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lunes, 7 de julio de 2025

Meloni celebró los 80 años de la agencia de noticias ANSA; en 2024, Milei cerró TelAm

TelAm fue la última gran agencia de noticias de Sudamérica. Con ocho décadas de trayectoria, 760 empleados y un peso sin igual entre sus pares de América Latina, el medio fue cerrado por el gobierno del ultraderechista Javier Milei. Una histórica escuela de periodismo que se silenció y una fuente de información para cientos de medios del país y el extranjero. La agencia había resistido una dura ofensiva del Gobierno de Macri y había recuperado fuerza.

"Vamos a cerrar TelAm, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista", manifestó Milei ante diputados y senadores en marzo de 2024, logrando el aplauso de cerca de ochenta de ellos, pertenecientes al ultraderechista La Libertad Avanza y al conservador PRO, liderado por el expresidente Mauricio Macri.

Mientras tanto, en Italia, la premier Giorgia Meloni —de tendencia derechista y amiga de Javier Milei— visitó la redacción central de ANSA por el 80.º aniversario de la agencia. Reconoció su voluntad de buscar lectores "con autoridad, no con sensacionalismo".

"La información es un servicio importante para la política y la democracia", enfatizó la primera ministra Giorgia Meloni durante su visita a la sede de ANSA con motivo del 80.º aniversario de la Agencia.

Una historia que comenzó el 15 de enero de 1945, con el primer despacho: el anuncio del ataque aéreo aliado sobre Berlín. "Nací el mismo día, unos años después. ANSA también es Capricornio", bromeó la premier, deteniéndose ante un ejemplar histórico durante su recorrido por la redacción, acompañada por el presidente de la agencia, Giulio Anselmi, y el director, Luigi Contu.

"Vine a mostrar mi respeto por una pieza histórica muy autorizada del periodismo italiano", explicó Meloni en un breve saludo a los periodistas, "pero también el respeto que siento, incluso como periodista, por su forma de hacer periodismo, incluso en un mundo cambiante, en el que cada vez es más difícil ser rápido manteniendo la seriedad, intentando verificar las noticias. Porque sé lo difícil que puede ser".

Meloni observó que "en estos tiempos, el periodismo puede optar por ganar lectores con sensacionalismo o con autoridad, y me parece que ANSA intenta hacerlo con autoridad".

Agradeciendo a la primera ministra "el reconocimiento de nuestro papel", Anselmi añadió que el objetivo de la agencia es "intentar llegar primero, pero sin cometer errores, una cuadratura del círculo difícil de lograr, un resultado que hemos buscado durante estos 80 años y que es útil para todos aquellos que se nutren de información".

Contu remarcó que ANSA "fue la primera agencia en contar con un archivo informático". Y recordó que el nombre de Giorgia Meloni apareció en las noticias por primera vez el 25 de noviembre de 1993. Un comunicado, del cual se le entregó una copia enmarcada a la primera ministra (junto con una foto en la que tocó la campana en el Palazzo Chigi por primera vez), informaba sobre una asamblea municipal de estudiantes en Roma.

Ese día debutó la organización estudiantil Antenati, movilizada entonces contra la ministra de Educación, Rosa Russo Iervolino. Meloni, entonces con dieciséis años y estudiante del Instituto Vespucci, tomó la palabra: "Todos los estudiantes deberían organizarse en un solo movimiento y salir a las marchas sin banderas, ni rojas ni negras", afirmó. Treinta y dos años después, ella misma tuvo el honor de publicar la noticia de su visita en el portal de ANSA.

La Agenzia Nazionale Stampa Associata (más conocida por sus siglas ANSA) es una agencia de noticias italiana fundada el 15 de enero de 1945. Es una cooperativa formada por 36 socios, editores de los principales diarios del país.
Fuentes: Agencia ANSA y Señales

viernes, 4 de julio de 2025

Carolina Moisés asumió la presidencia de la Comisión de Medios en el Senado y propuso defender la libertad de prensa

La senadora jujeña asumió al frente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en la Cámara alta. Cuestionó al Gobierno por los ataques a periodistas y reclamó un debate urgente sobre medios públicos, inteligencia artificial y ética periodística
La senadora jujeña Carolina Moisés asumió esta semana la presidencia de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, y marcó el inicio de su gestión con un mensaje político firme: planteó la necesidad de defender activamente la libertad de prensa frente a los ataques que —según denunció— sufren periodistas por parte del Gobierno nacional.

"Hay periodistas que están siendo atacados simplemente por pensar o expresarse diferente. Es nuestra responsabilidad institucional defender esos derechos", expresó durante la primera reunión de la comisión.

En su discurso, Moisés propuso una metodología de trabajo legislativo para ordenar el tratamiento de proyectos en estado parlamentario, e hizo un llamado a "formar un equipo sólido" que permita avanzar con iniciativas concretas.

"Preparamos carpetas para todos los miembros con los expedientes vigentes, para que cada senador pueda identificar los temas que más le interesan. La idea es coordinar con los asesores y generar un debate sustantivo en la comisión", explicó la legisladora que integra el bloque Convicción Federal dentro del interbloque Unión por la Patria.

Cuatro ejes para legislar
La senadora planteó que la comisión deberá tendrá: "Una tarea fundamental en la vida democrática argentina y debemos legislar en base a cuatro derechos que siempre deberían estar en equilibrio: la libertad de expresión, la libertad de prensa, la de empresa y el derecho a la información.

"Estos cuatro principios deben estar en equilibrio. En un contexto de crisis institucional y de discursos polarizantes, nuestro rol es garantizar que esos derechos sean protegidos por la ley", señaló.

También destacó que, en la actualidad, la comunicación se ha transformado en un actor central del sistema democrático: "Hoy, además de los tres poderes del Estado, la comunicación constituye un poder real que incide directamente en la construcción de la voluntad soberana del pueblo".
Medios públicos e inteligencia artificial, en la agenda
Moisés mencionó como prioridad el análisis de la situación de los medios públicos, tras el cierre de la agencia TelAm, la reducción de la TV Pública y el deterioro del rol federal de Radio Nacional.

"Radio Nacional no solo distribuye información: históricamente fue un espacio de producción de voces en todo el país. Llega a la Puna, a la Patagonia, a cada rincón. Esto no puede desaparecer sin debate parlamentario", advirtió.

También propuso avanzar en la discusión de una regulación sobre inteligencia artificial, un tema que, según indicó, aún no ha sido tratado con la profundidad que requiere en el Congreso.

"Necesitamos una ley moderna, seria y con participación de especialistas. El impacto político de la inteligencia artificial es enorme y no puede quedar fuera de nuestra agenda."

Llamado a legislar con responsabilidad
Por último, Moisés se refirió a la crisis de los sistemas tradicionales en la era de la comunicación —partidos políticos, medios y periodismo— y abogó por discutir también una ley de ética para el ejercicio periodístico. "Hoy hay periodistas con gran influencia que tienen baja densidad profesional, mientras otros sufren ataques solo por opinar distinto. Así como existe una ley de ética pública para los funcionarios, deberíamos debatir una ética profesional para quienes ejercen un rol social tan fundamental como el periodismo", sostuvo Moises.

La senadora cerró su intervención con un llamado al trabajo colectivo: "El desafío es enorme. Estoy muy entusiasmada. Les agradezco y me gustaría que formemos un gran equipo para que las iniciativas de los senadores y senadoras puedan debatirse y transformarse en herramientas concretas para la sociedad argentina".

lunes, 16 de junio de 2025

El Gobierno prepara despidos en Radio y Televisión Argentina: internas, polémicas y conflicto sindical

El Gobierno impulsa un recorte drástico en Radio y Televisión Argentina con más de 900 despidos previstos, en medio de una fuerte interna entre Manuel Adorni y el interventor Eduardo González. La Casa Rosada cuestiona la falta de avances en el ajuste, la calidad de la programación, los acuerdos con productoras privadas y la débil sintonía con la agenda cultural oficialista, mientras crecen los conflictos gremiales por salarios congelados y dónde se denuncia censura y control editorial
Por: Antonio D’Eramo
En varios despachos cercanos al presidente Javier Milei crece el malestar por la lentitud con la que avanza el recorte en Canal 7 y Radio Nacional. La motosierra aún no impacta con la intensidad esperada, y el foco comienza a centrarse en la gestión de Eduardo González, presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), ingeniero aeronáutico con pasado en el Grupo América y exdirector de Azul TV en 2001.

Los contenidos actuales de la TV Pública son considerados de baja calidad, en su mayoría tercerizados, y con acuerdos de publicidad poco transparentes entre el canal y productoras privadas. Entre los ejemplos mencionados están los programas de panelistas que replican formatos radiales sin innovación ni atractivo masivo.

Desde la Casa Rosada, sectores ligados a la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni y al Ministerio de Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, exigen mayor decisión para reducir al mínimo los medios públicos, incluso a costa de indemnizaciones elevadas. A pesar de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas ofrecidas en 2024, consideran que el "desguace" aún no avanza al ritmo deseado.

Está previsto que RTA lance una nueva ronda de retiros voluntarios antes de fin de año, con el objetivo de avanzar luego en desvinculaciones directas, pese a la resistencia de los cuatro gremios con representación en la TV Pública y Radio Nacional.

La programación también está en la mira. Los funcionarios libertarios consideran que el canal no cumple con su rol en la batalla cultural. Se apuntaba a firmar acuerdos con producciones afines, como el caso de "Tuttle Twins", una serie animada de origen estadounidense, auspiciada por la fundación Libertas, que impulsa ideas libertarias y conservadoras, con una crítica explícita al legado de Karl Marx.

El proyecto quedó frenado por decisión del propio González tras la polémica que desató su posible emisión. La fundación Libertas está asociada a la película "Sound of Freedom", basada en la historia de Timothy Ballard, un ex agente estadounidense vinculado a denuncias de abuso sexual por parte de excolaboradoras. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habría recomendado evitar cualquier vínculo oficial con Ballard, incluso impidiendo una entrevista con el presidente Milei.

La serie animada está producida por Ángel Studios, una empresa con fuerte orientación religiosa y conservadora, conocida por títulos como The Chosen ("Los elegidos"), sobre la vida de Jesús.

La interna se amplifica por la falta de producción propia. Los pasillos del canal, tradicionalmente bulliciosos, hoy lucen vacíos. El único objetivo que parece regir la gestión actual es que la TV Pública no genere pérdidas. Para ello, se recurre a la tercerización y a acuerdos de coproducción con empresas privadas, como se hizo en gobiernos anteriores, pero que en el pasado motivaron denuncias por desvío de fondos.

El modelo vigente implica que el canal asume los costos técnicos y de infraestructura, mientras las productoras pagan los sueldos de las figuras y comercializan publicidad. Las ganancias, si las hay, se reparten en partes iguales. Este esquema también se extiende a contenidos para redes y streaming, para los cuales se reutilizó el histórico Estudio 8, transformado en un "streamroom".

No obstante, esta reconversión tampoco estuvo libre de polémica. Durante el estreno del programa "La pasión", se acusó al canal de pagar USD 15.000 a la actriz China Suárez por participar en una entrevista sobre su vida personal. La cifra fue difundida por el periodista Nacho Rodríguez y desmentida por el canal, aunque el periodista ratificó su información.

En paralelo, los trabajadores denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, con sueldos congelados incluso por debajo del índice inflacionario, sumado a restricciones en la línea editorial: según empleados, se habría prohibido el uso del término "represión" al cubrir las protestas en el Congreso.

El Gobierno pretende achicar la planta de RTA en medio de una interna entre Adorni y el interventor
Por: Giselle Leclercq 
El Gobierno nacional avanza con el objetivo de reducir drásticamente la estructura de Radio y Televisión Argentina (RTA). En las próximas semanas se pondría en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios que precederá a un conjunto de desvinculaciones, con la meta de achicar la planta en un 45%.

La medida, que se enmarca en la política general de reducción del Estado, fue confirmada a Perfil por tres funcionarios. Aunque no se oficializó aún, las cifras ya circulan internamente:
  • TV Pública: 153 de 849 empleados serían desvinculados (18%).
  • Radio Nacional: 584 de 1.169 quedarían afuera (50%).
  • Ex empleados de TelAm: 228 en total, todos serían desvinculados.
  • Contenidos Públicos S.E.: de 127, quedarían solo 10 (92% de reducción).
  • APESAU (Agencia de Publicidad del Estado): de 167 empleados, se prevé la salida de 62 (37%).
El detonante del plan fue el informe económico interno que mostró que, al no haber producción de contenidos, los salarios se convirtieron en el único gran gasto de RTA. Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, habría sido uno de los impulsores directos de la medida.

Sin embargo, fuentes cercanas a Manuel Adorni aseguran que no fue idea exclusiva de Sturzenegger, sino parte de la hoja de ruta ya anunciada por el presidente Milei. A pesar de ello, Adorni mantiene diferencias con el interventor Eduardo González, a quien critican por su forma de negociar con los gremios y su escasa sintonía con la batalla cultural que promueve el oficialismo.

La tensión también creció tras un acuerdo salarial que el interventor habría cerrado sin consultar a la Secretaría de Trabajo. El incremento fue de apenas 1%, lo que generó una nueva ola de protestas internas.

Desde SiPreBA, el sindicato que representa a los trabajadores de prensa, su secretario general advirtió: "En los medios públicos ya hubo reducción con los llamados retiros en 2024. No solo no sobra nadie, sino que falta gente para tareas estratégicas. Tenemos sueldos congelados desde agosto. Queremos salarios justos, como los que se negocian en el sector privado. Si no hay respuesta, iniciaremos acciones legales".

El conflicto sindical, los sueldos congelados y la ausencia de producción sostienen el malestar dentro de los medios públicos. Y mientras en el oficialismo crece la presión por desguazar definitivamente RTA, la gestión de González queda cada vez más cuestionada.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Diario Perfil

martes, 4 de febrero de 2025

El Gobierno libertario anunció la transformación de los medios públicos en sociedades anónimas

El gobierno de Javier Milei oficializó la transformación de los medios públicos en sociedades anónimas, conforme al decreto 70/2023, que promueve la reorganización de diversas empresas estatales. La medida, publicada este martes 4 de febrero y firmada por los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, tiene como objetivo modificar la estructura de entidades como la TV Pública y la exagencia TelAm
El 31 de enero de 2025, la Jefatura de Gabinete de Ministros prorrogó por un año la intervención de Radio y Televisión Argentina Sociedad Anónima Unipersonal (RTA S.A.U.) y de la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.), las cuales eran anteriormente conocidas como Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y TelAm Sociedad del Estado, respectivamente. Esta decisión fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 5/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El proceso de transformación de estas empresas del Estado, enmarcado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, incluyó la conversión de estas entidades en sociedades anónimas unipersonales. A su vez, la intervención de estas sociedades había sido establecida en el Decreto Nº 117/24, con "A los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

El DNU 70/2023, en su artículo 48°, establece la transformación en sociedades anónimas de todas las sociedades del Estado que, según la ley 20.705, no admiten capital privado, privatizaciones ni participación parcial, abriendo la puerta a su posible privatización. De esta manera, las empresas con participación estatal deberán adaptarse a la Ley 19.550 (Ley General de Sociedades).

Además, la derogación de la ley 20.705, sancionada en 1974 para regular el funcionamiento de las sociedades estatales, ha permitido la intervención de todos los medios públicos nacionales. Esto se considera una clara violación de la ley 26.522, que regula los medios audiovisuales y establece controles parlamentarios, como en el caso de Radio y Televisión Argentina (RTA SE). Así lo expresaron la FATPren y la Federación Internacional de Periodistas en una carta enviada a cada diputado, diputada, senador y senadora del país.

En cuanto a la Agencia de Publicidad del Estado (APE), ex TelAm, su transformación fue ratificada en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2024, aunque este evento pasó desapercibido y tampoco fue comunicado por el gobierno libertario. En dicha asamblea, se resolvió la transformación de TelAm Sociedad del Estado a Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.).

A raíz de la transformación, TelAm ya no opera de la misma forma que antes, y la incertidumbre generada ha llevado a una parte de su personal a acogerse a retiros (in)voluntarios, mientras que alrededor de 300 empleados permanecen trabajando, produciendo contenido que circula internamente o como comunicación oficial del Estado. "Está claro que la "reorganización" –término que tanto usan y que remite a la época más oscura de nuestra historia– es para este gobierno el vaciamiento del Estado", dijo la FATPren al rechazar esta medida.

En mayo de 2024, como parte de su asedio a los medios públicos, Javier Milei extendió su control a las redes sociales y páginas web del sector. De esta manera, los contenidos de estas plataformas quedaron suspendidos, una medida anunciada a través de un comunicado en el que se explicó que los medios públicos estaban en un proceso de reorganización, evocando reminiscencias del "Proceso de Reorganización Nacional" de la última dictadura militar. La comunicación subrayó que el objetivo de esta reorganización es "mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos".

El comunicado también especificó que este "apagón informativo" sería temporal y "continuaría hasta que se reorganizaran los procesos internos de trabajo y producción. Se prevé que, una vez completada la reorganización, se unifiquen los criterios de difusión en redes sociales y se reinicie la comunicación digital de los medios públicos", manifestó la intervención de Radio y Televisión Argentina.

La página web de TelAm fue dada de baja, mientras que las de Radio Nacional y la Televisión Pública retomaron su actividad en agosto de 2024. Lejos de poner fin al aparato de propaganda gubernamental, como afirmó el presidente libertario, los medios digitales continúan amplificando las noticias del gobierno nacional, sin ofrecer espacio para que la oposición exprese críticas a la gestión.

martes, 7 de enero de 2025

Corresponsal de TelAm en Londres obtiene medida cautelar contra modificaciones laborales por parte de Radio y Televisión Argentina

Una corresponsal de TelAm en Londres logró una medida cautelar para que Radio y Televisión Argentina no realice modificaciones en sus condiciones laborales. Su contrato en la agencia de noticias fue cedido a RTA y se la intimó a presentarse a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Gabriel de Vedia y Andrea Garcia Vior, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por una corresponsal de TelAm y ordenó que se abstengan de introducir modificaciones en las condiciones laborales.

La corresponsal extranjera de la agencia TelAm en Londres, Reino Unido, acudió a la Justicia luego de que su contrato fuera cedido a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA) - a empresa estatal bajo cuya órbita funcionan la TV Pública y Radio Nacional-, como también intimó el pago de salarios adeudados de septiembre y octubre de 2024.

La periodista se fue a vivir al exterior -por cuestiones familiares- con el otorgamiento de diversas licencias sin goce de sueldo y con la posterior asignación de tareas en la corresponsalía. Pero esta última cerro a finales del 2018 por razones presupuestarias, es decir, hace 6 años atrás.

Por su parte, RTA respondió con una intimación para que se presente a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de 30 días dado el cierre de la corresponsalía en la ciudad de Londres por parte de Telam y de las cuales carece RTA.

En primera instancia se le denegó la pretensión cautelar, por entender que "no se encontraban dadas las condiciones fácticas que justifiquen la medida de no innovar solicitada". Esta decisión generó la queja de la parte actora.
"Si las modificaciones que se pretenden introducir -en particular- trasgreden los límites de la razonabilidad del jus variandi ello determina un sólido sustento a la medida precautoria", concluyó el Tribunal.
En este escenario, la Alzada advirtió que la intimación dispuesta por RTA para que la trabajadora se presentara a prestar servicios en la sede porteña "determina un cambio del lugar de trabajo" y "constituye una base idónea para inferir, al menos en el marco incidental, la presencia del fumus bonis iuris".

Al respecto, los vocales laborales recordaron que la normativa del artículo 66 LCT si bien no establece de manera terminante la imposibilidad de introducir innovaciones, ya que el texto legal prohíbe "innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección", pero que "ello no implica que esa excepción pueda ser invocada -como se pretende en el caso- para introducir modificaciones a las condiciones y modalidades de trabajo para un caso particular". 

"Si las modificaciones que se pretenden introducir -en particular- trasgreden los límites de la razonabilidad del jus variandi ello determina un sólido sustento a la medida precautoria", concluyó el Tribunal.

Fuente: Diario Judicial

domingo, 1 de diciembre de 2024

TelAm ahora informa para el Gobierno

La agencia de noticias estatal sigue funcionando, aunque se había anunciado su desactivación; hace contenidos para las dependencias oficiales; qué pasó con los empleados
Por: Camila Dolabjian
El cierre de la agencia de noticias TelAm fue un emblema del "plan motosierra" de Javier Milei. A principios de marzo el Gobierno anunció el cese de funciones, valló la sede principal y dispensó de sus tareas a los 780 trabajadores. Nueve meses después, cerca de 230 empleados continúan en funciones lejos del radar público. Siguen produciendo textos y otros contenidos periodísticos o publicitarios que circulan únicamente dentro la estructura del propio Estado.

En el edificio de la avenida Belgrano 347, la histórica sede de la agencia estatal, la actividad continúa. En el exterior, el cartel con el logo de TelAm se encuentra tapiado con un símil acrílico blanco y pasa tan inadvertido como lo que ocurre dentro. Las producciones de los periodistas ya no se distribuyen vía cablera o web, como se hacía antes, sino que alimentan a los canales y señales de radio del Estado. Algunos empleados, sin embargo, no saben con exactitud para qué se utilizan sus contenidos.

Esta situación se inició en septiembre. En los meses previos, bajo el mando de una intervención gubernamental, TelAm dispensó del trabajo a los empleados. Parecía que a partir de ese momento se iba a vaciar la plantilla de periodistas y administrativos todavía vinculados. De las 780 de personas contratadas que recibió le gestión libertaria, cerca de la mitad (352) entraron en un plan de retiro voluntario. No se concretó ningún despido, aunque hubo cinco desvinculaciones por "otros motivos", de acuerdo con la información detallada por Guillermo Francos al Senado esta semana. Unas 412 personas, se distribuyeron de la siguiente manera, según confirmó el informe: 233 personas, mayormente del área de prensa, firmaron una cesión del contrato de trabajo para mantener las mismas condiciones y sueldo, ahora bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, aunque siguen cumpliendo funciones en el edificio de la avenida Belgrano. Los otros 200 se incorporaron a une empresa nueva que fundó el gobierno: la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU).

En el informe de Francos, se aseguró que "la mayoría de los trabajadores que prestaban servicios periodísticos en las corresponsalías del interior del país se acogieron al plan de retiro voluntario. Solamente 28 trabajadores no han adherido al plan de retiro propuesto, siendo cedidos sus contratos de trabajo a RTA". A su vez, anotaron que no hub reclamos judiciales a la fecha. En cuanto a los bienes muebles e inmuebles, detalló que se realiza actualmente un inventario y que aquellos alquileres en el interior, destinados a las corresponsalías, fueron rescindidos.

¿Quién consume hoy los contenidos que producen los empleados que hoy siguen en sus funciones? Si todavía se encuentra en proceso de reconversión a una "agencia rentable", ¿quién lo consumirá en un futuro? Hoy, la exTelAm y sus empleados producen notas, infografías, videos y fotos para el cliente interno. La información que generan se envía a los medios públicos. En la práctica, es una menor cantidad de empleados que hacen los mismos trabajos, pero con características particulares: sólo los leen quienes forman parte del universo de canales y radios del Estado, a quienes les llega el contenido por un sistema interno y no a través de la histórica cablera, por la que se distribuía a los privados, que pagaban por el servicio (o lo compensaban con publicidad oficial). Hoy, los ingresos, aunque fueran pocos, mermaron.

En ocasiones, los periodistas de la exTelAm elaboran placas o infografías para la televisión, lo que antes hacían o ahora hacen en sociedad con ellos los productores de los canales. Las temáticas son variadas, aunque varias fuentes refirieron que se enfocan principalmente en anuncios, eventos protocolares e información oficial, incluidas las conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni. Se realizan grabaciones para las cerca de 100 radios del interior, placas para los programas de televisión y se hacen gráficas para redes sociales.

La actual producción periodística contrasta con lo que informó Francos en el Congreso esta semana. Luis Juez pidió que se remita una explicación sobre la transferencia de los servicios que brindaba Telam. La respuesta fue: "El área con competencia específica en la materia de medios públicos informa que con la transformación de la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias de la otrora empresa TelAm S.E. han dejado de existir. En consecuencia, no se ha materializado su transferencia, tal como se consulta".

El edificio de TelAm fue elegido por el Ministerio de Economía para emitir -en dos ocasiones-, el streaming oficial "Programa de Economía y Finanzas", conducido por Felipe Núñez, asesor, y Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina. El protagonista de las transmisiones fue el ministro Luis Caputo. Por ahora se emitió un capítulo el 30 de agosto y otro el 10 de septiembre. En ambas ocasiones el streaming tuvo estética oficial, con los logos del Palacio de Hacienda, fueron hechos en la planta baja y contaron con el apoyo de producción de los trabajadores de la nueva agencia. También asistió personal de comunicación de Presidencia.
Hay mobiliario nuevo en la sede de la avenida Belgrano. Se debe a que en las últimas semanas se mudaron allí los canales Paka Paka y Encuentro. Se están incorporando al edificio infraestructura y personal vinculado a Contenidos Públicos SE, la empresa estatal que gestiona esas señales y otras como DeporTV y Animar. La idea del Gobierno es que la reconfiguración dé paso a una empresa unificada, que comparta y haga entrecruces colaborativos de contenido. La red de wifi del edificio ya lleva el nombre "Contenidos".

Los carteles institucionales de información general o comunicaciones internas, usualmente desbordados de mensajes de los sindicatos, se ven vacíos. No se oye el bullicio típico de una redacción, pero los periodistas escriben.

En el sexto piso, donde solía funcionar la mesa de edición, la sección de Política y de Economía, la mayor parte de los monitores están apagados, pero unas 15 personas están en sus escritorios, manos en los teclados. En el entrepiso está el comedor. Y el salón multimedia, en el primer piso, no tiene actividad. Los pisos ocupados son, principalmente, el cuarto, el quinto y el sexto, que justamente solían albergar a Espectáculos, Cultura e Internacionales (cuarto) y Sociedad, Policiales, Fotografía y Deportes (quinto). En el séptimo, una secretaria le anuncia las llegadas a un hombre que trabaja en una de las oficinas cerradas con vidrio. Hay dos televisiones prendidas, pero sin los clásicos cuadrantes. Están puestos sólo dos canales de aire.

Una nueva empresa
Para la redefinición de la pata periodística de lo que solía ser Telam falta tiempo. Para la de la propaganda, mucho menos. En julio, el Boletín Oficial plasmó el nacimiento de una empresa estatal, gran paradoja en tiempos libertarios. TelAm, dispuso el decreto 548/2024, se reconvertiría en Apesau, que tiene su trámite pendiente en la Inspección General de Justicia y su propia cartelería, aunque ocupa formalmente la sede de la calle Bolívar, cuyo ingreso ya tiene su flamante logo.

"TelAm tal como la conocimos, ha dejado de existir" celebró Adorni, cuando se publicó el decreto, el 29 de junio.
El objeto de la nueva sociedad es la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. En esta tarea administrativa de cursar la pauta oficial hay unas 200 personas trabajando. La perspectiva del Gobierno fue crear una agencia "rentable". Fuentes de la Casa Rosada dicen que regresaría el año que viene, pese a las constantes referencias críticas a los medios por parte del Presidente. La tercera sede, de la calle Defensa, sigue en funcionamiento y concentra el archivo.

El mismo decreto instruye al interventor de TelAm la transferencia "a medios públicos y/o a terceros, dentro de la órbita que se determine, los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, el personal, los bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales y todos aquellos bienes que a la fecha de dictado del presente se encontraren afectados al uso de los servicios periodísticos".

El 10 de julio los periodistas volvieron a sus puestos y se selló lo que hoy parece un pacto de ganancia mutua en el silencio. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que había llegado a organizar acampes para "preservar el patrimonio público", dejó de confrontar con el Gobierno y los empleados expresan preferencia por que no se sepa qué es lo que hacen. No se despidió ni cesanteó a nadie, ni perderán su antigüedad ni reverán su convenio colectivo. El oficialismo ganó con la concreción del "cierre" y con cerca del 50% de los empleados fuera de la planta a través de los planes de retiro voluntario.

Políticamente, en la exTelAm resaltan dos figuras. Por un lado está Luciano Peralta, un empleado de larga trayectoria que tiene cargo de secretario general de Redacción desde hace 12 años. Volvió en diciembre de 2023, con el recambio presidencial: había estado en uso de licencia para ser director general de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, en la gestión de Eduardo Wado De Pedro. Por otro lado, pisa fuerte, y con llegada a la Rosada, Damián Juárez, otro histórico periodista de la agencia.
Fuente: Diario La Nación

viernes, 30 de agosto de 2024

A 20 años del lanzamiento de los 21 Puntos Basicos por el Derecho a la Comunicación

El jueves 29 de agosto, en la sede de SiPreBA –Sindicato de Prensa de Buenos Aires–, se realizó un encuentro para conmemorar los 20 años de la Coalición por una Comunicación Democrática. La Coalición es un colectivo que impulsó, con su compromiso y militancia, los 21 puntos que hicieron posible la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reemplazando la normativa de la dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo de 1976. En la oportunidad se trazó el recorrido y las luchas de la organización desde su fundación en 2004 y luego de un fructífero debate, el plenario emitió un documento con viejos y nuevos reclamos:

Por una comunicación plural, federal y democrática
Hace 20 años lanzamos un colectivo multisectorial y federal destinado a democratizar la palabra y dejar atrás las normas de la dictadura militar en materia de medios de comunicación social.  Propusimos entonces una agenda para equilibrar las voces en los medios, limitar la concentración, defender y fomentar el rol de los trabajadores, promover nuevos actores e impulsar la producción nacional informativa y cultural.

La plataforma de 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se debatió en foros en todo el país y se convirtió en ley en 2009 con el acompañamiento de las mayorías populares, de legisladores de diversos partidos y el compromiso de la máxima autoridad del PEN, entonces a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

Se trató de una norma respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión, condición que le valió el reconocimiento mundial y un fallo de plena constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2013. Su articulado estableció una Comisión Bicameral parlamentaria, una Defensoría del Público, en representación de las audiencias, y un Consejo Federal multisectorial.

Sin embargo, su aplicación careció de políticas acertadas y su implementación fue sistemáticamente saboteada por una justicia complaciente con los poderes económicos y mediáticos. Diversas maniobras judiciales impidieron la adecuación legal en los medios con posición dominante de mercado hasta que el gobierno elegido en 2015 inició su desmantelamiento por decreto. Desde entonces la autoridad de aplicación perdió su independencia y quedó sometida a la voluntad del Ejecutivo.

Se impuso un régimen de mayor concentración de mercado, pérdida del federalismo y desconocimiento de la comunicación como derecho humano, que no fue modificado por el turno gubernamental desarrollado entre 1919 y 2023.

La actual gestión de Milei agravó, mediante el abuso de decretos y facultades extraordinarias, la desprotección de los derechos ciudadanos y el avasallamiento de los derechos laborales mediante políticas de flexibilización y ajuste. El crecimiento de la pobreza, a más del 55% en apenas seis meses, la desocupación y la recesión económica, fueron acompañados por amenazas a empresas, insultos a periodistas y cierres de medios. Se avanzó por decreto hacia el desmantelamiento de los medios públicos, se congelaron los fondos de fomento a la cultura y fueron intervenidos los órganos regulatorios del audiovisual y de la comunicación digital. Los medios universitarios son víctimas también del ajuste y el desfinanciamiento.
"Desde 2015 a esta parte hemos vuelto a retroceder. La verdad es preocupante y hoy nos pone en una situación en donde si repasamos cada uno de esos 21 puntos, nos damos cuenta que se están avasallando absolutamente todos", aseguró María Ana Mandakovic, secretaria de Organización de FATPren y adjunta de la CTA Autónoma Nacional
A 20 años del lanzamiento de la Coalición asistimos al desguace del sistema público de medios y de su carácter federal, así como al levantamiento de la producción local en las provincias para su reemplazo por conferencias del vocero presidencial en Casa Rosada. Existe un verdadero apagón informativo, que cuenta con el silencio cómplice de medios que antes reclamaban por la no injerencia gubernamental.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Radio y Televisión Argentina (RTA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el sector de contenidos públicos han sido intervenidos por decreto y vaciados de funciones y personal. Otros, como la agencia de noticias Télam, fueron clausurados.

Los ámbitos de la comunicación y la cultura se encuentran en un estado de emergencia laboral y productiva afectando a medios y productoras en todo el país. Están pisados los fondos previstos por ley para la promoción del cine y el audiovisual nacional, así como el teatro, la música independiente, el sistema de medios comunitarios e indígenas y la conectividad a internet en zonas con vulnerabilidad social o geográfica. A ello se suma el uso discrecional y disciplinador de la publicidad oficial.

Hace 20 años luchamos con la rémora oscurantista de la dictadura. Hoy nos desafía el mundo de las redes, las plataformas y los avances sin regulación de la Inteligencia Artificial sobre el trabajo, las profesiones y los contenidos. Un nuevo sujeto social, político y cultural reclama nuevas agendas y mecanismos de representación.
Por eso, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) plantea, a 20 años de su creación, los siguientes puntos:
Cese inmediato de las intervenciones en los medios públicos y el Ente Nacional de Comunicaciones y su reemplazo por las autoridades legalmente previstas en las normas que regulan el sector.

Restablecimiento del pleno funcionamiento y control de los fondos de fomento sectorial creados por ley y con financiamiento propio para el cine, la televisión, la cultura y el mundo digital.

Respeto al federalismo informativo mediante el cumplimiento de las cuotas de producción local y nacional, el restablecimiento de las corresponsalías de la agencia Télam, de las delegaciones de ENaCom en todo el país y la devolución de los contenidos locales a las filiales de Radio Nacional.

Sanción de una ley de publicidad oficial que termine con la discrecionalidad de fondos reservados para grupos “amigos” mientras se asfixia a los medios independientes, comunitarios y comerciales de todo el país. La ley deberá tener como finalidad tanto la obligación de informar los actos de gobierno como el apoyo a un sistema independiente, público y privado, que garantice el pluralismo informativo.

Actualización y modernización de las leyes 26.522 y 27.078 para contar con un marco regulatorio que extienda los servicios del mundo digital en el campo social y geográfico, creando condiciones de equidad fiscal y fomento para los productores nacionales frente a las plataformas globales que hoy dominan la deliberación democrática en lo informativo y la circulación de bienes y servicios culturales.

Fomento del trabajo argentino en los ámbitos de la comunicación y la cultura con estabilidad laboral y respeto por las normativas vigentes.

Pleno funcionamiento del Fondo de Servicio Universal conjuntamente con la defensa de la empresa argentina de satélites (ARSAT) para el mayor despliegue de la red de fibra óptica con sentido federal así como el desarrollo de la soberanía científica y tecnológica en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los históricos 21 Puntos Basicos por el Derecho a la Comunicación
1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional . Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la Defensoría del público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.
Fundamentos
Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.

Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.

Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas. Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.

Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.

Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.

Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.

Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.

Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.

Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH. Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.

Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.

Recordando que también dice el Informe 2002 que Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos.

Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.

Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.

Ver también: 21 Aportes para el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

lunes, 8 de julio de 2024

Trabajadores y trabajadoras de TelAm: Volvemos a trabajar y levantamos los acampes. La lucha continúa

Compartimos comunicado de la asamblea de trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias y publicidad, organizada en nuestro sindicato. Tras 128 días de acampes ininterrumpidos, los compañeros y las compañeras vuelven a trabajar este miércoles 10/7.
Este miércoles 10/7 volveremos a nuestras tareas laborales. Para conseguir el derecho a trabajar tuvimos que sostener 128 días de acampes ininterrumpidos en los dos edificios de la agencia de noticias y publicidad TelAm, que el gobierno decidió apagar durante más de cuatro meses.
El 1 de marzo pasado, en medio de la apertura de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el cierre de TelAm. Dos días después vallaron el ingreso a nuestros lugares de trabajo. Esa noche, delegades de la Comisión Interna y la conducción de SiPreBA permanecieron en el interior del edificio de la calle Bolívar. Al día siguiente, el 4 de marzo, iniciamos los acampes para resguardar el patrimonio público y visibilizar nuestra lucha para volver a trabajar. De la misma manera, pusimos en marcha el portal Somos TelAm, con el que demostramos nuestro profesionalismo, que se convirtió en una ventana de los conflictos gremiales y sociales que no tenían lugar en la mayoría de los grandes medios.
Durante todo este tiempo la agencia estuvo silenciada. El 1 de julio el gobierno decretó la reconversión de TelAm en APESAU, una sociedad anónima que se encargará solamente de una de sus dos funciones principales: la publicitaria. A la vez, la agencia de noticias continuará dentro de RTA. Desde SiPreBA seguiremos la lucha para que TelAm vuelva a ser una única empresa, ya que el rol periodístico y publicitario forman parte de una misma unidad conceptual para garantizar la soberanía informativa y una comunicación federal y plural.

En un país con medios cada vez más concentrados y centralizados en la Ciudad de Buenos Aires, su función histórica no sólo tiene vigencia, sino que se vuelve indispensable.
La defensa de los medios públicos y del derecho a la información de toda la sociedad seguirá siendo nuestra pelea más importante, para mostrar lo que los grandes medios censuran, las luchas de nuestro pueblo por la soberanía, contra el ajuste y por sus derechos en cada rincón del país. En unidad, seguimos diciendo: los medios públicos se defienden, la patria no se vende.
Somos TelAm

jueves, 4 de julio de 2024

Eduardo González fue designado para iniciar una nueva etapa al frente de los medios públicos

El funcionario fue nombrado a través de un decreto del presidente Javier Milei. Su nombramiento forma parte de la reestructuración de todas las empresas estatales del sector.

En una nueva etapa de su plan de reconversión de los medios públicos, el gobierno nacional designó a Eduardo González como nuevo  interventor de la Agencia de Publicidad del Estado (APE; antes TelAm), Radio y Televisión Argentina (RTA; Radio Nacional y la TV Pública), Educ.ar y Contenidos Públicos (Pakapaka, Encuentro y DeporTV).

El nombramiento se concretó a través del decreto 576, que fue publicado en el Boletín Oficial. La norma dispone que González ejercerá de manera plena su cargo en RTA, mientras que su participación en los demás medios serán ejercidas ad honorem.

De la misma manera, su designación al frente de la Agencia de Publicidad del Estado (ex TelAm) será hasta la designación definitiva de sus autoridades.
Los antecedentes de Eduardo González, el nuevo responsable de los medios públicos
González ya venía ejerciendo el rol de coordinador general de todos los medios públicos durante la intervención del abogado Diego Chaher. Sin embargo, los cambios instrumentados por el Poder Ejecutivo llevaron a Chaher a asumir como secretario de Empresas y Sociedades del Estado, en dependencia directa de la Jefatura de Gabinete.

Eso llevó a que González fuera promovido al escalón inmediato superior, con todas las responsabilidades a su cargo.

El nuevo encargado de los medios públicos tiene una formación profesional bastante diferente a su actual responsabilidad: es ingeniero recibido en la Universidad Nacional de La Plata, con orientación aeronáutica y espacial.

Más tarde realizó un máster en administración de empresas en la Universidad de Belgrano.

Anteriormente, pasó por Editorial Fundamento S.A.. La empresa es la titular del diario Puntal, de Río Cuarto. "Fue contratado por Carlos Enrique Gamond, exdirector del  con el objetivo de aggiornar el diario. Allí se ocupó del tema publicitario y la imagen pública del diario. No en el contenido periodístico", le contaron a Señales.

Sin embargo, su extensa currícula tiene varios pasos por medios de televisión. Se desempeñó como director del área técnica y de operaciones de Telefe. Desde ese cargo manejó todos los canales del interior de ese grupo televisivo. Luego pasó a ser gerente general de Canal 9 y más tarde fue parte del equipo de management en la compañía de TV por cable Supercanal, con fuerte predicamento en la región de Cuyo, hasta convertirse en director de operaciones del Grupo América.

¿No más Pública?
En La Nación, Pablo Montagna, anticipó que: "el canal estatal cambiará su nombre y logo. Si bien desde el canal se mantiene la expectativa, al día de hoy se guardan los detalles bajo siete llaves. Solo se supo que se sacará la palabra "pública" del nombre, y podría sumarse el término "Argentina", que ya había sido utilizado en gobiernos y gestiones anteriores, junto con un slogan que sería un guiño al presidente Javier Milei".

Y recordó: "que el Canal 7, de 1979 a 2000 se llamó Argentina Televisora Color (ATC), y de 2000 a 2006 Canal Siete Argentina. Luego se rebautizó como Televisión Pública y en 2016 Televisión Pública Argentina. En 2019 volvió a llamarse TV Pública, por lo cual en ciertos sectores se entiende que el término “pública” remite directamente a los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, una referencia que la actual gestión nacional quiere dejar de lado".

Más adelante, señaló que: "la gráfica y el nuevo logo del canal está a cargo del departamento creativo y los medios digitales del canal público; al no haber sido encargado a un tercero o una empresa externa a RTA, este cambio tendría cero costo para la gestión. De esta manera se sigue la línea de que todo lo que se está haciendo en materia del canal público no gasta dinero del estado, propósito principal de González", editó Montagna.

También en TelAm
Entre otras tareas, González tendrá a su cargo dar los primeros pasos en la nueva Agencia de Publicidad del Estado, que surgió a partir de la agencia de noticias TelAm, cuyo cierre definitivo intenta el gobierno de Javier Milei.

Su misión será mantener su rol de administrador de la publicidad estatal. Sin embargo, dejará de brindar servicios periodísticos e informativos como lo hacía desde su fundación, en 1945.

El decreto 548 dispone al respecto "la transformación de TelAm Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, bajo la denominación de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros".

En esa línea, señalan que TelAm "dejará de operar, tal como ha sido creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias, justificándose las modificaciones de su objeto social en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda".
Fuentes: Boletín Oficial, Noticias Argentinas, La Nación, Señales

martes, 2 de julio de 2024

La educación y la información son atacadas por Javier Milei

Por: Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

El presidente Javier Milei dijo, que su plan es "entrar al sistema para dinamitar al Estado", que él es "un topo que destruye el Estado desde adentro", todo ello, en una verdadera actitud anárquica delictiva de "sedición", por la que se pretende impedir, la ejecución debida de la Constitución Nacional y de las leyes nacionales.

Así, en una segunda etapa de su estrategia destructiva, busca centrar su ataque, particularmente, contra los derechos humanos de la "educación" y la "información", porque un pueblo educado e informado resulta más difícil de colonizar y afectar su juicio crítico.

Ataque a la docencia
La ley de Educación Nacional 26.206 dispone, que "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado" y "es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa", (arts. 2 y 3).

Sin embargo, el gobierno pretende empobrecer, cada vez más, a la docencia, en todos los niveles, con sueldos indignos y constantemente la desprestigia socialmente, siendo que son los agentes fundamentales en el proceso educativo. Les quiere quitar, además, el "derecho de huelga" y condicionar la "libertad de cátedra". En eso último, se intenta transformar a los propios alumnos y/o a sus padres en espías gendarmes de la educación, para que denuncien a los docentes, si entienden, al decir de Milei, que están "adoctrinando".

En la estrategia política que se desarrolla, no se respeta el Pacto Internacional de "Derechos Económicos, Sociales y Culturales", de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22 de la C.N.), que determina, que se debe garantizar "continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente", (art. 13, apartado 2, inc. "e"). Sin embargo, ilegalmente, el presidente no quiere pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID); ha desfinanciado a las universidades públicas; entre otros ataques directos a la educación.

De esa manera, se quiere afectar gravemente la "educación pública, gratuita y de calidad", que ha sido una herramienta fundamental de ascenso social, libertad e igualdad de oportunidades.

A su vez, Milei pretende, en una tercera etapa de su proyecto, dejar a la enseñanza en manos total de la llamada "inteligencia artificial". Estos aspectos los viene negociando con representantes de Google, Apple, Meta, Open AI y otros ámbitos que manejan el mundo digital. En ello, se busca, cada vez más, condicionar la educación con criterios de un discurso único, abaratar costos y desvalorizar el "acto humano de educar". Ello con alumnos y alumnas colonizados virtualmente y direccionados por cálculos matemáticos algorítmicos, sin contemplar que los y las docentes "forman y no solo informan".

Asimismo, la escuela como tal, es el lugar donde se practica la convivencia social, es el primer ámbito de ejercicio del pluralismo democrático y donde se reafirma la identidad nacional. Allí, el alumnado desarrolla los primeros ritos que nos unifican como pueblo con historia común, donde izar la bandera cantando "Aurora" o entonando el himno, son algunas de esas vivencias que articulan la patria y anudan las generaciones.

Aún más, en aras de subestimar la escolaridad, en el primer proyecto de la ley de Bases presentado por Milei, conocida como la "Ley ómnibus", se proponía que los niños/as desde los 9 años puedan transitar la escuela de manera virtual desde su casa y se quitaba la obligatoriedad de la presencialidad establecida en la Ley de Educación, (art. 127 inc. f). De esa forma, el alumno quedaba encerrado en un reducido universo individual, con vivencias colectivas sólo desde lo tecnológico virtual. Este aspecto del proyecto de ley no salió, pero la intencionalidad gubernamental subsiste.

A su vez, se rebajó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de "Capital Humano". En el concepto de "capital humano" se degradó el acto mismo de enseñar, porque se lo presenta como una etapa de aprestamiento, para mejorar a los sujetos de la educación, como un producto, al que se lo analiza desde su rentabilidad. No se tiene presente que se trata de un proceso edificante de personas que tiene mucho valor, pero que no cabe analizar en su eficacia, sólo desde la perspectiva de precio y/o ganancia. Es inaceptable concebir la educación como un servicio lucrativo y menos que se mercantilice la educación pública.

Ataque al periodismo
A su vez, las personas que se dedican al noble oficio del periodismo y garantizan el derecho humano a ser informado, son agredidas, mal pagas y ninguneadas constantemente por Milei. A quienes no coinciden con lo que él piensa se los trata de "ensobrados" o comprados para discrepar con su accionar y los amenaza y señala públicamente, generándoles un riesgo de agresiones inaceptable.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a fines de junio de 2024, publicó que era obligatorio tramitar una matrícula de periodista para ejercer el periodismo. Más ante la reacción a lo dispuesto, se borró dicha obligación. Ello atento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, de aplicación obligatoria en el país, ha establecido que, "el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de quienes están inscriptos (en una matrícula), como podría suceder en otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano", ("La Colegiación Obligatoria de Periodistas" Opinión Consultiva OC-5/85, párrafo 71).

También, fundándose ilegítimamente en el DNU 70, que es nulo, sin autorización necesaria del Congreso, como lo regula la Ley 20.705, cerró la agencia TelAm de noticias, que tenía 79 años de existencia. Era la agencia más importante de Latinoamérica, que producía información pública y nacional, con perspectiva federal. Ella le daba presencia soberana al país y personalidad informativa propia. Milei, el 28/06/24, la transformó en una Agencia de Publicidad y Propaganda del gobierno nacional, (Dec.548/2024). Asimismo, va buscando cerrar o precarizar a Radio Nacional y a la Televisión Pública, medios que pretendió privatizar.

Además, el gobierno, sin explicación, cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los canales de televisión educativos. De esa manera, se destruyó los espacios públicos de información en las redes sociales.

Pero en dicho impulso de acallar voces e información, se le ha sumado la Universidad Nacional de Córdoba, que luego de 66 años, prácticamente, está matando el importante producto cultural cordobés, que significa el multimedio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC).

Tenemos que oponernos que condicionen a los periodistas y hagan desaparecer a medios de difusión valiosos, que garantizan el acceso al derecho humano a la información y a la libertad de expresión amplia.

No hay que permitir, que nos precaricen la educación pública y nos desinformen monopólicamente con discursos únicos, publicidad y propaganda y, de esa manera, nos roben la democracia plural.
*Doctor en derecho, abogado constitucionalista cordobés y columnista de opinión
Fuente: PrensaRed

lunes, 1 de julio de 2024

Milei intenta transformar TelAm en una Agencia de Publicidad del Estado

El gobierno de Javier Milei publicó el Decreto 548/2024, que establece la transformación de TelAm Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal bajo la nueva denominación de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.).

TelAm Sociedad del Estado, originalmente creada como Agencia de Noticias, se reconfigurará, según el decreto, para concentrarse exclusivamente en actividades de Agencia de Publicidad y Propaganda.

La medida se fundamenta en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que declaró la emergencia pública en diversos ámbitos económicos y administrativos hasta finales de 2025, y derogó la Ley N° 20.705 que regulaba el régimen de las Sociedades del Estado. Esto permitió la transformación de TelAm y otras entidades estatales en sociedades anónimas sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades.

El proceso de transformación incluyó la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria, donde se discutió y aprobó el estatuto de la nueva sociedad. El Estado Nacional ejercerá los derechos societarios correspondientes a través del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Además, el decreto instruye al Interventor de TelAm Sociedad del Estado (que presentó su renuncia y ahora se encargará del desguace de las Empresas y Sociedades del Estado), a transferir los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, así como el personal y demás activos relacionados, a medios públicos o terceros, según se determine.

Con esta medida, el gobierno de Milei busca modernizar la estructura y las funciones de TelAm, adaptándolas a las necesidades actuales y a un contexto de eficiencia administrativa, mientras reafirma su compromiso con una gestión pública más eficaz y orientada a resultados.
TelAm Sociedad del Estado
Decreto 548/2024
DECTO-2024-548-APN-PTE - Dispónese transformación.
Ciudad de Buenos Aires, 28/06/2024


Visto el Expediente N° EX-2024-63038642-APN-DGDYD#JGM, y

Considerando:
Que a través del Decreto Nº 2507 del 5 de diciembre de 2002 y sus modificatorios se creó TelAm Sociedad del Estado, en jurisdicción de la entonces Secretaría de Medios de Comunicación  de la  Presidencia de La Nación, en los términos de la Ley N° 20.705, la cual tiene como objeto la administración, operación y desarrollo de servicios periodísticos y de Agencia de Noticias y de Publicidad.

Que, por su parte, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70 del 20 de diciembre de 2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Que la citada norma tuvo en consideración que con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas.

Que, en ese sentido, a través del Artículo 40 del referido Decreto N° 70/23 se derogó la citada Ley N° 20.705, que regula el régimen aplicable a las Sociedades del Estado.

Que, asimismo, por el Artículo 48 de la norma precitada se dispuso la transformación de las sociedades o empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, sujetas al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 - T.O. 1984 y sus modificatorias.

Que mediante el Decreto N° 117 del 2 de febrero de 2024 se dispuso la intervención -entre otras sociedades- de TelAm Sociedad del Estado, por el plazo de UN (1) año, con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y la eficiencia de las acciones que cumple.

Que con el mentado cometido de optimizar la eficacia y la eficiencia de las actividades que actualmente desarrolla TelAm Sociedad del Estado resulta imprescindible actualizar su denominación y su objeto social.

Que el cambio de denominación de TelAm Sociedad del Estado busca reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general.

Que, por otra parte, TelAm Sociedad del Estado dejará de operar, tal como ha sido creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como Agencia de Noticias, justificándose las modificaciones de su objeto social en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, concentrando los recursos de la empresa en aquella área que ofrece mayores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo.

Que con el fin de cumplimentar lo establecido en el citado Artículo 48 del Decreto N° 70/23 se dispuso la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de TelAm Sociedad del Estado, a realizarse el día 28 de junio de 2024, a los efectos de tratar la transformación de la empresa y aprobación del estatuto de la nueva sociedad.

Que, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, resulta imprescindible establecer las directrices para llevar a cabo tal transformación.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacinal.

Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1°.- Dispónese la transformación de TelAm Sociedad del Estado en Sociedad Anónima Unipersonal, bajo la denominación de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificatorias.

Instrúyese a los representantes del Estado Nacional para que en la Asamblea General Extraordinaria de TelAm Sociedad del Estado, a realizarse el día 28 de junio de 2024, den cumplimiento a lo establecido precedentemente y arbitren las medidas que correspondan para la transformación de la empresa y aprobación del estatuto de la nueva sociedad.

Artículo 2º.- La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) tendrá por objeto operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad.

Artículo 3º.- Apruébase el modelo de Estatuto Social de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.), que como Anexo I (IF-2024-65945365-APN-SSALS#JGM) forma parte integrante del presente.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá, a través del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los derechos societarios que le correspondan al Estado Nacional por su participación en el capital accionario de Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.).

Artículo 5°.- Protocolícese el Estatuto Social que oportunamente se apruebe, así como toda actuación que fuere menester elevar a escritura pública, a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.

Artículo 6º.- La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros suscribirá las correspondientes escrituras públicas y toda aquella documentación que resulte necesaria para el cumplimiento del presente decreto.

Artículo 7º.- Inscríbase ante la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, y demás Registros Públicos pertinentes la transformación societaria que se dispone por el Artículo 1° del presente.

Artículo 8°.- Instrúyese al señor Interventor de TelAm Sociedad del Estado para que adopte los recaudos necesarios para transferir de TelAm Sociedad del Estado a medios públicos y/o a terceros, dentro de la órbita que se determine, los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, el personal, los bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales y todos aquellos bienes que a la fecha de dictado del presente se encontraren afectados al uso de los servicios periodísticos y de Agencia de Noticias, cuya titularidad detentara la referida TelAm Sociedad del Estado.

Artículo 9°.- Derógase el Artículo 3° del Decreto N° 2507 del 5 de diciembre de 2002.

Artículo 10.- La presente medida entrará en vigencia el día de su dictado.

Artículo 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Milei - Guillermo Francos

viernes, 7 de junio de 2024

Un nuevo día de las y los periodistas, en el medio de una crisis sin precedentes

Las y los trabajadores de prensa de Mendoza llegamos a este viernes 7 de junio, Día del Periodista en la Argentina, inmersos en una crisis extrema que se refleja en la pérdida masiva de fuentes de trabajo y el inmenso deterioro del poder de compra de los salarios.

La magnitud de la situación impacta en una importante cantidad de frentes, que complejizan el estado actual de la profesión e incrementan los desafíos del futuro del periodismo en la provincia, en particular, y en el país en general.

A comienzos de año, el cierre de TelAm frenó las labores de las y los colegas en todo el país y la medida afectó a la corresponsalía de la provincia. Se sumó, posteriormente, el ataque a las cuatro radios públicas con la disminución de las tareas y el riesgo de la privatización, con la última novedad de la inminente apertura de retiros voluntarios y los despidos al comienzo de la gestión.

El rol social de los medios públicos, tanto en ámbitos urbanos como rurales, ha sido largamente explicado durante los últimos años. La búsqueda de la eficiencia presupuestaria no puede ser utilizada como excusa para destruir estructuras irremplazables por el sector privado.

Durante abril, alrededor de treinta compañeras y compañeros fueron despedidos del canal provincial Acequia bajo argumentos similares a los que se utilizan ahora con Radio y Televisión Argentina.

La experiencia indica que los puestos de trabajo que se pierden en los medios, muy raramente se recuperan. Días atrás, instamos a los bloques legislativos a que rechacen o modifiquen el artículo 9 del proyecto de "Ley de Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado", ya aprobado en Diputados, para garantizar el futuro de la señal estatal.

También exigimos la aplicación de la ley 8462, de adhesión al artículo 64 del Estatuto del Periodista, aprobada en 2012.

El último ataque ocurrió el 29 de abril, cuando alrededor de cincuenta trabajadores, entre ellos más de veinte del colectivo de prensa (incluidos delegados y miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Prensa, en un claro golpe a la libertad sindical y un ejemplo de persecución gremial), fueron desvinculados del Diario Los Andes en la previa de su venta, concretada hace días.

A esto se suma el deterioro del poder adquisitivo del salario, por debajo del índice de indigencia, con una paritaria planchada desde diciembre con el único objetivo de bajar el costo de las indemnizaciones en Los Andes. Mientras durante el primer cuatrimestre los medios mendocinos recibieron 1.050 millones de pesos en pauta oficial, las empresas le pagan un sueldo de $266.000 a las y los periodistas, por debajo de la línea de indigencia.

La crítica situación de las y los trabajadores de prensa de Mendoza es extensiva a las y los compañeros de los medios de todo el país y afecta al conjunto de la sociedad, cuando la libertad de expresión y de prensa se ve directamente condicionada.

Exponemos la realidad del colectivo de prensa con el objetivo de visibilizar el delicado estado de una actividad que mantiene un ida y vuelta permanente con el la sociedad en general; la cual, además, cumple un rol fundamental en la relación entre las instituciones y la ciudadanía: si el periodismo y sus posibilidades de ejercerlo se dañan, la democracia también.
SiPreMza
Sindicato de Prensa de Mendoza Adherido a FATPren - CGT - FIP

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