Mostrando las entradas con la etiqueta AFSCA. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta AFSCA. Mostrar todas las entradas

viernes, 3 de enero de 2025

Chaco: El gobernador Zdero reestructura los medios públicos por decreto, anunciando despidos y precarización laboral

El presidente de la empresa habló de gastos incoherentes y la utilización del 20% del presupuesto para cubrir "irregularidades". Habrá auditorias
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Obligado, el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, anunciaron que las licencias de los medios públicos Somos Uno y Radio Provincia serán transferidas al Ejecutivo provincial. Esto implica que ambas señales dejarán de estar bajo la administración de ECOM. También participaron del anuncio la abogada Leticia Sofía Vázquez, y el Jefe de los Medios Públicos, Carlos Minich. 

Esta situación se da a menos de un año del nacimiento del multimedio Somos Uno, ente que aglutinó al canal Chaco TV y a Radio Provincia del Chaco. A principios de marzo del año pasado, se anunciaba ante comunicadores y periodistas de la provincia y de otras partes del país el nacimiento de la nueva estructura comunicacional.

"La TV Pública chaqueña se renovó y pone el foco en el saneamiento estructural y editorial; Somos Uno, concentrará la información que permitirá llegar de una mejor manera a toda la provincia y la región. Un trabajo articulado junto a todos los comunicadores y con los medios de la provincia, porque se inaugura una nueva etapa en la provincia que tiene que ver con la democratización de la información y en el que todas las voces sean escuchadas", se comunicaba oficialmente el 4 de marzo pasado.

Veleff explicó que, mediante dos decretos ya promulgados, se revocaron las licencias de radiodifusión y televisión que ECOM tenía a su cargo. Esta decisión se basó en la existencia de gastos que calificó como "irregulares", los cuales representaban más del 20% del presupuesto de la empresa. 

"Vamos a trabajar por una administración austera", sostuvo el Secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, al anunciar que ahora los medios públicos pertenecerán administrativamente al Estado provincial y por lo tanto, los escalafones de los empleados se modificará: "Habrá una escala mucho más real de los salarios y acorde a la situación de la provincia", declaró ante los medios.

Además, adelantó que se realizarán auditorías para esclarecer el manejo de los recursos. Según planteó, la cantidad de empleados pasó de 30 en los inicios de la empresa a 104, con un crecimiento significativo en los últimos tres años. Este incremento de personal representó un costo total de 19.324.183,34 dólares, equivalente a un aumento del 246,6%. 
En 2023, se contabilizaron 253 empleados entre contratados y personal de planta, algunos de ellos con sueldos que alcanzaron hasta 2,5 millones de pesos, fuera de cualquier convenio colectivo de trabajo. 

Por su parte, Marcos Resico, secretario de Asuntos Estratégicos, destacó que 15 empleados percibieron salarios superiores a 2,5 millones de pesos mensuales. "Ni siquiera los empleados públicos con mayor antigüedad tienen ingresos de esa magnitud, especialmente en el contexto actual", sostuvo. 

Resico cuestionó la estructura administrativa de ECOM: "Es difícil justificar un gasto de esta naturaleza en personal para gestionar medios públicos. Mientras que los medios privados suelen operar con entre 25 y 35 empleados en relación de dependencia, aquí hablamos de una nómina de 120 empleados, de los cuales más de 30 son directores o directivos", sin mencionar que el canal transmite 24 hs. y tiene una importante cantidad de horas en vivo que desarrollaba ei personal de los medios públicos y el resto que solo sostiene un noticiero. 

"Hasta hoy los medios públicos estaban bajo la administración de ECOM y a partir de ahora, pasarán a el Estados provincial, donde vamos a garantizar la continuidad del canal en el aire y la radio, vamos a garantizar la misma calidad de imagen y contenidos".

"No es viable en la realidad de nuestra provincia y para nosotros es muy importante la administración de la manera más austera y de la manera más precisa de los medios del estado", dijo Resico sobre la situación actual de los medios públicos.

A la hora de exponer el marco de fundamentación, la doctora Leticia Vázquez, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, detalla que "en el año 2.012 y 2.015, el ENaCom – entonces era AFSCA- autorizó a la provincia del Chaco a obtener un servicio público de comunicación audiovisual, un servicio de televisión digital y un servicio de radio en AM y FM, esos servicios fueron adjudicados a la provincia y  la provincia dispuso y la provincia dispuso que esos iban a ser explotados por ECOM".

Avanza en el comentario, especificando que "ECOM era una empresa que fue constituido como empresa de servicios y telecomunicaciones y el objeto era específico para brindar servicios de telecomunicaciones. Los fundamentos por lo cuales se producen la decisión que anuncia el gobierno son que el objeto no le permite explotar servicios de telecomunicaciones audiovisual. Hubo bastante modificaciones normativas, tanto de la Ley 26.522, que es la Ley de Comunicación Audiovisual como de la Ley 27.078, que es la de Servicios Tic, en las que específicamente ambas normativas prohibían que las empresas que no tenían el objeto para explotar el servicio licitado por el Estado no podían ser ni licenciatarios ni autorizados, que podrán haber sido pasados por alto pero hoy habiendo sido consultados, advertimos esa situación". 
"La consecuencia jurídica es que una persona jurídica, que es ECOM, que explota para el cual no tiene la autorización suficiente es que la autoridad de aplicación que es el ENaCom disponga la caducidad de esa licencia, antes de que eso suceda se toma la decisión", advierte la especialista.

En contexto
Los rumores que circularon durante toda la jornada de ayer jueves 2 de enero, se concretaron este viernes a partir de la decisión de la gestión que encabeza Leandro Zdero y que afecta a más a de un centenar de trabajadores del multimedio Somos Uno (Radio Provincia y el exChaco TV). En diciembre del 2023, a menos de un mes de haber asumido, el propio gobernador chaqueño anunciaba el cierre por un año de la Agencia Oficial de Noticias FOCO, la cual en ese momento contaba con cuatro trabajadores de planta permanente y ocho contratados, los que finalmente fueron desvinculados. 

Ahora, el diario Norte pudo confirmar que a unos 86 trabajadores del multimedio Somos Uno afecta esta novedad. Sin embargo, a unos 25 de ese total les habrían ofrecido contratos de obra a través del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO), por un monto salarial bastante inferior al que percibían hasta la actualidad. A su vez, se supo que el canal mantendrá en sus puestos a los contratados durante esta nueva gestión de gobierno, los que prestan servicios desde principios de 2024 y que suman alrededor de 12 personas. Chaco TV nació en junio de 2013 durante la segunda gestión de gobierno de Jorge Capitanich, por lo que hace unos siete meses atrás celebró su 11º aniversario. 

Por su parte, en Radio Provincia del Chaco, situación similar correrían los 15 trabajadores de planta (incluidos en Somos Uno), a los cuales les ofrecerían a ocho continuar bajo la modalidad de contrato de obra. La radio tiene nueve años de vida institucional, cumplidos el 6 de julio pasado. 
El Sindicato de Prensa denuncia 80 despidos en medios públicos chaqueños
El Sindicato de Trabajadores de Prensa de la Provincia del Chaco lamenta y repudia enfáticamente "el despido indiscriminado de trabajadores de los medios públicos como Radio Provincia y el canal Somos Uno. Con un argumento mentiroso dejan a más de 80 trabajadores (muchos sostén de familia) en la calle que se suman a los miles de despedidos en todo el país". 

"Con un argumento mentiroso a todas luces el Gobierno les ofrece a los trabajadores renunciar a gran parte de la indemnización que les corresponde y tomarlos con contratos basura que lejos están de cumplir con la estabilidad de la que gozaban", expresan desde la entidad. 

"El supuesto ahorro del Estado choca con una realidad incontrastable que muestra el gasto de miles de millones de pesos en pauta publicitaria que va destinada a un grupo minoritario y ‘amigos del poder’. Se repite una vez más la realidad de unos pocos empresarios ricos y miles y miles de trabajadores pobres y precarizados", resaltan. 

En esa misma línea, afirman: "No hay diferencias entre el gobierno Nacional y el de la Provincia del Chaco: ajuste y pobreza para la gran mayoría y viva la pepa para unos pocos". Así también, desde el Sindicato de Prensa proponen "a los distintos gremios que nuclean a los trabajadores del sector trabajar en unidad de acción como única forma de resistencia". 

"Nuestra total solidaridad con los trabajadores de los medios públicos por la  injusta y deshumanizada manera del gobierno de Leandro Zdero de despedir, precarizar y explotar a los trabajadores en general".

Despidos masivos, compra de enlatados y demonización de trabajadores: el plan de Zdero para vaciar los medios públicos
Ochenta y seis trabajadores del canal Somos Uno y de Radio Provincia fueron despedidos este viernes por la gestión de Leandro Zdero. Desde el gobierno, se argumentó que la decisión fue tomada como un gesto de austeridad ante el alto costo salarial. Los medios públicos ahora dependen directamente de la administración provincial, donde se plantearon posibles recontrataciones con salarios significativamente reducidos. La decisión, marcada por la demonización de los empleados y un guiño al gobierno nacional, también abre espacio para que los amigos del poder puedan hacer más negocios.
Por: Bruno Martínez. Litigio 
En su afán por intentar mostrarse como el mejor alumno de Javier Milei, el gobernador, Leandro Zdero, decidió ensañarse con los trabajadores de los medios públicos del Chaco: los echó a todos. Ochenta y seis personas de planta permanente. Muchos de ellos lo entrevistaron durante su época como candidato, cuando se le brindó micrófono y aire para que difunda sus propuestas. Incluso, algunos votaron por él.

El anuncio de este despido masivo lo dieron este viernes, en Casa de Gobierno. Quienes dieron la cara fueron el presidente de ECOM Chaco, Adrián Veleff; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y la abogada especialista en telecomunicaciones, Leticia Vázquez. También estuvo en la mesa, pero haciendo un discreto silencio, el responsable de los medios públicos, Carlos Minich.

El contexto era tenso: tanto en la sede de ECOM Chaco como en la Casa de las Culturas, donde funcionan los medios públicos, se apostó una gran cantidad de policías. Se corrió el rumor de que iban a tomar las instalaciones como forma de protesta. Nada de eso ocurrió. El anuncio de los despidos fue recibido por los trabajadores con resignación y tristeza.

Presentada como una "reestructuración del multimedios Somos UNO", Veleff informó que la empresa ECOM Chaco se desligó de la administración de los medios públicos provinciales, conformados por el canal "Somos Uno" y Radio Provincia, los cuales pasarán a la órbita del gobierno provincial. Más precisamente, al área que conduce Resico.
Para esto, el gobernador dictó los decretos 2580/24 y 2581/24, firmados el 27 de diciembre pasado. El primero, dejó sin efecto el decreto 1560/15 mediante el cual el por entonces gobernador, Jorge Capitanich, autorizó a la empresa ECOM Chaco SA a la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de radiodifusión identificado como LRH 251 Radio Chaco. En tanto que el segundo, dejó sin efecto el decreto 779/11, también firmado por Capitanich, que autorizaba a la firma informática a que también se haga cargo de una señal de televisión abierta, posteriormente conocida como Chaco TV (hoy Somos Uno). Ambas licencias habían sido concedidas por la extinta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al mismo tiempo, facultó a ECOM a dictar e instrumentar "las medidas que resulten necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento legal". Dicho de manera menos adornada: despedir e indemnizar al personal.

Ambos instrumentos le dan un poder total a Resico. Tanto el canal como la radio quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde el funcionario podrá decidir a cuál productora privada otorgarle espacio en el canal público ("celebración de los acuerdos, convenios y/o contratos que resulten menester, tanto con entidades públicas como privadas") y también determinar los "fondos que sean necesarios" para afrontar "los gastos y erogaciones ordinarias y corrientes que demanden las tareas de administración del servicio de radiodifusión provincial".

Durante la conferencia de este viernes se intentó por todos los medios demonizar a la gestión anterior y a los trabajadores del multimedio estatal. Se hizo hincapié en los altos salarios y en supuestos gastos exorbitantes que no tendrían comprobantes. También se acusó de ñoquis a algunos trabajadores.

En este afán de demonizar a los empleados, creando así un relato contado desde la austeridad y no desde la crueldad, el gobierno provincial envió una gacetilla de prensa donde detalló lo que cobraban de sueldo bruto los despedidos. En diciembre de 2024, se pagaron dos sueldos de 3,7 millones de pesos; uno de 2,8; otro 2,7; otro de 2,5; dos de 2,4; 13 sueldos de más de 2 millones; 42 de más de 1,5 millones y 31 de más 1,1 millones.

Durante la conferencia, Resico aseguró que los medios públicos continuarán al aire, aunque dio a entender que será en una versión de producto mínimo viable. "Se garantizará la continuidad del funcionamiento de los medios públicos, pero lo haremos de manera austera y ordenada, como nos pide el gobernador", afirmó.

Periodistas locales le consultaron a Resico si todos los despedidos iban a ser recontratados por el gobierno, ahora bajo su ala. Contestó que se llamará uno por uno para determinar qué hacer y se les ofrecerá un salario mucho más "realista", para no decir bajo.
Según pudo saber Litigio, algunos de los trabajadores despedidos ya recibieron propuestas informales para continuar en sus puestos de trabajo. A cambio, deben aceptar el pago de solamente el 40% de su indemnización y regirse mediante un contrato precario, que podría darse de baja en cualquier momento.

Entre los despedidos, además de periodistas, hay productores, tituladores, locutores, camarógrafos, sonidistas, maquilladoras, programadores y operadores, entre otros. Muchos de ellos están desde 2011, cuando se abrió el canal. Nadie sabe qué va a pasar el lunes. Todavía ninguno recibió algún telegrama. La incertidumbre es total.

Oler sangre
¿Por qué Zdero se ensañó con los medios públicos? Hay un hecho claro: Milei no lo tiene entre sus gobernadores mimados. En lo que va de 2024, las transferencias discrecionales del gobierno nacional hacia el Chaco cerraron con una importante caída, mostrando una contracción del 9,7% interanual en términos reales. Esa caída provocó que, durante el año, la provincia pierda un total de $198.742 millones, según un informe publicado por la consultora Politikón.

Es evidente que, para posibilitar un acercamiento hacia el poder central, para recibir más dinero en un año electoral como este, Zdero se quiere presentar como el mejor alumno. Aunque el recorte represente un impacto mínimo en las cuentas públicas. Y para esto apuntó hacia los medios públicos.

¿Por qué olió sangre ahí? En primer lugar, por la precariedad de su estructura. No hay una ley que les dé un marco a los medios públicos del Chaco. Funcionaban dentro de la órbita de ECOM mediante dos decretos, los cuales, como se vio, fueron dejados sin efecto de un plumazo. Eran un blanco fácil.

Atado a esto está el encuadre de los trabajadores que dependen de ECOM Chaco. Esta empresa de capitales mixtos (casi la totalidad del Estado chaqueño), es un híbrido que cuando le conviene actúa como empresa privada, pero cuando no, es del Estado.

El gobernador pone y saca a los presidentes de la empresa y desde el Ejecutivo se le ordena qué hacer. (El último, Luis Verga, fue echado acusado de graves hechos de corrupción sin que se haga una conferencia de prensa para informar sobre esto). Pero en cuanto a lo laboral, ECOM se presenta como una empresa privada que puede despedir a sus empleados sin necesidad de sumario administrativo ni causal alguna. Durante 2024, echaron una decena de trabajadores de los medios públicos, en una suerte de globo de ensayo de lo que ocurriría meses más tarde.

Negocios con amigos
Este vaciamiento crea además un terreno fértil para los negocios de relacionistas públicos amigos del poder, que se disfrazan de periodistas.  A falta de personal, el gobierno chaqueño se apresta a rellenar la grilla de la radio y la tele con "enlatados" y producciones realizadas por productoras locales. "Para nosotros, es importante la fusión de lo privado con lo público y de esta manera, evitar que todos los gastos caigan sobre el Estado", reconoció Resico este viernes.

El veterano comunicador, Julio Wacjman, ya copó la segunda mañana de la televisión pública saliendo en dúplex con su programa de radio. El dueño del canal Norte Grande Federal, Marcelo Rubiolo, también tiene un programa (Noticias NG) y se prevé que incorporará nuevas producciones. "Tenemos varios proyectos para este 2025, que tienen que ver con la seguridad, lo político y el turismo. Es un desafío muy grande, porque integrar público privado no es nada fácil", sostuvo Rubiolo en una entrevista, antes de cerrar el año.

También otros periodistas amigos del gobierno tendrán su espacio con sus respectivos programas. Una vez más, fondos públicos para negocios privados. El Estado pone los "fierros", el equipamiento y la inversión fuerte, y las productoras lo único que hacen es rellenar con algo de contenido (no importa la calidad) y finalmente se llevan su torta de dinero, usufructuando el alcance y llegada a toda la provincia de los medios estatales.

Esto es un favor enorme, una mano muy grande desde el gobierno para estos relacionistas públicos que se hacen millonarios parasitando al Estado. Y eso, en algún momento, se devuelve.

La asociación de medios repudia una nueva ola de despidos en los medios públicos
Se trata de un nuevo ataque contra la libertad de prensa y expresión. Camuflada en el traspaso de órbita y la gestión austera se visualiza un oscuro telón de persecución política. Los Medios del Chaco salieron a rechazar los despidos, advirtiendo que, ahora, bajo la órbita de Marcos Resico, los medios públicos van camino a su cierre definitivo.

"La libertad de expresión está en emergencia en Chaco". Esa fue la premisa desde los inicios de la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco (AMCCh) y los últimos anuncios sobre los medios públicos vienen a ratificar la vigencia del reclamo.

En conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y el presidente de Ecom, Adrián Veleff, junto a otros funcionarios y asesores legales, anunciaron en la mañana de este viernes el traspaso de los medios públicos, de la órbita de la empresa informática a las esferas del "todopoderoso". Justificaron el despido de 86 trabajadores de prensa en los supuestos salarios que, más de un año después, recién advirtieron eran muy elevados.

La Amcch salió rápidamente a repudiar no sólo los despidos, sino también una constante en las políticas de comunicación del Gobierno de Leandro Zdero. "La persecución política a los medios y periodistas críticos, el monopolio en la difusión del mensaje único, la concentración de pauta publicitaria oficial en pocas manos y las constantes descalificaciones alimentan esa conducta antidemocrática que venimos denunciando", dijo Juan Diego Turraca, presidente de la Asociación (en formación). "Instamos al Gobierno a sacar el pie del acelerador y sentarse a dialogar. No es este el camino señor gobernador", agregó.

"Desde ya toda nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos y sus familias, ya que en definitiva, son las que también sufrirán este nuevo golpe de un claro ataque sistemático", remarcó Turraca. "Y como decimos siempre en la Asociación: construimos una casa y dejamos las puertas abiertas. Serán bienvenidos", concluyó.
Fuentes: DataChaco, Diario Norte, Chaco On Line, Sindicato de Prensa de Chaco, Litigio

domingo, 28 de enero de 2024

Martín Becerra: Se está vulnerando el derecho a la comunicación

En Señales dialogamos con Martín Becerra para conocer su opinión sobre la intervención del ENaCom, el intento de cierre de la Defensoría del Público, del FoMeCA y la comunicación en tiempos de Javier Milei

El gobierno anunció este viernes la intervención de ENaCom. ¿Qué opinión tenés sobre esto? 
La intervención de Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), opino que tiene lógica dentro de lo que es la política de este gobierno. Pero incluso si pudiéramos por un momento despegarnos de la política de este gobierno en particular, de Javier Milei, también tiene lógica yo diría en la concepción prácticamente unánime del sistema político, de los partidos políticos. Incluso previa a la irrupción de Milei respecto de la función de ese organismo gubernamental. Recordemos que este organismo fue creado por un decreto también de Mauricio Macri, que había anulado las entonces autoridades audiovisual de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y las telecomunicaciones, Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Y entonces ese decreto de Macri sujetaba al ENaCom a la decisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tenía un directorio integrado por siete personas, cuatro de las cuales las designaba el Poder Ejecutivo, el presidente, y tres de las cuales las designaba el Congreso de la Nación, pero esas tres personas, incluso aún cuando el presidente tenía ya mayoría automática designando a cuatro, esas tres personas podían ser removidas. Y así lo dice el decreto de Macri, sin expresión de causa, o sea, porque se le cantaba al presidente. 

Vale decir, hace nueve años que es un organismo gubernamentalizado, o ocho años y monedas, es un organismo gubernamentalizado. Entonces, lo que hace Milei ahora, yo creo, en mi modesta opinión, es de alguna forma sincerar esa sujeción por parte del organismo al presidente de la Nación, designando -según trascendidos periodísticos que a su vez citan fuentes de jefatura de gabinete de Milei-, a tres personas, dos de las cuales están muy familiarizadas con el organismo, porque han sido autoridades de este organismo, ENaCom, y han sido autoridades del ComFeR, qué estaba antes de la AFSCA y del ENaCom, y alguno de ellos ha sido autoridad del ComFeR tan lejos, estamos hablando del año 1999, 2000, 2001, o sea, lejos de representar una ruptura con la casta, si por casta entendemos este alto funcionariado estatal, lo que hace es elegir a algunas personas, seguramente muy identificadas con el ideario del presidente de Milei, para intervenir este organismo. 

Esta semana, la diputada Silvana Giudice festejaba que el Ejecutivo incorpore dentro de su nuevo paquete de Ley Ómnibus un proyecto de ella, para eliminar algunas cosas que estaban dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Giudice fue una de las directoras de este organismo, hoy intervenido, fue la propia Giudice, que le daba el ok y el visto bueno a un montón de proyectos que ahora critica. 
Sí, fue presidenta, directora también antes de ser presidenta, designada por Macri, y además ella ha tenido una movilidad partidaria importante, porque viene del radicalismo, pero después pasó a filas del PRO, y ahora evidentemente está haciendo buenas migas con Milei, siempre del calor del poder. Silvana Giudice efectivamente, como presidenta, como directora, había avalado muchos de los proyectos del Fondo de Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), que son de aliento a medios comunitarios y sin fines de lucro, y ahora festeja, mejor dicho, se autoadjudica la autoría de haber colado por la ventana, en este llamado proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei, la eliminación del FoMeCA, también la eliminación de la Defensoría del Público Audiovisual, en fin, todas políticas muy regresivas, muy retrógradas, para entender el grado de regresividad que tienen, ni siquiera Milei las había propuesto, o sea, no estaba en el proyecto de ley ómnibus original, es algo que añade Giudici, y por lo que tenemos entendido quienes nos dedicamos a esas cosas, no sólo ella, sino obviamente otras personas muy vinculadas al macrismo que introdujeron medidas, que si las vota el Congreso la semana que viene, van a ser muy problemáticas porque retroceden en materia de promoción de pluralismo, de diversidad de géneros, de diversidad de propietarios, de diversidad de geográfica. Que, en fin, todo eso ha hecho el FoMeCA, que es un fondo que no tiene mayor incidencia en el presupuesto nacional. Si alguien pretendía con esto ahorrar dinero para pagar al FMI o no sé qué quieren hacer, tampoco lo van a poder hacer con el FoMeCA. 

Cuando se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la redacción, dónde participaste, se tomó lo que sugerían organismos internacionales como fue la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros, dónde se valoraba lo que tenía que ver con el derecho y el acceso a la comunicación. Ahora todo pueden ser borrada de un plumazo. 
Sí, efectivamente es así, es lamentable, pero es así. Entre muchas otras afectaciones a jubilados o a la atención médica, a un montón de sectores de la sociedad, también, como uno podría decir y, perversamente, tiene lógica esto, porque es difícil avanzar sobre el derecho a la atención médica o el derecho a la educación pública y gratuita, si, al mismo tiempo, no se toma por asalto el capítulo de derecho a la cultura y a la comunicación, que es, efectivamente, lo que está haciendo este gobierno. 

Muchos criticaban el trabajo de la Defensoría del Público, la gente ya no consume los medios tradicionales, como es radio o televisión, va por otro lado, dicen y señalan que la Defensoría terminaba siendo una especie de espacio de censura para muchas de estas cosas. Y creo que el rol de la Defensoría siempre fue otro
Creo que hay una contradicción entre quienes, muy ideologizados, hacen esos señalamientos. Siempre señalamientos que van a favor de recortar todo tipo de derechos, y siempre a favor de los grandes grupos de medios concentrados, curiosamente, pero esa observación sobre que ya no es importante la televisión, entonces no importa la Defensoría, pero guarda porque es un órgano censor, es contradictoria en sus propios términos. Porque si no es importante, entonces no importaría que lo fuera, pero tampoco lo es, ¿por qué? Porque la Defensoría no tiene poder sancionatorio. Ese es uno de los aciertos que tuvo la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su tramitación en el Congreso, y así salió publicada, y eso es lo que está vigente, por lo menos hasta hoy.

En cuanto al capítulo de la Defensoría, que es un órgano sin capacidad sancionatorias, y lo que ha hecho siempre es mediar cuando hay abusos. Por ejemplo, cuando una conductora en el aire de la televisión, en plena pandemia, insta a la ingesta de dióxido de cloro, y a la semana siguiente muere un chiquito por ingesta de dióxido de cloro, lo que la Defensoría, que no tiene poder sancionatorio, ha hecho es convocar las autoridades del canal, de la productora. O sea, siempre una labor pedagógica, de mediación, nada de eso es censor. Censor sí es cerrar la Defensoría, porque le quita la posibilidad de expresión, de reclamos de las audiencias. Es cierto que la radio, que la televisión tienen menos rating, menos encendido. Su lugar de trascendencia social ha cambiado en las últimas décadas, eso es verdad. Pero también es verdad que la televisión sigue siendo, en todas las encuestas, nosotros hicimos una el año pasado con Colsecor, uno de los primeros, si no el primer medio, que la propia sociedad argentina cita cuando dice cómo se informa. ¿Cómo se informa? El primer medio es la televisión. Es verdad que las redes sociales complementa un paisaje que hoy es distinto al de 2009, cuando se votó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eso no significa que la televisión haya muerto, lejos de estar muerto, 

Otra de las cosas que está planteando este gobierno es el cierre de los medios públicos.
Sí, efectivamente, esa es otra de las medidas que ya el propio Milei, en campaña, había anunciado, y algunos de sus voceros cómo la diputada Lilia Lemoine. Ese es otro capítulo lamentable de su propuesta política. Hoy los medios estatales son la única conexión informativa federal. La agencia TelAm es la única conexión informativa. Es el único medio que hoy tiene 24 corresponsales en todas las provincias argentinas. El único medio federal es la agencia TelAm. ¿Podría mejorar? ¡Por supuesto que sí!. La única vía para explorar formatos infantiles sin publicidad es el Estado, a través de la señal PakaPaka, o de cultura con Encuentro. La única radio nacional es el radio del Estado argentino: Radio Nacional. ¿Por qué? Porque son formatos que el mercado entiende que no le interesa, pues no son muy lucrativos. Entonces, se trata de géneros, de formatos, de presencia federal, aunque no sea redituable, aunque no sea mercantilmente atractiva, sin embargo forma parte de la obligación de acceso a la cultura que el Estado tiene que brindar a toda la población, independientemente de si vive en La Quiaca o si vive en el centro de la ciudad de Rosario. 

Después de lo que charlamos queda claro que el derecho a la comunicación está en peligro. ¿Qué hacemos para tratar de ponerle un freno a esto? 
Yo creo que la respuesta es compleja, porque es mucho más. No es una tarea sólo de comunicación lo que hay que hacer. Esta es una tarea más integral. Acá están vulnerando todos los derechos, también el derecho a la comunicación. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer es pelear por la democratización de la sociedad argentina, que está perdiendo de manera veloz una gran cantidad de derechos laborales, de atención médica. Entonces, me parece que, en el marco de esa agenda grande, se inscribe también la agenda del derecho a la comunicación. Quienes nos dedicamos a estos temas tenemos la función de explicar por qué es importante, dentro de esa agenda general, sostener esta que estamos nosotros más involucrados, pero no puede estar disociada una cosa de la otra. Es decir, en un país que avasalla todos los derechos, insisto, perversamente tiene lógica también avasallar el derecho a la comunicación. 

Una oyente, Graciela, me plantea en un mensaje: Finalmente son las redes sociales las que imponen las agendas de muchos de los medios, con cosas que son las que ustedes están combatiendo en este momento
Eso es relativo. Es cierto que la circulación de mensajes en redes sociodigitales alimenta parte de la agenda mediática tradicional, pero esa formulación es más correcta a la inversa. En las redes sociodigitales conversamos sobre todo de lo que ocurre en los medios tradicionales y eso pone en circulación una gran cantidad de conversaciones, discusiones en redes sociodigitales. Milei mismo es un producto de la televisión, él es un panelista, es un tipo que durante 15 años fue el economista con mayor cantidad de minutos en la televisión argentina. La televisión lo hizo conocido. Lo hizo un personaje extravagante, pero muy presente en programas incluso de chimentos, no solamente políticos. Le dio una visibilidad que luego él explotó, sus seguidores y sus grupos explotaron en redes sociodigitales, más o menos con destreza. De ahí la importancia radical que tuvo la televisión en su proyección. Nos muestra nuevamente la importancia de los medios tradicionales, sin subestimar que por supuesto parte de nuestra agenda también tiene que ver con lo que conversamos en las redes sociodigitales. 

Por último, nos enteramos de las novedades de este gobierno, viendo los me gustas de Milei en Twitter. 
En eso, él copia mucho el estilo Trump, un presidente tuitero que ahora cuenta con la simpatía, que se tienen mutua, con el dueño de Twitter, Elon Musk. Pero él ahí está copiando mucho del estilo de Trump, incluso en esta permanente agresión que hace a periodistas, incluso periodistas que son muy oficialistas, a los que califican ensobrados, todo eso es la retórica y el envoltorio estético de Trump. 
Martín Becerra es especialista en medios y políticas de comunicación. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de las universidades nacionales de Quilmes y Buenos Aires, e investigador independiente en el Conicet. Es autor de libros sobre estructura y concentración de medios en América Latina y políticas de comunicación.

sábado, 16 de diciembre de 2023

ENaCom: Guillermo Ferraro confirmó que será un ente técnico bajo su Jefatura de Gabinete

El ministro de Infraestructura se refirió a los nuevos cambios en el organismo. Lo conducirá además la Secretaría de Comunicaciones
"Volvimos a una organización más tradicional". Así dijo el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, sobre la vuelta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a la órbita de la Jefatura de Gabinete. "Volverá a ser un ente muy profesional, muy técnico", agregó después. Será conducido por la Secretaría de Comunicaciones, responsable de las políticas para el sector.

Ferraro, quien habló en declaraciones a la radio FM 107.9, sostuvo que bajo su cartera funcionará la Secretaría de Comunicaciones, que "como siempre, será la encargada de fijar políticas, controles y demás".

Ferraro señaló que ahora el ENaCom venía siendo "una mezcla de fijación de políticas y de regulación de contenido, ocupando también el rol de contralor". Además remarcó que "se fijó un directorio político con participación de la oposición". Según él, de esa manera "se terminó de politizar lo que era un ente que iba a ser muy profesional, muy técnico".

"El ENaCom queda en la Jefatura de Gabinete para reducirlo a lo que era originalmente, un organismo técnico y de control", indicó expresamente Ferraro.

Formalmente, hasta ahora, el directorio del ENaCom está integrado por un presidente y tres directores, elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional y otros tres propuestos por el Parlamento, los cuales representan a la primera, segunda y tercera minoría, respectivamente.

El funcionamiento del ENaCom
El nuevo esquema del ENaCom, planteado por el ministro Ferraro, es tal como funcionaba desde la década del 90. Tras la privatización de Entel, se mantuvo una Secretaría de Comunicaciones en la órbita presidencial con rango de Ministerio. Aparte funcionaba la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como ente regulador técnico, luego intervenida por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Ferraro recordó que "ya en la administración del 2016, al principio hubo un ministerio -de Comunicaciones- y un ente que estaba en la Jefatura de Gabinete. Después hubo una reforma del Ministerio, en la que se juntaron la política más contenido, mas regulación y control".

En rigor en 2016, el Gobierno de Mauricio Macri modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, que tenían por reguladores a la AFSCA (exComFeR) y AFTIC (ex CNC) respectivamente.

A través del decreto 267, el mismo gobierno creó al Ente Nacional de Comunicaciones para que actúe como "autoridad de aplicación de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (la de Argentina Digital).
Fuente: Agencia TelAm

martes, 19 de septiembre de 2023

Con medios comunitarios la democracia se fortalece

Un análisis de los avances logrados por los medios comunitarios en democracia, su situación actual y la necesidad de que el Estado acompañe a través de la habilitación de procesos de legalización de las emisoras que aún se encuentran en zonas de conflicto
Por Brenda Daney* y Sebastián Janeiro**

A pocos meses de cumplirse cuarenta años de la recuperación democrática se torna imprescindible analizar la situación de los medios comunitarios, populares y alternativos en la Argentina, en particular el acceso a licencias en los términos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

Desde la sanción de la ley en 2009, podemos distinguir tres períodos en que las emisoras comunitarias accedieron a la legalidad. El primero se corresponde con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuando producto de su gestión se otorgaron por concurso doce licencias sin fin de lucro (SFL) a radios FM que no se ubicaban en las denominadas “zonas de conflicto”, diecinueve por adjudicación directa vía artículo 49 (régimen especial para emisoras de baja potencia) y cinco a canales de televisión comunitarios. Un segundo período se vincula con la primera gestión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), cuando se lanzó el plan de normalización de FM a mediados de 2018. Con él, establecieron dos mecanismos: el plan de regularización de radios FM, destinado a emisoras con Permisos Precarios y Provisorios (PPP) o reconocimientos (Res. ComFeR 753/06); y los concursos públicos simplificados, dirigidos a radios en localidades excluidas de las “zonas de conflicto y exceso de demanda”. Este proceso permitió que dieciseis radios comunitarias con reconocimiento accedieran a su licencia SFL y que cuatro lo hicieran mediante convocatorias públicas. Además, otras cinco accedieron a su licencia a través del artículo 49. Un tercer momento se vincula con la actual gestión del ENaCom, cuando en 2021 se reanudó el llamado a concursos públicos simplificados en todo el territorio nacional.

Este último período se distingue de los otros dos por una alianza estratégica entre trabajadorxs estatales y medios comunitarios. A fines de 2020 –producto del convenio entre el ENaCom y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)- trabajadorxs del ENaCom, el INTA y la Defensoría del Público articularon con redes de medios comunitarios (FARCo y AMARC Argentina, entre otras) para acompañar a las organizaciones comunitarias y campesinas que quisieran presentarse a los concursos convocados en 2021 y 2022 por la autoridad de aplicación.

En este proceso resultó fundamental el trabajo mancomunado con la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales del Ente, mediante el cual se produjo una guía que explica paso a paso el trámite para presentarse al concurso, así como se facilitó asesoramiento y capacitación virtual y presencial a más de ochenta proyectos comunicacionales de dieciocho provincias, muchos de los cuales habían intentado con anterioridad acceder a la licencia. Sin este acompañamiento muchas organizaciones y medios no habrían podido afrontar con éxito la presentación al concurso. Así, veintinueve emisoras comunitarias de catorce provincias (incluyendo un canal de televisión) obtuvieron su licencia SFL, mientras quince radios aguardan aún su reconocimiento legal.

Para muchas emisoras la obtención de la legalidad no se limita a un punto de llegada. La licencia les permite participar de manera plena en el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) establecido en el artículo 97 de la LSCA y acceder en mejores condiciones a la publicidad oficial en los niveles nacional, provincial y municipal. En consecuencia, la gestión y la sostenibilidad integral de sus proyectos se ve fortalecida con las licencias.

Resulta imprescindible que el Estado acompañe de manera integral y sostenida al sector, convoque regularmente a los concursos públicos simplificados, retome los procesos de legalización de las emisoras que se encuentran en las zonas de conflicto y cumpla con la reserva del 33% del espectro radioeléctrico establecido en el artículo 89 de la normativa audiovisual. Porque con medios comunitarios la democracia se fortalece.
* Profesora de Filosofía (UBA) y trabajadora estatal - @BrendaDaney
** Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y trabajador estatal - @sajaneiro
Fuente: Dario PáginaI12

sábado, 1 de julio de 2023

El Gobierno estableció un nuevo cronograma de transición de la TV analógica a la digital

El Gobierno estableció un nuevo cronograma del proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) para garantizar una transición ordenada y gradual.

En el decreto 333/2023, publicado esta noche en un suplemento del Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández extendió los plazos establecidos en el cronograma del proceso de transición de la televisión analógica al SATVD-T.

En sus considerandos, la norma firmada por Fernández y el jefe de Gabinete Agustín Rossi recordó que en 2009, cuando se creó el SATVD-T, se estableció un plazo de 10 años con el fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al mismo.

Posteriormente, se fijaron las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta, con alcance para los y las titulares de licencias y autorizaciones para prestar el servicio de televisión abierta analógica que se encontraran operativas.

En 2022 se aprobó un cronograma con el fin de realizar el mencionado proceso de transición de la televisión analógica a la digital y se previó la apertura de un registro, por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) tendiente a identificar a aquellos usuarios y aquellas usuarias que acrediten verse afectados y afectadas por la transición.

Además se estableció que el Enacom asignará los recursos que aseguren el acceso a los servicios digitalizados, para lo cual se garantizará la correspondiente partida en su presupuesto.

La norma revela que "distintos actores del sistema han solicitado la postergación de los plazos previstos en la normativa, con el objeto de poder realizar la transición sin afectación a los usuarios o con la mínima afectación posible, lo que no ocurriría en caso de procederse al apagón analógico en los plazos vigentes".

A ello se suma que "a la fecha se verifica un número escaso de usuarios y usuarias presentados en dicho registro, por lo que se torna necesario dar mayor publicidad al mismo, con el fin de minimizar el impacto que podría generar la finalización de la transición en las audiencias más vulnerables".

Asimismo, se verifican distintos grados de avance en la transición, según la localización de las emisoras involucradas y en función de sus particularidades y de su realidad económica y social, por lo que se consideró "necesario extender los plazos del cronograma". 
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
Decreto 333/2023
DCTO-2023-333-APN-PTE - Disposiciones.
Ciudad de Buenos Aires, 30/06/2023

Visto el Expediente Nº EX-2023-72797398-APN-DRRHHMYCP#JGM, la Ley Nº 26.522 y su modificatoria, los Decretos Nros. 1148 del 31 de agosto de 2009 y sus modificatorios, 364 del 15 de marzo de 2010 y sus modificatorios, 1010 del 19 de julio de 2010 y sus modificatorios, 835 del 21 de junio de 2011 y su modificatorio, 2456 del 11 de diciembre de 2014, 173 del 7 de marzo de 2019 y 156 del 28 de marzo de 2022, la Resolución N° 7 del 12 de agosto de 2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Resolución N° 1047 del 16 de septiembre de 2014, modificada por su similar N° 1329 del 19 de noviembre de 2014 de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y

Considerando:
Que por el artículo 1° del Decreto N° 1148/09 se creó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), basado en el estándar denominado ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), el cual consiste en un conjunto de patrones tecnológicos a ser adoptados para la transmisión y recepción de señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido; y por el artículo 4° de dicho decreto, se estableció un plazo de Diez (10) años con el fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).

Que, asimismo, el inciso d) del referido artículo 1° del Decreto N° 1148/09 establece que el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T) tiene como objetivo, entre otros, planificar la transición de la televisión analógica a la digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios y todas las usuarias.

Que, posteriormente, mediante el artículo 1° del Decreto Nº 364/10 se declaró de interés público la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre, a ser desarrollada e implementada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima - AR-SAT e integrada por los sistemas de transmisión y recepción de señales digitalizadas, cuyos lineamientos generales se establecieron en el Anexo adjunto a dicha medida.

Que, por su parte, a través del artículo 2° del Decreto N° 1010/10 se dispuso que el Sistema Experimental de Televisión Abierta Digital -un sistema digital de distribución de señales a nivel nacional, actualmente operado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, operará en las frecuencias asignadas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado mediante la Resolución Nº 813 del entonces Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) del 27 de noviembre de 2009 (canales 22, 23, 24 y 25 de la Banda UHF), en su carácter de continuadora del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado.

Que, asimismo, por el artículo 1° del Decreto N° 835/11 se autorizó a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT) a prestar los servicios de uso de infraestructura, multiplexado y transmisión para Televisión Digital Terrestre a los y las titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual de Televisión Digital Terrestre, mediante la operación de los mismos a través de la Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre con el objeto de facilitar la conversión tecnológica, en el marco de la regulación vigente y conforme con los "Lineamientos generales para la utilización conjunta de infraestructura con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT)", consignados en el ANEXO I de dicho decreto.

Que mediante la Resolución N° 7/13 de la entonces Secretaría de Comunicaciones del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se aprobaron la Norma Técnica ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) y la Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión de Televisión Digital Terrestre.

Que por la Resolución N° 1047/14, modificada por su similar N° 1329/14, la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobó la Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre abierta, que como Anexo I integra dicha medida.

Que el artículo 2° de la Ley N° 26.522, en lo pertinente, señala que "...la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión".

Que el artículo 93 de la citada ley estableció que las condiciones de emisión durante la transición serían reglamentadas por medio del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, el que sería aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, quien también fijaría oportunamente la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica para cada servicio.

Que, en tal orden, mediante el artículo 1° del Decreto N° 2456/14 se aprobó el "Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales", que como Anexo I integra el mencionado decreto, el cual fijó las condiciones de transición a los servicios de televisión digital terrestre abierta, conforme los principios establecidos en los referidos artículos 2° y 93 de la Ley N° 26.522, con alcance para los y las titulares de licencias y autorizaciones para prestar el servicio de televisión abierta analógica que se encontraran operativas al dictado de aquél.

Que en función de lo dispuesto en los artículos 5° y 8° del citado Plan, mediante las Resoluciones Nros. 35/15, 36/15, 37/15, 38/15, 236/15, 239/15, 372/15, 374/15, 381/15, 890/15, 892/15, 893/15 y 1085/15 de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y modificatorias, se asignaron a los y las titulares de licencias y autorizaciones del servicio de televisión abierta analógica canales digitales de televisión para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta, respetando el área de cobertura asignada y sujetos a los plazos de vigencia de las licencias correspondientes.

Que, asimismo, mediante las Resoluciones Nros. 24/15, 234/15, 369/15, 889/15 y 1425/15 de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Resolución N° 4067/19 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) se aprobó el "Plan Técnico de Frecuencias para Televisión Digital Terrestre Abierta", para numerosas localizaciones del país.

Que por el Decreto N° 173/19 se extendió el plazo de DIEZ (10) años establecido en el artículo 4º del citado Decreto Nº 1148/09, hasta el 31 de agosto de 2021, ello con el fin de realizar el proceso de transición de que se trata.

Que, finalmente, por el artículo 1° del Decreto N° 156/22 se aprobó un cronograma con el fin de realizar el mencionado proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T).

Que el artículo 3° del mencionado decreto previó la apertura de un registro, por parte del Ente Nacional de Comunicaciones, tendiente a identificar a aquellos usuarios y aquellas usuarias que acrediten verse afectados y afectadas por la transición y que se encuentren dentro de los casos comprendidos por el artículo 12 de la Resolución Nº 1467/20 del referido Ente Nacional de Comunicaciones y sus modificatorias y estableció que dicho Ente asignará los recursos que aseguren el acceso a los servicios digitalizados, para lo cual se garantizará la correspondiente partida en su presupuesto.

Que distintos actores del sistema han solicitado la postergación de los plazos previstos en la normativa, con el objeto de poder realizar la transición sin afectación a los usuarios o con la mínima afectación posible, lo que no ocurriría en caso de procederse al apagón analógico en los plazos vigentes.

Que a la fecha se verifica un número escaso de usuarios y usuarias presentados en dicho registro, por lo que se torna necesario dar mayor publicidad al mismo, con el fin de minimizar el impacto que podría generar la finalización de la transición en las audiencias más vulnerables.

Que, asimismo, se verifican distintos grados de avance en la transición, según la localización de las emisoras involucradas y en función de sus particularidades y de su realidad económica y social.

Que en consecuencia se hace necesario extender los plazos del cronograma aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 156/22 citado precedentemente, procurando una transición ordenada y gradual.

Que el servicio jurídico competente ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y por el artículo 93 de la Ley Nº 26.522.

Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1°.- Extiéndense los plazos establecidos en el cronograma aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 156/22, con el fin de realizar el proceso de transición de la televisión analógica al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T), conforme el Anexo identificado como (IF-2023-72922244-APN-SMYCP#JGM) que forma parte integrante del presente.

Artículo 2°.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su dictado.

Artículo 3.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Fernández - Agustín Oscar Rossi

lunes, 7 de noviembre de 2022

Repensar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Entrevista a Damián Loreti, una de las personas más destacadas en la formulación de la Ley Nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
Por: Javier Gatti
Las leyes que se construyeron trabajosa y colectivamente no tienen padres ni madres, pero sí redactores responsables y virtuoses. Damián Loreti es una de las personas más destacadas, esencial para la concepción de los 21 puntos básicos que nutrieron la Ley Audiovisual, para ayudarnos a pensar qué fue de una norma mutilada, pero vigente, y nos avisa que “creer que una receta de 2009 sirve igual en 2022 es un error conceptual muy grande”.

El gobierno nacional asumió diciendo que el mercado de medios se iba a autorregular, que no hacía falta intervenirlo; incluso, asesores directos del Presidente creían que se acababa la lluvia de tapas y zócalos de Clarín y La Nación, que se iba a fundar una nueva relación. Si tuvieses que valorar el costo de desestimar la Ley Audiovisual y —por ejemplo— no derogar el decreto 267/15, después de la infodemia y la lluvia de fake news, ¿cuál sería tu conclusión?
Yo no creo que la solución a los problemas de la concentración en el post-macrismo pase solamente por derogar el decreto 267. Por muchas razones, una es el tema de los derechos adquiridos y la otra es en términos de perspectivas de políticas de comunicación. Pensar el inicio de 2020 en los mismos términos de políticas de comunicación de fines de 2015 es un error conceptual. Porque una de las cosas que desapareció es la idea del área de cobertura en dos sentidos. A partir de la aparición de Flow, Direct TV Go, por ejemplo, la idea de que el alcance de un servicio de comunicación audiovisual en línea sobre soporte físico estaba limitado geográficamente se pulverizó. La idea del control de concentración en función de las unidades territoriales es un tema para revisar, con o sin el 267.

Por otro lado, la llegada de servicios no abiertos vía streaming deja de tener anclaje con una prestación geográfica, por lo menos desde el punto de vista físico, desde el contractual te obliga a que vos digas a cuál estás abonado para acceder a esos contenidos, al principio. Eso tiene que ver más con una lógica contractual que de prestación de servicios. En estas condiciones, pensar el control de concentración en las mismas condiciones del 2015 es un error. Los europeos revisaron desde esa fecha hasta hoy dos veces sus reglas respecto del objeto de la regulación; las plataformas no lineales o servicios por catálogo fueron incorporadas a las reglas de servicios de comunicación audiovisual a partir de un planteo del consejo de ministros de Europa y del parlamento europeo. Ellos modificaron sus regulaciones desde el 2007 al 2010, cambios que empezaron a regir en mayo de 2018. Pensar en volver para atrás en diciembre de 2019, en términos de políticas de comunicación, es un error y encima te enfrentás a todo el debate de los derechos adquiridos en virtud de las fusiones que se dieron hasta ese momento. Un gran quilombo.

¿Vos decís que el marco legal existente, incluso la derogación del decreto macrista, ya no sirve para resolver lo que hay que resolver con los cambios tecnológicos de los últimos 12 años, desde la entrada en vigencia de la Ley Audiovisual?
Sí y no. Yo creo que hay cosas de la Ley a las que sí se debería haber vuelto, pero no es el tema de la concentración desde esa perspectiva. Sí habría que hacer respetar lo de las cuotas nacionales de contenidos, lo de la importancia de los contenidos infantiles, el tema de los derechos de las audiencias, en todo el rango e incorporando los nuevos soportes de distribución de contenidos, como hicieron los europeos. Y sobre todo recomponiendo las autoridades de aplicación no gubernamentales, la estructura de AFSCA mereció elogios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hay que recomponer la organización institucional de la Ley Audiovisual, porque la autoridad de aplicación debe volver a ser plural y hoy tenemos un organismo completamente gubernamentalizado. En el ENaCom, hasta el director por la minoría depende de la decisión del Presidente de mantenerlo o no en el cargo. Sin contar con la mayoría del Ejecutivo en los siete cargos. Pretender volver a la Ley sin restituir la institucionalidad de esta es un error político enorme.

Pero el Presidente fue claro, en campaña y no bien asumió el gobierno, respecto de que regular el mercado de comunicaciones fue uno de los errores a subsanar del kirchnerismo, parte del “volvimos mejores”.
Eso estuvo claro, es verdad. Para él, la comunicación es un negocio y para el control de concentración lo que había que aplicar eran las reglas antimonopólicas, las reglas generales del control de la competencia. Es una teoría que yo no comparto, pero que existe. Y no la comparto porque el mandato de los relatores especiales de libertad de expresión de la UNESCO mencionan que hay que tener reglas especiales destinadas a prevenir la concentración, no a repararla, como en el caso de Fox, cuando lo obligaron a desprenderse de canales deportivos. Luego hubo una iniciativa que no arrancó nunca y que fue mencionada en el primer mensaje de apertura de sesiones, que era poner publicidad oficial vinculada a contenidos educativos, otro error. Yo creo que la publicidad oficial debería ser regulada de modo distinto a la idea del subsidio, una cosa es una regla de subsidio al pluralismo —como fue el Proyecto de Pluralismo y Diversidad que un grupo de organizaciones promovieron— y otra es el régimen actual de pauta.

Hay cosas que no se están viendo, hay una sentencia en primera instancia en contra de los tiempos gratuitos cedidos en campaña electoral para TV que no tiene difusión. No se devolvió la institucionalidad de la definición de contenidos de interés relevante y eso en la Ley está vigente. El macrismo lo desmontó diciendo que lo único relevante era el mundial de Rusia y nunca volvieron a discutirse esos criterios. Y cosas que no se pensaron ni se hicieron, porque aun con el 267, las empresas de telecomunicaciones que hacen otro tipo de servicios deberían tener unidades de negocios separadas, lo que no está ni visto, ni exigido. Y cuando se reformó el 267 con el DNU 690 se dio una paradoja, que Telecom objetó ese decreto por las mismas razones que los medios comunitarios objetaron el 267: la violación del principio de legalidad. En el 690 se mezclaron además el control de precios de servicios básicos con el de servicios suntuarios y, en nombre del derecho a la comunicación del pueblo argentino, congelaron el precio de canales premium, del fútbol codificado, HBO Max, etcétera.

Y después, pensar que los medios concentrados van a cambiar su naturaleza por una invitación al diálogo es no entender la propia lógica del sistema.

Y existe una gran confusión en las propuestas que pretenden regular lo que la Ley Audiovisual no regulaba, es decir, contenidos.
Al principio de la gestión, el Presidente habló de una ley para sancionar fake news, que era en realidad una especie de vuelta a las calumnias e injurias; a mi modo de ver era realmente inconsistente y las reglas generales de control de concentración a un costado, cuando lo que debería haberse hecho era mejorar el funcionamiento de los medios por esa vía.

Hace no mucho Alberto volvió sobre la idea de controlar la diseminación de información falsa y operaciones sin sustento en las redes sociales, en el marco de una reunión del extinto Consejo Económico y Social y antes del asunto de los discursos de odio.
Si te referís a la iniciativa que luego impulsó Gustavo Béliz, ahí hubo una falta de tino genérica, porque Argentina adhirió junto con otros treinta y pico de países a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras que se llamaba Foro por la Información y la Democracia. Ahí ya había algo de eso, lo que pasa es que se explicó mal y se contestó peor cuando vino la réplica de los medios hegemónicos. Esa iniciativa existe y acaba de adherir Lacalle Pou, ningún tipo de izquierda. Argentina ya lo había firmado hacía más de un año y ahí sí hay algunas herramientas para regulación, pero no de redes y toxicidad de contenidos.

Después vino, tras el atentado fallido a la Vicepresidenta, la urgencia por regular los discursos de odio, que producen consecuencias, que impulsan acciones. El Presidente admite que regular eso es muy complejo —incluso abogó por un código de ética interno de los medios como solución—, da la sensación de que no está muy claro lo que se quiere normar.
En América Latina en general el tema de la autorregulación de los medios es compleja, y los que ya tenemos menos pelos y más canas sabemos que esto nunca ocurrió. Que los medios planteen un compromiso con el sistema democrático y los derechos humanos como parte de un código de ética no sucede y es poco probable que suceda. El movimiento sindical de prensa de los ’90 insistía mucho con eso. Mientras la democracia volvía a muchos países, había una presión sindical sobre las empresas que no estaban dispuestas a poner algunas cosas en esos códigos, que también afectan derechos profesionales, no solo el desempeño de las empresas. La invocación a la autorregulación de las redes es algo que durante un tiempo tuvo muy buena prensa, al igual que el tema de la co-regulación, que nadie sabe bien qué es ni cómo se implementa.

¿Hay casos de países que hayan regulado exitosamente los denominados discursos de odio a nivel mundial, homófobos, racistas o discriminatorios por cuestiones ideológicas? No solo pregunto por la herramienta legal, sino por la eficacia de aplicación.
Vamos un paso hacia atrás. El Sistema Interamericano de DDHH, así como el europeo, con distintas fórmulas, establece algún grado de prohibición para el discurso que técnicamente se denomina “de odio”. En el Sistema Interamericano requiere de la inminencia de la instigación a cometer delitos de violencia o acciones ilegales similares, entonces no todo lo que odia es discurso de odio, es decisivo quién es el enunciador y la situación de poder de este, el contexto, la duración del mensaje, la repercusión. Son varias consideraciones a tener en cuenta para decir si algo es incitación a la violencia o discurso de odio.

Argentina tiene la instigación a la comisión de delitos de la Ley 23.592 o Ley Antidiscriminatoria, con sus agravantes tipificados: raza, religión, sexo, nacionalidad, forma de pensar, etcétera. Hay un grupo de nazis en Mar del Plata que fue condenado por su accionar en redes. Esto ya existe en Argentina, pero al mismo tiempo si mirás técnicamente al discurso del odio, desde la perspectiva que ha definido la ONU en varios documentos, hay ciertas exigencias y una de ellas es el grado de inminencia de la comisión de delito y la situación de vulnerabilidad del discriminado. No hay tal cosa como discurso de odio basado en una perspectiva política, eso va por debajo de otra cosa: pobreza o color de piel, pero no por su ideología.

El caso de la señora —muchas veces difundido cuando se hicieron los archivos de las marchas de odio opositoras— que pidió en vivo que alguien le pegue un tiro en la cabeza a Cristina, encuadra perfectamente con el requisito de instigación a delito.
Sí, es así. Es claramente un episodio de instigación pública. Pero además de las complicaciones políticas que traería, digo que no hace falta una ley especial. Que se puedan prohibir en vez de sancionar ex post facto es otro matiz, porque el Sistema Interamericano no prevé censura. En el año 2004, la relatoría especial en el informe sobre libertad de expresión dice que la fórmula “estará prohibido” en el apartado 13.5 de la Convención Interamericana se refiere a un supuesto especial de responsabilidad penal, porque lo que se debe aplicar es la ideología que surge del texto en inglés. Cuando en castellano dice “estará prohibido” en inglés dice “estará penalizado”. No hay censura, sino una regla especial de penalización. Ahora, en el marco del deber de cuidado, un editor puede resolver no sacar un material (por supuesto que no es factible para el vivo, como el caso del móvil que mencionás). Solo la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño prevé restricciones a priori, como el caso en que se limitaron las exposiciones de imágenes correspondientes al suicidio del Malevo Ferreyra, pero la ratio no fue la Convención Interamericana, sino la Convención de la que hablábamos.

En otro orden de cosas y no tanto, hace poco decías que te preocupaba el presente y futuro de los medios de comunicación, por cómo han ido migrando la publicidad y la producción de contenidos a soportes digitales. ¿Cuál es el riesgo principal que ves y cuáles serían las alternativas para solucionarlo?
La UNESCO sacó hace poco tiempo un documento que dice que para tener periodismo de calidad hay que financiarlo. Hay un riesgo, pero no solo es una ratio de las empresas periodísticas; los sindicatos y la FIP (Federación Interamericana de Prensa) también tienen su papel en esto. Si vos querés tener medios plurales, tenés que sustentarlos, tanto los comerciales como los no comerciales. Un gran problema de sustentabilidad tienen las cooperativas.

Hay varias maneras de intentar reparar esto. Una de las cosas que podría ocurrir es que el Estado no ponga pauta en quienes no producen contenidos; lo segundo es que haya un límite al pautado, salir de una lógica de punto de contacto para entrar a una lógica más compleja en la que el Estado deje de poner pauta en redes y soportes digitales que no producen nada. Otra sería implementar incentivos directos y reequilibrar situaciones de déficits estructurales de pluralismo. Hay que poner plata en los medios que no se pueden autofinanciar, no porque hagan las cosas mal, sino por las restricciones del mercado. Las donaciones a los medios de comunicación no están exentas de ganancias. Si yo pongo plata en la universidad privada más cara de la Argentina, lo eximo de ganancias, si hacés crowdfunding y no hacés exención de ganancias nadie va a ir a poner plata en eso. Esto existe en la Ley de Impuestos de los Estados Unidos, sección 509, no habría que inventar nada. Y la otra es que las redes, cuando hagan uso de contenidos periodísticos, los paguen.

Hace falta una ley específica para distribuir pauta, entonces…
Dos, te diría. Una para reconfigurar la distribución de pauta y otra para promover pluralismo y diversidad, que a esta altura se la podría llamar protección de la calidad del trabajo periodístico.

Si no tocamos la estructura de medios, sino que seguimos promoviendo y tolerando mayores niveles de concentración y tampoco hago cumplir los artículos vigentes de la Ley Audiovisual, ¿cómo es posible lograr que los medios me traten bien y que los medios con mayor poder de fuego generen sinfonías de desgaste o falsas noticias en mi contra? ¿Será que alguien no entiende cómo funciona este mercado?
No es posible. Es una expectativa errónea querer que los medios te traten bien. Eso es no entender cuál es la lógica de los medios, tal como planteás en la pregunta. La situación de pluralismo, por lo menos en el AMBA, es muy distinta a la del 2015 y mucho más que la del 2009. Pero si hacés la cuenta de los medios que llamaríamos contrarios al discurso hegemónico, o más afines al gobierno, tenés cuatro AM, dos diarios en papel (uno de los cuales posee un multimedio con canales de TV), tres FM y una señal de noticias, más los medios públicos (TV Pública y sus repetidoras, Télam y Radio Nacional). Esto es decir que la construcción del relato de que hay una situación desventajosa y de falta pluralismo estructural en el AMBA es muy discutible. En todo caso, lo que no hay es un discurso que sea atractivo.

Es algo que muchas veces reclaman algunos de esos medios “del palo” que mencionas, una coordinación estratégica de agenda y discursos entre esos medios, algo que les dé unidad y potencia. Falta una política nacional y sinergia entre medios que piensan más o menos igual.
Sí, pero eso es más bien el reclamo por una buena política de contenidos, no me voy a meter en ese baile ahora porque ahí juegan recelos empresariales o cuestiones personales. Dicho esto, en los lugares donde solamente tenés una señal de televisión privada, hay una señal de la provincia, de las universidades públicas y además una señal factible del movimiento cooperativo en muchas localidades. Pero debo decir que las universidades tampoco han cumplido su rol como corresponde, no armaron una agencia de noticias con cinco cabeceras federales, ni destacaron corresponsales en puntos de producción de noticias regulares, como, por ejemplo, el Palacio de Tribunales.

Ni los gobiernos armaron estructuras suficientes para cubrir los territorios de sus respectivas provincias, en muchos casos incluso precarizando a sus trabajadores de prensa.
Totalmente. La Ley Audiovisual propuso salir de un déficit estructural de pluralismo y es una herramienta que da el marco y la posibilidad de que eso ocurra. El tema es si la gente que ocupa los lugares destacados está en condiciones idóneas de pensarlo y hacerlo. La discusión que hubo por la cantidad de señales que iban a utilizar las universidades fue increíble, si era una o varias antenas, si operaba uno o varios. No hubo un proyecto común, una estrategia de fortalecimiento del sector, sino una explotación doméstica, digamos, de las señales de cada una, acotada a cada universidad. Uno de los artículos que estuvo suspendido un tiempo de la LSCM fue el 30, que era discriminatorio para las cooperativas. Ahí le zamparon una medida cautelar, pues el gran espacio de producción del tercer sector era ese y todos se dieron cuenta de que ahí había un potencial importante. Después, ¿cuánto de lo que relatamos va atado a la vigencia de los artículos suspendidos o derogados de la Ley? Nada, no tocaron muchos que podrían haber logrado cambios significativos. Nadie les impide a las universidades y los estados provinciales cumplir el rol que deberían cumplir. No se cayó toda la Ley, se cayó su institucionalidad.

¿Por qué no se pone en debate el asunto de los contenidos de interés relevante y, por tanto, no sujetos a ser privatizados, por ejemplo?
Porque no hay capacidad o voluntad de hacerlo. Hay muchas cosas que podrían equilibrar el mercado de noticias y opiniones desde la perspectiva del pluralismo, y una de ellas sería sacarles la correa del cuello a los cables chicos con el tema de los derechos de exhibición. Ahí hay un juicio al que nadie le dio bola de TNT y Fox, porque el gobierno no apeló una medida cautelar cuando se hizo la primera transferencia de derechos por Fútbol para Todos ni implementó la regla de las audiencias públicas. Pero saliéndonos del tema estrictamente comunicacional mediático hay un tema del valor del mega para los cables chicos del interior, que están acogotados por el dólar. Pero el proceso de concentración de comprarle a tu propio proveedor, que es tu propia competencia, es un problema como el del papel para diarios y revistas. No se discute casi nada, hay diarios cooperativos que tienen un déficit estructural por la compra de papel y otras cosas y esto también es debatir la concentración. Acá tenés una condición que hace al déficit estructural de pluralismo del que se queja un sector de la coalición gobernante. Las condiciones impositivas son mejores para los comerciales que para no los no comerciales, en la descarga del IVA, por ejemplo.

Asumimos que todes les que tienen responsabilidades en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil han leído la ley más debatida y consensuada de la historia democrática argentina, aunque escamoteada. Es entonces un problema de expertise técnica o de habilidad política? ¿O serán las benditas correlaciones de fuerzas?
No sé, sinceramente. Yo creo que hay funcionarios actuales que sí lo ven, tal vez falta voluntad política. No lo sé. Yo no he hablado con ninguno y no me atrevo a afirmar adónde está la mayor debilidad o el defecto.

Hace muy poco tiempo, en el acto principal por el 17 de Octubre, en Plaza de Mayo, se leyó un documento consensuado por actores políticos y sindicales del FDT en el que se habló de recuperar el espíritu de la LSCM y avanzar hacia una Ley que garantice el “derecho a una comunicación responsable”. ¿Cómo lo ves?
Llegué hace nada al país y no leí ese documento, pero yo te diría que de la ley vieja hay que reponer la institucionalidad y hay que pensar de qué modo –así como se quiso hacer una ley moderna en 2009— se pueden generar herramientas complementarias, 13 años después y cuando la realidad internacional de las políticas de la comunicación a lo largo y a lo ancho del mundo fue provocando actualizaciones ineludibles. Creer que una receta del 2009 sirve hoy es un error conceptual grande, hay modificaciones tecnológicas y regulatorias enormes que nos obligan a pensarla de nuevo.
Foto: Pablo Piovano
Fuente: El Cohete a la luna

miércoles, 5 de octubre de 2022

El ENaCom concursa licencias de Televisión Digital Terrestre Abierta

El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones aprobó el llamado a concurso público para la adjudicación de licencias de Televisión Digital Abierta (TDA), para prestar servicio con y sin fines de lucro en las provincias de La Rioja, Catamarca, Córdoba, Salta, Buenos Aires; Corrientes; Neuquén; Río Negro y Santa Fe, según informó
Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución 1947/2022
RESOL-2022-1947-APN-ENaCom#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 03/10/2022

Visto el EX-2022-74146852-APN-SDYME#ENaCom, el IF-2022-102442980-APN-DNSA#ENaCom, y

Considerando:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Que la Ley N° 26.522 regula los Servicios de Comunicación Audiovisual y el desarrollo de mecanismo destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Que por su parte, el objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación, por lo que corresponde atender a la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 26.522 establece luego de reconocer el carácter de bien público del espectro radioeléctrico, que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley, la administración, asignación, control de la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico destinado al servicio de radiodifusión; estableciendo su reglamentación que dicho organismo entenderá en la gestión técnica del espectro radioeléctrico, conjuntamente con la autoridad competente en materia de telecomunicaciones, respecto del dictado de reglamentos y normas técnicas de los servicios de comunicación audiovisual, con el objeto de maximizar su utilización.

Que el Artículo 88 de la Ley N° 26.522 estipula que corresponde a la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual confeccionar y modificar, con la participación de la respectiva autoridad técnica, el Plan Técnico de Frecuencia y la Norma Nacional de Servicio.

Que según lo dispuesto por la norma reglamentaria aprobada por el mencionado Decreto N° 1.225/2010, la formulación del Plan Técnico de Frecuencias, así como de la Norma Nacional de Servicio deberá tomar en cuenta una equitativa distribución de categorías y potencias entre los tipos de prestadores, que aseguren la coexistencia de servicios de alcance local y regional que expresen los criterios de diversidad previstos en la Ley N° 26.522 en cuanto al origen de los prestadores y de los contenidos, debiéndose atender, especialmente, a la posibilidad de permitir el ingreso de nuevos prestadores mediante la aplicación de las nuevas tecnologías en el uso y la gestión del espectro.

Que asimismo estipula que los planes técnicos vigentes al tiempo del dictado de dicha norma y los que se aprueben al amparo del Artículo 156, inciso c) de la Ley N° 26.522, serán adaptados en forma progresiva, conforme los criterios establecidos en el considerando que antecede, de conformidad con los sucesivos relevamientos, convocatorias y estimaciones de demanda que deban realizarse al efecto y las previsiones obligatorias que contiene el Artículo 89 de dicha Ley.

Que por su parte el Artículo 89 de la Ley N° 26.522 dispone que en oportunidad de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, deberán realizarse una serie de reservas de frecuencias.

Que, mediante las Resoluciones Nº 234/15 y Nº 1.427/15 de la ex-Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) se aprobaron, entre otros, los planes técnicos de frecuencias para televisión digital terrestre abierta para las localidades de Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Juan Madariaga, Mar de Ajó, todas de la provincia de Buenos Aires; Andalgalá y San Fernando del Valle de Catamarca, ambas de la provincia de Catamarca; Villa Cura Brochero de la provincia de Córdoba; Chepes de la provincia de La Rioja; General Güemes de la provincia de Salta; Gálvez y Rufino todas ellas de la provincia de Santa Fe.

Que, respecto de las localidades de Azul, San Bernardo y San Clemente del Tuyú, todas de la provincia de Buenos Aires; Alvear de la provincia de Corrientes; Plaza Huincul de la provincia del Neuquén; Ingeniero Luis A. Huergo de la provincia de Río Negro y Funes de la provincia de Santa Fe, corresponde aprobar la planificación correspondiente, como medida previa a las convocatorias a concurso público.

Que, el Artículo 32 de la Ley N° 26.522 establece que las licencias correspondientes a los servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico, serán adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente.

Que, asimismo, corresponde a este Ente Nacional de Comunicaciones, a llamar y sustanciar la totalidad de los citados concursos públicos, correspondiendo, según las características del servicio y poblacionales del área a servir, la adjudicación de la licencia por acto administrativo a ser dictado por el Poder Ejecutivo Nacional o por este Directorio, según sea el caso.

Que el marco normativo referido acuerda facultades para resolver características de los llamados a concurso, teniendo en consideración la disponibilidad de espectro y la incorporación de nuevas tecnologías.

Que el Artículo 12, inciso 7) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que compete a este Organismo elaborar y aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que regirán los procedimientos de adjudicación de licencias.

Que, por Resoluciones Nº 1.273/13, Nº 50/14, Nº 202/14, Nº 673/14, Nº 1.327/14 de la ex-Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), se autorizó en forma precaria el funcionamiento y explotación de los servicios de televisión abierta de baja potencia con tecnología analógica detallados en sus correspondientes anexos.

Que, en ese sentido, las Resoluciones indicadas prevén que dichas autorizaciones quedan sujetas al llamado a concurso público para la adjudicación de licencias de servicios de televisión digital terrestre abierta en la localidad correspondiente a cada servicio.

Que en orden a favorecer la regularización de tales servicios mediante la adjudicación de las respectivas licencias, resulta procedente otorgar preeminencia a los oferentes que acrediten resultar titulares las mencionadas autorizaciones precarias en la localidad a concursar.

Que se ha elaborado el Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares que establecerán la forma de acreditar los requisitos que la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1.225/10 prevén para acceder a las licencias del servicio de comunicación audiovisual de que se trata.

Que a tal fin, se han tenido en consideración los requisitos de admisibilidad y producción de contenidos, establecidos por los Artículos 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 45, 65 y concordantes de la Ley Nº 26.522, en la redacción que les acuerda el Decreto N° 267/15, y en el Artículo 12 inciso 7) de la reglamentación aprobada por Decreto Nº 1.225/10.

Que en tal sentido, se ha determinado la factibilidad técnica de llamar a concurso público en las localizaciones y con los parámetros técnicos que se consignan en la presente.

Que en la confección del Pliego que regirá el acceso a las Licencias de servicios de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre abierta, se ha atendido en particular al interés público y social vinculado a la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual y, simultáneamente, a la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos, facilitando el acceso a los administrados cuanto optimizando la utilización de los recursos del Estado.

Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo por el cual se aprueben el Pliego que regirá los llamados a concurso público, las declaraciones juradas correspondientes y los parámetros técnicos de los servicios objeto de aquéllos.

Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente de este Ente Nacional de Comunicaciones.

Que, asimismo, han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta Nº 56 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 30 de enero de 2020.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones y lo acordado en su Acta Nº 81, de fecha 21 de septiembre de 2022.

Por ello,
El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1°.- Apruébase el “Plan Técnico de Frecuencias para Televisión Digital Terrestre Abierta” correspondientes a localidades de Azul, San Bernardo y San Clemente del Tuyú, todas de la provincia de Buenos Aires; Alvear de la provincia de Corrientes; Plaza Huincul de la provincia del Neuquén; Ingeniero Luis A. Huergo de la provincia de Río Negro y Funes de la provincia de Santa Fe, que como IF-2022-102435067-APN-DNSA#ENaCom del Generador Electrónico de Documentos Oficiales, forma parte integrante en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, que como IF-2022-99230123-APN-DNSA#ENaCom del Generador Electrónico de Documentos Oficiales, forma parte integrante en un todo, de la presente Resolución, que regirá los llamados a concurso público para la adjudicación a personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro -en formación o regularmente constituidas- y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, con categorías I, J y K, bajo la modalidad de licenciatario operador.

Artículo 3°.- Apruébase las Declaraciones Juradas que como IF-2022-102430230-APN-DNSA#ENaCom del Generador Electrónico de Documentos Oficiales, forman parte integrante en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Llámase a concurso público para la adjudicación a personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro -en formación o regularmente constituidas- y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas, de licencias para la instalación, funcionamiento y explotación de servicios de televisión abierta digital en la norma ISDB-T, con categorías I, J y K, bajo la modalidad de licenciatario operador, en las localizaciones y conforme los parámetros técnicos consignados en el Anexo identificado como IF-2022-102434261-APN-DNSA#ENaCom del Generador Electrónico de Documentos Oficiales, forma parte integrante en un todo, de la presente Resolución.

Artículo 5°.- La presentación de las ofertas deberá realizarse del día 14 de noviembre de 2022 al día 18 de noviembre de 2022, conforme la modalidad establecida en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones, mediante el trámite "Presentación Ofertas Televisión Digital Terrestre Abierta de Baja Potencia". En caso que se verifiquen problemas técnicos que imposibiliten el ingreso de las ofertas a través del trámite indicado, circunstancia que deberá encontrarse debidamente acreditada, se habilitará el correo electrónico: concursostdtabajapot@enacom.gob.ar, como vía alternativa de ingreso de las ofertas, únicamente durante el periodo consignado precedentemente.

Artículo 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y, cumplido, archívese.
Claudio Julio Ambrosini



Otras Señales

Quizás también le interese: