La sentencia llega en un contexto cargado de historia y de frustraciones. Rosario se convirtió, durante años, en la ciudad más expuesta a los incendios en el Delta: columnas de humo que avanzaban sobre el río, irrumpían en el casco urbano y obligaban a cerrar ventanas en pleno invierno; jornadas con aire irrespirable; alertas sanitarias; clases suspendidas y un fenómeno crónico que reveló tanto la fragilidad ambiental del humedal como la incapacidad política de los gobiernos para coordinar respuestas.
El caso que ahora tiene sentencia comenzó en junio de 2020, cuando la Asociación Civil Equística –Defensa del Medio Ambiente presentó un amparo contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. Solicitó medidas urgentes: frenar los focos de incendio frente a la ciudad y adoptar acciones efectivas para terminar con la quema indiscriminada de pastizales. En aquel momento se vivía una situación extrema: la prolongada bajante histórica del Paraná, la sequedad del humedal y la propagación acelerada de fuegos vinculados al manejo ganadero. Entre enero y septiembre de ese año se quemaron casi 330.000 hectáreas en el Delta, el 14% del territorio comprendido por el PIECAS-DP, según datos oficiales. La huella incluyó áreas naturales protegidas, miles de hectáreas de bosque nativo y la virtual devastación de zonas de pasturas.
La Corte tomó el caso en agosto de 2020, declaró su competencia originaria y ordenó una de las medidas más significativas del proceso: la conformación inmediata de un Comité de Emergencia Ambiental con participación de Nación, provincias y municipios. El objetivo era actuar coordinadamente y frenar los incendios irregulares. Desde entonces se sucedieron informes, reuniones y compromisos que convivieron con nuevas temporadas de humo, reclamos sociales y movilizaciones masivas como las que coparon el puente Rosario–Victoria bajo la consigna "Ley de Humedales Ya” y basta de ecocidio.
El expediente fue también un escenario donde cada jurisdicción intentó marcar su posición. El Estado Nacional argumentó que el dominio originario de los recursos naturales recae en las provincias y que su función se limita a fijar presupuestos mínimos. Entre Ríos sostuvo que el fenómeno debía contextualizarse en un escenario de estrés hídrico regional y que la provincia había desplegado controles, campañas y emergencias ambientales. Santa Fe señaló que, pese a que los incendios ocurren fuera de su territorio, la ciudad de Rosario sufre de manera directa sus efectos y que la provincia tiene prohibida la quema, además de impulsar diversas acciones de preservación. Buenos Aires enfatizó que no tuvo responsabilidad directa y que elaboró un plan técnico de prevención. Rosario sostuvo que fue demandada sin fundamentos, porque la quema ocurre casi exclusivamente en territorio entrerriano y porque la ciudad no tiene jurisdicción sobre las islas donde se originan los incendios. Victoria, en cambio, admitió que las islas están bajo su ejido, pero señaló que carece de facultades operativas para controlar, prevenir o extinguir el fuego.
La Corte, sin embargo, avanzó en otra dirección. Destacó que el PIECAS-DP es el ámbito institucional creado para que Nación, provincias y municipios articulen políticas comunes. Subrayó que, desde 2008, ese plan preveía acciones concretas —alerta temprana, red de faros, control sistemático y un plan de manejo del fuego— que no fueron implementadas de manera efectiva. También dejó en claro que la problemática del Delta exige un trabajo conjunto de todas las jurisdicciones y que ya no alcanza con señalar de quién es cada isla o a qué provincia pertenecen los recursos afectados. Señaló que, en la búsqueda de resolver un problema acuciante del Delta, la intervención del Tribunal permitió identificar áreas críticas, causas de los incendios y la necesidad de coordinación. Pero advirtió que el monitoreo y la ejecución del plan no pueden recaer sobre la Corte, sino sobre las autoridades políticas.
Rosario venía reclamando —desde gestiones de diferentes signos políticos— mayor involucramiento de Nación y Entre Ríos, mayores controles, presencia en territorio y herramientas concretas para prevenir los incendios. Lo hizo en soledad muchas veces, acompañado por universidades públicas, organizaciones ambientalistas y espacios comunitarios que, con movilizaciones, festivales, marchas y asambleas, sostuvieron un reclamo que se volvió parte de la identidad ambiental de la región: cuidar el humedal es cuidar la vida. A su vez debatieron diversas iniciativas para proteger estos reservorios. La lucha por una Ley de Humedales, trabada una y otra vez en el Congreso, aparece también como telón de fondo del fallo: un debate nacional que sigue sin respuesta legislativa, mientras el humedal continúa en riesgo.
Los incendios, lejos de ser un fenómeno aislado o estacional, se recrudecen año tras año en el Delta del Paraná y en otras regiones del país, extendiéndose por meses y dejando a su paso devastación ambiental y graves impactos sobre la salud. Las organizaciones socioambientales de Rosario que impulsan la Ley de Humedales vienen advirtiendo que esta continuidad no es casual: responde, señalan, a "la total desidia de las autoridades competentes en todos los niveles del Estado", incapaces de prevenir, controlar o sancionar de forma efectiva las quemas que arrasan el territorio.
La sentencia del máximo tribunal, firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, condena ahora a los Estados a implementar sin demoras los compromisos ya asumidos. No incorpora novedades técnicas ni fórmulas inéditas: exige cumplir lo prometido hace quince años. Lo que sí hace es cerrar un largo proceso judicial y colocar, por primera vez con fuerza de sentencia, la obligación conjunta de actuar. En un Delta que arde cada año, la pregunta que queda abierta es si esta vez, con la Corte mirando, los gobiernos estarán a la altura de lo que les exige el territorio y lo que demanda desde hace años la sociedad rosarina: que las islas dejen de quemarse y que el humo no sea nunca más parte del paisaje cotidiano.
