La organización afirmó que continuará defendiendo los estatutos del periodista profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas, así como los convenios colectivos y el derecho inalienable a un trabajo digno, con pleno respeto a la libertad de expresión.
En el comunicado, se recordó que la historia del sindicato da cuenta de una lucha sostenida para preservar las fuentes laborales, garantizar salud a través de la obra social y ofrecer servicios a sus afiliados. “"No vamos a permitir que borren estas conquistas", señalaron.
El gremio advirtió además que la reforma presentada implica un escenario de sometimiento laboral que retrocede varias décadas y debilita de manera deliberada la capacidad sindical para defender a trabajadoras y trabajadores, cuya fuerza se basa en la negociación colectiva y la movilización.
Finalmente, el Sindicato de Prensa Rosario reafirmó su confianza en sus principios, en la unidad del sector y en la acción conjunta con otras organizaciones, reiterando su posición de rechazo a la reforma laboral.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa sostiene que es una regresión de un siglo
La organización señaló que el proyecto del gobierno nacional implica un ataque directo al periodismo, elimina estatutos fundamentales y favorece a las grandes empresas de medios en detrimento de quienes trabajan en la actividad
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y los sindicatos que la integran expresaron su profunda preocupación frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Según señalaron, la iniciativa representa "una regresión de un siglo" en materia de derechos y conquistas obtenidas por generaciones de trabajadoras y trabajadores.
El documento recuerda que, a pocos días de asumir, el gobierno presentó su plan de “modernización laboral”, concepto bajo el cual —según el análisis gremial— se oculta un programa regresivo que ya tuvo una aplicación parcial mediante la Ley Bases y que ahora pretende ser profundizado. De aprobarse, advierten, la vida laboral de quienes trabajan, con o sin registro formal, sería más precaria y desprotegida, afectando tanto a los nuevos ingresos como a quienes ya ejercen el oficio.
El gremio alertó especialmente sobre el impacto del proyecto en la actividad periodística. La iniciativa, sin debate previo, propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos pilares vigentes desde hace ocho décadas. Estas normas, explican, garantizan estabilidad laboral, permiten intimar a empleadores ante irregularidades y ofrecen mejores condiciones para negociar sin necesidad de acudir a la justicia. También constituyen una protección esencial para ejercer la libertad de informar frente a presiones políticas y económicas.
Asimismo, la federación cuestionó que el proyecto deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elimina gravámenes que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas empresas del sector. Esta decisión, remarcan, beneficia doblemente a los grandes grupos mediáticos: les quita derechos a sus trabajadoras y trabajadores y los libera de impuestos destinados a asegurar un sistema informativo plural y democrático. A la vez, recuerdan que estas mismas empresas impulsan la flexibilización mientras evitan discutir en paritarias cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, el teletrabajo y las nuevas funciones.
La declaración también denuncia que esta ofensiva avanza sin debate real, ya que en los últimos años ni el gobierno ni las empresas de medios promovieron conversaciones sobre la vigencia o actualización del Estatuto del Periodista.
La federación enmarca esta situación en un contexto más amplio de pérdida de poder adquisitivo, señalando que la devaluación inicial del gobierno significó una transferencia de recursos desde quienes trabajan hacia los grandes grupos económicos.
Finalmente, la organización llamó a fortalecer la unidad y la acción conjunta con otras centrales sindicales para defender el derecho a contar con derechos laborales. Anunció que continuará la lucha en el Congreso, en la Justicia y en las calles, y convocó a trabajadoras y trabajadores de prensa a participar, afiliarse y frenar la reforma laboral.
El documento recuerda que, a pocos días de asumir, el gobierno presentó su plan de “modernización laboral”, concepto bajo el cual —según el análisis gremial— se oculta un programa regresivo que ya tuvo una aplicación parcial mediante la Ley Bases y que ahora pretende ser profundizado. De aprobarse, advierten, la vida laboral de quienes trabajan, con o sin registro formal, sería más precaria y desprotegida, afectando tanto a los nuevos ingresos como a quienes ya ejercen el oficio.
El gremio alertó especialmente sobre el impacto del proyecto en la actividad periodística. La iniciativa, sin debate previo, propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos pilares vigentes desde hace ocho décadas. Estas normas, explican, garantizan estabilidad laboral, permiten intimar a empleadores ante irregularidades y ofrecen mejores condiciones para negociar sin necesidad de acudir a la justicia. También constituyen una protección esencial para ejercer la libertad de informar frente a presiones políticas y económicas.
Asimismo, la federación cuestionó que el proyecto deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y elimina gravámenes que sostienen a medios públicos, comunitarios y pequeñas empresas del sector. Esta decisión, remarcan, beneficia doblemente a los grandes grupos mediáticos: les quita derechos a sus trabajadoras y trabajadores y los libera de impuestos destinados a asegurar un sistema informativo plural y democrático. A la vez, recuerdan que estas mismas empresas impulsan la flexibilización mientras evitan discutir en paritarias cuestiones como la regulación de la inteligencia artificial, el teletrabajo y las nuevas funciones.
La declaración también denuncia que esta ofensiva avanza sin debate real, ya que en los últimos años ni el gobierno ni las empresas de medios promovieron conversaciones sobre la vigencia o actualización del Estatuto del Periodista.
La federación enmarca esta situación en un contexto más amplio de pérdida de poder adquisitivo, señalando que la devaluación inicial del gobierno significó una transferencia de recursos desde quienes trabajan hacia los grandes grupos económicos.
Finalmente, la organización llamó a fortalecer la unidad y la acción conjunta con otras centrales sindicales para defender el derecho a contar con derechos laborales. Anunció que continuará la lucha en el Congreso, en la Justicia y en las calles, y convocó a trabajadoras y trabajadores de prensa a participar, afiliarse y frenar la reforma laboral.
