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sábado, 7 de febrero de 2026

No odiaban lo suficiente a los periodistas

Demasiadas contradicciones de un gobierno que exige un trato honesto a los periodistas, pero desde hace dos años gobierna desde el lodo.
Por: Colectivo Editorial Tiempo Argentino

Que el gobierno de las noticias falsas (fake news) haya lanzado una oficina de chequeo de discurso y noticias dirigida a los medios de comunicación es un acto de provocación propio del estilo de gestión libertaria, seguramente destinado al olvido.

Lo es porque ocurre una semana después de que la renuncia del extitular del Indec, Marco Lavagna, dejó al descubierto la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de esconder las cifras reales de inflación del gobierno libertario, sosteniendo un viejo índice de medición que incluye insumos obsoletos y le resta peso a las tarifas de servicios de luz, agua y gas, entre otras, que revelarían los porcentajes reales del aumento del costo de vida en los hogares argentinos.

Lo es porque, detrás de esa decisión, como se dijo sobradamente en estos días, se esconde la profundización del ajuste sobre salarios y jubilaciones que se rigen, en parte, por ese índice mensual, por ejemplo.

La oficina de respuesta oficial -rebajada a simple cuenta de X con el paso de los días-encierra tantas paradojas que no alcanzarían las líneas de esta columna para desarrollarlas.

Es el "chequeado" del gobierno del presidente que inventó que había heredado una inflación del 17.000%, y ahora miente sus propias cifras para que no se le termine de caer la idea de que derrotó un índice que no detiene su crecimiento mes a mes.

Es la "agencia de desmentida" del gobierno más protegido por los medios hegemónicos librando una guerra de negocios con los dueños de la información, pero haciéndoles pagar a los trabajadores de prensa las consecuencias, minando su credibilidad y las condiciones en que deben ejercer su profesión.

Es la "herramienta de batalla cultural" del gobierno que busca derogar el Estatuto del periodista profesional, en un contexto de salarios de hambre y multitarea, buscando estigmatizar a quienes trabajan en las peores condiciones que se recuerden desde el regreso de la democracia.

Dicho sea de paso: ¿Será pura casualidad que esta cuenta oficial se haya creado un día después de que trabajadores y trabajadoras de prensa, junto a legisladores nacionales de distintos bloques opositores, rechazaron en el Congreso -y con 3000 firmas de respaldo- la derogación del Estatuto del Periodista Profesional incluida en el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno?

Volviendo a las paradojas de la Oficina en cuestión: vale recordar que esta "creación digital" responde al jefe de Estado que no da ninguna conferencia de prensa con medios en general-y curiosamente nadie parece reclamársela, como en otros tiempos-, y será utilizada para emitir un mensaje unidireccional sin posibilidad de pregunta o repregunta.

A poco de andar, esta especie de "grupo de tareas del discurso oficial" ya evidenció que desde un piso de la Casa Rosada se dedicará a demoler moralmente a algunas figuras de los medios -el propio Javier Milei bautizó este sábado a Luis Novaresio como "ensobraresio", luego de un chequeo de su flamante creación, y los trolls se dedicaron a convertirlo en tendencia-, mientras restringe, vía Decreto 780/2024, el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Demasiadas contradicciones de un gobierno que exige un trato honesto a los periodistas, pero desde hace dos años gobierna desde el lodo.

Ver también: Una oficina para desmentir lo que el Gobierno no acepta y un nuevo choque con el periodismo

jueves, 5 de febrero de 2026

Una oficina para desmentir lo que el Gobierno no acepta y un nuevo choque con el periodismo

La Casa Rosada lanzó la Oficina de Respuesta Oficial y debutó acusando de falsa una nota de Clarín que había sido respaldada por fuentes oficiales y luego actualizada. La iniciativa, celebrada por Milei y su entorno, reavivó las advertencias de AdEPA y FoPeA sobre el intento del Estado de erigirse como árbitro de la verdad
El Gobierno nacional presentó este jueves en la red social X la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (ORORA), un nuevo canal de comunicación impulsado por la Vocería Presidencial que, según su definición oficial, busca "combatir la desinformación con más información" y "desmentir activamente operaciones mediáticas".

El debut de la iniciativa no pasó inadvertido: su primer posteo estuvo dirigido contra una nota de Clarín publicada ese mismo día sobre la implementación del sistema de vouchers para reemplazar planes sociales. Desde entonces, el lanzamiento de la oficina y el cruce con el principal diario del país dominaron la agenda pública, desplazando otros debates relevantes que se desarrollaban en paralelo, como el tratamiento legislativo de la Ley de Modernización Laboral, la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad o el escándalo en el INDEC.

La cuenta oficial cuestionó un artículo que informaba sobre una demora en la implementación del nuevo esquema de asistencia social y detallaba que durante enero se habían transferido más de 72.000 millones de pesos al programa Volver al Trabajo (VAT), dependiente del Ministerio de Capital Humano.

"Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna demora: el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha. El programa se encuentra activo y financiado", publicó el Gobierno a las 14.21.

Sin embargo, la información publicada por Clarín —incluida la referencia a una demora en la implementación de los vouchers— había sido ratificada previamente por fuentes oficiales del propio Ministerio de Capital Humano consultadas por el medio. Ante el pedido de esas fuentes de evitar el uso del término "demora", ya que el programa aún no estaba formalmente vigente, el diario actualizó el título antes de la publicación del tuit oficial.

El encabezado pasó a ser: "Giran $72.000 millones al ex Potenciar Trabajo: seguirá vigente hasta abril y después lo reemplazarán por los vouchers". La nota nunca fue despublicada y permaneció online desde su primera versión, publicada a las 11.10 de la mañana.

Pese a ello, la Oficina de Respuesta Oficial citó una versión desactualizada del artículo en X —con el título original—, que luego fue borrada y reemplazada por la versión corregida. Aun así, el mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, por funcionarios del gabinete y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes calificaron la información como "falsa".

Una oficina para desmentir operaciones
Copia: A la izquierda, la Oficina de Respuesta de Milei; a la derecha, la Rapid Response de Donald Trump
En su mensaje de presentación, ORORA explicó que fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". En redes sociales, los críticos de la iniciativa la compararon con el Ministerio de la Verdad imaginado por el escritor George Orwell (1903-1950) en su célebre novela 1984. Otros señalaron su similitud con la cuenta @RapidResponse47 de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, el perfil @RespOficial_Arg solo sigue a dos usuarios: Javier Milei y la Oficina del Presidente.

Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa apunta a hacer "todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan", a quienes acusan de censurar opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Milei y su principal asesor político, Santiago Caputo, compartieron la novedad. El Presidente sostuvo que la herramienta servirá para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios". Caputo fue más explícito: "Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja".

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró la iniciativa y la calificó como "excelente".

Según fuentes citadas por Clarín, la Oficina de Respuesta Oficial estará a cargo del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes como JuanDoe, identificado por su militancia libertaria y sus ataques públicos a periodistas. La oficina fue creada a pedido directo de Milei y es gestionada por el equipo de Santiago Caputo, aunque no forma parte —por ahora— del organigrama formal del Estado.

Desde la cuenta oficial remarcaron que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración" y que la oficina "no busca convencer ni imponer una mirada", sino que los ciudadanos "puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos". También destacaron como logro la eliminación de la pauta oficial, a la que vincularon con el financiamiento de "relatos".

Malas perspectivas para el derecho a informar
El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó su repudio ante la decisión del gobierno de Javier Milei de sumar un nuevo dispositivo para perseguir, hostigar y atacar el trabajo periodístico: la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Tal como fue presentada, esta dependencia realizará un seguimiento de medios y periodistas y responderá, desde una cuenta oficial creada en la red social X, a publicaciones que considere erróneas, falsas o, incluso, simplemente contrarias al agrado del gobierno. A partir de allí se habilita la diatriba del propio Presidente, de otros funcionarios y las municiones cerradas de los colectivos de trolls.

Desde el SPR señalaron que esta medida se inscribe en una política sistemática que, como otras decisiones adoptadas, apunta a destruir espacios que aportan a la pluralidad de ideas y de voces. En ese sentido, recordaron el desmantelamiento del sistema de medios públicos y el ahogo económico del sector cooperativo, autogestivo y comunitario, junto con la eliminación de las políticas de fomento.

"El presidente Javier Milei ha agredido de manera directa la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad", advirtieron desde el sindicato, y denunciaron además la profundización de un esquema represivo con ataques físicos y disciplinadores contra lxs trabajadorxs de prensa, como en el caso de Pablo Grillo.

El comunicado del SPR también remarca que el gobierno modificó la Ley de Acceso a la Información Pública, quitándole aspectos centrales de su espíritu original; promovió el odio social hacia el periodismo mediante insultos groseros y expresiones soeces; denunció y querelló a periodistas; y avanzó en su intención de derogar el Estatuto del Periodista, una ley fundamental para el ejercicio profesional.

"El Estado debe garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad. Atacarlos no hace más que reafirmar el intento de controlar el relato público para sostener un sistema que nos quiere sumisxs y empobrecidxs", concluye el comunicado del Sindicato de Prensa Rosario.

Tensiones con el periodismo y alertas institucionales
El lanzamiento de la ORORA se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes en medios públicos, denuncias de censura indirecta y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante manifestaciones.

La ONG Human Rights Watch advirtió esta semana en su informe anual que Milei y otros altos funcionarios han utilizado "un discurso hostil para estigmatizar a periodistas independientes". En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras señaló que Argentina cayó 47 posiciones en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y se ubica en el puesto 87, debido a la estigmatización del periodismo, el desmantelamiento de medios públicos y el uso discrecional de la publicidad estatal.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) expresó su "inquietud" ante la creación de un área estatal destinada a "desmentir" informaciones. En un comunicado, advirtió que "el Estado no es el árbitro de la verdad" y cuestionó la idea de que una autoridad pública asuma el rol de verificador de contenidos, lo que podría derivar en prácticas de disciplinamiento del discurso crítico.

AdEPA subrayó además que el concepto de "desmentir" presupone una falsedad deliberada y desconoce que el periodismo trabaja contrastando fuentes y versiones diversas. "La gente es el último juez del trabajo periodístico", concluyó la entidad.

En términos similares, el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) manifestó su "profunda preocupación y rechazo" ante lo que calificó como la creación de un "tribunal de la verdad" desde el Estado. FoPeA alertó sobre el uso de recursos públicos para señalar y estigmatizar el disenso, en un contexto en el que el propio Gobierno restringe el acceso a la información, limita las conferencias de prensa y debilitó la vocería presidencial.

"El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar", sostuvo la organización.

"Siempre es auspicioso que cualquier Estado disponga nuevos canales para el acceso a la información pública", dice Diego de Charras, docente e investigador en derecho a la información y políticas de la comunicación. "Pero en el caso del Gobierno argentino", agrega, "uno puede mirar con escepticismo la creación de una oficina que se presenta como un canal que va a brindar la verdad a la ciudadanía".

De Charras, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), recuerda que Milei "aumentó la opacidad y la arbitrariedad de los funcionarios en el tratamiento de la información pública" con un decreto que limitó las obligaciones previstas por ley. También destaca que “en estos momentos, el Gobierno está impulsando un proyecto de reforma laboral que intenta derogar el estatuto del periodista profesional”. Y concluye: "La vinculación de este Gobierno con los trabajadores de la comunicación y el periodismo está caracterizada por el agravio verbal, por el agravio físico o la persecución judicial con causas penales a aquellos que opinan de modo diferente. Entonces, con esta nueva oficina se puede presumir que no hay una búsqueda de la verdad, sino una búsqueda de imposición de la propia mirada".
Fuentes: Clarín, FoPeA, AdEPA, El País

martes, 2 de septiembre de 2025

Clarín pidió, Milei propuso: el Gobierno busca derogar el Estatuto del Periodista

Según trascendió, la propuesta responde a un pedido del Grupo Clarín y tiene como propósito eliminar las protecciones con las que cuentan los profesionales de la información. La iniciativa ataca derechos de los trabajadores que forman parte de una serie de reivindicaciones históricas para el sector y que lo resguardan ante la arbitrariedad y las presiones de los poderosos
Por: Mariano Martín, 
@marianoemartin
El Gobierno propuso la derogación del Estatuto del Periodista, una institución vigente desde hace 80 años que establece los parámetros para el ejercicio de la profesión y que intenta proteger la tarea de los trabajadores de prensa. El planteo estuvo a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue enunciado en julio pasado en el ámbito de las deliberaciones del Consejo de Mayo. Aunque la iniciativa no volvió a tratarse, su sola mención exhibe la sintonía vigente entre la administración libertaria y los dueños de los principales medios de comunicación, en particular el multimedios Clarín, históricamente opuesto a la vigencia de la norma.

La iniciativa de Sturzenegger, en línea con el intento de eliminación del Estatuto del Viajante de Comercio y el espíritu de las reformas laborales del DNU 70/23 –frenada por la Justicia del Trabajo- y del capítulo específico de la ley Bases, no había trascendido hasta ahora por un acuerdo de confidencialidad implantado en las reuniones del Consejo de Mayo aunque nunca explicitado. De las tres reuniones que se realizaron hasta ahora el planteo fue expuesto sólo en la segunda, adonde se abordaron los proyectos de nuevas reformas laborales para 2026. La sugerencia del ministro de la motosierra encontró eco en el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, pero fue rechazada por el representante sindical de la mesa, Gerardo Martínez.

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, en el mandato de Edelmiro Farrell, y ratificado por la ley 12.908 dos años y medio después. Fija los mecanismos de matriculación de los trabajadores de medios de comunicación, establece la duración de las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, las categorías profesionales y sus regímenes salariales, y los mecanismos de ingreso. Pero el punto históricamente más cuestionado por las patronales de prensa es el de "Estabilidad; ruptura del contrato de trabajo".

Por tratarse de una profesión inherentemente sujeta a presiones de los poderes políticos y económicos, el instrumento da cuenta de la necesidad de dotar a los trabajadores de una protección extra a la del resto de los asalariados: "La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma", señala ese capítulo en su introducción.
Frente a un despido sin causa, el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador a:
  • Preavisar con uno o dos meses de antelación (según la antigüedad).
  • Pagar una indemnización sustitutiva de dos o cuatro meses de salario, según el tiempo trabajado.
  • Abonar un mes de sueldo por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses).
  • Además, según el inciso "d", el trabajador tiene derecho a una indemnización especial adicional de seis meses de sueldo.
La norma prevé como razones de despido con causa y sin derecho a indemnización provocar "un daño intencional" al empleador o producirle "un fraude o abuso de confianza establecido por sentencia judicial"; inasistencias "prolongadas o reiteradas"; sufrir una "inhabilidad física o mental o enfermedad contagiosa crónica" peligrosa para su entorno, y "desobediencia grave o reiterada". También los pone a salvo de suspensiones prolongadas y garantiza la continuidad laboral en caso de servicio militar o convocatorias excepcionales.

En caso de producirse un despido sin causa el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador del trabajador de prensa a preavisar con uno o dos meses (de acuerdo a los años de trabajo) de anticipación; a pagarle "una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución, según sea la antigüedad)" y "de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses" ante una cesantía injustificada. El punto "d" le añade, sin perjuicio de los pagos ya garantizados, "una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo".

La idea coincide con el momento de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en un aparente entramado de coimas, así como el avance de otras causas que golpean directo al Gobierno y a Javier Milei como la de la criptomoneda Libra o el centenar de muertes por fentanilo contaminado. Y encuentra, circunstancialmente, en la misma vereda al mandatario libertario y a Clarín junto con otros multimedios, como Perfil, cuyas autoridades históricamente se manifestaron contrarias a la vigencia del Estatuto.

El portavoz en el Consejo de Mayo fue Sturzenegger a pesar de no figurar ningún tópico relacionado con la actividad de prensa en el decálogo de compromisos de los firmantes del Pacto de Mayo. Apenas quedó establecida la necesidad de avanzar hacia "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal". Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo y a cargo del sindicato de albañiles (UOCRA) desestimó la posibilidad de avanzar por consenso con esa derogación. El dirigente le hizo saber al funcionario que la central obrera no aceptaría ni avalaría una quita de un derecho consagrado por la norma vigente y que cualquier modificación en ese rubro debería explorarse en un ámbito de negociaciones entre las cámaras empresarias del rubro periodístico y los sindicatos de la actividad.

Tampoco consiguió mayor eco Sturzenegger en el equipo de funcionarios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero (ex Techint), le hizo saber luego de la reunión que avanzar en una posible derogación del Estatuto del Periodista podría ser perjudicial no sólo en términos políticos para el Gobierno que para entonces se aprontaba para una doble instancia electoral (septiembre y octubre) sino que estaba destinada al mismo resultado que el intento de ponerle fin al instrumento similar que rige en el sector de viajantes, en donde a la indemnización regular prevista en la ley de Contrato de Trabajo se le añade otra por la pérdida de la cartera de clientes de cada trabajador. En ese caso el gremio de Viajantes consiguió rápidamente una cautelar que frenó la derogación incluida en el DNU 70/23. 
Fuente: El Destape

lunes, 5 de mayo de 2025

La Corte Suprema falló a favor de Telecom y declaró inconstitucional un régimen fiscal santafesino

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hacer lugar a una demanda de Telecom Argentina S.A. contra la Provincia de Santa Fe y declaró inconstitucional un régimen fiscal que imponía una alícuota diferencial en el impuesto sobre los ingresos brutos a las empresas no radicadas en su territorio.

La resolución, fechada el 30 de abril de 2025, se refiere a una acción declarativa de certeza iniciada en 2014. Telecom, actualmente controlada por el Grupo Clarín y con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció haber sido objeto de intimaciones fiscales y amenazas de ejecución por parte del fisco santafesino. Según la empresa, el gobierno provincial pretendía aplicar una alícuota más alta simplemente por no estar radicada en Santa Fe, a pesar de estar adherida al régimen de Convenio Multilateral.

El conflicto giraba en torno al artículo 6°, tercer párrafo, de la Ley Impositiva 3650 (modificada por la Ley 13.286) y el decreto provincial 2707/2012, que establecían un tratamiento fiscal diferenciado para empresas “extraterritoriales”. Telecom sostuvo que ese régimen vulneraba principios constitucionales como la igualdad ante la ley (art. 16), la libre circulación de bienes y servicios entre provincias (arts. 9 y 12), y la cláusula de comercio (art. 75, inc. 13).

En su presentación, la compañía detalló que había recibido reclamos fiscales retroactivos –principalmente por los años 2013 y 2014–, acompañados de amenazas de ejecución judicial. En 2015, la Administración Provincial de Impuestos (API) dictó la Resolución 52-8/2015, en la que impuso un ajuste retroactivo y multas.

Desde los primeros tramos del expediente, la Corte Suprema dictó una medida cautelar ordenando que la provincia se abstuviera de cobrar hasta que hubiera una sentencia firme. En la etapa final del proceso, la Procuradora Fiscal de la Nación emitió un dictamen favorable a Telecom, recomendando declarar la inconstitucionalidad del régimen en base a antecedentes jurisprudenciales similares.

En su fallo, la Corte afirmó que el caso era de su competencia originaria al involucrar una controversia entre una provincia y una empresa domiciliada en otra jurisdicción, con alcance federal. También sostuvo que la acción era procedente, ya que no se trataba de un conflicto teórico, sino de un enfrentamiento concreto con actos administrativos y consecuencias patrimoniales en curso.

En cuanto al fondo, el máximo tribunal consideró que el régimen santafesino constituía una forma de "aduana interior", incompatible con el sistema federal argentino.

La Corte sostuvo que no existía "razón suficiente" para que las empresas tributen "de un modo más gravoso" solo por no estar radicadas en el territorio provincial. Para los magistrados, esa diferencia basada en el domicilio fiscal del contribuyente vulnera el principio de igualdad ante la ley y distorsiona la corriente natural del comercio entre jurisdicciones. En línea con jurisprudencia consolidada, especialmente el fallo Harriet y Donnelly S.A. c/ Provincia del Chaco, el tribunal remarcó que ninguna provincia puede obstaculizar el comercio interjurisdiccional ni discriminar a empresas por su radicación.

Este precedente podría impactar en otras causas similares iniciadas por empresas radicadas fuera de Santa Fe, ante los límites que impone la Constitución Nacional a las autonomías provinciales en materia tributaria.

lunes, 28 de abril de 2025

La venta de la filial de Telefónica en Argentina tendrá un impacto negativo de 1.107 millones

La operadora computará estas pérdidas por diferencias cambiarias en sus cuentas del primer trimestre
Sede de Telefónica en Madrid
Por: Ramón Muñoz
La venta de la filial de Telefónica en Argentina cerrada el pasado 24 de febrero supondrá un impacto negativo en las cuentas de la operadora de 1.107 millones de euros, que se computará como pérdidas en sus resultados correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio de 2025. Ese impacto negativo contable se debe a la reclasificiación de las diferencias de conversión negativas del peso argentino acumuladas por la subsidiaria, y no supondrá salida de caja.

“El valor contable de los activos netos de Telefónica Móviles Argentina a 31 de diciembre de 2024 asciende a 1.175 millones de euros. Como consecuencia de la transacción, el grupo reclasificará a resultados de 2025 las diferencias de conversión negativas acumuladas correspondientes a Telefónica Móviles Argentina, que a 31 de diciembre de 2024 ascendían a 1.107 millones de euros”, señala el Documento de Registro Universal publicado la pasada semana por la compañía en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
La venta de Telefónica Móviles Argentina a Telecom Argentina, controlada por el grupo mediático Clarín, se firmó y cerró el pasado 24 de febrero de 2025. El acuerdo, valorado en aproximadamente 1.190 millones de euros, generará una pérdida contable de 1.107 millones de euros en las cuentas del primer trimestre debido a la reclasificación de diferencias de conversión negativas acumuladas por la filial.
Dado que la operación se produjo en el primer trimestre del ejercicio, el impacto de la referida reclasificación se reflejará como pérdidas en las cuentas relativas a los tres primeros meses de este año que la compañía presentará el próximo 14 de mayo, aunque no tendrá impacto en caja.

Telefónica acordó la venta de Telefónica de su negocio en Argentina por 1.245 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente, 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual) a Telecom Argentina, operadora participada mayoritariamente por el grupo Clarín y por el fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez. La firma y el cierre de la operación, con el cobro de la misma, tuvo lugar el mismo día 24 de febrero.

Pese a que posteriormente, el Gobierno argentino decidió suspender de manera preventiva la venta esa medida no afecta a los intereses de la empresa española, puesto que la legislación del país, a diferencia de lo que ocurre en España y en la Unión Europea, no contempla la imposición de condiciones al vendedor antes de autorizar la operación.

Queda por conocer el impacto que tendrán las otras dos desinversiones que ha realizado el grupo que preside Marc Murtra a través de su filial Telefónica Hispam. Telefónica cerró el pasado 13 de marzo el acuerdo con la compañía Millicom para la venta del 67,5% de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por un total de 400 millones de dólares (alrededor de 368 millones de euros al cambio actual). Sin embargo, la operación está pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias.

Asimismo, Telefónica vendió el pasado 13 de abril por 3,7 millones de soles peruanos (en torno a 900.000 euros) a la empresa argentina Integra Tec International su filial en Perú, la cual se encuentra en concurso de acreedores. La operación incluye la asunción de la deuda que, al cierre de 2024, ascendía a 1.240 millones de euros.

Esta operación, que se firmó y se cerró el pasado 13 de abril, y al igual que ocurre en el caso argentino, la operación no tiene marcha atrás. Al tener lugar en el segundo trimestre de 2025, las pérdidas que se prevé que se atribuirán a la misma se reflejarán en las cuentas de la compañía correspondientes al primer semestre de 2025.
Foto: Pablo Monge
Fuente:  Diario Cinco Dias

Ver también: El Grupo Clarín es el nuevo dueño de Telefónica Argentina, Telecom, Telefónica y el ENaCom juntos en la 'Cumbre de Madrid' conectando Iberoamérica hacia un futuro digital, Telefónica descarta riesgos regulatorios en Argentina: La operación ya está cerrada y el pago recibido, Uruguay: Crece la preocupación por la posible compra de Movistar por parte del Grupo Clarín, Telecentro denuncia a Telecom por violar la Ley de Defensa de la Competencia, Claro expresó su preocupación por la venta de Telefónica a Telecom, El gobierno nacional suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom, Telecom - Telefónica: el Gobierno no quiere frenarla, quiere negociar, La pesadilla de Néstor Kirchner que ahora sufre Javier Milei, El Gobierno avanza en un expediente contra Clarín y mueve funcionarios para la pelea, El enemigo que faltaba: Javier Milei desafía a Clarín, 
Telefónica vende su filial en Perú a Integra Tec, empresa de José Luis Manzano

jueves, 17 de abril de 2025

Despidos en Clarín: Una redacción, una vida, un cierre

Esta semana se cumplen nuevos aniversarios de los despidos masivos de 2019 y 2023, que sucedieron con planificada y brutal coincidencia
Los recordamos en las palabras de Sandra Commisso, quien además de una excelente periodista de la que Clarín eligió prescindir, fue siempre una compañera comprometida y participante infaltable de la asamblea de trabajadores y trabajadoras. Porque como ella dice, nadie se salva en soledad.
El 16 de abril de 2023 fue domingo. Estaba lluvioso. Era mi día franco. A las 9 de la mañana, me sobresaltó el sonido del celular. Un mensaje. Enseguida otro. Y otro más. Aún somnolienta, leí el primero: "Fijate si podés entrar a tu correo de Clarín. Echaron a varias personas". Corrí a la computadora, con una sensación extraña, mezcla de temor, ansiedad, curiosidad y algo de certeza de que esta vez, me había tocado a mí. La corazonada se cumplió. En 2019 había sido testigo angustiada, impotente y triste, del despido de 65 compañeros y compañeras. Ahora, después de 32 años de trabajo en la redacción, yo era una de las despedidas. Elegida, como los demás, sin razón aparente más allá de las explicaciones formales: "Reestructuración".

Lo que siguió fueron varios días de adrenalina, incertidumbre, desazón, estupor. Otra vez, la tercera vez, pasaba lo mismo y del mismo modo, innecesariamente brutal y deshumanizado. Por qué no decirlo, también sentí cierto alivio. Para mí, era una etapa cumplida pero nunca imaginé que, de un día para el otro, literalmente y sin ningún aviso previo, mi vida cambiaba completamente. En esos días, todos mis años como periodista, desde mi ingreso a los 25 años a la redacción, pasaron por mi cabeza como una película. Y como había sucedido a lo largo de tres décadas, lo más importante fueron las personas.

Entre las de adentro, colegas, compañeros de ruta, amigos y amigas que estuvieron para contener, para ayudar a resolver lo que había que resolver y para estar cerca. Eso fue un bálsamo y es en lo que siempre creí y sigo creyendo, en el poder de juntarse para hacer, pensar y sentir en grupo porque nadie se salva solo. También hubo quienes, después de compartir años y años, codo a codo, miraron para otro lado porque yo ya era alguien de afuera, del otro lado de la frontera. No hubo muchas sorpresas en esos casos y prefiero quedarme con lo mejor: mucho camino de aprendizaje, crecimiento profesional y personal, amistades, experiencias. Sin dudas, hubo un antes y un después de ese domingo 16 de abril de 2023, donde toda mi vida se reacomodó. Y así sigue, con mucho camino por recorrer.
Comisión Interna de los trabajadores y las trabajadoras de Clarín/AGEA

sábado, 29 de marzo de 2025

El enemigo que faltaba: Javier Milei desafía a Clarín

Qué hay detrás de la decisión oficial de impedir que el holding de Magnetto absorba Telefónica. El enojo presidencial que desató el conflicto. Cómo impacta la interna Caputo-Karina
Por: Juan Luis González
¿Cuál es el límite entre la vida privada de un político y la pública? ¿Hasta dónde una influye a la otra? ¿Hasta dónde la explica?Estas preguntas son parte de un debate histórico entre periodistas y analistas. Las opiniones no siempre coinciden y jamás hubo consenso sobre esta larga discusión. Quizás una de las tantas novedades que vino a traer Javier Milei sea también en este terreno. Es que si la versión que corre en el Gobierno es cierta, la avanzada del oficialismo contra Clarín vendría motivada por un aspecto muy propio de la personalidad del Presidente: sus imparables enojos, una topadora de inestabilidad que lo caracteriza desde niño y que cuando arranca se lleva puesto a todo lo que encuentra.

De acuerdo al relato que hace uno de los hombres ahora encargados de torpedear la fusión entre Telecom y Telefónica, la compañía a la cual el Grupo compró -al menos por ahora-, en la mañana del lunes 24 de febrero le sonó el teléfono. Era Santiago Caputo. Del otro lado de la línea el asesor todoterreno lo notificó que había que darle comienzo a las hostilidades contra el emporio de Héctor Magnetto, ya que "Javier se había re contra calentado". Horas más tarde, el autodenominado "Mago del Kremlin" posteó una imagen en su cuenta paralela en "X" con la bandera "Clarín Miente".
La persona a la que había llamado no se animó a preguntar los motivos detrás de la furia del libertario. Aunque luego, a medida que la contienda avanzaba, se enteró de que, más allá de que el disgusto de Milei con Clarín venía creciendo hace tiempo, hubo dos hechos puntuales que habrían desatado el escándalo: uno sería una nota de Marcelo Bonelli, un periodista al que el mandatario tiene como uno de sus blancos predilectos, y otro, más intrincado aún, apuntaba al profundo disgusto que le habría provocado a Karina Milei una foto que había publicado el diario el domingo 16, en una recorrida proselitista por la Capital Federal dos días después del Criptogate, en la que se la veía poco agraciada. Y eso, parece, fue suficiente para que Milei pusiera en jaque la operación monetaria más grande que se da en el país desde que se sienta en el sillón de Rivadavia, de $1245 millones.

La narración suena, a priori, disparatada. ¿Alguien del que dependen 45 millones de argentinos podría entorpecer una delicadísima maniobra financiera, en la que se juegan cientos de trabajos, por algo parecido a un capricho? ¿Está dispuesto a entrar en una guerra en un año electoral con un poderoso grupo mediático (y por lo tanto político) por una nota crítica y una foto desmejorada?
El oficialismo respondería tajantemente que no. Diría que, tal cual detalló en un comunicado, sus recelos acerca de esta novedad en el mundo de las telecomunicaciones nacen de que, si la fusión efectivamente sucediera, "implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil, 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%". Lo que se dice, en criollo, un monopolio, esos que la legislación local impide y que Milei antes defendía a capa y espada.

Aunque suena irreal, este medio sabe en carne propia hasta dónde puede escalar la tensión con este Gobierno si el mandatario así lo quiere. En abril del año pasado Noticias publicó una tapa donde reveló que en la Quinta de Olivos hay sólo cuatro perros (y que el quinto con el que el libertario dice jugar todos los días existe sólo en su imaginación). Esa información desató, como dijo un altísimo funcionario nacional que intentó evitar la publicación, una "guerra" de parte del Gobierno. Hoy Perfil tiene cuatro juicios con la administración por distintos tipos de amenazas y discriminaciones.
Es probable que, como sucede siempre en este país del fin del mundo, haya un poco de verdad en todas las versiones. Que Milei esté enojado por algún tema menor, que Clarín esté ante la suculenta posibilidad de tener un lugar más que protagónico en el mundo de las telecomunicaciones, y que todo esto sea sólo la superficie de un vínculo más complejo entre un Gobierno y el principal grupo mediático del país.

Negocios
Que Telefónica, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuyo principal accionista es el Estado español, quería irse hace tiempo del país era vox populi en el mundo empresarial. A tono con algo que viene pasando luego de la pandemia en todo el mundo, las grandes multinacionales están retirándose de países aún en vías de desarrollo para concentrar su cartera en algunos pocos lugares -en Argentina, en los últimos años, ocurrió con Procter & Gamble, Nike y Zara, por sólo nombrar a algunas marcas relevantes-. Esas compañías suelen vender sus activos a un comprador local. Fue el caso de Telefónica. Desde 2019 se desprendió del grueso de sus filiales en América Latina -mientras que busca concentrarse en España, Alemania, Brasil y Reino Unido-, dentro de un negocio de las telecomunicaciones que cada vez viene perdiendo más peso ante el avance de la tecnología.
El Grupo Telecom, holding empresario que pertenece en un 40% al Fondo Fintech, del mexicano David Martínez, en otro 40% al Grupo Clarín, a través de Cablevisión Holding, más el 11% que controla el Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, se hizo con Telefónica. Eso sucedió luego de desembolsar $1245 millones, gracias a una compleja ingeniería que incluyó finaciamiento del BBVA, Santander, ICBC y el Deutsche Bank (según publicó Perfil, el 90% del monto de la compra vino de esta operación).

Así fue como se creó esto que el Gobierno sospecha de ser un monopolio. Según los datos del investigador del Conicet Agustín Espada, Telefónica tiene 2.600.000 de clientes en telefonía fija (38% del mercado); 16.600.000 de líneas de telefonía móvil (27% del mercado); y 1.300.000 de clientes de banda ancha fija al hogar (12% del mercado),  que se sumarían a los de Telecom: 2.900.000 de líneas de telefonía fija (42% del mercado); 21 millones de líneas de telefonía móvil (33,6% del mercado); 3.900.000 de clientes de internet al hogar (36% del mercado); y 3.300.000 de clientes de televisión paga (37% del mercado).
Argumentos
Telecom se ampara en dos factores para asegurar que, a contramano de lo que sostiene el Gobierno, este emporio no sería ilegal: la presencia de su competidor, Claro (que aunque posee el 39% del mercado de telefonía móvil no tiene inserción en los otros rubros de las telecomunicaciones) y en el crecimiento de Elon Musk, a quien el Presidente llama su amigo. Es que Starlink, su empresa de internet satelital, ya empezó a operar en el país, llegando a zonas alejadas y a un precio más barato. Sin embargo, por ahora su inserción es más que marginal.

Telecom aseguró que gracias a esta compra podrá realizar inversiones para mejorar su red de fibra óptica y avanzar en el desarrollo de su red de 5G. Esa es la versión oficial. Por abajo, en el mundo de los negocios hay otras. Una es que el gran interés de Héctor Magnetto era no ver crecer a Claro, su competidora, o ver nacer a otra en este mundo, en especial si era una que tenía algún vínculo con el Gobierno, como el caso de José Luis Manzano o del Grupo Werthein. En el run run empresarial juran que el zar mediático efectuó la compra sin hacer el "due diligence", como se conoce en este tipo de negocios a la operativa por la cual se revisan todos los activos de una empresa antes de adquirirla. ¿Será así? ¿Apremiaban los tiempos? Esto parece cierto para el caso de Telefónica. Es que uno de los actores que quedó en carrera, que todavía hierve de bronca, jura que los españoles inclinaron de alguna manera la cancha hacia el Grupo. ¿Será por la espalda que tiene "el gran diario argentino", ya que intuían que podía desatarse una guerra política y legal? Lo cierto es que Telefónica, luego de la venta, dio por cerrada su aventura en Argentina. Todo lo que suceda a partir de ahora será un problema de sus nuevos dueños.
Futuro
"Hay orden ir a morir y de laburar rápido", cuentan los técnicos del Gobierno que ahora tienen que llevar adelante la batalla, que responden a las órdenes de Caputo. El asunto pasó a manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) -cuyo titular, Alexis Pirchio, renunció el 15 de marzo, en plena contienda- y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). La pulseada durará de mínimo seis meses, el plazo que puso el Gobierno para evaluar la legalidad de la fusión, aunque todas las partes involucradas esperan que se estire más. Desde Telecom se muestran optimistas, y se habla de la reciente adquisición del canal deportivo ESPN por parte de Disney (que ya tenía las tres señales de Fox Sports) en el 2020 como un antecedente en este sentido.

En el Gobierno, aún cuando se muestran con el cuchillo entre los dientes, no parecen ser demasiado optimistas. Dicen que, en el mejor de los casos, luego de cumplido el plazo establecido, tienen dos jugadas. Una es que ENaCom obligue a Telecom a devolver alguna parte del "espectro radioeléctrico" -el conjunto de frecuencias que posibilita que funcionen las telecomunicaciones-. Esto sucedería sin que la empresa reciba ninguna damnificación, además de perder parte del mercado. Otra es que la CNCD fuerce a a Telecom a liberar alguna zona del mercado. En cualquier caso, sería una derrota no demasiado grave para el Grupo.

Es llamativo, porque casi parecería que, mientras muestra los dientes, el Gobierno estaría buscando acordar. ¿Será parte de una táctica? ¿Hay algún resquicio legal para evitar que una empresa concentre una porción tan grande del mercado? El final por ahora sigue abierto, en especial por un factor: Javier Milei siempre es difícil de prever.
Laberinto
"Son parte de la casta y se ven afectados, también están muy molestos por haber perdido pauta oficial. Están operando a full, ven en riesgo la continuidad de sus negocios". La frase es de Javier Milei, y antecede por mucho a esta escalada con Clarín. Es de marzo de 2024, cuando su Gobierno recién estaba arrancando. Desde entonces los cruzó varias veces, en notas y en las redes. El 2 de marzo de este año dio un paso más. Publicó un tuit titulado "Clarín, la gran estafa argentina" donde los acusa de "hostigar con mentiras" al Gobierno porque quieren tener un "abuso en una posición dominante en el mundo de las telecomunicaciones". El Presidente también dijo que "estaban acostumbrados" a actuar así, y cargó con nombre y apellido contra Magnetto. Esa publicación sigue fijada en su cuenta hasta el cierre de esta edición, en lo que es la segunda vez que deja destacado un tuit -el primero había sido promocionando $Libra- desde que está en el cargo.

Todo esto sucede a pesar de que la línea editorial del Grupo viene siendo, al menos, amigable. Por eso -y porque Milei defendió siempre a los monopolios, incluso ya como jefe del Estado- es que llama la atención esta búsqueda suya de tener a Clarín de enemigo. Quizás haya algo más de fondo: el libertario, impulsado por la convicción de quien se cree literalmente elegido por Dios, sólo puede pensar al periodismo como una repetidora de sus ideas y argumentos, y no tolera ni siquiera la más mínima crítica de la prensa. Tal vez haya algo más de fondo: el intrincado juego de la política y los negocios en un año electoral. De cualquier manera, esa pulseada es delicada. Y Milei no se caracteriza por su paciencia.
Fuente: Revista Noticias

Ver también: El Grupo Clarín es el nuevo dueño de Telefónica Argentina, Telecom, Telefónica y el ENaCom juntos en la 'Cumbre de Madrid' conectando Iberoamérica hacia un futuro digital, Telefónica descarta riesgos regulatorios en Argentina: La operación ya está cerrada y el pago recibido, Uruguay: Crece la preocupación por la posible compra de Movistar por parte del Grupo Clarín, Telecentro denuncia a Telecom por violar la Ley de Defensa de la Competencia, Claro expresó su preocupación por la venta de Telefónica a Telecom, El gobierno nacional suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom, Telecom - Telefónica: el Gobierno no quiere frenarla, quiere negociar, La pesadilla de Néstor Kirchner que ahora sufre Javier Milei, El Gobierno avanza en un expediente contra Clarín y mueve funcionarios para la pelea

El Gobierno avanza en un expediente contra Clarín y mueve funcionarios para la pelea

El ENaCom elabora un dictamen que pueda demostrar que la adquisición que hizo el multimedio está fuera de la ley. Pretenden no dejar cabos sueltos que se puedan judicializar. El cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a cargo de la pelea y la llegada de un hombre que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la postura del Gobierno contra la compra de Telefónica de manera pública
Monopolio. La administración libertaria, con el Presidente al mando, está dispuesta a frenar la compra del grupo Clarín a Telefónica. 
Por: Juan Pablo Kavanagh juampik86, juampikavanagh
Después del golpe de carácter preventivo que le aplicó al Grupo Clarín hace tan solo una semana, el Gobierno se concentró durante estos días en mover áreas y funcionarios para construir pasos sólidos que derriben la compra del multimedio de Telefónica, con mensaje incluido. Y más allá del desplazamiento que hubo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Independientemente de la mirada en el armado electoral y lo que pueda suceder con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la administración libertaria avanzó con la composición de un dictamen que, pretenden, sea sólido, elaborado por el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENaCom) para demostrar que la adquisición que hizo el multimedio está fuera de la ley.

La idea es que no existan "cabos sueltos" y que lo determinado no pueda ser refutado judicialmente. El expediente ya comenzó a circular por el área de Licencias del organismo que está conducido por Juan Martín Ozores y fue visto por integrantes de la CNDC, un sector que tuvo una modificación de mando.

Precisamente, el 18 de marzo fue designado un abogado, Eduardo Montamat, como nuevo presidente de la CNDC en reemplazo de Alexis Pirchio, quien renunció a dicho cargo el 14 de marzo. En La Libertad Avanza, ante la consulta de Perfil, se limitaron a señalar que la salida de Pirchio fue por "motivos personales" y de "desgaste" y que nada cambia con el nuevo funcionario por una sencilla razón: su experiencia en el lugar en el que se desempeña y su curriculum vitae. A su vez, porque tiene la orden directa de "ir a fondo" en una batalla que tiene como dato particular a un Javier Milei comprometido, con un tuit fijo contra el conglomerado mediático que lleva como título "Clarín, la gran estafa argentina", en el que el Presidente cita los beneficios que obtuvo la compañía gracias a gestiones pasadas como la del expresidente Eduardo Duhalde.

Montamat ya sabe de qué se trata el lugar en el que está parado, algo que destacan desde el oficialismo: fue jefe de abogados de la CNDC y vocal entre 1999 y 2003, y se desempeñó como vocal del área desde su nombramiento en enero de 2024 hasta ahora, que pasará a presidir la Comisión Nacional que colaborará con el ENaCom con todo lo que esté a su alcance. Su llegada a esa posición, como sucede en otras áreas que intervienen en la operación que realizó el multimedio por 1.245 millones de dólares, tuvo el visto bueno de Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial que ocupa con hombres de su confianza los principales casilleros de la gestión actual.

Como pudo reconstruir este medio, se siguen descartando acciones de máxima envergadura en este combate. Si bien el Gobierno le aplicó un primer golpe a la compañía con la suspensión de manera preventiva de la compra de Telefónica por parte de Telecom, por intermedio de la secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía, y obligó mediante intimación a Telecom a mantener las autoridades españolas de Telefónica, no evalúa edificar una nueva ley de Medios contra el multimedio. Ni derogar el decreto 267/2015 de Mauricio Macri que suspendía la ley de Medios del kirchnerismo.

En LLA solo prometen, además de "ir a fondo", con cumplir "con la ley". En esa línea, recuerdan cuestiones que están vigentes en normativas y que refuerzan el concepto de que la operación de Clarín solo contribuye a establecer un monopolio en el espacio radioeléctrico.

Una, es que si una empresa quiere brindar servicios de 4G y 5G tiene topes máximos de bandas, con el objetivo de evitar concentración. Algo que queda establecido en los pliegos de la licitación, por lo cual cada empresa sabe de antemano que si participa de esa licitación tiene que cumplir con estos requisitos.

La otra, es que si con una operación privada se violan los topes establecidos, la firma que se encuentra en falta deberá adecuarse devolviendo el excedente al Estado, sin resarcimiento económico. Posteriormente, será el Estado quien decida qué hará con ese espectro disponible. Todo un mensaje para Clarín.

En relación al tema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó la línea argumentativa del oficialismo en la última semana en declaraciones radiales: "Hay una cuestión absolutamente técnica que está precisamente regulada en la legislación y que establece cuál es la cantidad máxima de espectro que puede tener un concesionario de telefonía. Y en este caso, al fusionarse ambas empresas, esa es la intención de Telecom al adquirir Telefónica, se supera largamente esa cantidad de espectro y se convierte en una especie de oligopolio".
Fuente: Diario Perfil

Ver también: El Grupo Clarín es el nuevo dueño de Telefónica Argentina, Telecom, Telefónica y el ENaCom juntos en la 'Cumbre de Madrid' conectando Iberoamérica hacia un futuro digital, Telefónica descarta riesgos regulatorios en Argentina: La operación ya está cerrada y el pago recibido, Uruguay: Crece la preocupación por la posible compra de Movistar por parte del Grupo Clarín, Telecentro denuncia a Telecom por violar la Ley de Defensa de la Competencia, Claro expresó su preocupación por la venta de Telefónica a Telecom, El gobierno nacional suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom, Telecom - Telefónica: el Gobierno no quiere frenarla, quiere negociar, La pesadilla de Néstor Kirchner que ahora sufre Javier Milei

martes, 25 de marzo de 2025

La pesadilla de Néstor Kirchner que ahora sufre Javier Milei

Por:Juan Manuel Compte Editor Jefe de Negocios y Revista Apertura jcompte@cronista.com

Hace un mes, minutos antes de que Telecom anunció la compra de Telefónica Móviles Argentina, Javier Milei bramó contra la operación. Instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que investigaran la constitución de un monopolio. En los días siguentes, subió la apuesta, con ataques - orales y digitalescontra Clarín, al que identifica como dueño de Telecom.

La telco, vale recordar, es de Cablevisión Holding (CV Holding). Esta empresa habilitó la fusión, en 2017, de Telecom y Cablevisión. Un socio de CV Holding es Fintech, fondo del inversor mexicano David Martínez. Los otros, Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliario y los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, los mismos accionistas controlantes del Grupo Clarín, que aquel momento escindió -en los papelessu negocio de telecomunicaciones del de contenidos.

El viernes, el Gobierno pasó de las palabras a los hechos. A última hora, anunció la suspensión preventiva de los efectos de la compra. La medida, explicó, se sustenta en la recomendación de la CNDC, “atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”. Mensuró ese peso: 61% en el negocio de telefonía móvil, 69% para telefonía fija y, en algunas zonas del país, hasta el 80% en Internet residencial.

La resolución, en principio, durará seis meses. O hasta que la autoridad de aplicación –léase, CNDC o ENaCom– se expida. En ese plazo, Telecom deberá abstenerse de “realizar cualquier tipo de acto jurídico, societario y/o comercial que implique directa o indirectamente la integración o consolidación con Telefónica Móviles Argentina”.

Esto, precisa el texto, incluye “cualquier iniciativa que implique unificar o integrar los equipos que forman parte de Telefónica Móviles Argentina con Telecom Argentina, así como cualquier intercambio de información competitivamente sensible a Telefónica Móviles Argentina, como ser precios y estrategias de precios, costos y márgenes, planes de negocios y estrategias comerciales e información sobre clientes y proveedores, planes de inversión, entre otros, debiendo respetar los convenios para el uso recíproco de infraestructura que Telecom Argentina y TMA hubieran celebrado”.

En sendas notas enviadas ayer (feriado) a la Comisión Nacional de Valores (CNV), CV Holding y su controlada aclararon que “Telecom ha resaltado que, aún desde antes del dictado de la resolución, tanto ella como TMA se encuentran operando como sociedades y negocios independientes y tanto los miembros del directorio como el management de esta última son independientes”.

Esto, incluso, a pesar de los avances ya hechos. La Telefónica de Marc Murtrá -CEO que goza del apoyo de Pedro Sánchez, enemigoíntimo de Milei- les informó a sus inversores, tres días después del anuncio de la venta, que ya había desconsolidado a los activos argentinos de su balance. Además, Telecom tomó deuda - con BBVA, Deutsche Bank, Santander e ICBC- para pagar u$s 1170 millones de los u$s 1250 millones del ticket. El día del anuncio, el CEO de Telefónica Móviles Argentina, Marcelo Tarakdjian, un argentino formado 30 años en la filial, informó su renuncia al personal y que “el nuevo accionista se hará cargo de la operación a partir de mañana mismo”. Eso fue un lunes. Noventa y seis horas después (el jueves 26), TMA develó su reemplazante: Gabriel Speratti, un ex Nokia, Microsoft y American Tower presuntamente cazado a pedido del comprador por un headunter.
Milei se opuso a la compra de Telefónica desde minutos antes de su anuncio. El Gobierno pasó a los hechos: suspendió preventivamente cualquier efecto de la operación. En 2007, Gerardo Werthein, hoy canciller, inició la resistencia al take-over de Telefónica sobre Telecom. Paradójicamente, esa guerra les abrió el camino de los dueños de Clarín
Ahora, además de expresar su “disposición para aportar información técnica y regulatoria que permita una evaluación integral de la transacción”, como declaró en un comunicado de prensa, se especula con que esta semana Telecom presentaría una medida cautelar.

La situación retrotrae a 2007, cuando el temor era que Telefónica, que había comprado en Europa a la controlante de Telecom Italia, se quedara en la Argentina con Telecom. “Los derechos que Telefónica de España adquiere sobre Telecom Italia y la posibilidad de acceder a información estratégica de su principal competidora en la Argentina pueden ser problemáticos (potenciales prácticas coordinadas) en eventuales denuncias por supuestas violaciones al régimen de libre competencia”, se leía en el dictamen con el que el entonces vicepresidente de Telecom, Gerardo Werthein, intentó su primera defensa en lo que, años después, resultó la mayor guerra societaria de la que se tenga memoria en la Argentina.

Es probable que Milei haya oído la historia de boca de su canciller, protagonista directo. Esa sucesión de episodios novelescos -con pasajes de los géneros bélico, épico, de suspenso, espionaje, policial y algo de comedia-, paradójicamente, condujo al ingreso de los accionistas de Clarín a Telecom: fue, en ese contexto, que Néstor Kirchner le propuso a Magnetto que se asociara “con gente de su confianza” para comprar las acciones de Telecom Italia en Telecom. El CEO de Clarín rechazó la propuesta. Pero no el interés en lo que vio como el paso natural siguiente a la fusión Cablevisión-multicanal (la primera empresa de cable de Clarín), aprobada por Kirchner en los últimos días de su mandato.

Más allá del negocio que pudo haber pergeñado, Kirchner –que se entendía muy bien con el entonces número uno global de Telefónica, César Alierta–, se opuso a la creación de una nueva Entel. Lo mismo contra lo que se resistió Werthein y a lo que hoy teme Milei. Y no precisamente por el grado de eficiencia que tenía el antiguo monopolio estatal de telecomunicaciones, sino por las implicancias - económicas y, también, políticas- que podría alcanzar semejante titán. Además, si un driver de la fusión TelecomCablevisión fue el cuádruple play, la compra de Telefónica tiene un motivante expreso: el 5G. Telecom hizo pruebas con tecnología de la china Huawei, una luz roja en el tablero de la relación con la Casa Blanca de Donald Trump y Elon Musk.

“Tu celular, tu Internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que, por su posición dominante, podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia”, posteó semanas atrás, en relación a lo que, según su óptica, no cree que será un monopolio virtuoso - es decir, uno que nace como consecuencia de la libre elección de los consumidoressino lo contrario.

domingo, 23 de marzo de 2025

Telecom - Telefónica: el Gobierno no quiere frenarla, quiere negociar

La idea de Milei es que algunos de los rubros que explotaba la empresa compradora en telefonía y TV por cable se vendan
Por: Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología

La operación de venta de Telefónica de Argentina a Telecom no tiene marcha atrás. Lo sabe Telefónica de España, que ya recibió los US$ 1.245 millones por la colocación de su activo en el país. Y lo sabe el Gobierno. Pero más allá de esta medida, desde el Ejecutivo ya se maneja la potencial salida del conflicto: que Telecom esté dispuesto a desprenderse de alguna (o muchas) empresas del grupo, vendiendo a operadores locales friendly, para disminuir los porcentajes de participación en diferentes mercados; y así poder eludir los conceptos de "monopolio" u "oligopolio".

Lo primero que hay que mencionar en este conflicto es que Telefónica dio por cerrada su presencia en la Argentina y no está dispuesto a dar marcha atrás con la elección de Telecom como comprador.

Según la información que el viernes llegó desde Madrid, cualquier conflicto en cuanto al dinero recibido por la venta de su experla sudamericana, será responsabilidad de los compradores. Esto es, de Telecom. En su visión de las cosas, la compañía española ya dio por cerrado el proceso, asumiendo que para sus intereses particulares (y de sus accionistas, entre los que se encuentra el Estado español), la negociación con el Grupo Clarín y su poco visible socio mexicano fue la más conveniente. Y convincente.

Muy por arriba de los otros interesados que circularon en el proceso de venta, como el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el Grupo Mindlin. Alguno de los tres interesados, incluso, mostró mucho malhumor al enterarse el 5 de marzo pasado que la venta a Telecom ya estaba cerrada, cuando sólo unos días antes los españoles le habían vendido en un importante monto en dólares, algún "paper" de condiciones para poder sentarse a negociar la colocación de Telefónica de Argentina.

Por los tiempos manejados, ese perdidoso grupo local interesado, sabe que la venta ya estaba concretada y en proceso de fiscalizaciones y auditorías, cuando la gente de España le vendió esos bastante caros pliegos-basura. Negocios son negocios y, entendedores de la situación y sin protestas públicas, ese importante conglomerado argentino se retiró a sus actividades locales sin expresar públicamente sus protestas contra los vendedores y compradores.

Telefónica de España instrumentó para la operación una ingeniería financiera realizada al mejor estilo Primer Mundo. De esas que hace mucho tiempo no se ven en la Argentina; combinando movimientos de miles de millones de dólares, armado de estructura de crédito, intervención de actores del primer mundo financiero mundial y un secretismo envidiable.

Para comenzar, los agentes bancarios fueron el BBVA, Santander, ICBC y el Deutsche Bank. Entre todos, y bajo la garantía de la presencia de David Martínez y la gestión del vendedor español, de los US$ 1.245 millones de la operación, casi el 90% provino del apalancamiento financiero, un porcentaje poco habitual en este tipo de movimientos; donde en general, hay un importante aporte de capital propio. Más si el pago viene desde el mundo en desarrollo, como la Argentina. Sin embargo, el buen Veraz internacional del socio mexicano, la presencia del Grupo Clarín y su aceptable currículum, más las ganas de Telefónica de acelerar su salida del muy complicado mercado argentino hicieron que las negociaciones se destrabaran rápido.

Llegó así Telecom al punto final de la operación. La sociedad compradora está formada por CVH (Cablevisión Holding SA) en un 40%, Fintech Telecom, LLC, que también controla cerca del 40%, y un restante 20% de las acciones que cotizan de manera abierta, con conocidos inversores institucionales y particulares.
Perdido en la página 24, con 346 palabras y 2200 caracteres, así Clarín informó que Javier Milei suspendió preventivamente uno de sus negocios

Todos conocen a Clarín. Lo importante en la operación, porque fue el que la encabezó en España, es la presencia de la compañía Fintech, propiedad de David Martínez. Uno de los personajes menos conocidos, pero poderosos con presencia crucial en el país desde hace casi dos décadas. Tenedor de mucha deuda argentina emitida en los 90, aparece de manera fuerte como acreedor enojado luego del default del 2001, para convertirse rápidamente en el primer proceso de canje de deuda del 2005-2006 como "buitre amigo". Acepta la oferta, al punto de convertirse en uno de los puentes para que en el segundo canje, el del 2010, tenga más acreedores interesados en sumarse. Termina así como propietario de Cablevisión, y luego socio del grupo Clarín cuando al final del gobierno de Néstor Kirchner, éste acepta la fusión Multicanal- Cablevisión. Fue Martínez quien al final de las negociaciones con Telefónica, consiguió la ingeniería financiera de los bancos que prestaron el dinero para la compra. Entidades financieras que, por otro lado, ya giraron el dinero y ahora pasarán a cobrar.

Telefónica es historia. Y todo ahora depende de Clarín y Martínez, y su relación con el Gobierno de Javier Milei. Al que, obviamente, la operación no le gusta. Y lo dejó claro el viernes de manera pública, con un comunicado emitido por la a veces muy activa Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), donde se dejaba explícito lo siguiente: "El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tomó la decisión de dictar la suspensión de la operación, como "medida preventiva" basada en "la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado".

Una curiosidad por cierto que esa oficina prácticamente desmantelada por los libertarios, en menos de un mes ya haya emitido dictamen. Sigue la comunicación rezando que "la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil, 69% para la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país, la concentración podría llegar al 80%".

El comunicado habla de "rigor", gran palabra libertaria, y de la obligación de aplicar la normativa y los "estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual". La letra de la Ley de Defensa de la Competencia, donde se establecen las "regulaciones para evitar la formación de monopolios y garantizar una competencia justa en los mercados". Allí figura que "cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo encargado de evaluar y dictaminar sobre la legalidad de la transacción".

Siguiendo la lógica de la OPRA, es verdad que Telecom detentaría más del 70% del mercado de las telecomunicaciones y el servicio de contenidos de cable, se estaría perforando la frontera del 25%. Telecom opina diferente. Entra así un nuevo actor en escena. Según los compradores de Telefónica, la irrupción en el mercado de Starlink, la empresa de Elon Musk, que hoy detenta casi el 100% de ese mercado de las telecomunicaciones satelitales (en el país y, salvo China, Rusia y ahora Canadá, del mundo), cambia la ecuación de las comunicaciones en el país. Y que es imposible pensar en el mercado de internet y la telefonía por celular, sin este nuevo y poderosísimo actor que cuenta con varios satélites personales. Además de una amistad manifiesta con el propio Javier Milei. Telecom le suma más argumentos a la defensa de su operación de compra de Telefónica. Habla de un futuro donde participa del mercado del market place digital y las billeteras digitales a través de Personal Pay, con la intención de hacer una gran inversión en este frente. Pero el Gobierno de Javier Milei no quiere dar por terminada la operación: habla de una suspensión temporal, hasta alcanzar un nuevo nivel de negociaciones.

Aquí Milei tiene su idea. Algunas de las actividades que hoy ejecuta Telecom deberían ser vendidas. Las principales actividades de esa compañía son la telefonía fija, la celular, la televisión por cable, el servicio de internet, el contenido periodístico y los medios de comunicación. En la mira oficial están todas estas unidades de negocios.

Esta historia continuará.
Ver también: El Grupo Clarín es el nuevo dueño de Telefónica Argentina, Telecom, Telefónica y el ENaCom juntos en la 'Cumbre de Madrid' conectando Iberoamérica hacia un futuro digital, Telefónica descarta riesgos regulatorios en Argentina: La operación ya está cerrada y el pago recibido, Uruguay: Crece la preocupación por la posible compra de Movistar por parte del Grupo Clarín, Telecentro denuncia a Telecom por violar la Ley de Defensa de la Competencia, Claro expresó su preocupación por la venta de Telefónica a Telecom, El gobierno nacional suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom
Por qué el Gobierno lanzó el primer golpe contra Clarín
El Gobierno adelantó los tiempos de las investigaciones que realiza sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom, que se va a publicar recién en junio. De esta forma, asestó un golpe duro contra el Grupo Clarín luego de que ya concretada la operación internacional por US$ 1.245 millones. El espectro 4G, parte de la negociación en juego
Por: Juan Pablo Kavanagh juampik86, juampikavanagh
El gobierno de Javier Milei subió al ring a Clarín y el primer round comenzó a desarrollarse, con intercambio de miradas y un duro golpe por parte del oficialismo: la suspensión de manera preventiva de la compra de Telefónica que realizó una de las firmas del multimedio, Telecom. Un choque inicial que posee motivos.

El impacto que se dio a conocer el viernes por la noche con un comunicado sorpresivo de la oficina del Presidente, que cuestionó y suspendió la compra de forma preventiva gracias a una decisión de la Secretaría de Comercio, que depende del

Ministerio de Economía, fue una señal para que el grupo supiera que la administración libertaria tiene poder de fuego. Y capacidad de acción.

De parte de todas las áreas que están siguiendo el proceso de adquisición que tiene 1.245 millones de dólares en juego, como el ENaCom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y Hacienda, el mensaje es el mismo ante la consulta de PERFIL sobre los pasos a seguir: "Vamos a ir a fondo, fue lo que dijimos desde el primer momento". Esa es la promesa que lanzaron y, a su vez, resaltaron que trabajarán bajo esa premisa.

De hecho, en las últimas semanas tanto el ENaCom, que tiene como cabeza a Juan Martín Ozores, como la CNDC, cuya conducción está en manos de Eduardo Montamat, que fue designado el último martes, siguieron coordinando actividades en pos de determinar si la adquisición de Clarín implica concentración de mercado para emitir un dictamen en junio, tal cual como estaba previsto cuando se inició el combate.

Quienes conocen de cerca estos procedimientos señalan que son extensos y que manejan tiempos que no son los de la Secretaría de Comercio, que posee a Esteban Marzorati al mando.

Este se adelantó el viernes por la noche con un comunicado crítico, que mencionó que la compra del conglomerado de medios "implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%".

Un detalle del margen de operación que tiene el Gobierno en estas cuestiones: a través del ENaCom, hoy está en condiciones de obligar a Telecom a devolver espectro radioeléctrico al quedar excedido para la provisión de servicios de 4G.

La pelea tendrá rounds por delante pero sin golpes por debajo de la línea de flotación, a priori: si hay algo que todas las partes involucradas de LLA se encargan de resaltar, es que no aparece bajo ningún escenario la conformación de una nueva ley de medios que limite la concentración de firmas que tiene el Grupo. Ni la derogación del Decreto 267/2015 de Mauricio Macri, que suspendía la normativa sobre medios de comunicación del kirchnerismo.

El viernes por la noche, el Grupo Clarín, en un comunicado, transmitió un comunicado: "Telecom manifiesta que no ha sido notificada formalmente de dicha resolución". "Una vez recibida la notificación formal, Telecom brindará su posicionamiento respecto de la medida y de los próximos pasos a seguir".
Imagen: Pablo Temes
Foto: Noticias Argentinas
Fuente: Diario Perfil

viernes, 21 de marzo de 2025

El gobierno nacional suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom

El gobierno de Javier Milei indicó a través de un comunicado que "la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado". La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado. Telecom todavía no fue notificada sobre esta medida
El Gobierno Nacional ha tomado una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom, luego de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). La decisión busca proteger la competencia en el mercado de telecomunicaciones, que podría verse significativamente alterado por la fusión de ambas compañías.

Según la CNDC, la operación de compra generaría una concentración de mercado preocupante. En el caso de la telefonía móvil, la fusión elevaría la participación de las empresas combinadas al 61%, mientras que en telefonía fija alcanzaría el 69%. Además, en algunas regiones del país, la concentración en el servicio de internet residencial podría superar el 80%.

El Gobierno explicó que la medida tiene como objetivo garantizar una evaluación exhaustiva de los efectos que esta adquisición podría tener sobre la competencia en el sector, respetando las normativas nacionales e internacionales. En este contexto, se busca preservar la transparencia del mercado y la libre concurrencia hasta que se complete el análisis de la operación.

Hasta el momento, se desconoce el dictamen de Defensa de la Competencia, que podría frenar la integración de algunos servicios. Por otro lado, la operación ya se ha realizado, según notificó Telefónica, que también indicó haber recibido el pago total del importe pactado.

Telefónica anunció en febrero la venta de su filial en Argentina a Telecom, perteneciente al Grupo Clarín, por un valor de 1,245 millones de dólares. En aquel momento la presidencia argentina emitió un comunicado explicando que evaluaría si "esta operación no constituye la formación de un monopolio".

"Esta adquisición", explicó el ejecutivo entonces, "podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio".

"De ser así, el Estado nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo", había dicho la presidencia.

La medida del gobierno es "solo una manifestación" porque no se puede suspender la operación sin que haya previamente una intervención por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), explicó una fuente cercana al sector.

El Ente debe hacer un pedido de documentos a las partes involucradas en la operación previo a una posible intervención, sin embargo en el comunicado no se menciona la participación del organismo.
Ver también: El Grupo Clarín es el nuevo dueño de Telefónica Argentina, Telecom, Telefónica y el ENaCom juntos en la 'Cumbre de Madrid' conectando Iberoamérica hacia un futuro digital, Telefónica descarta riesgos regulatorios en Argentina: La operación ya está cerrada y el pago recibido, Uruguay: Crece la preocupación por la posible compra de Movistar por parte del Grupo Clarín, Telecentro denuncia a Telecom por violar la Ley de Defensa de la Competencia, Claro expresó su preocupación por la venta de Telefónica a Telecom
Comunicado completo de Presidencia
La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaria de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tomó la decisión de dictar una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom. 
La medida se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, atento a que la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

En este sentido, la participación resultante de la operación implicaría una concentración del 61% para el mercado de telefonía móvil; 69% para la telefonía fija: y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%.

El proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual.

Es por ello que, a partir de la recomendación formulada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada.

A través de la medida, el Gobierno Nacional cumple con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.
Comunicado completo de Telecom
Ante la reciente comunicación emitida por la Oficina del Presidente de la Nación en relación con la medida preventiva dictada en torno a la adquisición de Telefónica, Telecom manifiesta que no ha sido notificada formalmente de dicha resolución. 
La compañía reitera su compromiso con el respeto a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos, y aguarda la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente.

En este sentido, Telecom ratifica su voluntad de colaborar con los organismos competentes en el análisis de la operación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia.

Telecom reafirma su compromiso con los usuarios y consumidores, asegurando la continuidad y calidad de los servicios prestados, así como su disposición para aportar información técnica y regulatoria que permita una evaluación integral de la transacción.

Oportunamente, y una vez recibida la notificación formal, Telecom brindará su posicionamiento respecto de la medida y de los próximos pasos a seguir.

Otras Señales

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