El costo oculto del ajuste: salarios en caída, familias endeudadas y un Estado en retroceso

La desaceleración de la inflación no alcanza para explicar la realidad económica argentina. El  Informe de Coyuntura del MATE advierte que, detrás de la mejora del índice de precios, persisten una fuerte pérdida del poder adquisitivo, jubilaciones deterioradas, crecimiento del endeudamiento familiar, caída del empleo registrado y un debilitamiento de las capacidades del Estado

La desaceleración de la inflación no alcanza, por sí sola, para describir una mejora económica durante el gobierno de Javier Milei. Esa es una de las principales conclusiones del informe de coyuntura de junio elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). El economista Lavih Abraham, integrante del espacio, sostiene que poner el foco únicamente en el índice de precios oculta un deterioro mucho más profundo que atraviesa los salarios, las jubilaciones, el empleo, el consumo y el funcionamiento del Estado.

El economista advierte en Señales que, si bien la inflación quedó lejos de los picos registrados durante el final del gobierno anterior, todavía permanece en niveles elevados. "Hace un año que la inflación está alrededor de 33 puntos, todos los meses un puntito más o un puntito menos. Los últimos dos meses hubo una especie de desaceleración, pero desaceleración no quiere decir que haya menos inflación, sino simplemente que dejó de ser una inflación cada vez más alta", explica.

Incluso, señala que si esa tendencia continúa, el año podría cerrar con una inflación cercana al 27 o 28 por ciento. Sin embargo, considera que aun ese escenario seguiría lejos de representar una situación de estabilidad. "Hoy por hoy, una inflación anual del 33 por ciento es más alta que la de todos los años de los gobiernos kirchneristas, que la de los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri y que la de los primeros dos años del Frente de Todos. Sigue siendo una inflación alta, más allá de que no sea la inflación excepcional del final del gobierno anterior", remarca. Desde esa perspectiva, entiende que el Gobierno "se jacta de algo que no es tan claro que sea para jactarse".

La inflación baja, pero la crisis no desaparece

Para Abraham, la inflación, tomada de manera aislada, dice poco sobre las condiciones de vida de la población. Lo verdaderamente relevante es observar qué sucede con los ingresos. "Lo que hay que mirar son los salarios, cuánto crecen los sueldos con respecto a cuánto crecen los precios. Si los salarios no le ganan a la inflación, también hay una pérdida de poder adquisitivo", resume.

Los datos recopilados por el MATE muestran que esa pérdida fue particularmente intensa durante los primeros meses de 2024 y que nunca logró recuperarse. La situación es especialmente grave en el sector público nacional. Según el informe, los salarios estatales permanecen entre un 22 y un 30 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2023, dependiendo del área.

Abraham interpreta ese fenómeno como parte de una política deliberada de reducción del Estado. Recuerda que el propio presidente anunció su intención de "destruir el Estado desde adentro" y sostiene que una de las herramientas para hacerlo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores públicos. "Los sueldos de los trabajadores estatales están destruidos. Es una pérdida prácticamente brutal, destructiva", afirma.

Las consecuencias, agrega, van mucho más allá del bolsillo de los empleados públicos. Por un lado, el Estado reduce personal mediante despidos; por otro, numerosos trabajadores optan por renunciar ante el deterioro salarial. "Mientras se rompen las capacidades estatales, se empobrece el propio Estado, se incapacita para proveer servicios a su población y termina abandonando a la sociedad", sostiene.

Una transferencia silenciosa de recursos

Entre los puntos que destaca el trabajo aparece también una de las principales transformaciones distributivas del período: la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia otros sectores de la economía.

Abraham explica el mecanismo con un ejemplo sencillo. Ese porcentaje de salario perdido no desaparece: son recursos que dejan de estar en el bolsillo de quienes trabajan. Si un empleado estatal perdió alrededor del 22 por ciento de su poder adquisitivo respecto de 2023, esa diferencia representa cientos de miles de pesos mensuales que ya no percibe. Sumando esas pérdidas acumuladas desde el inicio del gobierno, calcula que cada trabajador estatal resignó aproximadamente 14 millones de pesos, mientras que, en promedio, cada trabajador registrado perdió alrededor de 2,5 millones.

Multiplicado por los cerca de diez millones de trabajadores registrados del país, el resultado es una enorme masa de recursos que dejó de llegar a los hogares. "Es plata que no estuvo en los bolsillos de los trabajadores y que básicamente quedó en otros bolsillos", resume.

Según su análisis, los principales beneficiarios no son los pequeños comerciantes ni los dueños de negocios de barrio. La mayor parte de esa transferencia termina concentrándose en los grandes grupos económicos, especialmente en el capital financiero. Abraham aclara que cuando habla de capital financiero no se refiere únicamente a los bancos, sino a las grandes corporaciones que operan en los mercados financieros mediante bonos, letras e instrumentos de inversión. "Son quienes se van quedando, de a poco, con esa ganancia extraordinaria que no fue a los bolsillos de los trabajadores", sostiene.

Jubilados: una pérdida que no se recuperó
La situación de los jubilados constituye otro de los capítulos más críticos del informe. Abraham recuerda que durante los primeros meses de gestión las jubilaciones sufrieron una caída cercana al 40 por ciento en su poder adquisitivo. Aunque hubo una recuperación parcial durante la segunda mitad de 2024, esa mejora nunca compensó la pérdida inicial.

Desde entonces, explica, la actualización por la nueva fórmula mantiene relativamente estable el nivel de ingresos frente a la inflación, pero consolida una pérdida cercana al 25 por ciento respecto de 2023.

Para ilustrarlo utiliza una comparación sencilla: si en 2023 una jubilación permitía comprar una canasta equivalente a 100, hoy apenas alcanza para adquirir 76. "El jubilado perdió una cuarta parte del poder adquisitivo de su jubilación. Es un recorte brutal", afirma.

El cálculo acumulado también resulta contundente. Según las estimaciones del Mirador, cada jubilado dejó de percibir desde el inicio del actual gobierno una suma equivalente a casi siete millones de pesos. Abraham propone otra forma de dimensionarlo: "Es más fácil verlo así: no importa cuánto gane el jubilado. Desde que empezó este gobierno le han robado ocho jubilaciones mensuales completas". Para el economista, "efectivamente es una tragedia".

Cuando el crédito empieza a reemplazar al salario
El deterioro de los ingresos también aparece reflejado en otro indicador que el informe considera alarmante: el crecimiento histórico del endeudamiento y de la morosidad de las familias.

Abraham sostiene que, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el crédito pasó a reemplazar parcialmente al salario como mecanismo para sostener el consumo cotidiano. Explica que la desregulación del mercado financiero facilitó el acceso a préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales. "Hoy cualquier aplicación en el celular te da un préstamo", resume.

Menciona tanto a Mercado Pago como a numerosas empresas financieras no bancarias que ofrecen créditos de manera inmediata y, muchas veces, a tasas muy elevadas. Millones de personas se endeudaron creyendo que luego podrían afrontar esos compromisos o que las deudas perderían peso con la inflación. Sin embargo, la caída de los ingresos cambió completamente ese escenario.

"Se permitió que cualquier aplicación y cualquier servicio financiero prestara plata indiscriminadamente", señala. Como consecuencia, creció de manera exponencial tanto la cantidad de personas endeudadas como el porcentaje de quienes ya no logran pagar las cuotas.

Los niveles de morosidad que registra el informe reflejan esa situación. En créditos para la compra de electrodomésticos, el atraso de al menos tres meses alcanza al 44 por ciento de los casos; en tarjetas y financieras como Tarjeta Naranja supera el 26 por ciento; y en Mercado Pago llega al 35 por ciento. "Uno de cada tres créditos no puede ser atendido en tiempo y forma porque la gente no tiene salario", resume Abraham.

Más allá de las estadísticas: la deuda que no aparece
A ese diagnóstico, el periodista suma una dimensión que las estadísticas oficiales no alcanzan a registrar: el crecimiento del crédito informal en los barrios populares. Prestamistas muchas veces vinculados con economías informales o incluso con organizaciones delictivas prestan dinero bajo condiciones abusivas, ejercen presión sobre quienes no pueden pagar y profundizan un circuito de exclusión que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales y sin respuestas estatales para las familias afectadas.

El crecimiento del endeudamiento familiar aparece, para Abraham, como uno de los fenómenos sociales más preocupantes del presente. Sin embargo, advierte que las estadísticas apenas alcanzan a mostrar una parte del problema. Los registros oficiales reflejan el mercado formal del crédito, pero detrás de esos números existe un universo mucho más amplio de préstamos informales y mecanismos de cobranza que empujan a miles de familias a una situación de extrema vulnerabilidad.

El economista señala que muchas de las aplicaciones que hoy ofrecen créditos inmediatos se mueven en una zona gris entre la formalidad y la informalidad. Explica que algunas solicitan acceso irrestricto a la información del teléfono celular y, entre los permisos que exigen, figura la autorización para acceder a la lista completa de contactos del usuario. Cuando aparecen los atrasos en los pagos, esas mismas plataformas utilizan esa información como mecanismo de presión.

"Empiezan a mandar mensajes a todos tus contactos diciendo que no pagaste. Es una especie de amenaza, una publicidad de tu mora, de tu incapacidad de pago", describe. Para Abraham, se trata de prácticas que profundizan la angustia de quienes ya atraviesan una situación económica límite.

El drama, asegura, no termina con el primer crédito. Muy por el contrario, muchas familias ingresan en una espiral de endeudamiento de la que resulta casi imposible salir. "Hay gente que saca un segundo crédito para pagar el primero. Después ese segundo crédito tiene una tasa más alta, entonces necesita un tercero para cancelar el segundo. Llega un momento en que se pierde completamente el control", explica.

En numerosos casos, agrega, las cuotas son debitadas directamente de los ingresos mensuales y llegan a absorber entre un 30 y un 50 por ciento del salario apenas comienza el mes. Esa reducción del ingreso disponible obliga nuevamente a recurrir al crédito para afrontar los gastos cotidianos, alimentando un círculo que se retroalimenta indefinidamente.

"Es una realidad que estamos viendo en todos los barrios y en todo el país, no solamente en Rosario", afirma. A su entender, el endeudamiento masivo constituye "uno de los peores legados que está dejando este gobierno".

Abraham insiste en que resulta fundamental romper con la idea de que la deuda responde exclusivamente a decisiones individuales. Sostiene que muchas personas cargan además con un sentimiento de culpa, convencidas de que su situación obedece únicamente a errores personales. Sin embargo, entiende que los datos muestran otra realidad.

"Cuando estamos hablando de siete millones de personas con este problema ya no es un problema individual, es un problema social", sostiene. A su juicio, existe un sistema que facilita el endeudamiento y termina sometiendo a millones de personas a las condiciones impuestas por prestamistas, empresas de cobranza y el capital financiero.

Tampoco comparte la idea de que el fenómeno esté exclusivamente vinculado al crecimiento de las apuestas online o al consumo suntuario. Si bien reconoce que esos casos existen, remarca que el endeudamiento atraviesa situaciones mucho más cotidianas. Hay familias que solicitan préstamos para comprar una motocicleta que necesitan para trabajar, para adquirir un electrodoméstico indispensable o, simplemente, para poder sostener la alimentación del hogar. "El endeudamiento viene por cualquier cosa", resume. Lo verdaderamente dramático, dice, es que aun esos compromisos mínimos dejan de poder afrontarse porque los ingresos ya no alcanzan.

Sin inversión, no hay futuro productivo

El informe también encuentra señales preocupantes en otro frente: la inversión privada. Pese a un tipo de cambio que podría favorecer la incorporación de bienes de capital, la compra de maquinaria importada continúa mostrando una marcada debilidad.

Para Abraham, esa conducta empresarial revela mucho más que una decisión coyuntural. "Una inversión siempre implica una apuesta al futuro", explica. Cuando un empresario compra una máquina, amplía una planta o incorpora tecnología, lo hace porque espera producir más, reducir costos o aumentar su capacidad de competir. Si esas inversiones no aparecen, interpreta, es porque tampoco existe una expectativa favorable sobre el futuro de la economía.

"La sensación es que no hay una visión por parte del empresariado nacional acerca de cuál es el futuro productivo de la Argentina", sostiene.

En ese punto, vincula directamente la falta de inversión con el rumbo general del modelo económico. Según su análisis, la estrategia oficial no apuesta al fortalecimiento del mercado interno ni al crecimiento del consumo popular, sino a un esquema centrado en la explotación de recursos naturales mientras se debilitan las capacidades productivas acumuladas durante décadas.

En esa enumeración incluye desde el sistema científico y tecnológico hasta la infraestructura energética, las universidades públicas y organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recuerda que durante generaciones el Estado invirtió recursos públicos para desarrollar tecnología nuclear, centrales hidroeléctricas, investigación científica y capacidades industriales que hoy, según su mirada, se encuentran en proceso de desmantelamiento o privatización.

"Da la sensación de que es un gobierno que no parece un gobierno argentino; parece un gobierno puesto por una potencia extranjera, cuyas únicas decisiones son romper las capacidades argentinas, romper el Estado nacional y romper lo que puede hacer el país", afirma.

Desde esa perspectiva, considera lógico que el empresariado retrase inversiones productivas. "¿Qué empresario va a invertir en la Argentina futura si esa Argentina se parece más a un desierto productivo, donde solamente se extraen recursos naturales?", se pregunta. Para Abraham, ese es el verdadero interrogante de fondo que plantea el actual modelo económico.

Menos empleo formal, más precarización
El mercado laboral constituye otro de los ejes donde el informe observa transformaciones profundas. Los datos muestran una persistente caída del empleo registrado, acompañada por un crecimiento de formas de trabajo cada vez más precarias.

Según Abraham, ya se perdieron alrededor de 100 mil puestos industriales y casi 300 mil empleos registrados en total. No se trata únicamente de una reducción cuantitativa, sino también de un deterioro en la calidad del trabajo disponible.

Los empleos industriales, explica, garantizaban derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, cobertura de salud y representación sindical. En cambio, buena parte de esas ocupaciones están siendo reemplazadas por actividades informales, ventas ambulantes, comercialización por catálogo o trabajos que dependen exclusivamente de lo que cada persona logre vender día tras día.

"Es la ruptura del entramado productivo nacional", resume. Y advierte que, mientras continúe vigente este modelo económico, el proceso difícilmente pueda revertirse, ya que responde a una transformación estructural antes que a una coyuntura pasajera.

El Estado que se achica y una sociedad más desigual
El relevamiento también analiza el impacto del ajuste fiscal sobre el funcionamiento del Estado. Abraham reconoce que el Gobierno logró reducir el gasto público, pero sostiene que ese resultado tiene consecuencias que trascienden el equilibrio de las cuentas.

A su entender, el principal riesgo consiste en el retiro progresivo del Estado de funciones esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. "Un Estado empobrecido genera una sociedad más desigual", afirma.

Desde su mirada, la concepción oficial parte de la idea de que cada persona debe acceder a la educación, la salud o la seguridad social únicamente en función de su capacidad económica. Si el Estado deja de garantizar esos derechos, sostiene, las diferencias sociales inevitablemente se profundizan.

En esa lista incluye no sólo la educación y la salud públicas, sino también las jubilaciones, el sistema científico, organismos tecnológicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las políticas de investigación, los programas de educación sexual integral, las políticas de género, la cultura, el deporte, las artes y numerosas áreas que, según afirma, atraviesan un fuerte proceso de desfinanciamiento.

"El resultado es un país más desigual", concluye. En ese escenario, sostiene, quienes no puedan pagar por esos servicios quedarán progresivamente excluidos de derechos básicos.

Sobre el final de la conversación, Abraham evita realizar pronósticos acerca del dato de inflación que el Gobierno espera mostrar como un nuevo logro económico. Explica que el MATE no elabora estimaciones mensuales sobre el índice de precios porque su interés está puesto en comprender el funcionamiento general del modelo económico y sus efectos sociales.

Por eso insiste en que la discusión no debería limitarse a determinar si la inflación perfora o no el dos por ciento mensual. A su juicio, el verdadero debate pasa por analizar qué ocurre con los ingresos, el empleo, las jubilaciones, la inversión, la capacidad productiva y el papel del Estado. Son esos indicadores, sostiene, los que permiten comprender el alcance de las transformaciones económicas que atraviesa hoy la Argentina.

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Pobreza, poder y silencio: anatomía de una desigualdad que crece en Santa Fe

En una charla atravesada por datos, experiencias y denuncias, Carlos del Frade —periodista, escritor, investigador y actual diputado del Frente Amplio por la Soberanía— desarma las cifras oficiales y expone una trama más profunda: una provincia que genera riqueza pero no la distribuye, un sistema de medios cada vez más concentrado y una democracia donde, lentamente, se achican las voces

En el piso de Aire Libre, Radio Comunitaria, la escena se arma con una mezcla de complicidad y rutina. El periodista presenta a Carlos del Frade y él responde con una familiaridad que deja ver que no es su primera vez allí. Agradece el espacio, como si hiciera falta subrayarlo, y hasta desliza una anécdota reciente: el día anterior, dice, intentaron sacarlo "por teléfono", aunque enseguida relativiza el episodio y lo atribuye, quizás, a un problema con su celular. El clima en las Señales es distendido, pero el tema que atraviesa la conversación no lo es en absoluto.

La distancia entre los números y la calle

La pobreza aparece rápidamente como eje central. Mientras el gobierno celebra una supuesta baja en los indicadores, en el estudio se instala una sensación de desconcierto. Las cifras, admite el periodista, no son fáciles de interpretar; más adelante —anticipa— un economista del CEPA ayudará a desmenuzarlas. Pero hay algo más inmediato: los testimonios recogidos en barrios, las voces de referentes sociales que describen una realidad muy distinta, una "otra foto" que no coincide con los números oficiales.

Del Frade recoge ese contraste y lo amplifica. Habla de 541.000 personas por debajo de la línea de pobreza y 123.000 en la indigencia, cifras que, sostiene, requieren un Estado presente. Sin embargo, describe un escenario donde el Estado nacional se ha retirado y la provincia "hace lo que puede", aunque claramente no alcanza. Para entender la magnitud del problema, propone mirar cómo se mide: en Santa Fe, explica, los datos surgen de tres aglomerados —Gran Santa Fe, Gran Rosario y una zona compartida entre San Nicolás y Villa Constitución—. La suma de esos recortes estadísticos da casi 600.000 personas pobres.

Riqueza que crece, pobreza que persiste

Ahí es donde introduce el núcleo de su argumento: el contraste. Porque, mientras ese universo de carencias crece, la provincia exporta cada vez más. El año pasado, señala, las exportaciones alcanzaron los 16.000 millones de dólares, y solo en enero de este año se registraron 1.600 millones. Para del Frade, esa convivencia entre riqueza y pobreza no es solo contradictoria, sino "irracional e ilógica". Lo que falla, insiste, es una política pública de distribución.

La mirada se desplaza entonces del número a la calle. Lo que se ve en el centro de Rosario —y, dice, en el de cualquier ciudad— es un paisaje "cada vez más duro, más triste": familias viviendo en la calle, jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, sostiene, el modelo económico tiende a concentrar y extranjerizar la riqueza. Cuando eso ocurre, la pobreza crece, y los gobiernos, por distintos grados de subordinación, terminan aceptando esa realidad como si fuera natural. Pero no lo es, subraya.

Por eso, su planteo hacia el gobierno provincial es concreto: cuestionar el esquema por el cual los recursos de las exportaciones son captados automáticamente por la Nación. Ese dinero, afirma, debería quedar en Santa Fe, porque es producido por su población. De lo contrario, el resultado es lo que describe como una obscenidad: una provincia rica que convive, desde hace al menos una década, con unas 600.000 personas pobres.

El problema, repite, es político. Tiene que ver con decisiones sobre quién paga impuestos y quién no. Según su análisis, la carga tributaria recae sistemáticamente sobre la clase media y los sectores más bajos, mientras los que más tienen quedan al margen. Esa lógica, advierte, desencadena un encarecimiento de la vida que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. De ahí surge un empobrecimiento que no es abstracto: se traduce en la desesperación por pagar un alquiler y en la imposibilidad, cada vez más extendida, de acceder a la vivienda propia, ese "sueño" que hoy aparece como una ilusión lejana.

Incluso las políticas de crédito, menciona, quedan atrapadas en esa tensión. Aunque existen programas impulsados desde el Banco Municipal, su escala es reducida y, en muchos casos, quienes acceden terminan desistiendo porque no pueden afrontar las cuotas, aporta el periodista. La escena que imagina es elocuente: personas que logran acercarse a la posibilidad de una casa, pero que luego descubren que no pueden sostenerla.

En ese marco, introduce otro dato que le resulta clave: el crecimiento de los "ocupados demandantes". Es decir, personas que tienen trabajo pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades. Según señala, esta categoría se ha duplicado tanto en Santa Fe como en el país. La consecuencia es un cambio en la vida cotidiana: más tiempo dedicado a generar ingresos y menos tiempo para vivir. Esa ecuación, advierte, alimenta la frustración y la violencia, porque las personas se ven privadas incluso de la posibilidad de disfrutar lo que desean.

El dinero y las prioridades

Cuando el foco vuelve a las políticas públicas, del Frade insiste en dos líneas de acción. Por un lado, una reforma impositiva que haga que paguen más quienes más tienen. Por otro, un incremento sustancial en áreas sensibles. Menciona, en particular, el presupuesto de salud mental de la provincia: apenas el 0,02%. El número, dice, explica en parte fenómenos alarmantes como el aumento de suicidios o situaciones de violencia en escuelas. En esa línea, recuerda un pedido de informes reciente sobre los equipos socioeducativos, cuya debilidad presupuestaria —define como "anoréxica"— limita su capacidad de intervención preventiva.

Para él, la clave está en el presupuesto. Allí, sostiene, se revelan las verdaderas prioridades. Frente al argumento habitual de que "no hay plata", responde con cifras: el presupuesto provincial asciende a 14 billones de pesos. Incluso un 1% de ese total representaría 14.000 millones. "Claramente hay plata", insiste; el problema es cómo se distribuye. Si se privilegian obras vinculadas a las exportaciones, advierte, la vida en las grandes ciudades se deteriora.

Silencios, censura y medios condicionados

En ese punto, el periodista se detiene en un contraste que reconoce como incómodo, casi una "chicana", pero que considera necesario señalar: el monto destinado a publicidad oficial. Del Frade refuerza con cifras esos datos, solo en el Ministerio de Gobierno y la Lotería se asignan 46.000 millones de pesos para 2026, lo que equivale a 122 millones por día. Ese dinero, afirma, no solo se utiliza para difundir la gestión, sino también para condicionar el acceso de voces opositoras a los medios.

La reflexión se vuelve entonces más personal. Recuerda que durante dos años tuvo un programa en una radio de Rosario, hasta que, según relata, "llegó la orden" de que dejara de estar al aire. La consecuencia, dice, es una exclusión progresiva de ciertos espacios de comunicación. Y en esa constatación final, casi en tono de lamento, resume la sensación que atraviesa todo su diagnóstico: "es muy triste, muy triste".

La conversación deriva hacia un terreno más áspero, donde la denuncia adquiere un tono personal. Carlos del Frade ya no habla solo en términos estructurales, sino desde la experiencia concreta. Cuenta que en canales de cable, donde durante años "la muchachada" le abría espacio para una entrevista, dejó de aparecer de un día para el otro. Según relata, hubo una orden directa —menciona a la actual senadora nacional Patricia Bullrich— y, desde entonces, ya no lo convocan más. El diagnóstico es tajante: el nivel de censura, dice, resulta "impactante".

El periodista retoma un dato que refuerza esa percepción: el presupuesto en publicidad de la Lotería, que en el último año creció cerca de un 112%. Del Frade asiente, pero desplaza el foco. Más que el volumen —aunque reconoce que es enorme, sobre todo en contraste con áreas como salud mental— le interesa la distribución de esos recursos. La pregunta que lanza es directa, casi incómoda: ¿cuánto dinero recibe Aire Libre, Radio Comunitaria? La respuesta es inmediata y seca: nada. Ni siquiera a través de juegos como el Quini o la Quiniela, llegó un peso a la emisora.

Ese vacío, lejos de ser una excepción, aparece como parte de una lógica más amplia. La radio, admiten en el estudio, ya está "condenada" a esa situación. Pero del Frade insiste en que no debería naturalizarse. Señala el periodista inconsistencias evidentes: publicidades de la Cámara de Diputados que aparecen en algunos medios y en otros no, sin criterios claros. La escena se vuelve casi irónica cuando imagina una llamada directa a la presidenta de la Cámara, Clara García, para reclamar explicaciones. "Es una vergüenza", resume del Frade, cuestionando que no exista una distribución equitativa ni transparente.

A partir de allí, el diagnóstico se amplía. En sus años de oficio —dice, reivindicando al periodismo como "la mejor profesión del mundo"— nunca vio un nivel de censura como el actual. Ni siquiera en los años noventa, aclara, una década que suele asociarse con fuertes condicionamientos. La diferencia, subraya, se percibe especialmente en la provincia. No se trata tanto de la propia experiencia en Aire Libre, Radio Comunitaria, donde asegura que la libertad de expresión se mantiene, sino de lo que observa en otros medios: un cierre progresivo, silencioso, de los espacios.

En el aire se cuenta un ejemplo revelador. Días atrás, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una entrevista en Casa de Gobierno a un grupo reducido de periodistas. Fue un encuentro cerrado, del que solo circularon fragmentos aislados en algunos medios. La entrevista completa, señala el periodista, no aparece en ningún lado. La ausencia le resulta llamativa: lo habitual, dice, sería que el propio funcionario la difundiera íntegra, incluso como gesto de apertura. Aquí ocurrió lo contrario. Y ese detalle, para él, es sintomático.

En paralelo, del Frade menciona otra herramienta clave del trabajo legislativo: los pedidos de informes. En su experiencia, apenas el 20% recibe respuesta. El resto queda envuelto en demoras o silencios. Sin embargo, advierte un fenómeno curioso: aunque muchas veces no le responden formalmente, sí se activan mecanismos informales. Apenas el pedido toma estado público —a través de periodistas o redes sociales—, algún funcionario se contacta con los involucrados. Esa reacción indirecta, dice, termina siendo útil: demuestra que algo se mueve. Aun así, los silencios y las respuestas incompletas, insiste, también comunican. Son señales claras de incomodidad frente a ciertos temas.

La deuda de una comunicación pública y plural

La charla gira entonces hacia el sistema de medios en la provincia y las deudas pendientes. Aparece el proyecto de la radio pública santafesina, una iniciativa que lleva años sin concretarse. Del Frade recuerda que es la tercera vez que la presenta y que la idea viene desde los tiempos finales del gobierno de Hermes Binner, cuando se debatió la creación de un canal público. De aquella discusión surgió la Ley de Radio y Televisión Santafesina, que permitió la existencia del canal —hoy RTS—, pero dejó incompleta la pata radial.

La concreción de esa radio, advierte, depende de la voluntad política del actual gobierno, algo que pone en duda. Aun así, asegura que seguirá insistiendo, del mismo modo que impulsa otros proyectos, como la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Santa Fe. Reconoce, no sin realismo, que si el oficialismo no toma esas iniciativas es muy difícil que avancen. Por eso, relativiza incluso la autoría: a esta altura, dice, lo importante es que salgan, aunque no lleven su firma.

Detrás de esa insistencia hay una concepción más amplia: la necesidad de democratizar los medios. Para del Frade, el Estado tiene la obligación de sostener no solo medios públicos, sino también comunitarios y cooperativos. Encuentra un antecedente en la historia: la Ley de Radiodifusión de 1953, impulsada durante el peronismo, que establecía una división en tercios entre medios estatales, privados y comunitarios. Ese esquema, afirma, sigue siendo válido y necesario.

La pregunta que sobrevuela es dónde pueden emerger voces distintas, capaces de reflejar la diversidad cultural de la sociedad. La respuesta es pesimista: difícilmente lo hagan en los medios privados. De allí la importancia de políticas públicas que garanticen esa pluralidad.

El recorrido institucional de los proyectos, sin embargo, muestra las trabas. La iniciativa de la radio santafesina llega a la Legislatura, pasa a la Comisión de Cultura y allí queda sujeta a los tiempos —o a la falta de ellos— del oficialismo. "Mayoritariamente se cajonea", resume. Por eso, vuelve a una idea que repite como una clave política: para que algo se mueva adentro, tiene que haber presión afuera.

La historia reciente, evocan, está llena de proyectos que flotan sin concretarse, como la radio pública de Rosario, que sigue siendo —en palabras del periodista— "La Balsa", su nombre original: una idea que deriva sin terminar de encontrar puerto. 

En otro tramo de la charla se abre con una pregunta que parece simple, casi ingenua: ¿qué pasó con la radio municipal de Rosario? La respuesta desarma cualquier idea de inexistencia. El periodista reconstruye una historia fragmentaria pero concreta: la radio sí existió, al menos en estado embrionario. Hubo horas de programación armadas, pruebas técnicas, incluso transmisiones desde distintos puntos de la ciudad, y menciona la estación Rosario Norte, donde funciona la secretaría de Cultura. No era un proyecto abstracto: había equipos, había planificación y hasta nombres propios.

El problema, explican, no fue solo local. Del Frade escucha mientras se reconstruye una dificultad estructural vinculada a la política nacional de medios de aquellos años, bajo la órbita de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando se ampliaron las licencias para municipios y provincias, se cometió —según esta lectura— un error clave: asignar frecuencias iguales o muy cercanas a distintas localidades, combinadas con niveles de potencia extremadamente bajos. El resultado era previsible: transmisiones que apenas cubrían unas pocas cuadras y que, además, interferían entre sí. Un sistema que, en la práctica, volvía inviables muchos proyectos.

Radios que no llegan, voces que no entran

Algunas radios, cuentan, intentaron sortear esa limitación incumpliendo las condiciones iniciales y luego pidiendo excepciones. En ciertos casos lo lograron; en otros, quedaron libradas a su suerte. La experiencia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, aparece como una de las pocas que logró sostenerse en el tiempo. Pero incluso allí la continuidad no está garantizada: el periodista recuerda el caso de Radio Ciudadana FM 89.7, la radio pública de Concordia, tras un cambio de signo político, fue directamente cerrada por el nuevo intendente, pese a haber sido utilizada como plataforma de campaña.

Ese recorrido desemboca en una pregunta más amplia: quiénes quedan afuera del sistema de medios en un contexto de creciente concentración. La respuesta de del Frade es inmediata y contundente: los primeros excluidos son los propios periodistas. Para explicarlo, recurre a una escena reciente: una conversación con un profesional muy reconocido de Rosario que, tras décadas de trabajo, percibe un salario de 600.000 pesos. La cifra, dice, le resulta obscena. No solo por lo que implica en términos económicos, sino porque revela una degradación del oficio.

Esa precarización tiene consecuencias directas. Los trabajadores de prensa, sostiene, son los primeros en enfermarse, los primeros en quedar al margen. Y detrás de ellos quedan también sectores sociales y políticos que pierden espacios para expresar miradas críticas. El resultado es un ecosistema donde las políticas públicas se presentan como soluciones cerradas, sin contrapuntos visibles.

Una democracia que se achica en silencio

En ese escenario, la censura ya no aparece solo como un mecanismo externo, sino también como una práctica internalizada. Del Frade advierte un crecimiento de la autocensura que considera alarmante, especialmente en un país con más de cuatro décadas de democracia. Para él, ese fenómeno es indicio de una "democracia de muy baja intensidad", cada vez más reducida, más "anoréxica".

La selección de voces, agrega, no es casual. La censura —dice— es políticamente dirigida. Y para ilustrarlo recurre a un dato que le compartió el fallecido periodista Alberto Giraldi: un ranking de los diputados más invisibilizados en los medios. En ese listado, asegura, él mismo ocupaba el primer lugar, seguido por Amalia Granata. La mención no es menor: del Frade aclara que no comparte su posición ideológica, pero aun así le molesta que sea silenciada. En su lógica, el desacuerdo no debería anular la posibilidad de debate.

La experiencia acumulada también le permite al periodista leer otros gestos. Habla de colegas que, frente a observaciones o datos que contradicen el discurso dominante, asienten en privado pero no modifican lo que dicen al aire. Ese desfasaje, interpreta, revela hasta qué punto pesan las líneas editoriales de las empresas mediáticas. Del Frade lanza una advertencia que mezcla consejo y experiencia: quienes hoy se alinean sin cuestionar, mañana pueden ser descartados. Para ilustrarlo, recurre a una metáfora cruda y directa, que no deja lugar a eufemismos: "Después hay una cuestión que, el saber popular lo dice de otra manera, pero se cumple. Los profilácticos se tiran. ¿Sí? Se usan y se tiran. Y los que hemos sido tantas veces echados y puestos en la calle, los sabemos, entonces se lo decimos de buena intención". La frase no solo impacta por su crudeza, sino porque refleja años de vivencias en medios y política, recordando que la lealtad sin cuestionamiento rara vez protege.

La conversación vuelve entonces a un terreno más propositivo, retomando la idea de la radio pública santafesina. No se trata solo de crear una emisora, aclaran, sino de definir sus contenidos y su sentido. Para del Frade, debería ser una herramienta para reflejar la diversidad cultural, educativa y social de toda la provincia de Santa Fe. Una radio que muestre lo que producen sus comunidades, sus músicos, sus historias.

La propuesta va más allá del aparato técnico. Imagina una estructura en movimiento, con comités ad honorem integrados por referentes culturales de cada uno de los 19 departamentos. La radio, en esa mirada, no sería solo un aparato que transmite, sino un espacio que produce comunidad: bibliotecas populares, talleres, asambleas, lugares de encuentro para organizaciones sociales. En ese modelo, la radio no sería solo un medio de comunicación, sino un nodo comunitario, una extensión de experiencias como la de Aire Libre, Radio Comunitaria.

Así, entre diagnósticos duros y proyectos que aún buscan concretarse, el relato deja ver una tensión persistente: la distancia entre lo que existe, lo que podría existir y lo que —por decisiones políticas, económicas y culturales— queda, una vez más, en suspenso.

Esa dimensión, dice, podría generar "cosas maravillosas". Pero enseguida aparece la contracara: si la política pública en materia de comunicación se reduce a la censura y la propaganda, todo ese potencial se anula. El retroceso, advierte, es profundo. Tanto que remite a debates de hace décadas, como el informe "Un solo mundo, voces múltiples", conocido como el informe McBride, impulsado en el ámbito de la UNESCO en los años setenta. Aquella discusión sobre el derecho a la comunicación —recuerda— fue resistida incluso por potencias como Estados Unidos, que llegó a retirarse del organismo. Hoy, sugiere, no solo no se avanzó, sino que se retrocedió varias décadas.

La conversación retoma entonces el presente, con un proyecto concreto: destinar el 33% de la pauta publicitaria oficial a medios comunitarios, cooperativos y populares. Del Frade lo plantea sin matices: no cumplir con ese criterio equivale, para él, a sostener un esquema antidemocrático. En ese punto, el rol de las radios comunitarias aparece como central, no solo como espacios de comunicación, sino como motores de presión para que estas discusiones no desaparezcan de la agenda.

La relación entre comunicación y violencia emerge casi de inmediato. Cuando ciertos temas no se discuten públicamente, cuando quedan fuera del debate, advierte, terminan reapareciendo de forma distorsionada y muchas veces explosiva. Menciona el caso de un episodio reciente en San Cristóbal, atravesado por versiones que circularon en redes sociales como TikTok, sin fuentes claras ni verificación. La cadena de desinformación, alimentada por la ausencia de debate serio en los medios, termina generando más confusión y más violencia.

En ese contexto, aparece otra discusión clave: el desmantelamiento de herramientas de fomento a los medios. El periodista introduce el tema del FoMeCA, Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y señala que el gobierno de Javier Milei modificó su lógica. Según describe, esos recursos —que antes fortalecían a medios pequeños— ahora podrían ser disputados por grandes grupos como Grupo Clarín u otros grupos de alcance nacional. La consecuencia, coinciden, es un sistema cada vez más arbitrario, donde el acceso a los recursos depende de decisiones discrecionales.

Frente a eso, del Frade propone una alternativa con anclaje territorial. Su idea de financiamiento y gestión incluye la participación de los ministerios de Cultura y Educación, junto con referentes sociales y culturales de cada departamento. Retoma además un proyecto propio de larga data: los "Espacios Comunicacionales Barriales", ámbitos de discusión abiertos que funcionarían como asambleas mensuales para pensar la comunicación desde abajo. La clave, insiste, es evitar que las decisiones queden concentradas en una "mesa chica".

Concentración, negocios y derecho a la información

La crítica a esa concentración se vuelve más concreta cuando menciona espacios informales de poder, como reuniones privadas donde —según desliza— se definen líneas editoriales que luego se reflejan en los medios. Se nombra incluso al empresario Gustavo Santiago Scaglione como anfitrión de encuentros de ese tipo, donde confluyen figuras del poder político y mediático. Para del Frade, esos ámbitos terminan teniendo un impacto directo en lo que luego se ve —o no se ve— en la televisión.

Camino al cierre, la conversación retoma un hilo que había quedado planteado al inicio: la relación entre desigualdad económica y desigualdad en la palabra. Del Frade la define como inseparable. No puede haber concentración de riqueza sin concentración de información, afirma. Y para explicarlo recurre a una perspectiva histórica: la palabra "noticia", recuerda, surge en el castellano hacia el año 1250, asociada al "conocimiento del pueblo". Antes de eso, el saber estaba concentrado en los señores feudales, el clero y los ejércitos. La expansión de las ciudades implicó también una apertura del conocimiento.

Esa misma lógica, sostiene, sigue vigente. Si el acceso a la información se restringe, la desigualdad económica se reproduce. Por eso, insiste, la democratización de la comunicación no es un tema accesorio, sino estructural.

Salud, política y tramas invisibles

Cuando la charla parece cerrarse, aparece un último eje, abrupto pero conectado con el poder: el sistema de salud y sus vínculos con la política. El nombre de "Tita" surge a partir de una protesta vinculada al PAMI en Rosario, ante el despido de una trabajadora del organismo. Del Frade reconstruye entonces una trama que se remonta a Rafaela, donde —según su investigación— se consolidaron grupos de salud privada con fuerte proyección nacional. Allí ubica a familias como los Tita, junto a otras, y a la figura de Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un actor clave en la articulación de esos intereses.

Describe a Lorenzetti como una suerte de "canciller" de estos grupos, en alusión a la figura de asesor estratégico en El padrino. Según su relato, estas redes empresariales se expandieron a partir de mecanismos vinculados al manejo de fondos del PAMI, consolidando poder económico y territorial. Incluso menciona un libro de investigación que realizó sobre el tema: una edición de 3.500 ejemplares de la cual solo circularon 500, mientras el resto —afirma— nunca volvió a aparecer.

El recorrido, que empezó en la pobreza y pasó por la censura, termina así en una trama donde comunicación, economía y poder se entrelazan. Y deja flotando una idea persistente: que detrás de cada desigualdad visible hay, casi siempre, una disputa más profunda por quién tiene derecho a hablar y a ser escuchado.

En el tramo final, la conversación desciende a un terreno donde la denuncia se vuelve más concreta y, a la vez, más personal. Carlos del Frade retoma la trama del llamado "Grupo Tita" y la vincula directamente con el funcionamiento del PAMI. La clave, explica, está en el sistema de cápitas: el dinero que las prestadoras reciben por cada afiliado. Allí, sostiene, reside el interés central. No es solo una cuestión sanitaria, sino un negocio de enorme escala.

Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia familiar. Recuerda el paso de sus padres por el PAMI I y II en Rosario, y describe una lógica que le resulta inquietante: la realización de estudios médicos constantes, muchas veces innecesarios, donde lo central no parece ser el resultado clínico sino la facturación del servicio. Ese mecanismo, afirma, mueve cifras gigantescas. En su momento —asegura— se hablaba de alrededor de 500 millones de dólares solo en esas dos estructuras dentro de la ciudad.

En ese entramado, vuelve a ubicar la figura de Ricardo Lorenzetti como un actor clave. No solo por su trayectoria jurídica, sino por su capacidad de sostener influencia a lo largo de distintos gobiernos. Esa permanencia, dice, funciona como una "protección fenomenal" para grupos empresariales vinculados a la salud privada, como el propio Grupo Tita. La consecuencia es un esquema donde actores privados gestionan áreas de la salud pública con lógica de negocio.

La conversación suma otra capa cuando el periodista trae a colación el tratamiento mediático de estas figuras en Rafaela. Allí, señala al diario Castellanos que mantiene una presencia constante de Lorenzetti en sus portadas, algo que del Frade vincula con el hecho de que su hijo esté al frente del medio. Pero no se trata solo de un diario, señala el periodista: describe un proceso de concentración más amplio, donde distintos medios —gráficos, radiales y televisivos— se integran en un mismo conglomerado.

Ese fenómeno, afirma, reduce drásticamente la pluralidad de voces. Lo que antes eran líneas editoriales diferenciadas, incluso antagónicas, hoy convergen en un mismo discurso. Rafaela, resume, parece tener "una única voz". Y esa imagen le sirve a del Frade para volver a una idea que atraviesa toda la entrevista: la calidad democrática medida en términos de diversidad informativa. Cuando esa diversidad se achica, dice, la democracia también se vuelve más débil.

Cincuenta años después
De Videla y Galtieri a Milei

El golpe se hizo para defender al capital y la empresa privada. Medio siglo después resulta fundamental volver a contar lo que hay detrás de los personajes, los hechos, las torturas y la apropiación de bebés: la depredación de lo colectivo, desde lo material al pensamiento propio.

Lo que se hizo con botas sangrientas hoy se lleva adelante con los votos del pueblo saqueado. Muchas traiciones y sistemática destrucción de la conciencia histórica, social y política de cada habitante de esta hermosa porción cósmica que es el territorio argentino.

Hay que insistir.
Pensamiento propio, soberanía de la cabeza, protagonismo y cercanía.

El cierre, sin embargo, introduce un cambio de tono. Antes de despedirse, del Frade menciona la reciente presentación de su libro Cincuenta años después, una investigación que recorre continuidades históricas desde la última dictadura hasta el presente. El subtítulo —De Videla y Galtieri a Milei— marca esa línea de lectura. El libro fue presentado horas atrás en La Quinta de Funes, un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Editado por la Fundación Ross, ya se encuentra en librerías y, para él, representa una síntesis de muchas de las ideas que atraviesan la charla: la persistencia de estructuras de poder, la disputa por la memoria y la necesidad de entender el presente a la luz del pasado.

Con ese gesto —el de ofrecer el libro, el de cerrar con una reflexión histórica— la conversación se apaga. Pero deja resonando una misma preocupación, repetida bajo distintas formas a lo largo de toda la crónica: quiénes concentran el poder, quiénes quedan afuera y cómo esa disputa se expresa, siempre, en el territorio de la palabra.

Bio: 

Carlos Alfredo del Frade nació en Rosario el 5 de febrero de 1963, es periodista, escritor, investigador y desde 2015 es diputado provincial en Santa Fe —en la actualidad por el Frente Amplio por la Soberanía—, y en cada período se ha convertido en el legislador que más proyectos ha presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia.

Con la certeza de la necesidad de "escuchar bien, para contar mejor", a lo largo de casi cuatro décadas de trabajo periodístico, Del Frade recorrió muchos de los medios de Santa Fe y sufrió tanto la censura de los más grandes como el amor incondicional de los medios populares.

Con más de 100 libros publicados —sus investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias de la provincia, sus libros de historia y de derechos humanos, así como sus trabajos sobre las desigualdades económicas de Santa Fe—, son referencias ineludibles a la hora de entender nuestro presente y poder proyectar un futuro más justo y soberano para las grandes mayorías.

Actualmente sigue recogiendo los pesares y alegrías de nuestra gente tanto en su trabajo legislativo como en su ya clásico ciclo radial "La Voz del Grillo".

Escuchá la entrevista completa:

 

Proyecto de Radio Santafesina: Proyecto de Régimen de promoción y fortalecimiento de medios y productoras de comunicación popular, comunitaria y cooperativa: 

La economía del ajuste: inflación, salarios en caída, empleo en retroceso y más hogares endeudados

El economista Lavih Abraham, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), analiza en Señales, la inflación, la caída de los salarios, el deterioro de las jubilaciones y la destrucción del empleo formal. Según su diagnóstico, el programa económico actual no busca frenar los precios sino sostener una "estabilización" basada en ingresos deprimidos, endeudamiento creciente y una economía cada vez más dependiente de la extracción de recursos

Abraham habla con la calma de quien viene siguiendo los mismos indicadores desde hace años. Integrante del MATE, el espacio dedicado a analizar empleo, salarios, producción y coyuntura económica en la Argentina, participa en la elaboración de informes que buscan poner números y contexto a los cambios del mercado laboral. El último documento difundido por el equipo volvió a encender alarmas: la inflación se aceleró otra vez en enero y, según anticipan distintos analistas, podría repetirse una dinámica similar con los datos de febrero.

Desde su mirada, el problema no radica en un fenómeno misterioso ni inesperado, sino en la falta de un programa integral para frenarlo. Abraham sostiene que el gobierno se ha concentrado prácticamente en una sola variable: el dólar. Mantenerlo contenido ha sido, según explica, el principal instrumento utilizado para intentar ordenar la economía. Pero eso, afirma, está lejos de ser suficiente para frenar la inflación.

La otra herramienta a la que el oficialismo suele atribuirle efectos antiinflacionarios es la reducción permanente del gasto público. Sin embargo, desde el MATE observan que ese argumento no se refleja en los datos. "Desde nuestro punto de vista, achicar el gasto público no tiene ningún tipo de incidencia", plantea. Recuerda que el gasto efectivamente se redujo en el último tiempo y que, aun así, la inflación continuó moviéndose: sube, baja, pero no desaparece. De hecho, remarca que desde mayo del año pasado la tendencia muestra que mes a mes los precios vuelven a aumentar un poco más.

Una inflación sin plan para detenerla

Para el economista, el diagnóstico es claro: no existe hoy un plan antiinflacionario concreto que tenga como objetivo llevar la inflación a cero. Lo que falta —dice— son instrumentos específicos y decisiones más activas del Estado. A contramano del discurso oficial, Abraham considera que el control de ciertos aumentos, la regulación de precios clave o la intervención sobre mecanismos de actualización de contratos podrían contribuir a frenar la inercia inflacionaria.

Ese tipo de herramientas, recuerda, no son ajenas a los gobiernos de orientación liberal. Cita como ejemplo el inicio de la convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem, cuando también se aplicaron medidas de control para contener la dinámica de los precios. En cambio, sostiene, la actual estrategia parece confiar en que los valores del mercado se acomodarán por sí solos. "El gobierno está esperando que de alguna manera los precios bajen solos. Bueno, no va a pasar", afirma.

La estabilización como salarios bajos

En el discurso oficial, la palabra que aparece con frecuencia para describir el momento económico es "estabilización". Para Abraham, ese término encubre otra realidad. El economista cree que la idea de ordenar la macroeconomía se traduce, en la práctica, en mantener los salarios deprimidos y en limitar cualquier política pública orientada a mejorar ingresos. Según su lectura, la estabilización que se busca implica que los sueldos no crezcan, que el gasto público no intervenga para compensar pérdidas de ingresos y que el Estado reduzca al mínimo su presencia en la economía.

"Es la paz de los cementerios", resume. Un orden que existe, dice, pero que se sostiene a costa del consumo y del deterioro de los ingresos.

El deterioro silencioso del salario real

Los datos que analiza el MATE apuntan precisamente en esa dirección. El economista describe una caída generalizada de los ingresos: retroceden los salarios del sector privado, también los del sector público y, al mismo tiempo, las jubilaciones pierden poder adquisitivo. La explicación es simple y persistente: la inflación continúa mientras los salarios avanzan a un ritmo menor.

Cada mes, explica, los precios aumentan alrededor de un 2 o 3 por ciento, mientras que los sueldos crecen en promedio entre un 1 y un 1,5 por ciento. Esa diferencia, aparentemente pequeña, se acumula con el tiempo y termina erosionando el poder de compra. El resultado es una reducción del salario real: la capacidad de adquirir bienes y servicios con el mismo ingreso es cada vez menor.

Ese deterioro impacta de manera directa en la economía cotidiana. Con menos poder de compra, el mercado interno se debilita. Los comercios venden menos, la industria nacional pierde dinamismo y encuentra mayores dificultades para competir frente a la apertura de importaciones. A su vez, la construcción atraviesa un fuerte retroceso, en parte por la decisión del gobierno de eliminar prácticamente la obra pública. Al desaparecer ese motor de actividad, caen también los puestos de trabajo vinculados al sector.

Para Abraham, ese escenario no es el resultado inevitable de fuerzas económicas abstractas, sino de decisiones políticas concretas. "Contrariamente al planteo oficial de que el Estado se retira y que son los mercados los que deciden todo, es el Estado el que está decidiendo todo", sostiene. Y agrega que esas decisiones terminan determinando qué sectores ganan y cuáles pierden. En el panorama actual, asegura, quienes están perdiendo son principalmente los trabajadores.

Uno de los datos más contundentes del informe del MATE es la caída del salario real desde el inicio del actual gobierno. En el caso de los trabajadores del sector privado, la pérdida ronda el 6 por ciento en promedio. Abraham explica la magnitud de ese número con un ejemplo sencillo: si en 2023 un trabajador podía comprar una canasta de productos que valía 100, hoy con su salario solo alcanza para adquirir bienes equivalentes a 94.

La caída incluso fue más profunda en algunos momentos del período. Hubo meses en los que el poder de compra llegó a equivaler a 86 sobre aquella referencia de 100. Luego, gracias a las negociaciones paritarias, se produjo una leve recuperación, pero en los últimos ocho meses la tendencia volvió a inclinarse hacia abajo.

El golpe más fuerte en el sector público

El deterioro es aún mayor dentro del sector público. Abraham señala que, particularmente en el ámbito del Estado nacional, las pérdidas salariales son mucho más pronunciadas. En las universidades públicas, por ejemplo, calcula que los ingresos de docentes y trabajadores registraron caídas que oscilan entre el 25 y el 35 por ciento. "Es muchísimo, es una destrucción", afirma.

Si se observa el conjunto del empleo estatal —donde se combinan salarios de trabajadores nacionales y provinciales— la caída promedio ronda el 22 por ciento. La cifra implica, explica, que aproximadamente una cuarta parte del ingreso mensual desapareció en términos reales.

Ese retroceso, según el economista, está empujando a los trabajadores estatales a una situación que recuerda a la de décadas anteriores. "Están volviendo a lo que fueron antes de 2003: trabajadores parias, mal pagados, abandonados y vilipendiados por el propio Estado del cual forman parte", describe.

Para Abraham, lo que se está produciendo es una degradación profunda de la estructura estatal y un abandono de sus funciones básicas hacia la población. Lo atribuye a una concepción política que considera que todo lo que hace el Estado es negativo y que, por lo tanto, debe reducirse al mínimo. Una idea que, según concluye, no encuentra respaldo en la experiencia internacional. Ningún país del mundo, remarca, funciona prescindiendo completamente de la acción estatal.

Jubilaciones que pierden meses enteros de ingreso

Abraham dirige la atención hacia otro de los sectores que, según el análisis del MATE, está atravesando un deterioro particularmente profundo: los jubilados y pensionados.

Los datos que maneja el espacio muestran una caída significativa del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Abraham explica que las jubilaciones perdieron alrededor de un 25% de su capacidad de compra en relación con 2023, mientras que en el caso de la jubilación mínima la caída alcanza aproximadamente el 29%.

Para dimensionar ese número, propone un ejercicio sencillo. Una pérdida cercana al 29% equivale, aproximadamente, a que cada tres meses una jubilación entera "desaparezca" en términos de poder de compra. Si se observa el período completo desde el inicio del actual gobierno —unos 24 o 25 meses— el deterioro acumulado equivale a unas siete jubilaciones que, en términos reales, dejaron de cobrarse.

No se trata de meses sin percibir ingresos, aclara, sino de una pérdida constante del valor del dinero. "Cada mes hay un 24 o 25% que no se está cobrando en términos de poder adquisitivo", explica. Desde su mirada, ese proceso revela dónde recae el núcleo del ajuste fiscal. "El principal ajuste de este gobierno son los jubilados", afirma, y sostiene que el sector se convirtió en el principal blanco de la política económica.

El economista considera que el deterioro actual no tiene antecedentes cercanos en términos de intensidad. A su juicio, incluso en contextos económicos complejos de gobiernos anteriores, los jubilados no habían sido sometidos a un nivel de deterioro tan marcado. Y, además, no observa señales de que la situación vaya a revertirse en el corto plazo.

Según su interpretación, mientras se mantenga la misma orientación económica, las jubilaciones continuarán en el nivel actual de poder adquisitivo. "Bajaron las jubilaciones, quedaron bajas y así van a estar", resume, convencido de que dentro de esta lógica de política económica no existe margen para una recuperación.

Medicamentos más caros y menos cobertura

La situación se agrava cuando se observa el gasto cotidiano de los adultos mayores. Abraham señala que uno de los rubros que más aumentó es el de los medicamentos, un componente central del presupuesto de los jubilados. El cronista le cuenta casos cercanos donde tratamientos que hace algunos meses costaban alrededor de 60.000 pesos hoy superan los 125.000. Para él, se trata de un aumento particularmente grave porque impacta en personas cuyos ingresos ya vienen deteriorados.

A ese encarecimiento se suma otro factor: cambios en la cobertura de medicamentos por parte del PAMI. Abraham señala que muchos jubilados que antes recibían medicamentos gratuitos dejaron de contar con ese beneficio. El resultado, explica, es doblemente negativo: cobran jubilaciones con menor poder de compra y, al mismo tiempo, deben afrontar gastos que antes no tenían.

"Entonces no solo les bajó la jubilación, sino que además con esa jubilación más baja tienen que comprar medicamentos que antes recibían gratis", describe. En ese marco, califica el impacto del ajuste como "brutal".

A su entender, este recorte solo encuentra un paralelo en otras áreas que también identifica como blanco de las políticas actuales, como el sistema universitario y el sector científico. En una mirada más amplia, Abraham interpreta que el ajuste se concentra sobre ámbitos que forman parte de la estructura colectiva del país: la educación, la ciencia, la cultura o el deporte.

"El ajuste se da sobre todas las aristas que hacen a la identidad nacional", sostiene. En su diagnóstico, se trata de un cambio profundo respecto de las políticas aplicadas por la mayoría de los gobiernos anteriores.

Un empleo formal que desaparece

El análisis del MATE también advierte sobre otro indicador que preocupa: la pérdida de empleo formal. Según los datos recopilados por el espacio de análisis, desde el inicio del actual gobierno se destruyeron alrededor de 323.000 puestos de trabajo registrados.

La mayor parte de esa pérdida, explica Abraham, se concentra en la industria. La producción nacional atraviesa, según su lectura, una etapa particularmente delicada frente al aumento de las importaciones. Muchas empresas no logran competir con los productos que llegan del exterior y se ven obligadas a cerrar, reducir personal o modificar su modelo de negocio.

En algunos casos, describe, las fábricas directamente dejan de producir y pasan a dedicarse a la distribución de bienes importados. Abraham menciona el ejemplo de empresas que antes ensamblaban motos en el país, combinando componentes nacionales e importados y empleando a varias decenas de trabajadores. Hoy, con las motos llegando completamente armadas desde países como China o India, esas mismas compañías mantienen apenas unos pocos empleados encargados de embalar y distribuir los productos.

Es en ese proceso de reconversión donde se explica gran parte de la destrucción del empleo industrial. Para dimensionarlo, Abraham traduce la cifra total a una escala temporal: la pérdida de más de 320.000 puestos formales equivale, aproximadamente, a un empleo registrado que desaparece cada tres minutos.

Al mismo tiempo, muchas de las personas que pierden esos trabajos terminan desplazándose hacia actividades informales o hacia el cuentapropismo. Aparecen estrategias de subsistencia como el reparto en aplicaciones de delivery o la venta de productos a través de redes sociales y contactos personales.

El economista aclara que no hay una crítica hacia quienes recurren a esas alternativas para sostenerse. Lo que intenta remarcar es la diferencia en la calidad del empleo. Un puesto formal en la industria implica salario registrado, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o maternidad, cobertura sindical y una red de derechos laborales asociados.

Nada de eso suele acompañar a los trabajos informales. Por eso, advierte, la preocupación no se limita al nivel del ingreso sino a la estructura misma del mercado laboral. Y recuerda que los 323.000 empleos perdidos corresponden únicamente a los datos oficiales de trabajo registrado, es decir, a personas que dejaron de estar en blanco.

Sobre lo que ocurre en el universo del empleo informal —mucho más difícil de medir— solo existen estimaciones. Un terreno donde, sugiere Abraham, el impacto real podría ser todavía mayor.

La otra cara de la crisis: hogares endeudados

El economista abre otro capítulo del informe del Mirador para abordar un fenómeno que, según advierte, se está profundizando en silencio: el endeudamiento de los hogares.

La señal de alerta apareció esta semana a partir de datos del sistema financiero. El Grupo Banco Galicia, junto con Naranja X, informó resultados con pérdidas superiores a las previstas y un aumento significativo en los niveles de morosidad. Según esos reportes, el incumplimiento de pagos ya supera el 13% y, en el caso de las deudas vinculadas a billeteras virtuales, cerca del 30% se encuentra en mora.

Para Abraham, esos números ofrecen una fotografía muy concreta de la situación social que atraviesa el país. Y aclara que el problema no se limita a una entidad. "Cuando miramos los balances de todos los bancos —los más de sesenta que operan en Argentina— vemos que prácticamente todos, especialmente los grandes, tienen problemas crecientes para cobrar sus créditos", explica.

Cuando el crédito ya no alcanza

Las dificultades abarcan tanto préstamos a empresas como a personas. Pero es en el crédito al consumo donde el fenómeno se vuelve más visible. Las billeteras virtuales, que en los últimos años se convirtieron en una herramienta masiva de financiamiento cotidiano, muestran niveles de mora particularmente altos.

Según el análisis del MATE, el proceso de endeudamiento de las familias atravesó distintas etapas desde el inicio del actual ciclo económico. Abraham lo describe como una secuencia de tres fases. En la primera, durante el primer año de caída salarial, muchas personas pudieron sostener su nivel de consumo recurriendo a los ahorros acumulados en años anteriores. No se trataba de grandes capitales, aclara, sino de reservas modestas equivalentes a dos, tres o cuatro sueldos guardados con esfuerzo.

En una segunda etapa, cuando esos ahorros comenzaron a agotarse, el recurso pasó a ser el crédito. Muchas familias tomaron préstamos para sostener el consumo y mantener, en la medida de lo posible, un nivel de vida relativamente estable. Pero esa estrategia también tiene un límite.

La tercera fase es la que, según Abraham, comienza a verse ahora: los ahorros ya desaparecieron, la capacidad de endeudamiento se agotó y, en muchos casos, las personas ya no pueden afrontar el pago de los créditos que tomaron. Es allí donde aparecen los indicadores de morosidad que hoy preocupan al sistema financiero.

El fenómeno no se limita al circuito bancario formal. El economista advierte que en muchos barrios también se multiplican las deudas informales. Ante la imposibilidad de acceder a nuevos créditos en el sistema financiero, algunas personas recurren a prestamistas locales para conseguir dinero. En ciertos casos —señala— esos prestamistas están vinculados a economías ilegales o a redes delictivas.

Las consecuencias pueden ser graves. Cuando las deudas no se pagan, los acreedores reclaman con métodos mucho más agresivos que los del sistema formal. "La gente empieza perdiendo un televisor y puede terminar perdiendo la casa", describe Abraham, al explicar cómo funcionan esas presiones.

En paralelo, en el plano formal, se acumulan las deudas con bancos, con plataformas de pago digital o con sistemas de crédito asociados a billeteras virtuales, como los que ofrecen aplicaciones ampliamente utilizadas en la vida cotidiana, entre ellas Mercado Pago. El problema, señala, se concentra especialmente en los sectores populares, donde los ingresos resultan cada vez más insuficientes para cubrir gastos y compromisos financieros.

Desde su mirada, ese escenario contrasta con la agenda económica del gobierno, que suele enfocarse en reuniones con grandes actores del sistema financiero internacional. El periodista menciona, con ironía, el encuentro previsto entre el presidente y el banco de inversión JPMorgan Chase, interpretado por el oficialismo como una señal de confianza para atraer inversiones extranjeras.

Inversiones externas sin desarrollo local

El economista es escéptico respecto de ese camino. Considera que, aun en el caso de que llegaran capitales externos, eso no necesariamente se traduciría en más empleo o mejores salarios para la mayoría de la población. Según su visión, el marco actual de incentivos incluso favorece que esas inversiones operen con pocas obligaciones fiscales o productivas.

Aclara, sin embargo, que no se trata de rechazar la inversión extranjera en sí misma. Abraham recuerda que países como China lograron impulsar su crecimiento a partir de capitales internacionales desde las décadas de 1980 y 1990. La diferencia, subraya, fue el rol activo del Estado.

En el caso chino, explica, las autoridades exigían que las empresas extranjeras trabajaran con proveedores locales, transfirieran tecnología y ayudaran a desarrollar capacidades productivas nacionales. Esas condiciones permitieron que la llegada de inversiones se integrara a una estrategia de desarrollo industrial.

En cambio, sostiene que el esquema actual en Argentina avanza en una dirección opuesta. Desde su perspectiva, el gobierno promueve un modelo en el que las inversiones llegan con escasas obligaciones, sin exigencias de encadenamientos productivos locales y con beneficios impositivos significativos.

El periodista describe ese enfoque con una metáfora contundente: "una venta de garaje". Un escenario donde empresas extranjeras pueden explotar recursos naturales sin dejar una contribución sustancial al desarrollo económico del país.

Un país cada vez más extractivo

El integrante del MATE insiste en que el problema no es la explotación de recursos en sí misma —algo que considera importante para la economía argentina— sino la ausencia de reglas que aseguren beneficios para la sociedad. "No pueden venir, llevarse todo y no pagar impuestos", concluye. Según su argumento, un esquema así no funciona en ningún lugar del mundo.

Hacia el final de la conversación, Abraham vuelve sobre uno de los ejes que atraviesan todo el informe: el modelo de desarrollo que, a su juicio, está tomando forma en la Argentina.

El disparador es la discusión sobre la explotación de recursos naturales. En el debate público suele mencionarse el bajo porcentaje que reciben las provincias por actividades extractivas, como la minería. Referentes ambientalistas —entre ellos Enrique Viale— han señalado que en algunos casos la participación estatal es mínima frente al valor total de los recursos extraídos. Abraham matiza el número puntual, aunque coincide en el diagnóstico general: los nuevos proyectos tienden a ofrecer cada vez menos beneficios fiscales para el país.

Según explica, muchas de las iniciativas que se están promoviendo avanzan con exenciones impositivas tanto a nivel nacional como provincial. Ese esquema, sostiene, difícilmente pueda considerarse una estrategia de desarrollo. "Pensar que van a venir empresas extranjeras y que eso automáticamente va a generar crecimiento no funciona así", plantea.

Para el economista, el punto clave es el rol del Estado. No se trata de impedir la llegada de inversiones, sino de establecer condiciones claras: que paguen impuestos, que generen empleo y que desarrollen proveedores locales. Sin esos requisitos, afirma, la inversión externa se limita a extraer recursos sin integrarse a la economía nacional.

Esa ausencia de una política de desarrollo, dice, forma parte de una mirada económica que considera demasiado simplificada. Abraham cuestiona especialmente la idea —frecuente en el discurso oficial— de que la economía de un país funciona igual que la economía doméstica de una familia. A su entender, ese enfoque ignora el rol que puede tener el gasto público para impulsar la actividad en momentos de recesión.

Desde su perspectiva, el resultado de aplicar esa lógica es el que muestran hoy varios indicadores. Con un Estado que reduce el gasto en medio de una caída económica, el consumo se retrae y también lo hace la recaudación. Menos consumo implica menos ingresos por IVA; la pérdida de empleo reduce los aportes a la seguridad social; y la baja de impuestos a las exportaciones también achica otra fuente de recursos fiscales.

Ante ese escenario, señala Abraham, el gobierno recurre a ingresos extraordinarios para cubrir gastos corrientes. Entre ellos menciona la privatización de centrales hidroeléctricas, una medida que genera ingresos inmediatos pero que implica desprenderse de activos estratégicos construidos durante décadas. Se trata, explica, de recursos que ingresan una sola vez y que además reducen la capacidad del Estado para gestionar infraestructura clave en el futuro.

El economista sitúa este proceso dentro de un problema estructural más amplio: el peso de la deuda externa. Recuerda que el endeudamiento acumulado desde el gobierno de Mauricio Macri condicionó fuertemente la gestión posterior de Alberto Fernández y continúa influyendo sobre la actual administración encabezada por Javier Milei.

Según su análisis, el gobierno logró atravesar los primeros meses apoyándose en recursos extraordinarios: blanqueos de capitales, privatizaciones o apoyos financieros internacionales. Sin embargo, advierte que esos mecanismos no pueden sostenerse indefinidamente. Los ingresos excepcionales, por definición, se agotan.

El peso persistente de la deuda

"La deuda es la principal espada de Damocles que pende sobre este gobierno", afirma Abraham, convencido de que también condicionará a las administraciones futuras. Para pagar esos compromisos —explica— se necesita una economía que genere exportaciones, producción y empleo. Sin embargo, considera que el rumbo actual está debilitando precisamente esa estructura productiva.

El resultado posible de ese proceso, según su mirada, sería una economía cada vez más especializada en la extracción de recursos naturales, con escasa industria y altos niveles de informalidad laboral. Un modelo que compara con el de varios países de América Latina donde el peso de la economía informal es muy elevado, como Perú, Ecuador, Paraguay, Honduras o República Dominicana.

En ese escenario, Argentina correría el riesgo de convertirse —según sus palabras— en una economía basada casi exclusivamente en la explotación de recursos, con poco desarrollo industrial y escasa generación de empleo formal.

Abraham también vincula ese rumbo con la influencia de intereses internacionales, particularmente de Estados Unidos, a los que atribuye expectativas sobre el rol que debería ocupar la Argentina en la economía global. Desde su perspectiva, el actual gobierno se muestra especialmente alineado con esa visión.

Con ese diagnóstico cierra su análisis. Antes de despedirse, agradece el espacio para explicar el informe del MATE, un trabajo que —señala— busca aportar datos para entender los cambios que atraviesa la economía argentina y sus consecuencias sobre el trabajo, los ingresos y la estructura productiva del país.

Escuchá la entrevista completa:

Ajustar sin resolver: la economía de Milei y el costo social de un modelo que no reactiva

Lavih Abraham es economista, docente universitario e investigador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía del MATE. Desde ese espacio participa mensualmente en la elaboración de los informes de coyuntura y en múltiples análisis públicos que buscan explicar cómo las decisiones macroeconómicas terminan impactando de manera concreta en la vida cotidiana de los trabajadores, los jubilados y el conjunto de la población.

Como autor del último informe del MATE —un trabajo que analiza la evolución de la inflación, los salarios, el empleo, el modelo económico vigente y su impacto sobre trabajadores, jubilados y la producción—, Abraham traza en las Señales un diagnóstico severo sobre la economía argentina a comienzos de 2026. Para el economista, el ajuste implementado por el gobierno fue "muy fuerte" y, aunque reconoce que resolvió algunos problemas puntuales, sostiene que en términos generales "creó más problemas de los que solucionó".

Según explica, se trata de un ajuste que, a pesar de haber sido "durísimo" con la mayoría de las prestaciones del Estado —desde jubilaciones y obra pública hasta programas estatales—, no logró cumplir uno de sus objetivos centrales: frenar la inflación. El índice de precios, señala, sigue ubicándose en torno al 2,5 o 3% mensual y, lejos de desacelerarse, lleva ocho meses consecutivos de aumentos, mes tras mes, aunque sea de manera leve.

El impacto del ajuste tampoco fue neutro sobre el entramado productivo. Por el contrario, Abraham advierte que se agravaron los problemas estructurales al consolidarse un modelo económico muy distinto al de años anteriores. Un esquema de dólar barato, importaciones que compiten de forma directa y agresiva con la industria nacional y un creciente endeudamiento financiero configuran, a su entender, "el caldo de cultivo de la próxima crisis". En ese marco, describe a un gobierno que no deja de ajustar pero que, al mismo tiempo, "no le encuentra la vuelta", mientras en el camino arrasa con la producción nacional, la industria, la construcción, el comercio y el conjunto de los sectores productivos.

Un ajuste profundo que no resolvió la inflación
Los salarios aparecen como una de las principales variables de ajuste. Para Abraham, el objetivo de fondo de la política económica ha sido bajar los sueldos, y afirma que ese objetivo se está cumpliendo. El informe también muestra que, pese al ajuste, la inflación volvió a acelerarse en diciembre, un dato que para el economista confirma la ausencia de un programa antiinflacionario consistente. "No hay un plan", sostiene, y cuestiona la confianza casi exclusiva del gobierno en el dogma de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

Si bien reconoce que se redujo fuertemente la emisión, remarca que los resultados no acompañaron esa estrategia. En 2025, la inflación alcanzó el 31%, un nivel que supera al de 2015 y al de prácticamente todos los años entre 2002 y 2017. Aun con esa inflación elevada, explica, el gobierno parece apostar a que los desequilibrios se resolverán de manera automática, una expectativa que, según Abraham, "evidentemente no funciona así".

Uno de los datos más contundentes del informe es la caída histórica del salario estatal. Los ingresos de los trabajadores del Estado se ubican un 20% por debajo de los niveles de 2023, lo que implica una pérdida acumulada cercana a los 10 millones de pesos por trabajador. Para Abraham, no hay antecedentes recientes de un deterioro de esta magnitud. Recuerda que el empleo estatal estuvo muy mal remunerado durante los años 80 y 90, especialmente en esa última década, pero que a partir de 2003 se produjo una revalorización tanto simbólica como salarial del trabajo en el sector público.

Entre 2003 y 2015, explica, los salarios estatales mejoraron y, con altibajos, ese nivel se sostuvo hasta 2023. El cambio, afirma, es deliberado. Sostiene que el actual gobierno busca "destruir el Estado", algo que, según señala, fue anunciado explícitamente por el propio presidente. Parte de esa estrategia consiste en destruir los salarios de quienes trabajan en el sector público, además de despedir a decenas de miles de empleados y cerrar reparticiones en todo el territorio nacional.

El desfinanciamiento alcanza a áreas clave como la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y los servicios sociales. Dentro de ese proceso, subraya Abraham, se encuentra también el recorte sistemático del salario estatal, que hoy se ubica un 20% por debajo de su poder de compra de 2023, no de manera puntual sino de forma permanente, mes tras mes. "No es menor que un sueldo compre 20% menos de lo que compraba", advierte, y define la situación como una ruptura profunda con la vida cotidiana de los trabajadores del Estado.

Las consecuencias ya son visibles. Los trabajadores más calificados comienzan a abandonar el sector público, lo que genera un vaciamiento progresivo del Estado. En el extremo de mayor calificación, como el caso de científicos e investigadores, muchos optan directamente por emigrar o abandonar las universidades. Abraham describe departamentos universitarios completos que no logran cubrir cargos docentes porque los profesionales más formados prefieren irse ante salarios que considera indignos. Todo ese proceso, concluye, forma parte de una destrucción sistemática del Estado, que incluye el empobrecimiento de sus trabajadores, el achicamiento de sus funciones y el despido de más de 80.000 personas sin ningún tipo de contemplación.

El Estado como enemigo: salarios estatales en caída libre
El deterioro salarial que describe el informe no se limita al empleo estatal. Abraham señala que el sector privado también fue golpeado, aunque con matices. La pérdida inicial, explica, se produjo apenas iniciado el actual gobierno, a partir de una fuerte devaluación decidida de manera deliberada. Esa devaluación disparó un salto inflacionario inmediato que no fue compensado por los salarios, ni públicos ni privados. "Perdieron todos", resume el economista.

Durante 2024, sin embargo, el sector privado mostró una dinámica algo distinta. Las paritarias permitieron una recuperación parcial de los salarios hacia la segunda mitad del año, aunque sin revertir completamente el golpe inicial. Esa tendencia se frenó en 2025. Las negociaciones salariales de ese año, según Abraham, apenas alcanzaron para "sostener" los ingresos y evitar una caída mayor, pero no lograron recuperar lo perdido. El resultado es un salario privado que, en promedio, quedó entre un 6 y un 7% por debajo de los niveles de 2023 en términos de poder adquisitivo.

El promedio, aclara, esconde realidades muy dispares. Hay sectores que perdieron entre un 10 y un 15% de su poder de compra y otros que lograron mantenerse más cerca de los niveles previos. Aun así, el balance general es negativo: los sueldos ya no alcanzan. Y esa medición, agrega, se realiza sobre la base de un índice de inflación que considera desactualizado. El índice oficial, sostiene, necesita una revisión profunda que el gobierno ha decidido postergar sistemáticamente, hasta llegar incluso a afirmar que no lo hará. "Mide la inflación como quiere", dice Abraham, y advierte que ese manejo erosiona la credibilidad, debilita la institucionalidad y termina afectando seriamente la confianza en las estadísticas públicas.

Jubilados, pensionados, el ajuste silencioso
Entre los sectores más castigados aparecen los jubilados y pensionados. Al inicio del gobierno, explica, las jubilaciones no fueron actualizadas, lo que provocó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo. Parte de ese deterioro se recuperó hacia fines de 2024, pero el daño no se revirtió. Con la nueva fórmula de actualización, que ajusta las jubilaciones a la par de la inflación, los haberes quedaron en promedio un 23% por debajo de los niveles de 2023. En términos concretos, una jubilación que antes permitía comprar 100 hoy permite comprar apenas 77.

La situación es aún más grave para quienes cobran la mínima. En ese caso, la pérdida de poder adquisitivo se acerca al 28%. Abraham lo traduce en una cifra contundente: a un jubilado se le quitó, mes tras mes, entre un 25 y un 28% de su ingreso. Sumado en el tiempo, equivale a unos 5 millones de pesos que debería haber cobrado desde el inicio del gobierno y que nunca llegaron a su bolsillo. No se trata de una suma concentrada en un solo pago, sino de pequeñas pérdidas acumuladas a lo largo de los meses. "Es mucha plata", remarca, y subraya que esa ausencia de ingresos golpea de lleno a la actividad económica, al comercio y al consumo en general.

Quiénes ganan con el ajuste
El informe también cuantifica una transferencia de ingresos de magnitud inédita: cerca de 67 billones de pesos que salieron de los salarios. La pregunta por el destino de ese dinero no tiene una respuesta sencilla. Abraham explica que una parte directamente "se destruyó". Al caer la producción, esa riqueza dejó de existir: no se transformó en consumo, ni en inversión, ni en producto. Simplemente desapareció, empobreciendo al conjunto de la sociedad argentina.

Otra parte, en cambio, sí tuvo ganadores. Los principales beneficiados, según el economista, fueron ciertos sectores vinculados a las finanzas. No se trata exclusivamente de los bancos —que en algunos casos ganaron y en otros perdieron—, sino de un entramado más amplio. Muchas grandes empresas, explica, poseen enormes activos financieros además de su capacidad productiva. Junto a la empresa que fabrica y vende, existe una "segunda empresa", completamente financiera, cuyos fondos en muchos casos equivalen al valor total de la firma. En ese proceso, compañías tradicionalmente productivas pasaron a obtener una parte creciente de sus ganancias en el plano financiero. Incluso empresas con márgenes productivos bajos lograron grandes beneficios a través de operaciones financieras. Ese sector, concluye Abraham, es uno de los grandes ganadores del modelo.

Un modelo que no crea trabajo
El ajuste también dejó una huella profunda en el empleo. Desde la asunción del gobierno se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales. Para Abraham, lejos de ser un daño colateral, esa caída es consistente con el modelo económico vigente. Cerca de 100.000 empleos se perdieron en el sector público y otros 200.000 en el privado. Se trata de un esquema que no genera trabajo porque los sectores más castigados son justamente los grandes empleadores de la Argentina: la industria, la construcción y el comercio.

La construcción, señala, mueve millones de puestos de trabajo; la industria emplea cerca de un millón de trabajadores, aunque ya perdió casi 100.000; y el comercio funciona históricamente como un gran absorbente de mano de obra. Muchos de esos empleos dejaron de estar registrados y pasaron a la informalidad. Otras personas directamente perdieron su trabajo y hoy sobreviven con changas: manejan para aplicaciones, hacen repartos en moto, venden productos puerta a puerta o a través de redes sociales. Son esas las ocupaciones que crecieron, pero no compensan ni en cantidad ni en calidad la pérdida de empleo formal.

Para Abraham, ese cambio no es menor. Se trata de una degradación profunda de la calidad del trabajo. Un empleo registrado implica aguinaldo, vacaciones, licencias por maternidad y enfermedad, obra social, representación sindical y una red de derechos y beneficios que forman parte de la historia de la clase trabajadora argentina. Nada de eso existe en el trabajo no registrado. Más allá de que algunos puedan "hacer unos mangos" con su auto o su moto, sostiene, nunca es lo mismo que contar con un empleo formal y con los derechos que ese tipo de trabajo supo garantizar a lo largo del tiempo.

La vida en cuotas
El deterioro de los ingresos no se expresa solo en estadísticas. Para Abraham, una de las señales más claras del momento actual es el nivel de endeudamiento de los hogares. Cada vez más familias, explica, se endeudan para comer, para pagar los servicios básicos o simplemente para llegar a fin de mes. Cuando el salario no alcanza, la reacción inmediata es intentar sostener el nivel de vida recurriendo al crédito. Y cuando aparece cualquier imprevisto, el endeudamiento se vuelve inevitable.

El economista describe escenas que se repiten con frecuencia: familias que no pueden afrontar la reparación de un electrodoméstico, mucho menos la compra de uno nuevo, y que terminan resolviendo todo a través de cuotas y más cuotas. Compras básicas del supermercado financiadas en tres o cuatro pagos, tarjetas de crédito al límite y un crecimiento sostenido de las deudas impagas. "Cada vez más deudas atrasadas, cada vez más deudas en mora", resume.

Récord histórico de mora y la usura del día a día
Los datos del Banco Central confirman ese cuadro. Según Abraham, la Argentina atraviesa el momento de mayor irregularidad en los pagos de toda su historia, incluso por encima de lo ocurrido a la salida de la pandemia o durante la crisis de 2018. Al analizar dónde se concentran esas deudas, aparece un dato clave: si bien hay mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, el mayor nivel de irregularidad se registra en las compañías financieras.

Se trata, explica, de los créditos más fáciles de obtener, aquellos a los que accede la mayoría de la gente en los barrios, con préstamos pequeños y de corto plazo. No son los bancos tradicionales, sino las financieras de acceso rápido. Allí, casi el 30% de los créditos presenta atrasos. "Uno de cada tres créditos no se puede pagar", señala Abraham, y define la situación como una barbaridad.

Ese mecanismo genera una dinámica asfixiante: cobrar el sueldo y destinarlo casi por completo a pagar deudas previas, para luego volver a endeudarse durante el mes siguiente. Ya no existe la posibilidad de guardar dinero. El salario entra y sale de inmediato, absorbido por tarjetas y cuotas que se convierten en una bola imposible de frenar. Es, para el economista, otra evidencia de que los sueldos no alcanzan y de que la Argentina se ha convertido en un país carísimo para su propia población.

El periodista ilustra esa realidad con una escena cotidiana que le tocó presenciar. En la fila de un comercio, la mujer que estaba delante suyo intentó pagar con una aplicación de uso común. El pago fue rechazado por falta de fondos. La mujer le pidió unos minutos y terminó pidiendo dinero prestado y sacando un crédito en el acto para poder pagar la compra. "¿Cuánta gente hace lo mismo?", se pregunta. Y advierte Abraham que detrás de esas operaciones hay comisiones altísimas y tasas de interés extremadamente elevadas.

Ese esquema, sostiene, es posible porque las tasas están completamente desreguladas. El gobierno, afirma, no tiene interés en regularlas, apoyado en una concepción según la cual el mercado se autorregula. Para Abraham, la experiencia demuestra lo contrario: el mercado sí se regula, pero siempre a favor de los más fuertes y en contra de los más débiles.

Destruir en meses lo que llevó décadas construir
El panorama general que traza es el de una economía que no logra reactivarse, que no produce y que depende cada vez más de importaciones, mientras destruye un entramado industrial que llevó décadas construir. "Romper una construcción colectiva de décadas", dice, para convertir a la Argentina en una plataforma de exportación subordinada a la economía norteamericana. En su diagnóstico, lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino también la identidad nacional, sometida a una lógica de alineamiento y dependencia absoluta.

Ese es, para Abraham, el rumbo actual. Un camino que conduce a una economía más frágil, más desigual y con una sociedad empobrecida, donde el ajuste no resolvió los problemas de fondo y dejó heridas profundas en el trabajo, los ingresos y la vida cotidiana de millones de personas.

Con esa advertencia final, el economista cierra su análisis. Del otro lado, la charla se interrumpe brevemente por una escena doméstica: un niño reclama atención. La realidad, una vez más, se cuela en medio del diagnóstico económico.

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