Paramount Skydance llegó a un acuerdo con los fiscales generales de 12 estados de Estados Unidos que elimina uno de los principales obstáculos para concretar su adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 111.000 millones de dólares y considerada la mayor fusión de la historia de Hollywood.
El acuerdo se alcanzó después de un fin de semana de intensas negociaciones y poco antes de que Paramount comenzara a acumular, a partir del 1 de octubre, una penalización de 7 millones de dólares diarios, un hito que había adquirido especial importancia en el proceso. Bloomberg fue el primero en informar sobre el acuerdo, seguido por The Wall Street Journal. Una fuente también confirmó la operación a Variety.
La fusión permanecía suspendida a la espera de la resolución de la demanda antimonopolio presentada por los estados, cuyo juicio estaba previsto para el 2 de marzo de 2027.
Los detalles completos del acuerdo todavía no fueron hechos públicos. Entre los principales puntos discutidos durante las negociaciones estuvieron los compromisos de Paramount de mantener su actividad en California y las garantías sobre sus niveles de producción. También se debatieron cuestiones vinculadas con la supervisión editorial de CBS News y CNN, una preocupación especialmente importante para los fiscales generales de la Costa Este.
Según fuentes citadas por Variety, el acuerdo no exige a Paramount realizar desinversiones importantes.
La coalición de 12 estados estuvo encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y presentó la demanda para bloquear la operación en julio, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había dado previamente su aprobación.
Desde entonces, Bonta había insistido en la necesidad de establecer "medidas estructurales contundentes", una expresión que había sido interpretada como una posible exigencia de importantes desinversiones por parte de Paramount.
El acuerdo fue cuestionado por sectores que se oponían a la fusión. Alvaro Bedoya, asesor principal del American Economic Liberties Project, acusó a Bonta de ceder ante la presión ejercida por Paramount y también criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, y a Xavier Becerra, quien aspira a sucederlo.
"Hoy, los multimillonarios volvieron a abrirse camino hasta la cima mediante sobornos, censura e intimidación", afirmó Bedoya. También sostuvo que los trabajadores de la industria cinematográfica y televisiva, así como las pequeñas empresas que dependen de ella, se verían perjudicados.
La demanda de la WGA
La WGA East y la WGA West, que representan conjuntamente a los guionistas, explicaron que la decisión se produjo después de que los fiscales generales de los 12 estados alcanzaran su propio acuerdo con Paramount.
"Seguimos creyendo que la fusión causará daños a los guionistas y a la industria en su conjunto", señaló la organización. Sin embargo, explicó que, como entidad sin fines de lucro, debía afrontar la realidad de continuar con un complejo litigio antimonopolio sin el respaldo de las autoridades gubernamentales y con costos que podrían ascender a millones de dólares hasta llegar a juicio.
Como parte del acuerdo, Paramount se comprometió a prohibir durante cinco años los despidos de guionistas en CBS News Broadcast. Además, pagará 17,5 millones de dólares al fondo de salud de la WGA, junto con los honorarios legales derivados del litigio.
Aunque la WGA reconoció que no logró bloquear la fusión, sostuvo que su campaña contribuyó a poner el foco en los posibles efectos de esta operación y de otros procesos de concentración dentro de la industria.
"Seguiremos luchando contra los efectos de la concentración de la industria", afirmó la organización.
La WGA también planteó la necesidad de una separación estructural entre las plataformas de streaming y los estudios para promover una mayor competencia en materia de programación. Como antecedente, mencionó las antiguas Financial Interest and Syndication Rules (Fin-Syn), normas que durante décadas limitaron la participación de las cadenas de televisión abierta en la producción y distribución de contenidos.
Una batalla legal que duró meses
La jueza Araceli Martínez-Olguin, a cargo de la demanda antimonopolio presentada por los estados, había impuesto en julio una orden de restricción de 28 días y consideró que los fiscales generales habían presentado argumentos sólidos para sostener que la operación podía perjudicar la competencia en los mercados de televisión por cable básica y exhibición cinematográfica.
Paramount posteriormente aceptó suspender la operación hasta la celebración de un juicio sobre el fondo del caso, en lugar de enfrentarse a una solicitud de los estados para obtener una medida cautelar que impidiera provisionalmente la fusión.
Los fiscales generales sostenían que la operación podía provocar precios más altos y menos opciones para las salas de cine y para los proveedores de televisión por cable y satélite, que a su vez podrían trasladar esos mayores costos a los consumidores.
Paramount, en cambio, defendió durante todo el proceso que la operación era favorable a la competencia y que permitiría aumentar la producción de contenidos mientras la compañía intenta competir con gigantes del streaming como Netflix y Amazon.
En las últimas semanas, Paramount había incrementado la presión sobre Bonta para que abandonara el litigio. Entre otras medidas, llegó a amenazar con abandonar California y trasladar parte de sus operaciones a Texas o Tennessee. La compañía también recurrió a legisladores demócratas del estado para que instaran a Bonta a alcanzar un acuerdo. Los sindicatos IATSE y Directors Guild of America (DGA) también habían presionado a favor de una solución negociada.
Cinema United, la asociación comercial que representa a las salas de cine, inicialmente se había opuesto con firmeza a la fusión. Sin embargo, después de que sus tres mayores integrantes —AMC, Cinemark y Regal— expresaran uno tras otro su respaldo a un acuerdo, la organización modificó su posición y también pidió una salida negociada.
Esto dejó a Bonta y a los demás fiscales generales en una situación más compleja para intentar demostrar un perjuicio económico para los exhibidores, ya que varios de ellos habían dejado de respaldar públicamente la oposición a la operación.
Con el acuerdo alcanzado con los estados y el posterior entendimiento con la WGA, Paramount elimina dos de los principales frentes legales que amenazaban con retrasar o impedir la adquisición de Warner Bros. Discovery.
Fuente: Variety
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