Amnistía Internacional manifiesta preocupación por la censura previa avalada por la justicia y advierte sobre su impacto en la libertad de expresión

Amnistía Internacional Argentina expresó su profunda preocupación ante la decisión del juez Alejandro Maraniello, al considerar que impedir la circulación de información constituye una forma de censura previa.

El caso se refiere a la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, cuya publicación fue prohibida por resolución de un juez del fuero Civil y Comercial de la Nación, en una medida que configura censura previa.

Este tipo de censura está expresamente prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, así como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme a estos estándares, los eventuales conflictos relacionados con la honra o la intimidad deben resolverse a través de responsabilidades ulteriores —es decir, mediante sanciones posteriores, legales y proporcionales—, y nunca mediante bloqueos preventivos.

Un aspecto especialmente cuestionable de la resolución judicial es que desatiende la protección reforzada que merece la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público. Lejos de proteger derechos, prohibir la difusión de información sobre temas relevantes para la ciudadanía vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.

"La difusión de información de interés público no puede ser bloqueada de forma preventiva. Eso constituye censura previa, una práctica absolutamente prohibida. La amenaza penal hacia quienes ejercen el periodismo, así como impedir que la sociedad acceda a información relevante, representan graves ataques a la libertad de expresión, a la transparencia y a la rendición de cuentas. En este contexto, hemos solicitado el acceso al expediente —actualmente reservado— y reclamamos que se haga público", expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional también advierte que la denuncia penal contra periodistas por presunto espionaje ilegal constituye una amenaza seria a la libertad de expresión, y genera un efecto amedrentador incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Pullaro apuntó contra Milei por las denuncias de corrupción y advirtió sobre "mordazas a la información"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, exigió al Ejecutivo nacional que aclare con urgencia las denuncias por presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, y se manifestó enérgicamente contra los intentos de limitar la libertad de prensa.

Durante su participación en el Santa Fe Business Fórum, en Rosario, Pullaro lanzó duras críticas al oficialismo por la falta de respuestas políticas ante la difusión de audios que involucran a funcionarios de alto rango en posibles maniobras irregulares.

"Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional hablando con desparpajo de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara del Ejecutivo", sostuvo el mandatario ante empresarios y dirigentes.

Pullaro advirtió que lo que está en juego es la credibilidad de la Casa Rosada y la estabilidad institucional del país. En ese contexto, cuestionó también las medidas judiciales que restringen la publicación de los audios, al considerarlas un riesgo para la libertad informativa.

"Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente, Karina Milei. Eso debe aclararse", reclamó.

Sin prensa libre, Argentina retrocede siglos

El gobernador santafesino remarcó que el sistema democrático se sostiene en pilares como la libertad de expresión y de prensa, y alertó sobre los retrocesos que implicarían los intentos de controlar la circulación de información.

"Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos", advirtió Pullaro, quien señaló que la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional "erosiona la figura presidencial".

A pesar de haber acompañado varias políticas impulsadas por la gestión Milei, Pullaro fue enfático: "Lo que no puede tolerarse es la corrupción ni la opacidad en casos de esta magnitud", subrayó.

Repercusiones: Defendamos la libertad informativa con hechos

Las declaraciones de Pullaro fueron bien recibidas por sectores vinculados a la comunicación. El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe respaldaron su defensa de la libertad de expresión, pero reclamaron hechos concretos.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa el gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó enfáticamente a favor de la libertad de expresión. Dijo que el gobierno nacional tiene que aclarar con urgencia las denuncias por irregularidades en el área de discapacidad, y que "no se intente limitar la difusión de información”. Añadió que: “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística" y que: "Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos".

"Las y los periodistas, representados por el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe, le pedimos al gobernador que en su rol de convencional de la reforma de la Constitución provincial impulse las propuestas que un amplio sector vinculado a la comunicación ha reclamado para incorporar al artículo 11 sobre la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el acceso a la información pública, el secreto de las fuentes, los medios públicos, medios cooperativos y comunitarios, la pauta oficial, entre otras consideraciones", señalaron en un comunicado.

Hoy, la libertad de expresión y el derecho a la información se ven gravemente afectados cuando el manejo de la pauta publicitaria oficial se utiliza como herramienta para condicionar a medios de comunicación y periodistas. Esto no solo distorsiona el debate público, degrada al periodismo, sino que también debilita el pluralismo informativo, tan necesario en una democracia. Lamentablemente, esto es precisamente lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe.

Denuncias por corrupción. El gobernador @maxipullaro pidió al Gobierno nacional que “aclare las denuncias" y que no se pongan “mordazas” a la información. “Es muy duro escuchar los audios de un funcionario del Gobierno hablando de corrupción y no tener una respuesta política ante… pic.twitter.com/6xrRZp0aQ6

— Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 2, 2025

Censura previa en el país de la libertad de Milei

El Gobierno logra que un juez prohíba la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei, hermana del presidente

Karina y Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el domingo 25 de mayo

Por: Hugo Alconada Mon

Como decimos en la Argentina, el Gobierno "pisó el palito". Al pedir —y conseguir de manera preliminar— que la Justicia prohíba a los periodistas difundir cualquier grabación clandestina que haya de Karina Milei, solo logró reforzar las sospechas que rodean a la hermanísima presidencial. Si no, ¿por qué tanto afán en que no se difundan esos audios? Y desde la perspectiva jurídica y periodística, ¿qué diferencia hay entre esta iniciativa de la Casa Rosada y un acto de censura previa?

La encerrona en que se metió el Gobierno comenzó a gestarse hace meses, cuando alguien grabó al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, mientras vomitaba broncas y sospechas contra sus superiores dentro de la Casa Rosada a los que endilgaba presuntos actos de corrupción. Entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo Lule Menem.

Esos audios comenzaron a difundirse el 19 de agosto, sin que Spagnuolo los desmintiera. Tampoco salió a aclarar que no fuera su voz la de esos audios, o que el contenido fuera falso o adulterado. Calló, ante el estupor, el temor y las sospechas crecientes de la Casa Rosada, que empezó a ver fantasmas por todos lados. Porque hay funcionarios que avizoran una zancadilla de los kirchneristas, sí, pero son más los que apuntan a las guerras intestinas que carcomen a los libertarios.

Si el panorama era ya agobiante para el Gobierno, la paranoia llegó a niveles estratosféricos cuando la semana pasada comenzó la segunda fase de las filtraciones. ¿Cuál? La que tiene como protagonista a Karina Milei. Circularon dos audios inofensivos —en los que ella remarca cuántas horas trabaja por día, por ejemplo—, pero lo importante fueron los audios en sí: todos supimos que alguien la había grabado y, encima, dentro de la Casa Rosada.

Llegado este punto, cabe una aclaración. En términos generales, las grabaciones pueden ser clandestinas o ilegales. ¿Qué las diferencia? Si las voces de Spagnuolo y Karina Milei las grabó alguien que, por ejemplo, almorzó con él o tomó un café con ella, esas grabaciones son reprochables desde la perspectiva ética —porque los grabó sin autorización previa—, aunque no son ilegales. Distinto es si un tercero grabó esas conversaciones, ya fuera "pinchando" teléfonos o "plantando" micrófonos sin orden judicial previa. En ese caso sí son ilegales.

Trazada la aclaración, el Gobierno reaccionó del peor modo. Le pidió a la Justicia que dicte una medida cautelar para impedir la difusión periodística de cualquier otro audio de Karina Milei, sin conocer su eventual contenido. Y un juez del fuero Civil y Comercial Federal, Patricio Maraniello, admitió el pedido de manera preliminar, tras aclarar que su decisión no debía interpretarse como un acto de "censura previa".

Pero así fue, precisamente, como lo interpretaron muchos. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional Pedro Caminos. "La medida tendría como objeto proteger la intimidad y el honor de Karina Milei. Pero el juez no tuvo los audios a disposición como para evaluar tal cosa. Así que censura ‘por si acaso", estimó. "Las medidas previas son, como regla, inadmisibles y, en materia de libertad de expresión, rige el principio de las responsabilidades ulteriores", recordó. "Eso significa que ninguna autoridad, ni la judicial, tiene atribuciones para impedir la difusión de información. Si esa difusión provocara un daño (como una injerencia arbitraria en la intimidad), nace la responsabilidad. Siempre después, nunca antes".

La decisión de Maraniello —un juez que busca ascender a camarista mientras acumula denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder en el Consejo de la Magistratura—, trae recuerdos ingratos entre los argentinos memoriosos. En 1992, la jueza federal María Servini logró que una Cámara de Apelaciones prohibiera de manera preventiva toda mención a ella en el programa televisivo del humorista Tato Bores. ¿Conclusión? Fue peor. ¿Por qué? Porque Tato cosechó un amplísimo respaldo social contra la jueza a la que, para no nombrarla, el domingo subsiguiente él y sus docenas de invitados especial aludieron como Barú Budú Budía.

Así las cosas, el Gobierno se metió solo en un berenjenal. Si no conoce los audios de Karina Milei, ¿por qué procura evitar que se difundan? Si sí conoce los audios y son inocuos, ¿por qué evitar que se difundan? Y si sí conoce los audios y son incriminatorios —para ella, para Lule Menem, para el presidente Javier Milei o para quien fuera—, ¿puede evitar que se difundan?

La respuesta corta es o debería ser: no. Entre el interés de una persona —a la sazón, funcionaria pública— y el interés público, este último debe prevalecer. Así lo establece la Constitución Nacional, así lo ha remarcado la Corte Suprema de Justicia argentina y allí están los Pentagon Papers como estandarte y premisa para cualquier periodista. Ocurrió en Estados Unidos, cuando The New York Times accedió a documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, la Casa Blanca procuró impedir su publicación y la Corte Suprema reafirmó en 1971 la prevalencia de la prensa a difundir información de interés público sin que ningún gobierno pueda impedirlo.

Dicho de otro modo, si un periodista argentino tuviera hoy o accediera mañana a audios en los que se escuchase a Karina Milei abordar cuestiones de interés público —ya fuera el presunto trasiego de sobornos, la campaña electoral o la salud presidencial, entre otras muchas opciones—, ¿debería autocensurarse o publicarlo, sabiendo que afrontará un proceso judicial que terminará en la Corte o, incluso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya fijó su posición y, en rigor, la del Gobierno. ¿Cómo? Pidió a la Justicia que allane al canal de streaming y los domicilios de sus dueños y periodistas para secuestrar sus dispositivos electrónicos y documentación vinculada.

La ministra de Seguridad, cabe aclarar, de un gobierno que se dice "libertario".

Foto: Gustavo Garello (AP)

Fuente: Diario El País

Cuando Milei no quiere que hablen: censura al cartero

La Justicia ordenó silenciar los audios de Karina Milei, mientras la ministra de Seguridad admite que el gobierno está "en indefensión"

Por: Sergio Coria
En un nuevo capítulo de autoritarismo blando con ribetes de comedia negra, la Justicia federal —por ahora— impuso el cese inmediato de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. La medida la dictó el juez federal Alejandro Patricio Maraniello (Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5), quien además ordenó notificar de urgencia al ENaCom para frenar su circulación en redes, medios escritos, audiovisuales y canales web.

 
Carnaval y periodistas en la mira
El centro del torbellino informativo fue el canal de streaming Carnaval, en su programa "Data Clave", donde el periodista Mauro Federico adelantó la difusión de más de cincuenta minutos de audios ("la puntita", según él) atribuidos a Karina Milei.

El gobierno los denunció como parte de "una operación de inteligencia ilegal" dirigida a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. En la denuncia también aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi como posibles partícipes de esta maniobra.

 
Y ahora quieren allanar al cartero
Pero la vieja lógica de "matar al cartero" continúa: además de la cautelar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —quien reconoció que "el gobierno está en indefensión" (aunque no consideró la posibilidad de renunciar)— pidió allanamientos a periodistas y el cierre del medio por lo ocurrido, lo que generó una catarata de repudios de organizaciones sociales y gremiales de trabajadores de prensa. Se cuestiona que, en lugar de asumir responsabilidad por las fallas de inteligencia, se persiga a quienes informan.

¿Censura previa encubierta?
Periodistas y colegas denunciaron que la medida judicial constituye una censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Como dice el artículo 14, nadie puede impedir la publicación de ideas: "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". Y el artículo 32 añade que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La jurisprudencia —especialmente de la Corte Suprema— refuerza esta prohibición: salvo riesgo inminente e irreparable, no hay lugar para impedir que la información circule. El mecanismo legítimo es la responsabilidad posterior, no el silenciamiento anticipado.

 
Credibilidad al borde del abismo
Este episodio no surge en el aire: se da luego de un escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelado también en audios filtrados. En aquella crisis, el exfuncionario Diego Spagnuolo fue separado, se ordenaron 14 allanamientos y se secuestró dinero, pero Karina Milei, Menem y otros quedaron impunes —al menos por ahora—.

Además, en las elecciones provinciales de Corrientes el oficialismo se impuso cómodamente, pero el partido de Milei quedó relegado al cuarto puesto. Esa derrota abre interrogantes sobre el desgaste real del "relato libertario".

 
Menos micrófono, más responsabilidad
En plena campaña, el Ejecutivo prioriza amedrentar a quienes difunden en lugar de dar cuentas sobre cómo alguien grabó dentro de la Casa Rosada, o por qué falló la inteligencia estatal. Se aplica la vieja lógica de "matar al cartero", pero el problema está en el carterista de adentro: no hay quien responda por permitir que el espionaje doméstico ocurra bajo el manto presidencial. Y mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admite que el gobierno está "en indefensión" —sin renunciar—, y en cambio ordena represalias.

La Constitución y la Corte están del lado de una prensa que puede informar sin miedo. El gobierno, en cambio, pisa aquellos baluartes: silenciar ahora, investigar después —si llega—. El equilibrio democrático se tambalea. Y bien podríamos preguntarnos: ¿qué pasa cuando el poder no soporta que lo miren de frente?

Censura y allanamientos por los audios de Karina Milei: un fallo que desafía la libertad de expresión en Argentina

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

La Justicia Federal argentina ordenó frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La medida fue impulsada por el Gobierno nacional, que calificó la filtración como parte de una "operación de inteligencia ilegal" para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

Además del pedido de censura, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, solicitó el allanamiento de las oficinas del canal Carnaval Stream, responsable de la difusión, y de los domicilios de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial. La solicitud figura explícitamente en la denuncia judicial presentada por el abogado Fernando Soto, funcionario del área que dirige Patricia Bullrich.

Un pedido de allanamiento que Bullrich negó al aire

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizó un episodio incómodo durante una entrevista televisiva, al negar que el Gobierno hubiese pedido allanamientos a periodistas. "Nosotros no hemos pedido nada", respondió al periodista Pablo Rossi. Sin embargo, cuando el conductor pidió leer el escrito judicial que ella misma había llevado, un columnista confirmó que en la página 18 de la presentación oficial se solicita expresamente:

"Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente".

A pesar de la evidencia, Bullrich insistió: "No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera". Luego volvió a cuestionar a los periodistas involucrados: "Estos no son periodistas. El periodista tiene otra construcción... hace años que defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas".

No obstante, la propia denuncia se refiere al "el periodista Mauro Federico" y más adelante alude a "los periodistas del canal de streaming Carnaval", lo que contradice la postura pública adoptada por la ministra.

Qué dice la denuncia

La denuncia consta de 20 páginas y fue presentada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí se solicita:

• Prohibir la difusión de nuevas grabaciones privadas.
• Allanar y secuestrar dispositivos en oficinas y domicilios vinculados a los periodistas.
• Exigir a medios de comunicación, prestadores digitales y personas físicas la colaboración para impedir nuevas filtraciones, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).

Según el Gobierno, la maniobra constituye una operación de inteligencia ilegal con supuesta influencia extranjera. En el escrito se habla de una "campaña de desinformación" atribuida a "intereses rusos y bolivarianos", que incluiría al ciudadano ruso Evgueni Morozov, al abogado Franco Bindi (ligado al exSIDE Fernando Pocino), y a la diputada disidente Marcela Pagano.

Entre los señalados, además de Bindi y Pagano, figuran Jorge Rial, Mauro Federico, y el dirigente de la AFA Pablo Toviggino, como presuntos partícipes de una estrategia que incluiría "la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados" de Karina Milei y otros funcionarios.

Qué contienen los audios

Los audios no hacen mención directa al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque este contexto potenció la crisis. En ellos, Karina Milei habla de tensiones internas en el oficialismo, en lo que sería una reunión privada en la Casa de Gobierno. El canal Carnaval Stream afirma tener al menos 50 minutos de grabaciones, que seguirían saliendo a la luz.

Amnistía Internacional y antecedentes legales

Amnistía Internacional Argentina calificó el fallo como una posible amenaza a la libertad de expresión y el derecho a informarse. "Este precedente puede significar un ataque directo del Gobierno y el Poder Judicial a la libertad de expresión", publicó la organización en X.

El fallo judicial reaviva debates constitucionales. La Constitución Nacional (art. 14 y 32) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13) prohíben expresamente la censura previa. La Corte Suprema, en fallos como Editorial Perfil S.A. (2011), ha dejado en claro que el interés público prima sobre la privacidad de funcionarios, siempre que no exista daño inminente o irreparable.

Casos comparables, como New York Times Co. v. United States (1971) sobre los Pentagon Papers, sostienen que solo puede impedirse la publicación cuando hay un peligro real y comprobable para la seguridad nacional, algo que no ha sido demostrado en este caso.

El Grupo Indalo repudia el intento de censura del gobierno de Javier Milei

Frente a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad que solicita el allanamiento de medios y periodistas por la difusión de los audios de Karina Milei, el Grupo Indalo —propietario de C5N y Radio 10— emitió un comunicado enérgico donde repudia el accionar del Ejecutivo Nacional.

"Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información", comienza el texto.

El comunicado destaca que los pedidos judiciales impulsados por el Ejecutivo, convalidados por sectores del Poder Judicial, "implican una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía".

Sobre los periodistas involucrados, el documento sostiene: "Las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho".

El grupo cuestiona el rol de la Justicia en este contexto: "El acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros".

También reafirma su compromiso con el periodismo y la legalidad: "Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público".

Y finaliza: "La democracia se fortalece con más y mejor periodismo, que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía sobre los hechos de trascendencia pública".

Actualización: Gregorio Dalbón denunció penalmente a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente este martes por el abogado Gregorio Dalbón, bajo la acusación de abuso de autoridad, tras haber solicitado allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de la causa por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.

Dalbón presentó la denuncia ante la Justicia, advirtiendo que las acciones impulsadas por Bullrich buscan "amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa", constituyendo una violación directa a los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional, así como a tratados internacionales con jerarquía constitucional, que protegen la labor periodística y el resguardo de las fuentes.

"Censura indirecta y masiva"

En su presentación, el abogado remarcó que el intento de allanar medios como Carnaval Stream, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, junto con el pedido de secuestro de equipos de trabajo y documentación, representan un acto de censura inaceptable en un Estado de derecho.

"La ministra no solo direcciona la persecución contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a toda la prensa y plataformas digitales, lo cual constituye una forma de censura indirecta y masiva", sostuvo Dalbón.

Asimismo, denunció que la intención de prohibir la reproducción o difusión de los audios obtenidos en la operación cuestionada apunta a condicionar el acceso a la información pública y viola principios básicos de la libertad de expresión.

"Herramienta de intimidación"

Para Dalbón, el accionar de Bullrich configura una extralimitación de sus funciones como funcionaria pública: "El pedido de allanamiento de medios, el secuestro de material periodístico y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información, constituyen órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional".

Finalmente, el abogado consideró que la denuncia penal fue utilizada por el Gobierno como una herramienta de intimidación política, destinada a condicionar a periodistas críticos, configurando un presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal, y que podría acarrear consecuencias judiciales para la ministra de Seguridad.

Negacionismo, apología del genocidio y complicidad mediática

Un debate necesario para quienes tienen el poder de emitir mensajes públicos como profesionales de la comunicación

Marzo del 2024: Una mujer palestina sostiene el cuerpo de un niño asesinado en un bombardeo israelí durante la noche, que alcanzó un edificio en el campo de refugiados de Nuseirat

Por: Alí Mustafá

"La buena conciencia es la mejor almohada para dormir",  Sócrates

Un conjunto de periodistas y figuras políticas circulan por diferentes espacios mediáticos difundiendo narrativas que configuran violencia simbólica contra los habitantes de Gaza. Son las únicas voces que se escuchan agravando la percepción de falta de pluralidad democrática en los medios. Sus intervenciones reproducen discursos de odio que podrían apoyar, de forma implícita o explícita, las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Palestina ocupada.

Las mismas narrativas, de dudosa base moral y legal, que contribuyeron históricamente a favorecer la persecución de judíos a principios del siglo XX, se explayan en los distintos canales sin oposición contra los palestinos. El ejemplo del Holocausto ilustra cómo la propaganda nazi cultivó estereotipos que desembocaron en perjuicio de un colectivo.

En 1948, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la ONU define genocidio como actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, mediante prácticas como asesinato, daño físico o mental grave, sometimiento intencionado a condiciones de vida que provoquen daño, imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, provocaciones de hambrunas y traslado forzado de niños entre grupos. Las presentes consideraciones son relevantes ante la situación en Gaza, donde también se niegan o silencian las cifras reportadas de 61 mil víctimas civiles entre ellas 18500 niños y niñas y más de 100 mil sepultados en los escombros.

Los comunicadores y comentaristas de la derecha locales deberían saber que, según fuentes fidedignas, los organismos internacionales de DDHH y de Justicia como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam y las propias agencias de la ONU, están tomando nota de estos comentarios que podrían constituir un delito y, por lo tanto, ser susceptibles de sanción penal.

En tal sentido, Hannah Arendt, con la “banalizadad del mal”, subraya la responsabilidad individual dentro de estructuras totalitarias, sosteniendo que la ejecución de órdenes sin cuestionamiento revela un fallo moral de renuncia a la capacidad de juicio propio. Su crítica indica que ciertos discursos describen los hechos de forma que minimiza la responsabilidad de los victimarios y destaca que la obediencia ciega legitima la acción violenta. La apología del genocidio se tipifica como delito en distintos marcos internacionales cuando se incita a la violencia o directamente a defender actos delictivos. En este marco, urge la necesidad de una resistencia moral frente a discursos que normalizan el genocidio.

A partir de la acción del grupo Hamas el 7 de octubre de 2023, varios comunicadores han responsabilizado de forma elíptica a la víctima, el pueblo gazatí, por la violencia desmedida ejercida por las fuerzas israelíes. Sus discursos deshumanizan a los palestinos mediante lenguaje, gestos y eufemismos presentados como neutralidad periodística.

En la estructura de estos relatos, los horrores se describen de forma banal, obviando el recorrido histórico que antecede a tal masacre y minimizando la responsabilidad de los ocupantes, ocultando información sustantiva, y presentando los sucesos con un tono sobrio de supuesta objetividad. Estos discursos pro genocidas minimizan la violencia y eluden la responsabilidad individual manifiesta en no exhibir la realidad de las víctimas y tratarlas como cuerpos invisibles y estereotipados, culpabilizan a las víctimas por sostener o encubrir supuestas alianzas con organizaciones violentas. Todo constituye un precedente de violaciones de derechos.

Condenar la apología del genocidio en el contexto de Palestina ocupada, como en otros conflictos históricos y actuales, es esencial para la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religioso o cultural, conforme a las normas internacionales. Normas que obligan a los periodistas a actuar con responsabilidad en el manejo de la información.

La jurisprudencia internacional, desde la posguerra, ha definido criterios para oponerse y restringir expresiones que fomenten discriminación y violencia contra grupos específicos. Las normas de derechos humanos reconocen la libertad de expresión con límites razonables para proteger seguridad, reputación y derechos ajenos. Por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos permite restricciones neutrales y necesarias en una sociedad democrática; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe discursos que inciten a la violencia, al odio o propaganda de guerras, la Convención Americana prohíbe propaganda de guerra y discursos que atenten contra la seguridad pública. En conjunto, buscan equilibrar la libertad de expresión con la seguridad pública, el orden y los derechos de terceros.

La distinción entre crítica política y apología del delito camina por una línea muy delgada. La libertad de expresión no es absoluta cuando se incita a la violencia, invisibiliza a colectivos vulnerados o los agravia con calificativos. Los especialistas en DDHH indican que la oposición a la apología del genocidio debe fundamentarse en principios morales sólidos y en la aplicación eficaz de la normativa nacional (citada en el código penal) e internacional de prevención y sanción del genocidio. La penalización de actitudes deliberadamente irresponsables de comunicadores, junto con políticas públicas educativas, debería contribuir a desarticular un aparato discursivo autoritario para evitar futuros conflictos y la desintegración de la sociedad.

Foto: Agencia AFP 

Fuente: Tiempo Argentino

En Colombia, la televisión se convierte en campo de batalla: Petro ordena licitación anticipada del Canal 1

En medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Julián Molina, abrir un nuevo proceso de licitación del Canal 1, pese a que la actual concesión está vigente hasta el año 2037. La decisión, anunciada durante un consejo de ministros televisado el 15 de agosto de 2025, ha sido calificada por periodistas, empresarios y expertos como una “expropiación disfrazada” y un atentado directo contra la libertad de prensa en Colombia.

Tiene contrato hasta el 2027. https://t.co/gdHm2XSmJy

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2025

Un canal en la mira del Gobierno
Canal 1, operado por Plural Comunicaciones S.A.S., obtuvo la concesión en 2017 tras una licitación pública y una inversión de más de 117.000 millones de pesos. Desde entonces, ha consolidado una oferta informativa plural e independiente, con una parrilla de contenidos reconocida por incluir voces de diversos sectores sociales y políticos. Actualmente, su audiencia supera los 13 millones de televidentes al mes y más de 15 millones de seguidores en redes sociales.

No obstante, el presidente Petro justificó su orden alegando presuntas irregularidades en el manejo del canal, aunque no presentó pruebas concretas durante su intervención. "Debe ser una nueva forma de manejar la televisión, que no sea del gobierno ni de los potentados económicos, sino de las juventudes, de la cultura y del arte", afirmó.

El Gobierno alega irregularidades; el canal denuncia persecución
Desde mayo de 2025, el MinTIC adelanta una investigación contra Plural Comunicaciones por presuntas modificaciones en su composición accionaria sin autorización previa, como lo exige el contrato de concesión No. 001 de 2017. Según el Ministerio, los cambios de socios efectuados a finales de 2022 no fueron reportados oportunamente al Registro Único de Operadores (RUO), lo cual podría configurar un incumplimiento contractual.

Sin embargo, Plural Comunicaciones rechaza estas acusaciones y sostiene que no hubo cesión de la concesión ni incumplimientos. La Superintendencia de Sociedades respaldó esta posición al indicar que la compraventa de acciones no requería su aprobación y que no se evidencian relaciones de subordinación entre el canal y grupos económicos como Prisa.

Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, ha sido enfático en calificar la decisión como arbitraria: "No existe sustento jurídico para lo que solicita el presidente. La concesión está vigente por ley de la República hasta mayo de 2037. Lo que vemos aquí es un matoneo sistemático contra un medio libre, plural e independiente".

Una decisión con ecos de censura
El anuncio ha generado un rechazo generalizado por parte de periodistas, gremios y líderes de opinión. Luis Carlos Vélez lo calificó como "un ataque contra la empresa privada y la libertad de expresión". Jaime Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que se trata de “un atentado directo contra la democracia", mientras que Cristian Verbel, director de La Opinión, advirtió que "el único canal abierto con voces plurales está en la mira del Gobierno".

Desde el Congreso también se alzaron voces. El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció una posible "expropiación" disfrazada de licitación, mientras que el senador Wilson Arias convocó un debate de control político por una supuesta "masacre laboral" en el canal, tras el fin del contrato con CM& y el nuevo acuerdo del canal con el Grupo Prisa.

Unos 19 millones de colombianos ven televisión abierta, que llega a un 95 % de los hogares de forma gratuita como servicio público de gestión privada. De concretarse los ataques del presidente, los televidentes pierden acceso gratuito a información y entretenimiento

¿Un precedente peligroso?
Más allá del caso puntual de Canal 1, este episodio plantea preocupaciones de fondo sobre el respeto del Gobierno a los contratos del Estado y a la independencia de los medios de comunicación. Expertos advierten que romper anticipadamente una concesión sin una sentencia judicial o fallo administrativo firme puede sentar un precedente negativo para la seguridad jurídica en el país.

El debate no es menor. En un contexto donde la desinformación y la polarización crecen, los medios independientes se convierten en pilares fundamentales para el equilibrio democrático. Canal 1 ha albergado espacios como Noticentro 1, La Silla Vacía, Mesa Central, La W, Caracol Radio y otros que representan la pluralidad de voces en Colombia. Su posible salida por decisión gubernamental enciende las alarmas sobre el futuro de la prensa libre en el país.

Fuentes: El Colombiano, El Tiempo, La Silla Vacía, La Opinión, Señales

Israel asesina a cinco periodistas de Al Jazeera en Gaza en un ataque dirigido

Al Jazeera denuncia un crimen de guerra y exige medidas internacionales urgentes. El ataque, perpetrado frente al hospital al-Shifa en Ciudad de Gaza, mató a Anas al-Sharif  (foto), y a otros cuatro colegas mientras cubrían la ofensiva israelí. Israel admitió el ataque y lanzó acusaciones sin pruebas

En lo que ha sido calificado como un nuevo ataque deliberado contra la prensa, las fuerzas israelíes asesinaron a cinco periodistas de Al Jazeera en un bombardeo dirigido a una carpa de medios ubicada frente a la entrada principal del hospital al-Shifa, en Ciudad de Gaza.

Las víctimas del ataque son:

• Anas al-Sharif, reconocido corresponsal de Al Jazeera Árabe.
• Mohammed Qreiqeh, corresponsal.
• Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, camarógrafos.
• Mohammed Noufal, asistente.

En total, el ataque mató a siete personas la noche del domingo. Israel reconoció la autoría del bombardeo y, sin presentar pruebas, acusó a al-Sharif de pertenecer a una célula armada de Hamás.

"Viví el dolor en todos sus detalles"

Poco antes de morir, Anas al-Sharif, de 28 años, había publicado en su cuenta de X que Israel había lanzado "cinturones de fuego" sobre el este y sur de Gaza. En su último video, los estallidos de los misiles israelíes retumban mientras el cielo nocturno se tiñe de un resplandor naranja.

Al-Sharif había dejado preparado un mensaje póstumo: "Viví el dolor en todos sus detalles y probé la tristeza y la pérdida una y otra vez. Aun así, nunca dudé en decir la verdad tal cual es, sin distorsión ni encubrimiento, con la esperanza de que Dios sea testigo de quienes guardaron silencio, de quienes aceptaron nuestra muerte y de quienes ahogaron nuestras voces".

También expresó su dolor por dejar atrás a su esposa Bayan y a sus hijos pequeños, Salah y Sham, a quienes no podrá ver crecer.

Al Jazeera: "Intento desesperado de silenciar la verdad"

La Red de Medios Al Jazeera condenó enérgicamente el ataque, calificándolo como un "asesinato dirigido y premeditado": "El asesinato de Anas al-Sharif y sus compañeros es un intento desesperado por silenciar las voces que documentan la ocupación y la inminente toma de Gaza".

Al Jazeera responsabilizó directamente al gobierno y las fuerzas de ocupación israelíes, señalando una campaña de incitación pública en su contra por parte de altos funcionarios israelíes.

"Mientras los medios internacionales han sido bloqueados, nuestros reporteros se quedaron dentro de Gaza sitiada, viviendo el hambre y la destrucción que documentaban. Pese a las amenazas constantes, jamás dejaron de mostrar la verdad al mundo", añadió la cadena.

Israel lanza acusaciones sin pruebas

El ejército israelí afirmó que al-Sharif lideraba una célula de Hamás y participaba en ataques con cohetes. No obstante, organizaciones de derechos humanos rechazaron la acusación.

Muhammed Shehada, del Observatorio Euromediterráneo, declaró: "No hay absolutamente ninguna evidencia de que Anas participara en hostilidades. Su rutina diaria consistía en estar frente a una cámara todo el día".

La relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, Irene Khan, ya había advertido meses atrás sobre las amenazas contra al-Sharif y calificó de "alarmante" el uso de acusaciones infundadas para justificar ataques contra periodistas.

Reacciones internacionales

El portavoz del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, expresó sus condolencias: "Siempre hemos condenado el asesinato de periodistas. En Gaza y en cualquier lugar, los trabajadores de prensa deben poder ejercer su labor libremente y sin miedo a ser atacados".

Desde el Ministerio de Salud de Gaza, su director general, Munir al-Bursh, recordó a los periodistas asesinados como "los ojos de Gaza": "Nuestro dolor por Anas y Mohammed es el dolor por la verdad y por la voz libre".

"Un crimen que busca borrar testigos"

El corresponsal de Al Jazeera en inglés, Hani Mahmoud, estaba a solo una cuadra del ataque. Afirmó que esta ha sido la cobertura "más dura" de toda la guerra.

"Fueron asesinados por mostrar el hambre, la desnutrición, las muertes y los crímenes cometidos contra civiles en Gaza. Porque traían la verdad al mundo", sostuvo.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, más de 200 periodistas han sido asesinados en Gaza, incluyendo reporteros, camarógrafos y familiares.

Ataques a la prensa y genocidio en curso

Las muertes se producen en medio de los preparativos de Israel para tomar Ciudad de Gaza y desplazar forzosamente a casi un millón de palestinos hacia zonas de concentración en el sur. La ONU y el Consejo de Seguridad han condenado esta estrategia.

En paralelo, más de 217 personas han muerto por hambre inducida por el asedio, entre ellas al menos 100 niños.

Al Jazeera reiteró su llamado urgente: "Exigimos a la comunidad internacional y a las organizaciones pertinentes que actúen de inmediato para detener este genocidio y el asesinato sistemático de periodistas. La impunidad alienta a Israel a seguir cometiendo crímenes".

Fuente: Al Jazeera 

Hostigamiento, despidos y silenciamiento de voces críticas: el periodismo chaqueño bajo presión en la era de Leandro Zdero

El Sindicato de Prensa del Chaco advierte sobre el avance de prácticas intimidatorias, despidos masivos y ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno provincial, en un contexto de creciente precarización laboral y persecución al trabajo periodístico

El Sindicato de Prensa del Chaco recuerda que el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión son pilares fundamentales para la construcción de nuestra democracia.

En el último tiempo, trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia se vieron afectados en su labor por el solo ejercicio de su tarea profesional, como ser: preguntar en conferencias de prensa y difundir datos e información que son de acceso público.

Asimismo, recordamos que el año pasado, el Gobierno de Leandro Zdero inició un operativo de despidos masivos en medios públicos y desguazó el ex canal Chaco TV y Radio Provincia. Más de 80 trabajadores de prensa perdieron sus empleos, en muchos casos, única fuente de trabajo. En algunos casos, dichos colegas se embarcaron en proyectos periodísticos autogestionados para poder hacer frente a una crisis económica galopante que castiga a los bolsillos de todos los chaqueños y también al sector de prensa.

Los funcionarios del actual gobierno provincial imitan cada vez con mayor frecuencia lo que ocurre a nivel nacional, insultos, agravios, estigmatización y persecución a través de redes sociales con un ejército de trolls que justifican y replican el odio y los discursos violentos, haciendo cada vez más difícil ejercer con libertad la profesión.

En este contexto, recordamos que en el mes de junio, este sindicato se hizo eco de un informe elaborado por la consultora Politikon que advirtió que los salarios de los periodistas chaqueños acumulan una pérdida del 32% en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei.

Actualmente, el salario básico de un Aspirante se ubica en $366.192. Mientras que la remuneración básica de un Redactor es de $560.366, ambos salarios muy por debajo del valor de la Canasta Básica Total supera el millón de pesos. Esto también es violencia.

En este orden, recordamos que desde el inicio de gestión del gobernador Leandro Zdero solicitamos una audiencia para dar a conocer la grave situación de los trabajadores de prensa de nuestra provincia. Todavía seguimos esperando una respuesta.

Europa refuerza la democracia: nueva ley de medios garantiza independencia y transparencia

La nueva norma protege a los periodistas frente a presiones políticas, refuerza la independencia editorial y obliga a los medios a revelar quiénes son sus verdaderos dueños

La Unión Europea marca un antes y un después en la regulación del ecosistema mediático con la entrada en vigor, este viernes, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA). La norma tiene como objetivos centrales proteger a periodistas frente a presiones políticas o económicas, garantizar la independencia editorial, y exigir transparencia en la propiedad y financiación de los medios en todo el bloque comunitario.

"La entrada en vigor de la EMFA marca un hito en nuestros esfuerzos por fomentar un entorno mediático más sólido y seguro en la UE", aseguró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

Nuevos derechos y garantías para periodistas

La nueva legislación —la primera de su tipo en la historia del bloque— establece salvaguardias sin precedentes para los profesionales de la información, incluyendo protección frente al espionaje digital, como el uso de software espía (spyware), y la garantía de confidencialidad de las fuentes.

"Los medios de comunicación independientes son la columna vertebral de cualquier democracia", afirmó el comisario europeo para el Estado de Derecho, Michael McGrath. "Con esta ley, los periodistas obtienen nuevas garantías legales, y los ciudadanos pueden confiar en que las noticias se basan en hechos, no en intereses comerciales o políticos".

Reglas claras para los medios públicos y privados

La EMFA también impone obligaciones a los medios públicos de radiodifusión, que deberán contar con estructuras editoriales independientes, procesos transparentes de nombramiento de directivos y financiación adecuada y sostenible para cumplir con su misión de servicio público.

Además, se prohíbe expresamente cualquier intento gubernamental de interferencia en las decisiones editoriales de medios, tanto públicos como privados, así como presiones económicas o políticas encubiertas.

Transparencia en propiedad y publicidad institucional

Uno de los ejes clave del nuevo marco legal es la transparencia de la propiedad de los medios. Cada medio de comunicación deberá hacer pública información detallada sobre quiénes son sus propietarios reales —tanto directos como indirectos— y quién tiene capacidad para influir en sus decisiones editoriales. Esta información deberá estar disponible en sus sitios web y se centralizará también en bases de datos nacionales.

Por otro lado, la norma obliga a gobiernos y administraciones públicas a publicar detalles sobre el dinero destinado a publicidad institucional, incluyendo montos, criterios de reparto y los grupos mediáticos beneficiarios. Esta publicidad deberá repartirse de manera justa y no discriminatoria.

Supervisión europea y desafíos nacionales

El cumplimiento del reglamento será supervisado por el recién creado Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, presidido este año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España. Su consejero Carlos Aguilar señaló en conversación con EFE que, aunque algunos países han cumplido a tiempo con la transposición de la norma, otros —como España— aún tienen avances pendientes.

"Algunos Estados lo han tomado como el punto de partida, cuando en realidad el reglamento ya es directamente aplicable", advirtió Aguilar. "Lo importante es que todas las legislaciones nacionales se armonicen cuanto antes para evitar vacíos legales".

España, avances parciales y tensiones políticas

España se sitúa en la media europea en cuanto a cumplimiento. El pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios, que adapta al derecho nacional varias disposiciones del reglamento europeo.

Sin embargo, la tramitación parlamentaria se ha visto envuelta en controversia política, con críticas del Partido Popular a lo que considera un uso partidista del plan de acción democrático impulsado desde Bruselas.

Aguilar lamentó que el debate se esté politizando: "Esta ley nace del consenso europeo y de la demanda de los propios periodistas profesionales. No debe convertirse en una batalla partidista, porque su esencia es proteger tanto al informador como al ciudadano que quiere acceder a información veraz".

Llamado a la acción y vigilancia internacional

Desde la sociedad civil, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebraron la entrada en vigor de la EMFA, pero advirtieron que su efectividad dependerá de la implementación real por parte de los Estados miembros.

"Pedimos una acción rápida y proactiva por parte de las autoridades nacionales y europeas para garantizar los derechos, principios y libertades que esta ley promete proteger", expresó la organización en un comunicado.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también saludó la puesta en marcha del reglamento: "En Europa y en el mundo, los periodistas deben poder ejercer su labor sin miedo, amenazas ni interferencias. Esta ley es un avance clave para fortalecer nuestras democracias".

Qué dice el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación

El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en 2024 y plenamente aplicable desde este 8 de agosto, establece por primera vez un marco legal común para proteger la independencia y el pluralismo del ecosistema mediático en toda la Unión Europea. Su objetivo principal es garantizar que tanto los medios públicos como privados puedan operar con libertad, sin interferencias indebidas y adaptándose al contexto digital transfronterizo que caracteriza el panorama informativo actual.

Entre sus disposiciones más relevantes, el reglamento prohíbe expresamente cualquier forma de injerencia política o económica en las decisiones editoriales, protege la confidencialidad de las fuentes periodísticas frente al uso de tecnologías de vigilancia, y obliga a los Estados miembros a evaluar el impacto de posibles concentraciones empresariales en el pluralismo informativo. Asimismo, refuerza la independencia de los medios públicos al exigir financiación suficiente, estable y previsible, y criterios transparentes para la designación de sus directivos.

La nueva normativa también introduce exigencias de transparencia inéditas: los medios deberán informar públicamente sobre quiénes son sus propietarios efectivos y sobre el origen de su financiación, mientras que las administraciones estarán obligadas a publicar los datos relativos al gasto en publicidad institucional, incluyendo los montos y los medios beneficiarios.

Además, las grandes plataformas digitales no podrán eliminar contenidos de medios de comunicación sin justificación razonada, y se garantiza a los ciudadanos el derecho a personalizar la oferta mediática que reciben en dispositivos y servicios en línea.

Para velar por la correcta aplicación de estas normas en todos los países, se ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo independiente que comenzará a operar formalmente en febrero de 2025 y que coordinará la labor de los reguladores nacionales bajo supervisión de la Comisión Europea. Este organismo sustituye al anterior grupo ERGA y tendrá la misión de asegurar la implementación uniforme del reglamento en los 27 Estados miembros.

Además del marco legal, la UE complementa este esfuerzo con financiación específica para apoyar el periodismo libre, la innovación en medios locales y regionales, la vigilancia del pluralismo mediático y la protección práctica a periodistas amenazados, reafirmando así su compromiso con la libertad de prensa como pilar esencial de la democracia europea.

Foto: Archivo AFP - Kenzo Tribouillard / AFP

Fuentes: Agencias ANSA, EFE, AFP, Reuters, Señales y RSF

Desmontaje colectivo: una respuesta poética al odio en la muestra La tierra (a)guarda

La Tierra (a)guarda es una muestra que se exhibe hasta el próximo viernes 8 de agosto en la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez (Pje. Álvarez 1550). Fue construida a partir del registro fotográfico del colectivo documental Posteo. La propuesta recupera una historia íntima y profundamente política: en plena dictadura, Ernesto Blanco enterró los libros de su hijo en San Gregorio (Santa Fe) para protegerlos de la represión. Casi 40 años después, su nieta Julia Blanco los desenterró, gesto que dio origen al documental Desentierros. Los libros que no heredamos, y luego al libro homónimo publicado en febrero de este año.

Las fotografías de Matías Sarlo, Héctor Río y Franco Trovato Fuoco capturan ese acto de rescate como una metáfora de la memoria como resistencia. Sin embargo, el martes 22 de julio, la muestra fue vandalizada por una persona que escribió mensajes de odio con marcador indeleble sobre el texto de sala y parte de las imágenes.

Matías Sarlo es fotógrafo, oriundo de la Provincia de Buenos Aires. A lo largo de su carrera trabajó en medios como El Ciudadano, Crítica, La Capital, y colaboró con agencias internacionales como Associated Press y Archivo Latino. También formó parte de InfoJus. Desde hace algunos años, junto a otros colegas, impulsó un proyecto significativo vinculado a la memoria y los derechos humanos, llamado Zafarrancho Ediciones. 

En una entrevista en las Señales, Sarlo contó que la muestra proponía originalmente una intervención artística durante el primer mes de exhibición, en un sector específico, con la intención de invitar a reflexionar sobre la dictadura, especialmente desde la perspectiva de los barrios y las familias trabajadoras. El concepto giraba en torno a los libros enterrados o desenterrados como símbolo de memoria.

Sin embargo, el grupo organizador se vio sorprendido por una intervención indebida y ajena a la propuesta original, que incluyó palabras como "zurdo", "terrorista" y "fertilizante". Sarlo expresó que estas palabras resultaron violentas y difíciles de soportar, especialmente por la carga simbólica que implicaban, motivo por el cual decidieron emitir un comunicado para aclarar al público el contenido de la muestra y marcar su postura frente a ese acto.

Ante esta situación, el colectivo decidió responder desde el arte, sin recurrir al enfrentamiento directo. Propusieron una acción poética para el día viernes 8 de agosto a las 17 horas, que consiste en un acto colectivo de desmontaje de la muestra. La idea es que cada persona que asista pueda retirar una parte de la exhibición, incluyendo una letra del texto de sala, como gesto simbólico de quitarle sustento a ese discurso de odio.

Sarlo sostuvo que muchas veces quienes promueven estos discursos no construyen, sino que se dedican a destruir lo que otros crean. Por eso, al retirar la muestra, consideraron que las palabras ofensivas quedarían vacías, sin contexto que las sostenga.

El acto está programado para comenzar puntualmente a las 17:00, ya que a las 18:00 se realizará un concierto de jazz en la Biblioteca y desean evitar superposiciones. Durante el desmontaje se leerán textos del colectivo, de los trabajadores de la Biblioteca Argentina, de Posteo (quienes realizaron las fotografías) y de Julia Blanco, responsable de la parte performática del desentierro de libros.

Para quienes deseen más información o sumarse, Zafarrancho Ediciones compartió una convocatoria a través de su cuenta de Instagram, invitando a artistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos a participar de esta acción, que consideran breve pero potente.

Finalmente, se recordó que la muestra La Tierra (a)guarda puede visitarse hasta el viernes, en el horario habitual de la Biblioteca Argentina.

Escuchá la entrevista completa:

Ver también: Vandalismo y mensajes de odio en una muestra sobre la memoria en la Biblioteca Argentina, La tierra (a)guarda: memoria violentada, respuesta que evita incomodar

La reforma constitucional abrió el debate sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y la distribución de la pauta oficial

Esta semana se puso en marcha en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Constituyente de Santa Fe una serie de audiencias públicas con instituciones, organizaciones y personas que presentaron propuestas para reformar la Constitución provincial. Entre ellas, se destacó la exposición del proyecto que propone ampliar el contenido del Artículo 11, que actualmente garantiza la libertad de expresión, la enseñanza, el aprendizaje y la prohibición de la censura directa o indirecta contra la prensa.

En este marco, representantes de organizaciones sindicales y educativas vinculadas al periodismo, como la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), universidades e institutos de comunicación y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, presentaron una iniciativa que busca constitucionalizar el derecho a la información, el acceso irrestricto a fuentes públicas, y una distribución justa y transparente de la pauta oficial.

El primero en exponer fue Pablo Jiménez, secretario general de la APSF, quien destacó el carácter colectivo de la propuesta: "Trabajamos junto con la CTA de los Trabajadores, el SPR, la Universidad de Rosario, el Instituto Superior Número 12, el Instituto 8, FARCo y otras entidades. Es un proyecto que busca representar a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la provincia", explicó.

Jiménez hizo especial énfasis en la necesidad de que el Estado garantice el funcionamiento de medios públicos, y que la pauta oficial se distribuya también a medios cooperativos y autogestivos, no solo a los comerciales.

"Esta es una nueva realidad de conformación de la comunicación. Pretendemos que a través de esta diversidad no haya monopolios ni oligopolios en la provincia, una tendencia peligrosa que atenta contra la pluralidad de voces y la participación democrática", afirmó.

A su turno, Florencia Sanjulián, abogada del SPR, reforzó la idea de que el nuevo artículo debe ser abarcativo y garantista, destacando que debe contemplar la protección irrestricta del secreto de las fuentes y sus herramientas de trabajo, como archivos o dispositivos electrónicos.

Además, pidió que el acceso a la información pública esté garantizado como un derecho amplio, gratuito, inmediato y en formatos abiertos, y que se reconozca su valor tanto para la ciudadanía como para el ejercicio profesional del periodismo.

San Julián también propuso que la nueva norma articule el derecho a la información y la libertad de expresión con el derecho a la intimidad, estableciendo que los posibles daños sean reparados vía acciones civiles y no penales, y limitados a personas privadas, excluyendo a funcionarios públicos: "Eso hace al corazón del debate democrático y al derecho de la ciudadanía de conocer el funcionamiento del poder".

El cierre de la presentación estuvo a cargo de Edgardo Carmona, secretario general del SPR, quien dio un mensaje contundente sobre la gravedad de la situación que vive el periodismo en la Argentina actual.

"Esta Constitución debe tutelar un derecho que está muy vapuleado, poco considerado y subvaluado, que es la información. No se puede construir una sociedad feliz con mentiras y manipulaciones permanentes", comenzó.

"Nosotros tenemos que asegurar que la información fluya, horizontal, veraz, plural y federal en todo el territorio de la provincia", expresó.

Carmona advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer la profesión y denunció una estrategia de estigmatización hacia los periodistas: "Las estamos pasando mal. Queremos hacer periodismo de calidad. En esa fuente abreva la democracia con densidad. No se puede construir una democracia representativa y republicana con un gobierno nacional que nos amenaza, que judicializa la crítica y la disidencia".

El dirigente también apuntó al plano local: "En Rosario hay connivencia entre el poder político y el empresariado de prensa. No se puede trabajar libremente, no podemos estar atados a la pauta publicitaria. Con temor y sorpresa veo que ningún partido político propone que la pauta oficial esté regulada por ley".

Finalmente, Carmona cuestionó la concentración mediática y pidió que se garantice la responsabilidad social de los empresarios de medios, ya que la información, dijo, "no es de ellos, ni nuestra, sino de cada uno de los ciudadanos santafesinos".

"Reclamamos que esta Constitución sea un mojón definitivo para cambiar la cultura de nuestra dirigencia y de nuestro pueblo. Que abracemos la libertad de la información como un bien tutelado por el Estado y definitivamente asentado en la construcción democrática de nuestra República", concluyó.

Con esta exposición, la comisión dio inicio a una serie de audiencias que seguirán recibiendo propuestas de distintos sectores para enriquecer el debate en torno a los derechos fundamentales de la ciudadanía en la futura Constitución santafesina.

La libertad de expresión bajo ataque en la Argentina de Milei

El ataque a periodistas y el deterioro a la libertad de expresión en la Argentina. Las denuncias y advertencias sobre el tema de organismos nacionales y internacionales. La asimetría entre gobernantes y gobernados. La responsabilidad colectiva de salvaguardar el debate público

Por Diego de Charras* y Larisa Kejval**
El pasado 22 de julio en ocasión de lo que se denominó Derecha Fest, un evento del partido de gobierno, se impidió la cobertura informativa por parte de la periodista de este medio Melisa Molina y se la amedrentó. Hace poco tiempo, se calumnió para intimidarla a través de un video de contenido sexual generado con inteligencia artificial a otra periodista, Julia Mengolini. Unos días después el mismo presidente iniciaba causas judiciales contra la propia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos vinculadas a sus análisis y opiniones. Dos meses antes lo había hecho contra Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa. El año pasado su ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició la saga contra Darío Villarruel y Nancy Pazos. Todo bajo la consigna “No odiamos los suficiente a los periodistas”. Esa diatriba sirvió de marco para que fuerzas de seguridad dispararan y pusieran en riesgo la vida del reportero gráfico Pablo Grillo o un grupo de partidarios del gobierno golpearan en un lugar público al periodista Roberto Navarro.

Hace medio año publicábamos el "Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024" elaborado conjuntamente por la Carrera de Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Allí se resumía: "Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión".

En un sentido similar, en mayo de este año se divulgó el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA que registró "un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos (…) la Relatoría observó declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial".

En una línea similar, se manifestó la organización internacional Reporteros sin Fronteras en su Informe 2025: "Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder". Del mismo modo, lo hicieron nueve relatores especiales de Naciones Unidas en una carta remitida al gobierno argentino donde expresaron su seria preocupación ante "el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023".

En el plano nacional, el reciente monitoreo sobre manifestaciones públicas de la Comisión Provincial de la Memoria señala que "el incremento exponencial de los hechos de represión que ocurrieron en 5 de cada 10 movilizaciones en el primer semestre de 2025, contra 3 de cada 10 movilizaciones durante 2024, da cuenta de la decisión del Gobierno nacional de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y la construcción democrática".

En síntesis, la gravedad del deterioro del debate público en nuestro país es advertida por instancias nacionales e internacionales. Para los simpatizantes de Milei, sin embargo, se trata de que “habla como habla la gente”. En este tipo de afirmaciones se evidencia la negación cínica de la responsabilidad de la investidura presidencial y de la posesión del monopolio de la fuerza. En otras palabras, se expresa la negación de la asimetría entre gobernantes y gobernados.

Una preocupación central de las constituciones modernas ha sido limitar los poderes con contrapesos y fórmulas de equilibrio y, sobre todo, propulsar la participación y el debate social. La expresión de la diferencia y la crítica respecto de los gobiernos, así como el debate público sostenido en datos y argumentos, se constituyen en condiciones para la toma de decisiones de la ciudadanía y para la vida democrática en su conjunto.

Por el contrario, asistimos a una práctica sistemática de ataque dirigido específicamente a una de las instituciones que ha configurado su rol social en torno la producción de información, la argumentación y la prosecución de verdad como trabajo de cara a la sociedad: el periodismo. ¿Hasta cuándo? La responsabilidad por la salvaguarda de la información precisa en pos del debate público no es sólo del gobierno de turno, sino de todo el sistema político argentino que viene mirando hacia otro lado. En su defecto, sólo nos quedará el regodeo de tribus aisladas en burbujas algorítmicas de creencias. Quizás, ese sea el proyecto político ideológico de este tiempo.
* Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA
** Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA

Fuente: La Ventana, PáginaI12

Menem: un caso testigo sobre los límites entre el derecho a la imagen y la libertad de expresión artística

La autorización para emitir la serie reavivó la discusión sobre los límites del derecho a la imagen y la intimidad frente a la libertad de expresión artística

En los últimos años, la industria audiovisual argentina ha experimentado un auge de producciones biográficas −también conocidas como biopics ficcionadas− sobre figuras públicas. Casos como la serie sobre Diego Maradona, Monzón o Fito Páez han enfrentado objeciones y reclamos basados en la protección de la imagen y la intimidad. Este contexto plantea desafíos legales cada vez más frecuentes y complejos para productoras, plataformas y equipos jurídicos. De esta forma, el caso Menem se presenta como un ejemplo paradigmático de este tipo de obras y las cuestiones legales que pueden traer consigo.

Protagonizada por Leonardo Sbaraglia en el rol del expresidente y Griselda Siciliani como Zulema Yoma, la producción pone el foco en la etapa de ascenso político de Menem, abarcando desde sus años como gobernador de La Rioja hasta su llegada a la Presidencia y los hitos más significativos de su mandato. La historia está contada a través de la mirada de un fotógrafo de la provincia, personaje ficticio interpretado por Juan Minujín, que cumple el rol de testigo de los hechos y, de este modo, se inmiscuye en el círculo político que rodeó al protagonista. Creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd, la serie promete una visión completa y atractiva sobre los atrayentes sucesos en torno a la vida del exmandatario.

Antecedentes: la medida cautelar y su impacto
La controversia judicial que rodeó a la serie "Menem" tuvo su punto de partida en un planteo promovido por uno de los herederos del expresidente. Carlos Nair Menem, hijo de Carlos Saúl, solicitó una medida cautelar en el marco del proceso sucesorio de su padre. Allí argumentó que la emisión de la serie vulneraría supuestos derechos de imagen del expresidente, así como los invocados derechos económicos que −según sostuvo− formarían parte del acervo hereditario y requerirían el consentimiento de todos los herederos para su explotación.

El Juzgado de Primera Instancia inicialmente hizo lugar a la medida solicitada y suspendió provisoriamente el estreno de la Serie, hasta tanto recibiera información que esclareciera las cuestiones atinentes a los derechos que de ella se derivan. Más allá de la provisoriedad de la medida, la decisión judicial reavivó el debate en la industria audiovisual local sobre el impacto de este tipo de medidas preventivas para obras basadas en hechos de interés público. La repercusión en los medios de comunicación fue amplia y alimentó la discusión acerca de los límites entre la protección de los derechos de la personalidad y la libertad de expresión artística.

En representación de Contribution S.R.L. (Claxson Argentina), el equipo de Marval O’Farrell Mairal, en conjunto con Máspero Abogados, realizó una presentación en la que solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar, en virtud de los argumentos que esgrimimos y la documentación que acompañamos. Entre los argumentos más relevantes se destacó que, conforme surge de las autorizaciones acompañadas, el propio Carlos Saúl Menem otorgó en vida los derechos a Claxson para la realización de la Serie y el uso de su imagen, por lo que la medida era improcedente.

De este modo, el equipo de Marval estructuró la defensa sobre pilares constitucionales y convencionales, como son la protección de la libertad de expresión, la libertad de creación artística y el interés público de la obra.

Este caso implicó una coordinación estrecha entre distintas áreas de práctica, realizando una labor verdaderamente interdisciplinaria. El equipo de Litigios de Marval y, en particular, el área de Familia y Sucesiones −con la intervención de los socios Rodrigo F. García y Martín Vainstein− lideraron la estrategia procesal para cuestionar una medida que excedía claramente el marco del proceso sucesorio. En paralelo, el área de Propiedad Intelectual −liderada por Gustavo P. Giay− trabajó en la defensa de la obra como creación protegida y en el derecho de Claxson a producir y difundir la serie bajo las garantías de la libertad de expresión. Asimismo, se contó con la colaboración de Gabriel Máspero, del Estudio Máspero Abogados, especializado en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento, quien aportó valor técnico clave para reforzar la defensa.

Fundamentos del levantamiento de la medida cautelar
El Juzgado Civil interviniente resolvió levantar la medida cautelar, acogiendo los argumentos centrales de la defensa. En su resolución, luego de analizar la documentación aportada por Claxson Argentina, el Juez consideró que la transmisión de los derechos para el desarrollo de la Serie habría sido realizada inter vivos por el propio Carlos Saúl Menem, y que eso excluiría que dichos derechos formen parte del acervo hereditario.

El caso "Menem" marca un precedente valioso para la industria audiovisual argentina y regional en lo que refiere a la protección de la imagen y la intimidad. Para Marval O’Farrell Mairal, esta experiencia evidencia la importancia de la estrategia jurídica y la colaboración entre las áreas de práctica de Propiedad Intelectual y de Familia y Sucesiones para proteger los intereses de los clientes.

Fuente: Marval O’Farrell Mairal

Periodismo bajo amenaza: contar la verdad en español cuesta caro en EE.UU.

La corresponsal de National Public Radio, Jasmine Garsd (i), el periodista de investigación en Noticias Telemundo, Ronny Rojas (c), y la cofundadora y directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, participan en el conversatorio 'La democracia en riesgo: desafíos de hacer periodismo en EE.UU.', en Bogotá (Colombia)

Informar en español en Estados Unidos se ha convertido en una labor cada vez más vulnerable, atravesada por la hostilidad institucional, la desinformación y la autocensura. Así lo denunciaron este viernes varios comunicadores latinos durante una charla sobre los desafíos del periodismo en ese país, realizada en el marco del Festival Gabo en Bogotá.

"Hay miedo a hablar, miedo a ser identificados. A veces no contamos ciertas historias porque nuestras propias reporteras temen no poder volver a entrar al país por su estatus migratorio", confesó la periodista colombiana Paola Jaramillo, quien participó de manera telemática desde Carolina del Norte.

Jaramillo explicó que, aunque le hubiera gustado asistir presencialmente al evento, decidió no hacerlo precisamente por temor a que las autoridades estadounidenses no le permitieran regresar al país.

Además, la periodista señaló que su medio digital, Enlace Latino NC, enfrenta no solo ataques y acoso en redes sociales, sino también episodios de autocensura motivados por razones de seguridad.

El encuentro
La conversación, titulada “La democracia en riesgo: desafíos de hacer periodismo en EE.UU.”, reunió también a Jasmine Garsd, corresponsal de National Public Radio (NPR), uno de los medios públicos más escuchados del país, y a Ronny Rojas, periodista de investigación de Noticias Telemundo.

El periodista de investigación en Noticias Telemundo, Ronny Rojas

"La situación es gravísima. Hay más de 57.000 personas en cárceles migratorias y el 72 % no tiene antecedentes criminales", alertó la argentina Jasmine Garsd.

Desde el escenario del Gimnasio Moderno de Bogotá, Garsd denunció que el gobierno de Donald Trump retiró “de manera repentina” el 1 % del presupuesto a NPR, y relató cómo el miedo ha paralizado a comunidades enteras: “En Florida vi casas cerradas durante semanas. Son como mini desapariciones. Nunca vi una crueldad así”.

Los tres periodistas coincidieron en que muchas veces deben contar las historias desde el anonimato, tanto por su seguridad como por la de sus fuentes, ya que “no están de acuerdo con lo que está pasando”.

Evitar el tratamiento criminalizante
El costarricense Ronny Rojas, por su parte, destacó la necesidad “urgente” de evitar replicar sin filtros los discursos oficiales que criminalizan a los migrantes.

"Hay que decidir con cuidado qué historias contamos. Muchas veces lo más peligroso es repetir el lenguaje que asocia a los migrantes con amenazas o invasiones", afirmó.

La corresponsal argentina de National Public Radio, Jasmine Garsd

También hizo un llamado a establecer alianzas entre medios nacionales y locales, y entre redacciones del norte y del sur del continente: “Muchas decisiones que se toman allá se reflejan aquí”.

La moderadora de la charla, la venezolana Luz Mely Reyes —quien vivió el desmontaje de la democracia en su país— advirtió sobre señales preocupantes en Estados Unidos: “La jaula no es el inicio, es el final del camino. Es el pacto social en el que nadie cuestiona que a seres humanos se los encierre como animales”.

La conversación hizo parte de la programación del Festival Gabo 2025, organizado por la Fundación Gabo en homenaje al legado de Gabriel García Márquez. Este año, el evento puso el foco en la libertad de expresión, el periodismo migrante y la resistencia ética frente a la desinformación y los discursos de odio.
Fotos: Mauricio Dueñas Castañeda, Agencia EFE
Fuente: Agencia EFE