Amenazas del Gobierno en la asamblea del Grupo Clarín

Comunicado del Grupo Clarín: En el día de la fecha, prominentes funcionarios kirchneristas irrumpieron en la sede del Grupo Clarín. Durante varias horas el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la SIGEN, Daniel Reposo y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, abandonaron sus tareas específicas en un complejo momento para el país, para participar, acompañados de un séquito de periodistas oficialistas y empleados públicos, de la Asamblea Anual Ordinaria de la empresa

Durante toda la reunión, los funcionarios atacaron verbalmente a los accionistas y directivos de la compañía; además de lanzar las mismas calumnias e injurias que el kirchnerismo viene repitiendo en los últimos 5 años y que fueron desestimadas por la Justicia. Al mismo tiempo, procuraron, durante toda la tarde, boicotear el normal desarrollo de la Asamblea e impedir el tratamiento de cada uno de sus puntos.
Asimismo, pretendieron desconocer el régimen de mayorías y minorías, y deslizaron reiteradas amenazas respecto de la utilización de la nueva ley de mercado de capitales y de la Comisión Nacional de Valores, como instrumentos para violentar el régimen societario e intentar algún tipo de avanzada sobre la empresa.
Llamó la atención que durante toda la Asamblea los funcionarios kirchneristas reclamaron al Grupo Clarín aumentar sus ganancias, bajo la consigna de Moreno de que “el ordenador básico de un hombre de negocios es ganar plata”.
Esta frase revela como pocas el desconocimiento del kirchnerismo acerca del rol de los medios de comunicación en la democracia, que muchas veces deben resignar rentabilidad para cumplir su misión con independencia del Gobierno. Pero además, resulta una burla porque son las propias decisiones del gobierno kirchnerista las que buscan ahogar a los medios no adictos, entre ellas el cepo publicitario privado, el manejo arbitrario de la pauta oficial, y toda la batería de medidas administrativas y regulatorias que el kirchnerismo lleva adelante contra quienes no se le someten.
Buenos Aires, 25 de abril de 2013

Sostiene TelAm: Dejan en evidencia las maniobras fraudulentas del Grupo Clarín
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aseguró que el Grupo Clarín "es una empresa oscura donde esconden los datos a sus propios accionarios y juegan con la plata de todos los jubilados", al hablar en representación del Estado en el marco de la asamblea de accionistas del Grupo.
Durante la asamblea anual en la que debía aprobarse la Memoria y el Balance 2012 del Grupo Clarín, entre otros puntos, Guillermo Moreno y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, criticaron la gestión en el directorio de la compañía que encabezan su presidente Héctor Magneto; el vicepresidente, José Aranda y uno de sus directores, Jorge Rendo.
La asamblea, que estuvo signada por la agresión y el hostigamiento hacia los funcionarios, se caracterizó por la falta de respuesta de los directivos ante las reiteradas solicitudes de información sobre los estados contables que realizaron los representantes del Estado, quienes participaron de la reunión por tener el 9 por ciento de las acciones del Grupo a través de la Anses.
Ante el tratamiento de la aprobación del Balance, Moreno destacó que "Clarín está para ganar plata y no para confrontar en la arena política, porque con este balance que entregaron -la empresa perdió millones- está peligrando el patrimonio y ponen en riesgo los puestos de trabajo de 17.000 personas".
Al término de la reunión el secretario de Comercio contó a Télam que ha quedado comprobado que "de las 99 empresas que tiene el Grupo solo una es superavitaria, Cablevisión, que además cimenta su crecimiento en función del incumplimiento con la normativa vigente".
"Lo que habíamos visto en Papel Prensa se repite en todas las empresas del Grupo, donde no invierten un solo peso", relató Moreno y advirtió que "están llevando la empresa al quebranto".
En este sentido, refiriéndose al vicepresidente de la firma, José Aranda, quien presidía la asamblea, el secretario de Comercio dijo que “ha sido un mal hombre de negocios en los últimos años” y sugirió no aprobar la ratificación del Directorio.
Sin embargo, los representantes de los accionistas mayoritarios votaron a Magnetto, Aranda y Pagliaro, mientras que el Estado nacional propuso "profesionalizar el directorio porque la empresa está mal", dijo Moreno.
Sin tener en cuenta la posición de los representantes de la Anses, los representantes accionistas tuvieron una postura previamente tomada porque, según quedó en evidencia, pertenecen mayoritariamente a los propios directores.
Al respecto, tanto Moreno como Kicillof resaltaron que "hay una falta ética total, porque los mismos accionistas mandan a sus representantes a votar por ellos mismos".
En la misma línea, los representantes de los accionistas ratificaron a la comisión fiscalizadora en funciones a pesar de que la minoría pidió una mínima participación "porque no puede ser que en una empresa los directivos, los accionistas y los controladores sean todos los mismos".
Otra fuerte polémica se sucedió cuando se intentó votar a libro cerrado, sin brindar detalles sobre los sueldos de los distintos directivos de las diferentes áreas.
Ante la insistencia de los representantes del Estado, Aranda informó que un directivo del Grupo Clarín con responsabilidades ejecutivas percibe un sueldo de $200.000 por mes, aproximadamente.
“Cómo los inversores van a tener confianza si ustedes no cumplen con la ley”, le preguntó Moreno a Aranda, quien encabezó la asamblea en reemplazo del CEO de la compañía, Héctor Magnetto, quien no se hizo presente incumpliendo lo previsto por las normas, ya que no presentó la obligatoria justificación.
En otra parte de la asamblea, los planteos de Moreno, que también estuvo acompañado por el síndico General de la Nación, Daniel Reposo, apuntaron a que el Grupo Clarín no se ha presentado en la justicia para ser investigado en el marco de causas como la de Papel Prensa.
Al salir de la reunión que duró cerca más de 4 horas y media, Moreno señaló desde la entrada del edificio del Grupo Clarín: “Hemos quedado sorprendidos de las cosas que vimos acá, donde se aprueba la contratación de un auditor externo sin presupuesto, sin saber cuánto le vamos a pagar".
“Tienen que responder con su conducta sobre por qué decidieron actuar así. Con su conducta han bastardeado el activo de esta sociedad. Tenemos la capacidad de decirles a ustedes `cambien la conducta´ porque nos está llevando a la quiebra”, les dijo Moreno durante el encuentro.
Moreno, Kicillof y Reposo habían ingresado al edificio del Grupo Clarín en el barrio porteño de Barracas, minutos antes de las 15, en medio de insultos y amenazas de algunos empleados de la empresa.
La asamblea comenzó pasadas las 15, y a la misma también asistieron los principales editores del diario: Ricardo Kirschbaum, Ricardo Roa, Julio Blanck, Miguel Fernández Canedo y Eduardo Van Der Kooy, entre otros, que bajaron para "cubrir" el desarrollo de la reunión.
Ver anterior: Moreno y Kicillof participaron en la Asamblea de accionistas del Grupo Clarín

Traspaso de acciones de Papel Prensa: La causa quedó en Capital

Por unanimidad, los camaristas porteños resolvieron que la supuesta venta de acciones de los Graiver a Clarín, La Nación y La Razón sea investigada en el marco de la represión ilegal. Fue apartado el juez Rafecas y se sorteará un nuevo juez
Por: Irina Hauser
La causa penal sobre la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón quedará a cargo de un juez federal porteño y el traspaso accionario de los Graiver a esas empresas deberá ser analizado en el contexto “del ataque generalizado contra la población civil materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”. Así lo definió un fallo unánime firmado ayer por la Sala I de la Cámara Federal que asimila los hechos que están bajo la lupa con delitos de lesa humanidad. Afirma, además, que como las reuniones para concretar aquella operación –más las presiones que la habrían rodeado– ocurrieron en Capital Federal, la pesquisa debe quedar en esa jurisdicción y no en La Plata, donde se investigan los secuestros y torturas del grupo Graiver. Fue apartado el juez Daniel Rafecas y se sorteará un nuevo juzgado.
La venta de Papel Prensa fue investigada durante varios meses desde el año pasado por los fiscales de La Plata Hernán Schapiro y Marcelo Molina a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tomaron testimonios y analizaron documentación y a fines de abril de este año llegaron a la conclusión de que la transferencia accionaria de la compañía productora de papel había sido “compulsiva” y llevada a cabo “con la directa intervención de la Junta Militar en colusión con los civiles” dueños de los diarios. Dijeron que se trataba de un posible delito de lesa humanidad. Sin embargo, recomendaron mandar la causa al fuero federal porteño porque “las amenazas”, “presiones” y “maniobras extorsivas” que marcaron la entrega de la empresa ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. El juez platense Arnaldo Corazza abonó ese criterio y se declaró incompetente.
Uno de los argumentos de los fiscales era que ya se había iniciado una causa en el juzgado (porteño) de Rafecas basada en testimonios ante la Secretaría de Comercio de Lidia Papaleo (viuda de David Graiver) y Rafael Ianover (testaferro) donde relataban la venta de Papel Prensa. Pero ese juez había dicho que los hechos le parecían imposibles de escindir de la investigación de los secuestros y torturas sufridos por miembros del grupo Graiver, que siempre se sustanció en La Plata como parte del llamado “circuito Camps”. Cuando Corazza le volvió a mandar las actuaciones, Rafecas abrió otro expediente aparte. Este pequeño acto burocrático fue lo que dio pie a que opine la Sala I de la Cámara Federal, cuando el fiscal Carlos Stornelli planteó que abrir una causa nueva era una maniobra para separarlo a él del caso.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero tomaron como referencia el razonamiento de los fiscales de La Plata y el planteo de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos para fijar la competencia de la Justicia porteña. Los parafrasean al decir que “debe investigarse si existió un conjunto de acciones ilegales diversas y articuladas entre sí que, con intervención de la estructura del aparato represivo estatal, habría tenido por finalidad lograr la transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa SA que eran propiedad del grupo Graiver, a favor de las empresas La Nación SA, Arte Gráfico Editorial Argentina (Agea) y La Razón SA”. Afirman, además, que ese traspaso se “concretó en esta jurisdicción” y es la Justicia porteña la que “debe llevar adelante la investigación”.
El fallo dice que aunque hay ciertas diferencias entre la hipótesis de los fiscales y la querella (ésta asocia la venta de la firma con los secuestros, torturas y muertes en el grupo) se respeta un “eje neurálgico de los hechos denunciados –el desapoderamiento– sin desnaturalizarlo, por cuanto aún en la versión más limitada la transferencia compulsiva de acciones fue considerada inmersa en el ataque generalizado contra la población civil, materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”. Esto implica, explicaron allegados al tribunal, que para los jueces el presunto despojo debe ser analizado en el marco de las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado, es decir, como un delito de lesa humanidad.
La venta de Papel Prensa bajo “extorsión”, según describieron meses atrás los fiscales Schapiro y Molina, se firmó el 2 de noviembre de 1976. Tanto Papaleo como Ianover declararon que firmaron sin saber a qué valor ni en qué condiciones se hacía la venta, que se fijó a un precio de 946.600 dólares. Ella relató que sólo habló con Héctor Magnetto, quien le “ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya”. En enero de 1977, un grupo de tareas entró en la casa de Ianover. En los meses sucesivos los Graiver y allegados fueron secuestrados y torturados: Papaleo, sus suegros, Isidoro, Enrique Brodsky, Lidia Brodsky, Ianover, Lidia Gesualdi y Silvia Fanjul. Jorge Rubinstein, que había sido mano derecha de David Graiver, murió por las torturas. Los demás fueron sometidos a un Consejo de Guerra ilegal que los condenó y les interdictó sus bienes en 1977 con el argumento de que daban “ayuda económica con finalidades ideológicas ilícitas a Montoneros”.
“Aunque las privaciones de la libertad, las torturas, el homicidio de Rubinstein son juzgados en La Plata, eso no impide que se considere todo parte de un continuo que incluyó coacciones y extorsiones hasta la puesta en marcha de la planta de Papel Prensa”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén. La Secretaría viene reclamando la indagatoria de Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Bartolomé Mitre, los Peralta Ramos, (Jorge Rafael) Videla, (José Alfredo) Martínez de Hoz y Raimundo Podestá. Ahora se sorteará un nuevo juez para el expediente, aunque hay quienes apuestan a que podría ser Norberto Oyarbide, que ya tuvo alguna breve intervención en el caso, y podría seguir Stornelli.

Denuncia de la SiGeN
La Sindicatura General de la Nación denunció penalmente por asociación ilícita a los directores privados de Papel Prensa. “Hay dos medios, La Nación y Clarín, que actúan en forma corporativa en detrimento del objeto social que tiene Papel Prensa, que es el de fabricar y vender papel a diarios. Esta actitud perjudica a muchos medios y al Estado”, explicó el síndico general Daniel Reposo, firmante de la denuncia, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. “Es la Justicia Penal la que tienen que tener la visión global, porque cada anomalía y delito en particular tienen una configuración, pero cuando se toman en forma integral se agravan las penas”, señaló Reposo.
Fuente: PáginaI12

TelAm: Clarín puede perder la licencia que le permite explotar Canal 13

El Grupo Clarín puede perder la licencia que le permite explotar Canal 13 a causa de las irregularidades cometidas a partir de la adjudicación con que lo benefició el gobierno de Carlos Menem, advirtió el síndico general de la Nación, Daniel Reposo

 Reposo recibió de manos de José Carbonelli, ex delegado sindical en el canal de televisión, documentación que respalda las numerosas denuncias efectuadas por los trabajadores contra esa empresa. Reposo dijo que de comprobarse la veracidad de las pruebas presentadas, se podría revocar la licencia.

Las irregularidades van desde el precio al que el gobierno de Menem le adjudicó el canal, hasta la ocupación a lo largo de dieciséis años por Clarín del edificio que utiliza como estudio central de los Canales 13 y Todo Noticias (TN), uso por el que nunca pagó alquiler ni tampoco ejerció la opción de compra del predio. El prolongado tiempo que lleva usufructuando un bien público, proyecta al principal grupo mediático de la Argentina a un escalón superior al de los “ocupas” que tanto que condena.

Correo Argentino y Aguas Argentinas son dos antecedentes de rescisión de contratos con empresas privatizadas. En el caso del servicio de correspondencia entregado por Menem al grupo Macri, una de las razones por las que el Gobierno nacional, en el mes de noviembre de 2003, revocó la concesión, fue que Macri sólo había pagado los dos primeros cánones semestrales.

Al momento de serle retirada la licencia para operar el correo, habían transcurrido doce semestres a lo largo de los cuales sólo en dos oportunidades el Grupo Macri había cumplido con la obligación de pago contraída.

En abril de 1993, en medio de un festival de privatizaciones y de la dolarización de la economía impulsada por los grupos económicos concentrados, el gobierno de Carlos Menem entregó los servicios de provisión de agua potable y de desagües cloacales a la empresa Aguas Argentinas SA.

En marzo de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner debió rescindir esa concesión a causa de las constantes modificaciones sufridas por el contrato, producto, dice el decreto 303 del 21 de marzo de 2006, “de los sucesivos pedidos de la empresa para adecuarlo, motivados generalmente por incumplimientos reiterados de la concesionaria a lo pactado inicialmente y con el criterio por parte del Estado de dar continuidad a la concesión con la expectativa de mejoramiento de la conducta contractual de la prestadora del servicio público”.

El proceso de traspaso de Canal 13 al Grupo Clarín se inició tan pronto Menem asumió la Presidencia, cuando le entregó la intervención del canal. Y culminó en apenas un semestre. Durante ese lapso, el Grupo Clarín fue administrador y oferente a la vez.

Reposo recibió el pasado 27 de enero a un grupo de ex trabajadores de Canal 13 encabezados por José Carbonelli, protagonista de una larga lucha contra los abusos de Artear S.A., la empresa del Grupo Clarín que concesionó el Canal 13.

El síndico general de la Nación ha hecho saber que a partir de la documentación recibida, la SiGeN inició una investigación exhaustiva. Los documentos que son objeto de análisis, permitirían comprobar la hipótesis de que el Grupo se hizo con el control del canal de manera irregular.

Un antecedente que la SiGeN tendría en cuenta al momento de evaluar la situación de la licencia, es el precio que Artear, la empresa con que se presentó Clarín, ofreció por Canal 13. Ese valor (poco más de 5 millones de dólares al cambio de entonces) habría sido la mitad del que pagó un año más tarde para comprar un pequeño canal de cable de la ciudad de Avellaneda.

Daniel Reposo hizo público también que Artear nunca pagó la cuantiosa deuda originada en reiteradas multas que le aplicó el ComFeR (Consejo Federal de Radiodifusión). El ex presidente Eduardo Duhalde, en uno de sus últimos actos de gobierno, le condonó las deudas.

La denuncia hecha por Carbonelli, sostiene que Artear se hizo con el control de Canal 13 gracias a una licitación amañada, a pesar de lo cual no cumplió con las obligaciones fijadas en los respectivos pliegos. Así, en franca violación a la legislación laboral y a lo que disponían los pliegos (que comprometían al adjudicatario a no despedir trabajadores por el plazo de un año) Artear cesanteó personal a poco de hacerse cargo del canal.

“Despidió en total a unos 700 trabajadores, 500 durante el primer año”, dice Carbonelli.

A las cesantías le siguió el desconocimiento de los niveles salariales reconocidos por Proartel, la anterior licenciataria.

Artear rebajó los salarios y con esa medida, calcula el ex delegado, ganó 7 millones de pesos-dólares, lo que le permitió “pagar un canon que fue irrisorio y quedarse con la diferencia”.

“En pocos meses Artear llegó a facturar más de 30 millones de dólares mensuales, lo que le permitiría lanzarse a la conquista del monopolio de los canales de televisión por cable a lo largo y a lo ancho del territorio argentino”, resume Carbonelli.

El ex delegado ratificó ante el síndico general de la Nación las denuncias presentadas ante la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Trabajo, las cámaras de Diputados y de Senadores, el ComFeR y su sucesora, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

Carbonelli le dejó a Reposo copia de esa documentación, así como de los dictámenes y resoluciones de la Justicia y las autoridades administrativas y de control, que, sostiene, “comprueba la adquisición irregular de la emisora por el Grupo Clarín, y la violación sistemática de los pliegos de licitación”.

De las pruebas aportadas se destaca un dictamen de la Auditoria General de la Nación de fecha 15 de Julio de 1996 que afirma que los órganos de Control del Poder Ejecutivo, tales como el ComFeR y la Secretaría de Medios de Comunicación, no cumplieron con su cometido.
Fuente: TelAm