"Hay que opinar sobre estos temas", había planteado la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck al presentar el proyecto. Lo que siguió fue una de las discusiones más extensas de la sesión. La presidenta del Concejo bajó del estrado y desde una banca habló primero para explicar el sentido de la iniciativa y volvió luego a bajar del estrado para responder a sus pares. El expediente finalmente fue aprobado por mayoría reglamentaria, aunque con ocho votos negativos y una abstención.
El debate comenzó con una definición política de Schmuck. El proyecto que impulsaba buscaba expresar el beneplácito del cuerpo por el dictado del Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y por las condiciones que, según el oficialismo, permitieron la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional.
Pero antes de entrar en el articulado, Schmuck eligió poner el expediente en el contexto de la crisis de violencia que atravesó Rosario.
"Nosotros venimos de una época muy complicada, hace no menos de tres años la ciudad enterraba pibes, contaba muertos", sostuvo. Y agregó que entonces "había alrededor de 300 muertos, éramos récord Guinness en materia de violencia urbana, teníamos 20 patrulleros en la calle".
Desde allí construyó el argumento central de su intervención: si durante años la violencia y el crimen organizado fueron uno de los principales problemas de Rosario, los concejales debían discutir también las herramientas con las que el Estado pretende enfrentarlos.
"No es progre decir que se imputen a los menores de 16 años, pero la verdad es que en la ciudad de Rosario, desde los 14 hasta los 18 años, estos pibes eran utilizados por las bandas criminales para extorsionar, para asesinar, para generar el período de violencia más oscura que vivimos en la ciudad en democracia", expresó la integrante del bloque Unidos por Rosario.
"Cuando venimos de esa situación, en donde la mayoría de las víctimas y la mayoría de los que perpetraban esos delitos eran adolescentes, hay que opinar sobre estos temas", afirmó.
La referencia a los "300 muertos" es uno de los puntos que luego quedó expuesto al contraste con las estadísticas oficiales. La serie del Observatorio de Seguridad Pública para el departamento Rosario registra 290 homicidios en 2022 y 262 en 2023, mientras que el registro de 2024 descendió a 92.
La precisión geográfica tampoco es menor: esos números corresponden al departamento Rosario y no exclusivamente al municipio. En la infografía anual de 2024 del Observatorio de Seguridad Pública se consignaron 79 homicidios ocurridos específicamente en la ciudad de Rosario, mientras que otros hechos correspondieron a localidades del departamento.
No se trata de una diferencia meramente semántica. El departamento Rosario incluye, además de la ciudad, localidades como Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Alvear, Piñero y otras. Por eso, cuando se utiliza una cifra departamental para describir exclusivamente a la ciudad, es necesario hacer esa aclaración.
El dato de 2022, de todos modos, sí marca un punto de inflexión: el propio Gobierno provincial reconoce ese año como el pico histórico de la tasa de homicidios de la ciudad, con 25 homicidios cada 100.000 habitantes.
La discusión, entonces, quedó planteada desde el comienzo entre dos planos: el recuerdo de una Rosario atravesada por una violencia extrema y la necesidad de utilizar estadísticas precisas para describirla.
Salinas: "¿Qué carajos hacemos con esos pibes?"
El concejal de Ciudad Futura, Antonio Salinas, anticipó el voto negativo de su bloque, pero dedicó buena parte de su intervención a explicar por qué. Su planteo fue que el Concejo estaba discutiendo un proyecto que había cambiado varias veces y que, en su recorrido, había terminado mezclando situaciones, diagnósticos e instrumentos diferentes.
"Ya se está volviendo costumbre en este recinto discutir cuestiones que no se sabe bien qué estamos discutiendo", advirtió.
Salinas explicó que había preparado tres argumentaciones diferentes porque, según señaló, el proyecto había atravesado tres etapas.
Primero, dijo, había sido una declaración de preocupación por una situación que finalmente no ocurrió: la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires que había declarado inaplicable el nuevo régimen. Para Salinas, aquella resolución no tenía impacto jurídico directo sobre Santa Fe ni sobre Rosario.
Después, explicó, el proyecto se transformó en un beneplácito por la supuesta preparación de la provincia para aplicar el nuevo régimen penal juvenil.
Y allí planteó una de sus principales objeciones: afirmó que, tras realizar "tres o cuatro llamados a operadores del sistema judicial", recibió como respuesta que tampoco tenían conocimiento suficiente sobre la infraestructura, los cargos, los recursos humanos y los dispositivos que el proyecto daba por existentes y preparados.
"Entonces también es honesto decir que estamos celebrando o declarando el beneplácito por algo que, por lo menos nosotros como concejales, desconocemos", sostuvo.
Por eso reclamó que el propio Concejo utilizara sus comisiones y el recinto para convocar a funcionarios y operadores del sistema y conocer en detalle qué dispositivos existen, dónde están y con qué recursos cuentan.
Pero su intervención rápidamente pasó del expediente a una discusión mucho más amplia. Salinas cuestionó la tendencia a debatir seguridad mediante "instrumentos aislados" y no a partir de estrategias integrales.
"Venimos diciendo hace tiempo que el problema de la ciudad, de la provincia y del país hace un tiempo es que venimos discutiendo mal las cosas, medio hasta de manera maniquea, tratando de generar posiciones contradictorias solamente para oponernos o, en todo caso, oponernos a la oposición", afirmó.
Desde allí habló desde su propia experiencia territorial. "Milito hace 25 años en los barrios populares", recordó. Y planteó que no podía reducirse el debate a quién está preocupado por la violencia y quién no.
"¿A quién no le preocupa la muerte joven? ¿A quién no le preocupa los asesinatos de los jóvenes que mataban o eran muertos en enfrentamientos?", preguntó.
Salinas contó además que buena parte de su militancia estuvo vinculada al estudio de estas problemáticas y reivindicó un enfoque que, según dijo, tiene poca tradición en la cultura securitaria argentina: la prevención social del delito.
Reconoció la reducción de los homicidios y utilizó una metáfora para diferenciar esa mejora de la resolución de las causas profundas.
"Nos gusta mucho una frase que dice que bajó la fiebre, es decir, la tasa de homicidios bajó. ¿Quién puede negar que la tasa de homicidios bajó?", señaló.
Pero inmediatamente planteó la segunda parte de la cuestión: "Ahora también hay que atacar las causas profundas de la enfermedad, o sea, cuáles son esas causas que generan la violencia en nuestra ciudad."
Su argumento se concentró especialmente en una franja etaria que consideró crítica: los adolescentes de entre 11 y 16 años. Según explicó, en esa etapa se combinan problemas de conformación subjetiva con dificultades concretas del sistema educativo.
Afirmó que la deserción y el ausentismo escolar se multiplican "por cuatro o por cinco" entre los 11 y los 16 años y describió una situación que, según su experiencia territorial, deja a muchos adolescentes fuera de las instituciones.
"Los pibes y las pibas son muy grandes para volver a sus escuelas primarias, donde quizás han repetido dos o tres veces, entonces el sistema de educación primaria muchas veces los termina expulsando y son muy chicos para entrar a los EMPAS", explicó.
Y puso un ejemplo concreto de Nuevo Alberdi. Relató el trabajo realizado en una escuela que, según contó, el propio Ministerio de Educación terminó reconociendo como el EMPA más grande de la provincia de Santa Fe en cantidad de ingresos, permanencia y egresados.
"Me enorgullece profundamente decir que a más de 500 y 600 jóvenes hemos atravesado, hemos cortado, interceptado destinos que parecían irreductibles y se han modificado, han conseguido buenos laburos, han ido a la universidad, han estudiado tecnicaturas", afirmó.
El ejemplo también le permitió mostrar el problema que encuentra con adolescentes más chicos. Contó que madres de chicos de 13, 14 y 15 años se acercan preocupadas y que muchas veces la respuesta que reciben es que esos adolescentes todavía no pueden ingresar al EMPA, porque el sistema establece determinadas edades para el acceso.
Así llegó a una de las preguntas centrales de su exposición: "Entonces evidentemente los pibes entre 11 y 16 son muy grandes para volver a la escuela primaria y muy chicos para ir al EMPA, quedan a la intemperie. Entonces yo pregunto qué hacemos con esos pibes, yo también quiero discutir seriamente todas estas cuestiones", agregó.
Salinas también contó que venía trabajando con una fundación de Buenos Aires y destacó especialmente que se trataba de personas que pensaban políticamente distinto a él. "Me gusta entrevistar y juntarme con gente que piensa bastante distinto a lo que pienso yo", explicó.
Entre esas conversaciones mencionó a un especialista en seguridad que, según relató, se reconocía de derecha y había sido asesor del Banco Mundial. De esa conversación recuperó una definición que consideró especialmente significativa después de haber trabajado en países afectados por el narcotráfico.
Según Salinas, ese especialista le había planteado que la política de prevención social del delito más efectiva para reducir la escalada de violencia consiste en "estrangular la capacidad de reclutamiento de las bandas narco".
La expresión se convirtió en uno de los conceptos centrales de su intervención. Pero Salinas no se quedó en el diagnóstico. Preguntó directamente qué políticas están implementando actualmente los distintos niveles del Estado para conseguirlo.
"¿Cuáles son las políticas que hoy están en curso en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país para estrangular concretamente la capacidad de reclutamiento de las bandas narco?"
Su preocupación era que los adolescentes fueran reclutados cada vez a edades más tempranas y que la única respuesta institucional terminara siendo bajar progresivamente la edad de ingreso al sistema penal.
"¿Qué vamos a hacer? ¿Cada vez los vamos a meter en cana más temprano? Puede ser una opción, digo, discutámosla", planteó. Pero inmediatamente propuso otra perspectiva. "Quizá se puede construir instituciones, políticas públicas que los recluten antes y uso esa palabra a propósito: reclutemos antes", sostuvo.
La idea, explicó, sería intervenir antes sobre los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, pero también sobre aquellos que ya comenzaron a delinquir o que ya están involucrados en hechos violentos.
"Trabajemos sobre los pibes que delinquen, sobre los pibes que matan, pensemos cuál es esa mejor propuesta", agregó.
El concejal también llevó la discusión al terreno concreto de las condiciones de encierro. Recordó que el nuevo régimen establece que los jóvenes no deben permanecer alojados en las mismas instituciones carcelarias que los adultos y preguntó si esas condiciones estaban efectivamente garantizadas.
Para fundamentar la preocupación, mencionó una resolución del Ministerio Público de la Defensa, la 240, que —según relató— había sido señalada por su asesora, la doctora Jessica Pellegrini, como un documento que advertía sobre las condiciones de encierro de adolescentes y la necesidad de garantizar que no fueran alojados bajo las mismas condiciones que los adultos.
"Bueno, trabajemos eso. O sea, pensemos eso al libro abierto, traigamos funcionarios provinciales, municipales", propuso. De esta manera, Salinas volvió a su planteo inicial: discutir el sistema completo y no solamente el instrumento penal.
¿Qué hacer cuando el Estado llega tarde y un adolescente ya cometió un delito? ¿Qué dispositivos existen? ¿Cómo se garantiza una respuesta diferenciada? ¿Y cómo se evita que otros adolescentes lleguen hasta ese punto?
Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de actuar antes. "¿Cómo estrangulamos la capacidad de reclutamiento de las bandas narcos?", volvió a preguntar.
Según sostuvo, las organizaciones sociales vienen realizando esfuerzos importantes en esa dirección, pero advirtió que observa pocas políticas públicas específicamente orientadas a cortar esa capacidad de captación.
Su propuesta final fue concreta: que el Concejo discuta y construya políticas destinadas a los chicos y chicas de entre 11 y 16 años, precisamente la franja que, según su experiencia, queda muchas veces en un vacío institucional entre la escuela primaria y los dispositivos para adultos.
Y cerró con una pregunta que terminó convirtiéndose en una de las frases más fuertes de toda la sesión: "Entonces, ¿qué carajos hacemos?"
"Ya se está volviendo costumbre en este recinto discutir cuestiones que no se sabe bien qué estamos discutiendo", advirtió.
Salinas explicó que había preparado tres argumentaciones diferentes porque, según señaló, el proyecto había atravesado tres etapas.
Primero, dijo, había sido una declaración de preocupación por una situación que finalmente no ocurrió: la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires que había declarado inaplicable el nuevo régimen. Para Salinas, aquella resolución no tenía impacto jurídico directo sobre Santa Fe ni sobre Rosario.
Después, explicó, el proyecto se transformó en un beneplácito por la supuesta preparación de la provincia para aplicar el nuevo régimen penal juvenil.
Y allí planteó una de sus principales objeciones: afirmó que, tras realizar "tres o cuatro llamados a operadores del sistema judicial", recibió como respuesta que tampoco tenían conocimiento suficiente sobre la infraestructura, los cargos, los recursos humanos y los dispositivos que el proyecto daba por existentes y preparados.
"Entonces también es honesto decir que estamos celebrando o declarando el beneplácito por algo que, por lo menos nosotros como concejales, desconocemos", sostuvo.
Por eso reclamó que el propio Concejo utilizara sus comisiones y el recinto para convocar a funcionarios y operadores del sistema y conocer en detalle qué dispositivos existen, dónde están y con qué recursos cuentan.
Pero su intervención rápidamente pasó del expediente a una discusión mucho más amplia. Salinas cuestionó la tendencia a debatir seguridad mediante "instrumentos aislados" y no a partir de estrategias integrales.
"Venimos diciendo hace tiempo que el problema de la ciudad, de la provincia y del país hace un tiempo es que venimos discutiendo mal las cosas, medio hasta de manera maniquea, tratando de generar posiciones contradictorias solamente para oponernos o, en todo caso, oponernos a la oposición", afirmó.
Desde allí habló desde su propia experiencia territorial. "Milito hace 25 años en los barrios populares", recordó. Y planteó que no podía reducirse el debate a quién está preocupado por la violencia y quién no.
"¿A quién no le preocupa la muerte joven? ¿A quién no le preocupa los asesinatos de los jóvenes que mataban o eran muertos en enfrentamientos?", preguntó.
Salinas contó además que buena parte de su militancia estuvo vinculada al estudio de estas problemáticas y reivindicó un enfoque que, según dijo, tiene poca tradición en la cultura securitaria argentina: la prevención social del delito.
Reconoció la reducción de los homicidios y utilizó una metáfora para diferenciar esa mejora de la resolución de las causas profundas.
"Nos gusta mucho una frase que dice que bajó la fiebre, es decir, la tasa de homicidios bajó. ¿Quién puede negar que la tasa de homicidios bajó?", señaló.
Pero inmediatamente planteó la segunda parte de la cuestión: "Ahora también hay que atacar las causas profundas de la enfermedad, o sea, cuáles son esas causas que generan la violencia en nuestra ciudad."
Su argumento se concentró especialmente en una franja etaria que consideró crítica: los adolescentes de entre 11 y 16 años. Según explicó, en esa etapa se combinan problemas de conformación subjetiva con dificultades concretas del sistema educativo.
Afirmó que la deserción y el ausentismo escolar se multiplican "por cuatro o por cinco" entre los 11 y los 16 años y describió una situación que, según su experiencia territorial, deja a muchos adolescentes fuera de las instituciones.
"Los pibes y las pibas son muy grandes para volver a sus escuelas primarias, donde quizás han repetido dos o tres veces, entonces el sistema de educación primaria muchas veces los termina expulsando y son muy chicos para entrar a los EMPAS", explicó.
Y puso un ejemplo concreto de Nuevo Alberdi. Relató el trabajo realizado en una escuela que, según contó, el propio Ministerio de Educación terminó reconociendo como el EMPA más grande de la provincia de Santa Fe en cantidad de ingresos, permanencia y egresados.
"Me enorgullece profundamente decir que a más de 500 y 600 jóvenes hemos atravesado, hemos cortado, interceptado destinos que parecían irreductibles y se han modificado, han conseguido buenos laburos, han ido a la universidad, han estudiado tecnicaturas", afirmó.
El ejemplo también le permitió mostrar el problema que encuentra con adolescentes más chicos. Contó que madres de chicos de 13, 14 y 15 años se acercan preocupadas y que muchas veces la respuesta que reciben es que esos adolescentes todavía no pueden ingresar al EMPA, porque el sistema establece determinadas edades para el acceso.
Así llegó a una de las preguntas centrales de su exposición: "Entonces evidentemente los pibes entre 11 y 16 son muy grandes para volver a la escuela primaria y muy chicos para ir al EMPA, quedan a la intemperie. Entonces yo pregunto qué hacemos con esos pibes, yo también quiero discutir seriamente todas estas cuestiones", agregó.
Salinas también contó que venía trabajando con una fundación de Buenos Aires y destacó especialmente que se trataba de personas que pensaban políticamente distinto a él. "Me gusta entrevistar y juntarme con gente que piensa bastante distinto a lo que pienso yo", explicó.
Entre esas conversaciones mencionó a un especialista en seguridad que, según relató, se reconocía de derecha y había sido asesor del Banco Mundial. De esa conversación recuperó una definición que consideró especialmente significativa después de haber trabajado en países afectados por el narcotráfico.
Según Salinas, ese especialista le había planteado que la política de prevención social del delito más efectiva para reducir la escalada de violencia consiste en "estrangular la capacidad de reclutamiento de las bandas narco".
La expresión se convirtió en uno de los conceptos centrales de su intervención. Pero Salinas no se quedó en el diagnóstico. Preguntó directamente qué políticas están implementando actualmente los distintos niveles del Estado para conseguirlo.
"¿Cuáles son las políticas que hoy están en curso en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro país para estrangular concretamente la capacidad de reclutamiento de las bandas narco?"
Su preocupación era que los adolescentes fueran reclutados cada vez a edades más tempranas y que la única respuesta institucional terminara siendo bajar progresivamente la edad de ingreso al sistema penal.
"¿Qué vamos a hacer? ¿Cada vez los vamos a meter en cana más temprano? Puede ser una opción, digo, discutámosla", planteó. Pero inmediatamente propuso otra perspectiva. "Quizá se puede construir instituciones, políticas públicas que los recluten antes y uso esa palabra a propósito: reclutemos antes", sostuvo.
La idea, explicó, sería intervenir antes sobre los chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, pero también sobre aquellos que ya comenzaron a delinquir o que ya están involucrados en hechos violentos.
"Trabajemos sobre los pibes que delinquen, sobre los pibes que matan, pensemos cuál es esa mejor propuesta", agregó.
El concejal también llevó la discusión al terreno concreto de las condiciones de encierro. Recordó que el nuevo régimen establece que los jóvenes no deben permanecer alojados en las mismas instituciones carcelarias que los adultos y preguntó si esas condiciones estaban efectivamente garantizadas.
Para fundamentar la preocupación, mencionó una resolución del Ministerio Público de la Defensa, la 240, que —según relató— había sido señalada por su asesora, la doctora Jessica Pellegrini, como un documento que advertía sobre las condiciones de encierro de adolescentes y la necesidad de garantizar que no fueran alojados bajo las mismas condiciones que los adultos.
"Bueno, trabajemos eso. O sea, pensemos eso al libro abierto, traigamos funcionarios provinciales, municipales", propuso. De esta manera, Salinas volvió a su planteo inicial: discutir el sistema completo y no solamente el instrumento penal.
¿Qué hacer cuando el Estado llega tarde y un adolescente ya cometió un delito? ¿Qué dispositivos existen? ¿Cómo se garantiza una respuesta diferenciada? ¿Y cómo se evita que otros adolescentes lleguen hasta ese punto?
Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de actuar antes. "¿Cómo estrangulamos la capacidad de reclutamiento de las bandas narcos?", volvió a preguntar.
Según sostuvo, las organizaciones sociales vienen realizando esfuerzos importantes en esa dirección, pero advirtió que observa pocas políticas públicas específicamente orientadas a cortar esa capacidad de captación.
Su propuesta final fue concreta: que el Concejo discuta y construya políticas destinadas a los chicos y chicas de entre 11 y 16 años, precisamente la franja que, según su experiencia, queda muchas veces en un vacío institucional entre la escuela primaria y los dispositivos para adultos.
Y cerró con una pregunta que terminó convirtiéndose en una de las frases más fuertes de toda la sesión: "Entonces, ¿qué carajos hacemos?"
Caruana: "No se trata de una visión blanda"
Por el contrario, planteó la necesidad de profundizar el debate sobre qué ocurre con los adolescentes que ingresan al sistema penal y sobre la capacidad concreta del Estado para acompañar los cambios.
"No se trata de una visión blanda o de romantizar", aclaró. Y sostuvo que quienes cometen delitos deben enfrentar "la sanción y también la rehabilitación y el acompañamiento", con justicia tanto para quienes delinquen como para las víctimas.
Su preocupación se concentró especialmente en la implementación práctica de los cambios y en las dudas que existen entre los trabajadores de las distintas áreas involucradas. Según relató, trabajadores de niñez le transmitieron dificultades frente a la creación o transformación de dispositivos destinados a adolescentes que no correspondan a situaciones de privación de libertad.
En ese sentido, también mencionó pedidos de audiencia de trabajadores de Justicia Penal Juvenil que manifestaban incertidumbre frente a posibles modificaciones o disoluciones de áreas existentes. "Tenemos trabajadores de Justicia Penal Juvenil que nos están pidiendo posibilidad de audiencia porque sienten o han escuchado posibilidades de disolución o modificaciones de esas áreas, pero no tienen claridad en el cómo y en hacia dónde", señaló.
Caruana incorporó además las voces del Ministerio Público de la Acusación y de integrantes del Poder Judicial que, según su exposición, advertían sobre la falta de recursos y de jueces para afrontar las demandas que plantea el sistema. "El MPA habla que no tiene, que no cuenta con recursos, y jueces también dicen que no están en condiciones. Es decir que tenemos visiones ante un problema complejo, visiones contrapuestas", resumió.
El concejal planteó que el debate es necesario, pero advirtió que no debería quedar reducido a una disputa de carácter electoral. "Yo creo que es necesario, y por eso coincido en la necesidad de este debate, pero también en un debate que no quede solo porque a veces aparece en estos debates profundos solo una mirada de disputa electoral", sostuvo.
En ese marco, valoró como un dato relevante la reducción del índice de letalidad. "La verdad que haber bajado el índice de letalidad es un hecho importante y nadie va a estar en contra de esto y asumir ese rol", afirmó. Pero consideró que, a partir de allí, es necesario escuchar las distintas voces vinculadas con el funcionamiento del sistema.
Caruana recordó, además, experiencias previas de discusión pública en el Concejo vinculadas con problemáticas estructurales de la ciudad. "Yo he participado en audiencias públicas sobre suicidio, sobre salud mental", señaló, y anticipó que en los próximos días habrá también un debate sobre salud pública a partir de una jornada que fue votada por el cuerpo legislativo.
"¿Por qué no también escuchamos y contraponemos todas las voces?", planteó. Y puso como ejemplo el proceso de discusión que atravesó el sistema de salud rosarino durante las últimas décadas. "Rosario viene de debates estructurales. El propio sistema de salud hace 30 años se debatió con escuchar y escuchar a los equipos y escuchar para justamente poder abordar seriamente una ley que ya está y que puede generar acompañamiento de los distintos dispositivos con profundidad en la discusión", explicó.
Para el concejal, la discusión debería superar el esquema de posiciones enfrentadas y recuperar una instancia de debate más amplio. "Para salir del versus y encontrarnos en una audiencia para retomar ese debate estructural", propuso.
Por eso, planteó formalmente que el Concejo pueda funcionar como una "caja de resonancia" para una discusión que incluya a los distintos actores involucrados: "Una discusión profunda como caja de resonancia de los concejales, de las organizaciones de la sociedad civil, de jueces, de trabajadores de las distintas áreas, para seguir viendo cómo se aborda este tema".
Gigliani: "No hay nada para festejar"
"No es cierto" que el principal problema sean los menores que matan personas, sostuvo, y pidió mirar las estadísticas nacionales antes de construir una percepción general a partir de casos de enorme impacto público.
Según su intervención, los delitos cometidos por personas de entre 12 y 17 años representan una proporción muy pequeña del total: "ni siquiera es 0,45%. Es inferior", dijo y agregó que una parte importante está vinculada con delitos contra la propiedad.
También cuestionó el argumento de que la reducción de la edad de punibilidad constituye por sí misma una respuesta al reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
Para Gigliani, si las organizaciones utilizan a adolescentes para cometer delitos, el Estado también debe perseguir a los adultos que los reclutan y explotan. "Los organismos internacionales especializados en trata y explotación justamente recomiendan a los países que incorporen en sus legislaciones este tipo de conductas, pero no para revictimizar a ese menor, sino para que esos adultos que son los que buscan a los menores para cometer delitos sean también responsables", manifestó.
Gigliani cuestionó también el modo en que, a su entender, se utilizaron dos casos ocurridos en la provincia de Santa Fe para impulsar la discusión de una ley nacional. "Se utilizaron dos casos que fueron horrorosos, dolorosísimos, y que los dos se dieron en esta provincia", sostuvo.
En particular, se refirió a uno de los casos ocurridos en Rosario y puso el foco en la trayectoria de la adolescente involucrada. Señaló que la joven había sido incorporada en dos oportunidades al Sistema de Protección de Niños y Adolescentes, lo que, según planteó, daba cuenta de que se trataba de una menor cuyos derechos estaban siendo vulnerados y que había requerido la intervención estatal. También mencionó que había tenido internaciones por problemas neuropsiquiátricos.
"Esta piba estuvo dos veces en el sistema de protección y de repente pasa de víctima a victimaria, ¿qué tenemos que festejar? ¿Qué tenemos que festejar? No hay nada para festejar", cuestionó.
Y continuó con una definición tajante: "Esto es una tragedia, señora Presidenta, una tragedia".
Gigliani cuestionó que una mayor punibilidad pueda ser presentada como una respuesta a la violencia en los barrios y rechazó especialmente que esa respuesta recaiga sobre los adolescentes. "Yo no creo que realmente la salida de la violencia en nuestros barrios sea mayor punibilidad. Y mucho menos infantil, porque la realidad es que la mayoría de las víctimas son los menores", sostuvo.
En contraposición, planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la prevención. "Necesitamos más escuelas públicas equipadas, necesitamos más clubes de barrio, necesitamos más centros de atención de adicciones y necesitamos también una persecución real del crimen organizado, señora Presidenta", enumeró.
En ese punto, marcó lo que consideró una contradicción en la agenda del Congreso de la Nación. Según señaló, mientras se discutían herramientas para evitar que las organizaciones narcocriminales recluten a menores, el mismo Congreso avanzaba con una nueva versión del denominado régimen de "Inocencia Fiscal II".
"Los tipos que están organizados en bandas narcocriminales, los tipos que llevan adelante la trata de personas, los lavadores de guita, hoy festejan", afirmó.
Para Gigliani, esa situación expone una contradicción entre ambos debates: "Hace un rato estábamos haciendo una reflexión de cómo logramos que las bandas narcocriminales no recluten menores y, por otro lado, el mismo Congreso que hoy vota esta ley, vota la Inocencia Fiscal versión II para que todos estos delincuentes se hagan la fiesta y sigan creciendo y fortaleciéndose".
Finalmente, consideró que el contexto político nacional dificulta la posibilidad de abordar de manera seria la problemática. "Estamos en un momento muy complejo de la República Argentina y es muy difícil dar debates serios de esta manera", concluyó.
Volpe: recordó la frase "los narcos han ganado" y defendió las medidas de seguridad
En sentido contrario, agradeció al Gobierno nacional por las medidas adoptadas en Rosario y sostuvo que esas políticas habían contribuido a recuperar el orden y la seguridad en la ciudad.
"No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer al Gobierno Nacional por todas las medidas, por todas las políticas que han hecho volver el orden a Rosario, que han hecho volver la seguridad a Rosario y que hoy podamos festejar", afirmó, antes de adelantar su voto positivo.
Rey: la contradicción y el fracaso institucional
La pregunta que puso sobre la mesa fue directa: "¿Qué hace un chico de 14 años delinquiendo?"
Para Rey, si un adolescente de esa edad no está en la escuela, en un club o contenido por alguna institución, hay una falla social y estatal.
"Fracasamos como sociedad, pero también creo que ha fracasado el Estado", sostuvo.
Sin embargo, aclaró que no pretendía justificar el delito. "Si comete un delito debe pagar por lo que hizo", afirmó, incorporando expresamente la mirada de las familias de las víctimas.
Pero cuestionó que la respuesta pudiera reducirse a la cárcel. "Ahora bien, la consecuencia no puede ser solamente una celda", dijo.
Su posición terminó en una abstención. Consideró que el beneplácito no solucionaba el problema de fondo y pidió una discusión más profunda.
Schmuck responde
Después de las intervenciones opositoras, María Eugenia Schmuck volvió a tomar la palabra. Esta vez no para presentar el proyecto, sino para responder a las críticas.
Y allí apareció una de las principales tensiones de la sesión. "La discusión seria la da el debate", afirmó.
La presidenta del Concejo rechazó que un planteo sea considerado poco serio simplemente porque no coincide con una determinada posición política.
"Uno no es serio o menos serio según que no esté de acuerdo con lo que piensa el otro", sostuvo.
Schmuck reivindicó la posibilidad de utilizar un proyecto de beneplácito como disparador para discutir problemas que exceden las competencias estrictas del Concejo.
"Un beneplácito no resuelve ningún problema", reconoció utilizando palabras de María Fernanda Rey, pero agregó que puede servir como excusa para instalar una discusión sobre cuestiones centrales para Rosario.
Y lanzó una frase que sintetizó su postura: "Me parece que está bueno ponerle un poco más de seriedad a nuestra función y a nuestra responsabilidad, que es dar debates incómodos."
A partir de allí, el discurso cambió de tono. Schmuck defendió abiertamente la política de seguridad del gobierno provincial y sostuvo que existe una estrategia, planificación y decisión política.
"Hay estrategia, puede no gustarnos o no, pero hay estrategia", afirmó.
Mencionó el sistema Lince, la cárcel para presos de alto perfil, la coordinación entre los gobiernos provincial, municipal y nacional y la presencia de fuerzas federales.
También habló del Centro de Admisión y Derivación —CAD— ubicado en Ayacucho 651 y de un futuro Centro de Referencia para adolescentes.
Según explicó, esos dispositivos trabajan con equipos interdisciplinarios y con participación de Educación, Salud Mental y Niñez, dentro del paradigma de protección integral de derechos.
Schmuck también llevó la discusión hacia los mecanismos de control dentro del sistema penitenciario y puso como ejemplo el caso de un hombre condenado por un quíntuple femicidio, actualmente detenido en Piñero. Según relató, luego de que se le permitiera acceder a un teléfono en el marco de sus garantías, el detenido habría utilizado el dispositivo para comunicarse con una familiar mujer y amenazarla.
"Hay un femicida, un quíntuple femicida que está encerrado en Piñero que, cuando le dieron acceso, porque eran sus derechos de garantía, a un teléfono, ¿saben lo que hizo? Llamó a la sexta familiar mujer para decirle: 'Cuando salgo, te toca a vos'", relató.
A partir de ese episodio, cuestionó las condiciones bajo las cuales determinados detenidos acceden a dispositivos de comunicación. "No quiero que ese tipo tenga teléfono. Lo digo en serio. No quiero que tenga acceso a teléfono", afirmó, y agregó que sus contactos con el exterior deberían estar sujetos a controles estrictos: "Va a poder tener visitas absolutamente supervisadas".
El ejemplo le sirvió para volver sobre uno de los ejes de su intervención: la necesidad de discutir no solamente las normas, sino también cómo se aplican en la práctica. "Entonces, yo digo: discutamos en serio sobre los métodos, sobre los procedimientos", planteó.
Fue en esta segunda intervención cuando Schmuck respondió directamente a algunas de las afirmaciones de Gigliani y cuestionó que una estadística sobre delitos cometidos por adolescentes pudiera utilizarse para dimensionar por sí sola el fenómeno del reclutamiento criminal.
"¿Usted cree que los delitos que perpetran las bandas criminales que utilizan a menores son denunciados por alguien y están dentro de las estadísticas de los delitos a la propiedad privada?", preguntó. Y respondió: "No. Estamos hablando de investigación criminal, que no figura en las estadísticas".
La presidenta del Concejo sostuvo que parte de la magnitud del fenómeno se conoce a partir del trabajo territorial y no exclusivamente de las denuncias formalizadas. En ese marco, mencionó situaciones de explotación sexual y reclutamiento de menores que, según afirmó, habían sido denunciadas penalmente.
El intercambio derivó luego hacia otro indicador: las causas de muerte entre adolescentes y jóvenes. Gigliani había vinculado el debate con una discusión previa del Concejo sobre suicidio y salud mental, mientras que Schmuck sostuvo que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en esos grupos etarios.
La discusión requiere, sin embargo, una precisión sobre los datos utilizados. Información oficial difundida posteriormente en el marco del programa "Rosario Habla de Suicidio" indicó que durante 2025 se registraron en toda la provincia de Santa Fe 448 suicidios, 306 muertes en siniestros viales y 210 homicidios. La tasa de suicidios fue de 12,7 casos cada 100.000 habitantes, frente a 9,8 cada 100.000 a nivel nacional. Por su parte, un informe del Ministerio Público de la Acusación contabilizó 964 muertes violentas en la provincia y señaló que los suicidios representaron el 46,5% de ese total.
Esos números no pueden trasladarse automáticamente a adolescentes y jóvenes de Rosario: corresponden al conjunto de la provincia y las estadísticas pueden abarcar poblaciones etarias diferentes. Pero sí agregan un elemento relevante al intercambio, porque muestran que las afirmaciones sobre las principales causas de muerte requieren especificar territorio, edad y período antes de establecer comparaciones.
Algo similar ocurrió al comienzo de la discusión, cuando Schmuck describió la situación de Rosario en los años anteriores como una etapa en la que la ciudad "enterraba pibes, contaba muertos" y había llegado a ser "récord Guinness en materia de violencia urbana". El debate posterior mostró que, además de discutir qué políticas aplicar, los concejales también tenían diferencias sobre qué indicadores permiten describir con mayor precisión la problemática.
Ese cruce terminó exponiendo una de las tensiones centrales de la sesión. Todos los sectores reclamaron la necesidad de un debate serio, pero justamente la utilización e interpretación de los datos se convirtió en uno de los puntos de mayor confrontación.
Fiatti: "La capacidad de reclutamiento se restringe eliminando la impunidad"
Su pregunta apuntó directamente a los gobiernos anteriores: "¿Por qué no impulsaron un régimen que se hiciera cargo de este tema a lo largo de tantos años que ejercieron el gobierno nacional?"
Fiatti sostuvo que durante años existió una política que, a su criterio, evitó abordar el problema y acusó a sectores políticos, académicos e intelectuales de haber advertido el fenómeno sin actuar en consecuencia.
También cuestionó que frente a la problemática penal juvenil se respondiera únicamente con políticas educativas.
"Por supuesto que son necesarias", reconoció sobre las políticas educativas, pero agregó que las deudas pendientes no podían convertirse en una excusa para no discutir el sistema penal.
El eje de su argumento fue contundente: "La capacidad de reclutamiento se restringe, se achica, eliminando la impunidad". Para Fiatti, la nueva normativa debía ser entendida como parte de un proceso más amplio de fortalecimiento de la seguridad y de la Justicia.
Reivindicó el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe y recordó que la provincia había avanzado en herramientas procesales antes incluso de contar con una legislación nacional específica.
Su argumento también se apoyó en el cambio de paradigma que implica pasar del viejo sistema tutelar a un sistema basado en un proceso penal con fiscalía y defensa, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y el régimen de protección integral.
Según explicó, no se trata simplemente de detener adolescentes, sino de establecer cuándo corresponde una respuesta penal y cuándo deben intervenir mecanismos de educación, salud mental, protección y reinserción.
Martínez: del expediente al trabajo territorial
Su intervención se concentró en las políticas que, según describió, se desarrollan desde las distintas secretarías municipales y provinciales.
Recordó los años de mayor violencia y afirmó que Rosario había atravesado también un abandono en materia de niñez y educación.
Su relato tomó una dimensión personal cuando recordó el trabajo territorial realizado junto a Jerónima, responsable de un centro comunitario de barrio Tablada cuyo hijo fue asesinado a los 17 años.
Martínez habló de adolescentes que no terminaban la escuela y terminaban presos o asesinados. Desde allí describió el programa Infancias Protegidas, su trabajo en barrios como Ludueña, Larrea y Empalme, y la articulación con escuelas, clubes, iglesias, organizaciones barriales y centros municipales.
Según señaló, el programa alcanza a cientos de chicos por año y se articula con los distintos Centros Cuidar. Su intervención introdujo una dimensión que atravesó buena parte del debate pero que no siempre quedó en primer plano: la prevención territorial.
"A través de la educación es donde van a tener la libertad, que es con el conocimiento", afirmó. Y cerró defendiendo la necesidad de fortalecer simultáneamente Justicia, educación, niñez y las políticas de prevención.
Pullaro defendió la nueva ley y vinculó la punibilidad con el reclutamiento narco
"Las bandas narco-criminales claramente tomaban menores entre 16 y 14 años porque eran inimputables", afirmó. Desde su perspectiva, hacer imputables a determinados adolescentes busca desalentar ese mecanismo de reclutamiento.
Pero también reivindicó las herramientas sociales y comunitarias. Mencionó clubes, vecinales, comedores, programas de capacitación laboral y oportunidades deportivas como espacios necesarios para evitar que los jóvenes queden disponibles para las organizaciones criminales.
Su intervención, sin embargo, subió el tono al cuestionar lo que denominó "garantismo bobo". En ese sentido, planteó: "Y si no, claramente digamos que estamos a favor del garantismo bobo, de que los pibes que matan no tienen que tener una condena ejemplar, que tienen que seguir siendo imputables".
Pullaro sostuvo además que, a su entender, la edad de imputabilidad debe contemplar la capacidad de comprensión del adolescente que comete un delito. "A mí me parece que la edad de imputabilidad, pensada como está, el menor que comete un delito tiene una total comprensión", afirmó.
En esa misma línea, cuestionó expresiones que, según dijo, banalizan la discusión sobre el régimen penal juvenil. "No nos estamos yendo por la rama, como ha dicho por ahí algún concejal en un encuentro que dijo que iba a terminar pibes en las cárceles de jardín de infantes", señaló.
También criticó el modo en que algunos legisladores, según su planteo, abordan la cuestión: "Y eso es lógico, pero es razonable que en momentos como este, donde chicos matan, matan, y hay legisladores que dicen 'pobres pibitos en chancleta', y eso hay que recordarlo, y es grave".
Finalmente, defendió que los adolescentes que cometen delitos graves reciban una sanción específica dentro del régimen juvenil. "Esos chicos que cometen delitos de mayores, teniendo un completo o una completa comprensión del acto criminal que están llevando adelante, tienen que tener una condena, que no es una condena de menor, que tampoco es una condena de mayor", sostuvo.
Una discusión que terminó siendo más grande que el proyecto
Al mismo tiempo, la declaración sostiene que la seguridad de la población y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes no constituyen objetivos contrapuestos, sino responsabilidades estatales que deben ser atendidas simultáneamente.
En concreto, el Concejo Municipal expresó su beneplácito por el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe, al considerar que permitió la aplicación inmediata de la nueva Ley Penal Juvenil nacional y que generó con anticipación las condiciones necesarias para su implementación, además de garantizar el debido proceso, proteger los derechos de las víctimas y brindar posibilidades de educación, resocialización y reinserción social a los adolescentes involucrados.
El expediente fue aprobado por mayoría reglamentaria, con el voto negativo de Julián Ferrero, Antonio Salinas, Agustina Gareis, Norma López, Mariano Romero, María Fernanda Gigliani, María José Poncino y Leonardo Caruana. María Fernanda Rey se abstuvo.
Pero el resultado de la votación fue casi la parte menos interesante de una discusión que expuso algo bastante más profundo.
Por un lado, el oficialismo reivindicó la reducción de los homicidios y la estrategia provincial de seguridad como evidencia de una mayor capacidad de intervención estatal. Del otro, varios concejales reclamaron no confundir la disminución de los homicidios con la resolución del problema estructural de la violencia y cuestionaron que la reducción de la edad de punibilidad pueda presentarse como una solución suficiente.
En el medio apareció una coincidencia transversal: nadie defendió que un adolescente que comete un delito grave deba quedar simplemente librado a su suerte. Las diferencias estuvieron en qué debe hacer el Estado después, cuándo debe intervenir el sistema penal, cuánto peso debe tener la privación de libertad, cómo se combate el reclutamiento criminal y qué políticas sociales deben acompañar la respuesta judicial.
La propia Schmuck había pedido al comienzo que el tema se discutiera porque "hay que opinar sobre estos temas". Y luego, ya desde su banca, volvió a defender esa idea frente a sus pares: "La seriedad se la da los argumentos y las posiciones".
Esa terminó siendo, paradójicamente, la principal característica de la sesión: el beneplácito fue apenas el punto de partida. El verdadero expediente fue el debate sobre qué hizo el Estado cuando Rosario contaba muertos, qué está haciendo ahora que los números bajaron y, sobre todo, qué políticas deben sostenerse para evitar que un adolescente reclutado por una organización criminal termine convertido en una nueva víctima o en autor de nuevos hechos de violencia.
Detrás de la disputa por una ley, una estadística o una consigna política, quedó flotando una pregunta que atravesó las distintas intervenciones: cómo combinar la protección de las víctimas, la persecución del crimen organizado, una respuesta penal diferenciada y políticas capaces de prevenir el reclutamiento de adolescentes.
El beneplácito fue apenas el expediente formal. El debate real quedó abierto.
