A pesar de los avances logrados en los últimos años, las dificultades para garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Santa Fe y el resto del país fueron señaladas por las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y remarcaron con preocupación la falta de insumos, la precarización del sistema de salud público y la desfinanciación del sector están poniendo en riesgo la salud de las personas y la plena implementación de la Ley 27.610
El encuentro tuvo como objetivo poner de manifiesto las dificultades que persisten en la implementación de la ley en la provincia, así como las inquietudes del movimiento feminista ante los recientes retrocesos en materia de salud sexual y reproductiva que se profundizan desde la llegada del gobierno libertario.
Un aniversario con preocupaciones
Este aniversario llegó cargado de celebraciones por la conquista histórica del movimiento feminista a más de 20 años de comenzada esa campaña, pero también con serias inquietudes debido al contexto adverso que atraviesa el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. "Este cuarto aniversario nos encuentra con graves preocupaciones", afirmaron. Además de la celebración por la ampliación de derechos, se expresó una creciente preocupación por el abastecimiento de insumos para poder garantizar el derecho tanto al acceso voluntario de la interrupción del embarazo, como a lo que implica la salud sexual, anticonceptivos también. Es decir, cuando hablamos de la canasta de salud sexual y reproductiva estamos hablando de preservativos, acceso a distintos métodos anticonceptivos y a los métodos también de interrupción.
No solo en términos de la provisión de medicamentos, sino también estamos encontrando una disminución en los equipos médicos que garantizan y atienden situaciones, sea de aborto, de anticoncepción, de salud sexual en general, afirmaron.
Según los informes presentados, en los primeros seis meses de 2024, los insumos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual fueron suministrados en base a los remanentes de la gestión nacional anterior. Sin embargo, el segundo semestre del año evidenció dificultades serias en la provisión de estos recursos. Algunas provincias pudieron suplir las carencias, pero otras enfrentaron dificultades aún mayores debido a problemas con las licitaciones y el abastecimiento. La falta de estos insumos, incluidos anticonceptivos y preservativos, se presenta como una amenaza a la salud pública y a la garantía del derecho al aborto legal.
La situación de desabastecimiento se ve agravada por una reducción sustancial en los presupuestos destinados a salud sexual y reproductiva. De acuerdo con los datos compartidos, se prevé una disminución de entre el 62% y el 78% en los fondos asignados, lo que se traduce en un recorte significativo en los insumos y en los equipos encargados de la atención. Y además, con una medida sin precedentes, el gobierno extendió la vigencia del Presupuesto Nacional 2023, lo que le permitirá asignar recursos de manera discrecional. "Este recorte no solo pone en riesgo el acceso al aborto legal, sino también la salud de toda la población", alertaron las representantes de la campaña.
A nivel nacional, los datos son alarmantes: el Programa de Salud Sexual y Reproductiva entregó solo un 4% de los insumos que se habían distribuido en 2023. "En Santa Fe sí se ha iniciado la compra de estos insumos para suplir el faltante a nivel nacional, pero debido a una serie de demoras, los equipos de atención enfrentan dificultades para acceder a la medicación, lo que genera retrasos en la atención, mayores riesgos en las prácticas y una disparidad significativa en el acceso al derecho", advirtieron y marcaron: "limitan el acceso a un aborto seguro"
La precarización del sistema de salud
Las dificultades no solo se limitan al desabastecimiento. La precarización del sistema de salud público también juega un papel fundamental en la vulneración de los derechos reproductivos. En Santa Fe, los equipos de salud están sobrecargados y enfrentan problemas con la renovación de contratos, lo que afecta directamente la atención. Además, el aumento de enfermedades de transmisión sexual y la falta de recursos humanos y materiales en los centros de salud agravan la situación.
La Campaña destacó que la precarización del sistema de salud público afecta la atención en general, no solo los derechos reproductivos. "La precarización de los trabajadores, la no renovación de contratos y la sobrecarga de los centros de salud, que no dan abasto debido a la mayor demanda, especialmente de personas que ya no cuentan con obra social, generan limitaciones, demoras y riesgos no solo en el acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos en general, sino también en el acceso a la salud en su conjunto. Esto incluye, obviamente, la salud pública municipal y provincial", señalaron. La falta de capacidad para dar respuesta a la creciente demanda, especialmente debido a la pérdida de obras sociales por parte de muchas personas, incrementa los riesgos para la salud pública en general.
La derogación implícita de la ley
Para las representantes de la Campaña: "La falta de insumos es una forma de derogación implícita de la ley. Es decir, en lugar de anunciar abiertamente que van a derogar la ley, lo que hacen es algo más sutil: no asignan los insumos. Recortan. Y al recortar los insumos, los preservativos y otros recursos, están generando una derogación implícita de la ley. Y eso es lo que realmente está sucediendo. Están derogando la ley de manera implícita, y eso es algo fundamental que debemos señalar". "Es una forma de deslegitimar la ley sin decirlo abiertamente", afirmaron. Esta estrategia pone en riesgo la salud de las personas y contribuye a la desigualdad en el acceso a los derechos reproductivos en diferentes regiones del país.
Desigualdad territorial y la lucha continua
Otro de los temas que abordaron en el encuentro fue la disparidad en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo según la región. A pesar de que Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe fueron pioneros en garantizar el acceso a la ley, en la actualidad, la situación ha cambiado para peor. Mientras que algunas zonas del norte de la provincia cuentan con mejores condiciones de acceso, el sur enfrenta serias dificultades debido a la falta de recursos y la sobrecarga de los profesionales de la salud.
"Hoy el sur de la provincia está en condiciones de muchas menos garantías que el norte", señalaron. Este retroceso en la implementación de la ley refleja una falta de equidad en el acceso a los derechos reproductivos, que varía según el lugar en el que se viva.
A pesar de estas dificultades, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sigue luchando por la plena implementación de la ley. "Nosotras siempre decimos: no podemos garantizar el aborto porque no somos el Estado, pero sí podemos estar allí, velando por el cumplimiento de la ley. Y si no funciona, ¿a quién debemos acudir para preguntar? Ese es un poco nuestro rol. Volver a tejer redes, que no es que se hayan destejido, pero quedaron algo detenidas... porque nos acostumbramos a otra situación. Hubo algo de relajación en cuanto a la implementación de la ley, pero las redes siempre estuvieron presentes", expresaron las integrantes del movimiento. En este sentido, reiteraron su compromiso de continuar defendiendo el derecho al aborto legal en todo el país, a través de la movilización, la organización y la denuncia.
La lucha continúa: No vamos a volver atrás
En este contexto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito reafirmó su compromiso con la lucha por la salud integral, la educación sexual y la autonomía de las personas sobre sus cuerpos. "No vamos a volver atrás", concluyeron, destacando que la conquista de la ley fue el resultado de una movilización histórica y que seguirán luchando para garantizar su cumplimiento en todo el país.
