años de debates y una resistencia social creciente, la Legislatura lo rechazó en 2011. "Lo paradójico —subraya— es que quienes hoy impulsan el proyecto lo rechazaron en aquel momento: Alfredo Cornejo y Luis Petri entre ellos." Para Giraud, lo que vuelve ahora es apenas "un refrito" del proyecto anterior: cambios menores, sin mayores garantías y, en puntos clave, con "información incluso peor que la de hace quince años".
La actual Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ejecutivo es, afirma, "más laxa" que la emitida en 2011. Por eso, el paso por la Legislatura —exigido por la Ley 7722— es determinante. Diputados ya dio media sanción; el Senado define el destino.
En el centro del conflicto institucional aparece el episodio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza tenía una representante en la Comisión Evaluadora que, según Giraud, "firmó un acta final sin consenso de la comunidad científica" y en contradicción con informes sectoriales de especialistas de la propia institución.
Con preocupación, un grupo de científicos elaboró un informe extenso que detallaba "incertidumbres enormes" y "deficiencias graves" del proyecto. El documento, respaldado institucionalmente, fue publicado en la web del CONICET.
La reacción política no tardó: según Giraud, fue la vicegobernadora —que también preside el Senado— quien llamó a autoridades nacionales y promovió una reunión "sumamente ríspida", en la que habrían mediado insultos y amenazas. Horas después, el informe fue dado de baja y reemplazado por otro mucho más liviano. Las organizaciones socioambientales y la Asamblea de Trabajadores del CONICET lo denunciaron como un acto de censura científica.
Cómo opera el gobierno: audiencias, datos falsos y estigmatización
Desde enero, afirma Giraud, el gobierno "cumplió con las formas, pero no con el fondo" del proceso de evaluación ambiental. Recuerda que la audiencia pública fue convocada "dentro de una estancia privada de la empresa, en pleno invierno, a 2.600 metros de altura y lejos de Uspallata". Aunque hubo conexión virtual, la logística fue un obstáculo evidente para la participación.
Denuncia que altos funcionarios repitieron datos de empleo difundidos por la empresa que "no coinciden en absoluto" con el expediente oficial. Ejemplifica con una frase de la ministra que aseguró que el lugar de la audiencia estaba a 15 minutos de Uspallata, cuando en realidad son 42 kilómetros de camino de montaña.
Y está la estigmatización. La vicegobernadora llegó a afirmar que quienes se oponen al proyecto son "cuatro trastornados que no han leído nada". Para Giraud, el gobierno actuó "más como agente publicitario de la empresa que como organismo de control".
Desde enero, afirma Giraud, el gobierno "cumplió con las formas, pero no con el fondo" del proceso de evaluación ambiental. Recuerda que la audiencia pública fue convocada "dentro de una estancia privada de la empresa, en pleno invierno, a 2.600 metros de altura y lejos de Uspallata". Aunque hubo conexión virtual, la logística fue un obstáculo evidente para la participación.
Denuncia que altos funcionarios repitieron datos de empleo difundidos por la empresa que "no coinciden en absoluto" con el expediente oficial. Ejemplifica con una frase de la ministra que aseguró que el lugar de la audiencia estaba a 15 minutos de Uspallata, cuando en realidad son 42 kilómetros de camino de montaña.
Y está la estigmatización. La vicegobernadora llegó a afirmar que quienes se oponen al proyecto son "cuatro trastornados que no han leído nada". Para Giraud, el gobierno actuó "más como agente publicitario de la empresa que como organismo de control".
La batalla por la licencia social
La licencia social es hoy una de las disputas centrales. El gobierno interpreta que el 53% obtenido por su alianza en la elección nacional equivale a un apoyo al proyecto. Giraud lo considera "un absurdo". En Uspallata —zona más afectada— esa fuerza obtuvo apenas el 40% de los votos emitidos, que representan el 27% del padrón. "El 70% de la comunidad sigue oponiéndose, como en 2010 y 2011", asegura.
Mientras tanto, la oposición crece: peregrinaciones desde el Valle de Uco, el sur, Lavalle; caminatas con la imagen de la Virgen en el Día de la Inmaculada; y una masiva concentración esperada para el día de la votación. En redes sociales, el rechazo "atraviesa edades, clases y simpatías políticas". Para Giraud, se acerca un clima similar al de diciembre de 2019, cuando el gobierno tuvo que dar marcha atrás ante un estallido social.
Las comunidades originarias también entran en escena: los pueblos huarpes niegan haber otorgado el consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT. Denuncian afectación de su territorio, cultura y espiritualidad, y aseguran que el proceso de consulta gubernamental "no fue ni libre, ni previo, ni adecuadamente informado".
Economía, regalías y el mito del millón de empleos
En el terreno económico, Giraud desarma el discurso oficial. Dice que es falso que la minería pueda generar "un millón de puestos de trabajo", cuando actualmente la minería metalífera emplea sólo a 11.000 trabajadores en todo el país, más de la mitad en Santa Cruz.
También señala que, junto con San Jorge, la Legislatura tratará una nueva ley de regalías mineras directamente alineada con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei: fija un techo del 5% y abre la puerta a fuertes reducciones y exenciones. "Una ley hecha a medida de las mineras", dice, que garantiza seguridad jurídica a las empresas pero deja a Mendoza en la incertidumbre de si terminará percibiendo apenas "0%, 2% o 3%".
Sobre el empleo indirecto, afirma que se trata de "una de las grandes mentiras" del sector, ya que gran parte se genera en los países donde se fabrican los bienes de capital.
En el terreno económico, Giraud desarma el discurso oficial. Dice que es falso que la minería pueda generar "un millón de puestos de trabajo", cuando actualmente la minería metalífera emplea sólo a 11.000 trabajadores en todo el país, más de la mitad en Santa Cruz.
También señala que, junto con San Jorge, la Legislatura tratará una nueva ley de regalías mineras directamente alineada con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei: fija un techo del 5% y abre la puerta a fuertes reducciones y exenciones. "Una ley hecha a medida de las mineras", dice, que garantiza seguridad jurídica a las empresas pero deja a Mendoza en la incertidumbre de si terminará percibiendo apenas "0%, 2% o 3%".
Sobre el empleo indirecto, afirma que se trata de "una de las grandes mentiras" del sector, ya que gran parte se genera en los países donde se fabrican los bienes de capital.
El riesgo real: la contaminación del acuífero de Uspallata
Aunque el proyecto no secaría el oasis productivo, el riesgo mayor es "la contaminación del acuífero de Uspallata". La empresa sostiene que el área pertenece a la cuenca endorreica de Yalguaraz, sin conexión con el río Mendoza. Pero, según Giraud, toda la evidencia científica indica lo contrario: hay comunicación subterránea. Y tres escombreras y la planta de tratamiento están directamente en la cuenca del Mendoza.
La consecuencia sería grave: agua contaminada con metales pesados o sustancias químicas llegar al río y al oasis productivo. "Está en riesgo el agua de nuestras canillas, y también la calidad de la producción agrícola y agroindustrial", advierte. Y alerta que la aprobación de San Jorge abriría la puerta a "una ola de nuevos proyectos" que modificarían profundamente el modelo de provincia.
Las movilizaciones recientes conviven con un recuerdo que aún duele: la represión del 23 de octubre. Para Giraud, lo sucedido ese día fue "gravísimo, nunca visto en democracia". Identifica al comisario Mario Riili —entonces a cargo del operativo, vestido de civil— como quien inició la violencia contra la movilización. Hubo detenciones violentas, torturas, malos tratos físicos y personas ingresadas por la fuerza dentro de la Legislatura, transformada en un "centro de detención temporario".
Para el próximo martes, el gobierno anunció un fuerte vallado en la zona legislativa. Giraud pide que no se repita la violencia y destaca que la protesta reciente fue masiva, intergeneracional y totalmente pacífica. Confía en que la magnitud de la movilización será un factor disuasivo.
Quiénes están detrás de San Jorge y qué papel juegan los medios
La empresa que impulsa el proyecto también mutó con los años. Aquel San Jorge original, de capitales canadienses, pertenecía a una empresa junior que buscaba aprobar ambientalmente el proyecto para venderlo. En 2014 pasó a manos rusas bajo un propietario estonio, la familia Bronstein. Tras la guerra en Ucrania, la operación se desplazó a Suiza bajo el paraguas de Solway Investment Group, firma con "un pésimo historial internacional", según Giraud. Hoy, la cara visible es Zonda Metals GmBH de Suiza, que actúa como pantalla local, y que se asoció con Alberdi Energy: 70% Solway (vía Zonda), 30% Alberdi.
El poder mediático también es parte del mapa. Giraud denuncia un "cuasi bloqueo informativo" por parte de los medios hegemónicos de la provincia, especialmente los del grupo Vila-Manzano, aunque no únicamente ellos. Según explica, esos conglomerados reproducen "un discurso único que repite las mentiras del gobierno y de la empresa", invisibilizando la resistencia y silenciando datos críticos. Recuerda que estos grupos tienen intereses propios en áreas mineras y petroleras de la provincia, lo que explica su alineación con el discurso pro-extractivista. Las voces críticas, en cambio, encuentran su espacio en medios comunitarios, universitarios y plataformas alternativas.
Agenda de actividades rumbo al martes decisivo
El poder mediático también es parte del mapa. Giraud denuncia un "cuasi bloqueo informativo" por parte de los medios hegemónicos de la provincia, especialmente los del grupo Vila-Manzano, aunque no únicamente ellos. Según explica, esos conglomerados reproducen "un discurso único que repite las mentiras del gobierno y de la empresa", invisibilizando la resistencia y silenciando datos críticos. Recuerda que estos grupos tienen intereses propios en áreas mineras y petroleras de la provincia, lo que explica su alineación con el discurso pro-extractivista. Las voces críticas, en cambio, encuentran su espacio en medios comunitarios, universitarios y plataformas alternativas.
Acá tienen a la #Mendoza censurada.
— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) December 6, 2025
Lo bueno de ser multitud en las calles es que la "no realidad" de la televisión deja de importar. La "no verdad" de las redes antisociales deja de importar. Los corruptos del Gobierno empiezan a verse como lo que son. Y los capitalistas temen. pic.twitter.com/RKW3qlL7IG
Las comunidades huarpes niegan el consentimiento a la minera San Jorge
Las comunidades huarpes de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza presentaron el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) respecto del proyecto "PSJ Cobre Mendocino", en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. El pronunciamiento fue negativo.
En un comunicado, destacaron que el CLPI "no es una concesión del Estado sino un derecho preexistente", pero señalaron que el proceso llevado adelante por la empresa y el Gobierno provincial no cumplió con los requisitos básicos: no fue libre, no fue previo y no fue adecuadamente informado.
Un procedimiento sin garantías
Las comunidades afirmaron que el proceso no fue libre, porque la empresa intentó persuadirlas con supuestos beneficios económicos y la autoridad apuró plazos, ignorando fechas acordadas. Tampoco fue previo, ya que se inició 17 años después de que la minera ingresara al territorio, cuando el Estudio de Impacto Ambiental ya estaba avanzado y la Declaración de Impacto Ambiental había sido enviada para ratificación legislativa.
Además, aseguran que no fue informado, porque sólo recibieron un resumen escueto del informe ambiental, sin datos esenciales y con grandes dificultades para acceder por sus propios medios a información pública. A pesar de múltiples consultas escritas, las dudas tampoco fueron resueltas en la asamblea realizada en Guaytamari ni durante la visita al sitio.
En esa recorrida constataron que el área posee cualidades ambientales y patrimoniales excepcionales, con valores universales que —sostienen— ameritan conservación y no una explotación a gran escala.
Patrimonio cultural y riesgo para el Qhapaq Ñan
Las comunidades denunciaron que el proyecto es incompatible con el Itinerario Cultural del Qhapaq Ñan, patrimonio de la humanidad. Aseguran que la explotación afectaría de manera significativa la cuenca visual del Camino Ancestral Andino, alterando un paisaje sagrado para los pueblos originarios y poniendo en riesgo su categorización UNESCO.
El paisaje prístino, señalan, constituye un patrimonio intangible vinculado a su cosmovisión y espiritualidad.
Agua, cuenca y sustancias tóxicas
Rechazaron el relato gubernamental-empresarial que afirma que el proyecto se ubica en una cuenca aislada sin conexión con el Río Mendoza. Citan el informe del hidrogeólogo José María Cortés (UBA-CONICET), que demuestra que no existen barreras para el escurrimiento superficial o subterráneo hacia Uspallata y el río. Desde el cerro San Jorge, describen, es visible el valle y sus líneas de escurrimiento descendentes.
También cuestionaron la presunta inocuidad de las sustancias químicas a emplear y la minimización del drenaje ácido, la generación de material particulado y la liberación de tóxicos al aire, agua y suelo, advertidos por múltiples informes científicos. La línea de base ambiental, agregan, es incompleta: no hay inventarios de flora y fauna, estudios de biodiversidad, fitosociología, ecología, ni relevamientos del uso ancestral de las especies nativas.
Tampoco existe monitoreo continuo del Arroyo del Tigre, por lo cual —afirman— es imposible determinar si habrá disponibilidad suficiente de agua y de dónde se obtendría en caso de déficit.
Fauna protegida y violación de leyes ambientales
Las comunidades sostienen que el proyecto viola la Ley Provincial 6599 de Monumentos Naturales, porque en la zona habitan especies protegidas como el guanaco, el choique, el cóndor y el gato andino (incluido en la ampliación de la norma). La protección alcanza también a los hábitats, en los que —según la Ley 6045— no se permite actividad humana alguna.
Además, no está determinado el impacto en la biomasa, el sumidero de carbono, el banco de germoplasma ni la sensibilidad de las especies, especialmente la fauna nativa que utiliza el área como hábitat.
Impacto social y "zona de sacrificio"
Señalan que ni la empresa ni el Gobierno describen la crisis social que vive Uspallata desde hace 17 años por la imposición del proyecto. Denuncian que el Ejecutivo intenta mostrar la zona como vulnerable, pese a ser uno de los asentamientos con mayor inmigración de Mendoza, y que omite los potenciales impactos: aumento de delincuencia, trata, juego, prostitución y narcotráfico, dinámicas asociadas a las llamadas "zonas de sacrificio".
Coerción, censura y causas armadas
Las comunidades afirman que, durante el CLPI y el proceso de evaluación ambiental, se configuró una fusión de roles entre empresa y Gobierno, actuando como una unidad ejecutora del proyecto. Acusan a ambos de invalidar informes técnicos contrarios, ejercer coerción, perseguir voces disidentes y recurrir a la censura, la represión y detenciones arbitrarias, con causas inventadas para disciplinar a la comunidad y forzar la aceptación del proyecto.
Por todo lo expuesto, el consentimiento indígena al proyecto es categóricamente negativo. Solicitan a las autoridades rechazar el emprendimiento y aprobar la creación del Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas (expediente 65858-2014-D).
Advierten que desconocer su consentimiento —de carácter vinculante— implicaría la nulidad del proceso aprobatorio, y anticipan que recurrirán a todas las instancias administrativas, judiciales y especialmente internacionales para resguardar sus derechos.
Finalmente, reclaman al Gobierno la convocatoria a todas las comunidades originarias de Mendoza para elaborar, en conjunto, un nuevo protocolo de CLPI que reemplace al aprobado por Resolución 130, dictado sin participación indígena.
Firmado por las comunidades huarpes Guaytamari, Llahue Xumec y otras comunidades de pueblos originarios de la Cuenca del Río Mendoza, Uspallata, 6 de noviembre de 2025.
Zonda Metals: origen, estructura y vínculos
Zonda Metals fue inscripta originalmente en Suiza y en noviembre del año pasado se registró como sociedad extranjera en Argentina con domicilio legal en Mendoza. El trámite, oficializado en el Boletín Oficial provincial, habilita a la firma a operar como accionista, realizar fusiones y adquirir empresas. La registración se conoció pocos días después de la Cumbre de Minería Sostenible, y fue celebrada por el gobernador Alfredo Cornejo.
La empresa no posee sitio web oficial; su único rastro público aparece en portales de datos corporativos, donde figura como comercializadora mayorista de metales y minerales. Allí se consigna que su directora general es Olga Nikolaeva, de origen ucraniano y nacionalidad luxemburguesa.
Según una investigación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, detrás de Zonda Metals continúa operando Solway, holding con sede en Malta y ramificaciones en paraísos fiscales. Señalan que la rápida aparición de la empresa, la desaparición de Minera San Jorge de los registros públicos del holding y una intensa campaña mediática con datos sin respaldo alimentan nuevas dudas.
Citan portales financieros que ubican a Nikolaeva como integrante del directorio de Solway y accionista de Minera San Jorge. Mencionan que Solway aparece en los Paradise Papers, vinculada a maniobras financieras de empresas offshore.
Grupo Alberdi: el socio local
El otro actor clave es el Grupo Alberdi, propietario de Cerámica Alberdi, Gigot y Alberdi Energy. Esta última desarrolla parques solares en Jujuy, produce equipos para el sector petrolero y gasífero, y participa en exploración y extracción de litio.
A través de su subsidiaria Huincul, impulsa el Proyecto Cerro Amarillo en Malargüe, para extraer cobre, oro, molibdeno y plata. Controla un paquete minero de 63.000 hectáreas, de las cuales 14.000 corresponden a ese yacimiento. Tras adquirir el proyecto en 2023, inició inversiones y busca asociarse con capitales extranjeros para beneficiarse del RIGI.
Cerámica Alberdi acumula además denuncias de vecinos desde hace más de una década por contaminación y afecciones respiratorias, alérgicas y oculares en zonas cercanas a sus canteras.
En Mendoza, la resistencia se organiza en todo el territorio. En el centro del conflicto está el agua, y alrededor del agua una discusión que ya excede al proyecto San Jorge: interpela a la ciencia, las instituciones, los territorios, las comunidades, la democracia y el modelo productivo de la provincia. Estas son las actividades previstas en la provincia en los días previos a la votación legislativa:
Domingo 7 de diciembreUspallata – 17 hConversatorio con Guillermo Folgueras: "Extractivismo y resistencias en los territorios".Feria Autogestiva Paseo del Valle.Godoy Cruz – 17 hRuidazo en la plaza principal.TunuyánAcampArt: acampe y festival artístico por el agua en el Puente del Río.Potrerillos – 14 a 16 hMesa informativa y serigrafía.Ciudad – 19 hBicicleteada por el Agua en el Parque San Martín.San Martín – 19:30 hArtistazo por el Agua en el Museo Las Bóvedas.General Alvear – 20 hConcentración en Km 0 y marcha de antorchas.Lunes 8 de diciembreSan Carlos – 6 hInicio de la caminata hacia la ciudad de Mendoza.Uspallata – 8 hSalida de la caminata hacia Mendoza.Tunuyán – 9 hSalida de la caminata hacia Mendoza.AcampArt continúa en el Puente del Río.Ciudad – desde la tardeDesVelada en Plaza Independencia.Potrerillos – 18 hRuidazo y recibimiento de la columna de Uspallata.La caminata continúa hacia Mendoza a las 21 h.Zona Oeste – 21 hCaravanazo y caminata.Luján de Cuyo – 21 hRecibimiento de la caravana del sur en Azcuénaga y Acceso Sur.General Alvear – 20 hVelada cultural por el Agua en el Paseo de los Artesanos.Martes 9 de diciembre: día de la votaciónLuján de Cuyo – 6 hEncuentro de la caravana de Uspallata con la del Valle de Uco en Azcuénaga y Acceso Sur.San Rafael – 6 hInicio del caravanazo desde la Rotonda del Cristo.Lavalle – 7:30 hCaravanazo, concentración en la plaza departamental.Guaymallén – 8 hEncuentro en El Cóndor.Zona Este – 8:30 hCaravanazo rumbo a la Legislatura.Ciudad de Mendoza – 9:30 hConcentración frente a la Legislatura.Ciudad – 19 hRuidazo en Km 0.
Fotos: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza Renovable, Greenpeace
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