La desaceleración de la inflación no alcanza, por sí sola, para describir una mejora económica durante el gobierno de Javier Milei. Esa es una de las principales conclusiones del informe de coyuntura de junio elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). El economista Lavih Abraham, integrante del espacio, sostiene que poner el foco únicamente en el índice de precios oculta un deterioro mucho más profundo que atraviesa los salarios, las jubilaciones, el empleo, el consumo y el funcionamiento del Estado.
El economista advierte en Señales que, si bien la inflación quedó lejos de los picos registrados durante el final del gobierno anterior, todavía permanece en niveles elevados. "Hace un año que la inflación está alrededor de 33 puntos, todos los meses un puntito más o un puntito menos. Los últimos dos meses hubo una especie de desaceleración, pero desaceleración no quiere decir que haya menos inflación, sino simplemente que dejó de ser una inflación cada vez más alta", explica.
Incluso, señala que si esa tendencia continúa, el año podría cerrar con una inflación cercana al 27 o 28 por ciento. Sin embargo, considera que aun ese escenario seguiría lejos de representar una situación de estabilidad. "Hoy por hoy, una inflación anual del 33 por ciento es más alta que la de todos los años de los gobiernos kirchneristas, que la de los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri y que la de los primeros dos años del Frente de Todos. Sigue siendo una inflación alta, más allá de que no sea la inflación excepcional del final del gobierno anterior", remarca. Desde esa perspectiva, entiende que el Gobierno "se jacta de algo que no es tan claro que sea para jactarse".
La inflación baja, pero la crisis no desaparece
Incluso, señala que si esa tendencia continúa, el año podría cerrar con una inflación cercana al 27 o 28 por ciento. Sin embargo, considera que aun ese escenario seguiría lejos de representar una situación de estabilidad. "Hoy por hoy, una inflación anual del 33 por ciento es más alta que la de todos los años de los gobiernos kirchneristas, que la de los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri y que la de los primeros dos años del Frente de Todos. Sigue siendo una inflación alta, más allá de que no sea la inflación excepcional del final del gobierno anterior", remarca. Desde esa perspectiva, entiende que el Gobierno "se jacta de algo que no es tan claro que sea para jactarse".
La inflación baja, pero la crisis no desaparece
Para Abraham, la inflación, tomada de manera aislada, dice poco sobre las condiciones de vida de la población. Lo verdaderamente relevante es observar qué sucede con los ingresos. "Lo que hay que mirar son los salarios, cuánto crecen los sueldos con respecto a cuánto crecen los precios. Si los salarios no le ganan a la inflación, también hay una pérdida de poder adquisitivo", resume.
Los datos recopilados por el MATE muestran que esa pérdida fue particularmente intensa durante los primeros meses de 2024 y que nunca logró recuperarse. La situación es especialmente grave en el sector público nacional. Según el informe, los salarios estatales permanecen entre un 22 y un 30 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2023, dependiendo del área.
Abraham interpreta ese fenómeno como parte de una política deliberada de reducción del Estado. Recuerda que el propio presidente anunció su intención de "destruir el Estado desde adentro" y sostiene que una de las herramientas para hacerlo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores públicos. "Los sueldos de los trabajadores estatales están destruidos. Es una pérdida prácticamente brutal, destructiva", afirma.
Las consecuencias, agrega, van mucho más allá del bolsillo de los empleados públicos. Por un lado, el Estado reduce personal mediante despidos; por otro, numerosos trabajadores optan por renunciar ante el deterioro salarial. "Mientras se rompen las capacidades estatales, se empobrece el propio Estado, se incapacita para proveer servicios a su población y termina abandonando a la sociedad", sostiene.
Una transferencia silenciosa de recursos
Los datos recopilados por el MATE muestran que esa pérdida fue particularmente intensa durante los primeros meses de 2024 y que nunca logró recuperarse. La situación es especialmente grave en el sector público nacional. Según el informe, los salarios estatales permanecen entre un 22 y un 30 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2023, dependiendo del área.
Abraham interpreta ese fenómeno como parte de una política deliberada de reducción del Estado. Recuerda que el propio presidente anunció su intención de "destruir el Estado desde adentro" y sostiene que una de las herramientas para hacerlo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores públicos. "Los sueldos de los trabajadores estatales están destruidos. Es una pérdida prácticamente brutal, destructiva", afirma.
Las consecuencias, agrega, van mucho más allá del bolsillo de los empleados públicos. Por un lado, el Estado reduce personal mediante despidos; por otro, numerosos trabajadores optan por renunciar ante el deterioro salarial. "Mientras se rompen las capacidades estatales, se empobrece el propio Estado, se incapacita para proveer servicios a su población y termina abandonando a la sociedad", sostiene.
Una transferencia silenciosa de recursos
Entre los puntos que destaca el trabajo aparece también una de las principales transformaciones distributivas del período: la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia otros sectores de la economía.
Abraham explica el mecanismo con un ejemplo sencillo. Ese porcentaje de salario perdido no desaparece: son recursos que dejan de estar en el bolsillo de quienes trabajan. Si un empleado estatal perdió alrededor del 22 por ciento de su poder adquisitivo respecto de 2023, esa diferencia representa cientos de miles de pesos mensuales que ya no percibe. Sumando esas pérdidas acumuladas desde el inicio del gobierno, calcula que cada trabajador estatal resignó aproximadamente 14 millones de pesos, mientras que, en promedio, cada trabajador registrado perdió alrededor de 2,5 millones.
Multiplicado por los cerca de diez millones de trabajadores registrados del país, el resultado es una enorme masa de recursos que dejó de llegar a los hogares. "Es plata que no estuvo en los bolsillos de los trabajadores y que básicamente quedó en otros bolsillos", resume.
Según su análisis, los principales beneficiarios no son los pequeños comerciantes ni los dueños de negocios de barrio. La mayor parte de esa transferencia termina concentrándose en los grandes grupos económicos, especialmente en el capital financiero. Abraham aclara que cuando habla de capital financiero no se refiere únicamente a los bancos, sino a las grandes corporaciones que operan en los mercados financieros mediante bonos, letras e instrumentos de inversión. "Son quienes se van quedando, de a poco, con esa ganancia extraordinaria que no fue a los bolsillos de los trabajadores", sostiene.
Jubilados: una pérdida que no se recuperó
La situación de los jubilados constituye otro de los capítulos más críticos del informe. Abraham recuerda que durante los primeros meses de gestión las jubilaciones sufrieron una caída cercana al 40 por ciento en su poder adquisitivo. Aunque hubo una recuperación parcial durante la segunda mitad de 2024, esa mejora nunca compensó la pérdida inicial.
Desde entonces, explica, la actualización por la nueva fórmula mantiene relativamente estable el nivel de ingresos frente a la inflación, pero consolida una pérdida cercana al 25 por ciento respecto de 2023.
Para ilustrarlo utiliza una comparación sencilla: si en 2023 una jubilación permitía comprar una canasta equivalente a 100, hoy apenas alcanza para adquirir 76. "El jubilado perdió una cuarta parte del poder adquisitivo de su jubilación. Es un recorte brutal", afirma.
El cálculo acumulado también resulta contundente. Según las estimaciones del Mirador, cada jubilado dejó de percibir desde el inicio del actual gobierno una suma equivalente a casi siete millones de pesos. Abraham propone otra forma de dimensionarlo: "Es más fácil verlo así: no importa cuánto gane el jubilado. Desde que empezó este gobierno le han robado ocho jubilaciones mensuales completas". Para el economista, "efectivamente es una tragedia".
Cuando el crédito empieza a reemplazar al salario
El deterioro de los ingresos también aparece reflejado en otro indicador que el informe considera alarmante: el crecimiento histórico del endeudamiento y de la morosidad de las familias.
Abraham sostiene que, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el crédito pasó a reemplazar parcialmente al salario como mecanismo para sostener el consumo cotidiano. Explica que la desregulación del mercado financiero facilitó el acceso a préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales. "Hoy cualquier aplicación en el celular te da un préstamo", resume.
Menciona tanto a Mercado Pago como a numerosas empresas financieras no bancarias que ofrecen créditos de manera inmediata y, muchas veces, a tasas muy elevadas. Millones de personas se endeudaron creyendo que luego podrían afrontar esos compromisos o que las deudas perderían peso con la inflación. Sin embargo, la caída de los ingresos cambió completamente ese escenario.
"Se permitió que cualquier aplicación y cualquier servicio financiero prestara plata indiscriminadamente", señala. Como consecuencia, creció de manera exponencial tanto la cantidad de personas endeudadas como el porcentaje de quienes ya no logran pagar las cuotas.
Los niveles de morosidad que registra el informe reflejan esa situación. En créditos para la compra de electrodomésticos, el atraso de al menos tres meses alcanza al 44 por ciento de los casos; en tarjetas y financieras como Tarjeta Naranja supera el 26 por ciento; y en Mercado Pago llega al 35 por ciento. "Uno de cada tres créditos no puede ser atendido en tiempo y forma porque la gente no tiene salario", resume Abraham.
Más allá de las estadísticas: la deuda que no aparece
A ese diagnóstico, el periodista suma una dimensión que las estadísticas oficiales no alcanzan a registrar: el crecimiento del crédito informal en los barrios populares. Prestamistas muchas veces vinculados con economías informales o incluso con organizaciones delictivas prestan dinero bajo condiciones abusivas, ejercen presión sobre quienes no pueden pagar y profundizan un circuito de exclusión que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales y sin respuestas estatales para las familias afectadas.
El crecimiento del endeudamiento familiar aparece, para Abraham, como uno de los fenómenos sociales más preocupantes del presente. Sin embargo, advierte que las estadísticas apenas alcanzan a mostrar una parte del problema. Los registros oficiales reflejan el mercado formal del crédito, pero detrás de esos números existe un universo mucho más amplio de préstamos informales y mecanismos de cobranza que empujan a miles de familias a una situación de extrema vulnerabilidad.
El economista señala que muchas de las aplicaciones que hoy ofrecen créditos inmediatos se mueven en una zona gris entre la formalidad y la informalidad. Explica que algunas solicitan acceso irrestricto a la información del teléfono celular y, entre los permisos que exigen, figura la autorización para acceder a la lista completa de contactos del usuario. Cuando aparecen los atrasos en los pagos, esas mismas plataformas utilizan esa información como mecanismo de presión.
"Empiezan a mandar mensajes a todos tus contactos diciendo que no pagaste. Es una especie de amenaza, una publicidad de tu mora, de tu incapacidad de pago", describe. Para Abraham, se trata de prácticas que profundizan la angustia de quienes ya atraviesan una situación económica límite.
El drama, asegura, no termina con el primer crédito. Muy por el contrario, muchas familias ingresan en una espiral de endeudamiento de la que resulta casi imposible salir. "Hay gente que saca un segundo crédito para pagar el primero. Después ese segundo crédito tiene una tasa más alta, entonces necesita un tercero para cancelar el segundo. Llega un momento en que se pierde completamente el control", explica.
En numerosos casos, agrega, las cuotas son debitadas directamente de los ingresos mensuales y llegan a absorber entre un 30 y un 50 por ciento del salario apenas comienza el mes. Esa reducción del ingreso disponible obliga nuevamente a recurrir al crédito para afrontar los gastos cotidianos, alimentando un círculo que se retroalimenta indefinidamente.
"Es una realidad que estamos viendo en todos los barrios y en todo el país, no solamente en Rosario", afirma. A su entender, el endeudamiento masivo constituye "uno de los peores legados que está dejando este gobierno".
Abraham insiste en que resulta fundamental romper con la idea de que la deuda responde exclusivamente a decisiones individuales. Sostiene que muchas personas cargan además con un sentimiento de culpa, convencidas de que su situación obedece únicamente a errores personales. Sin embargo, entiende que los datos muestran otra realidad.
"Cuando estamos hablando de siete millones de personas con este problema ya no es un problema individual, es un problema social", sostiene. A su juicio, existe un sistema que facilita el endeudamiento y termina sometiendo a millones de personas a las condiciones impuestas por prestamistas, empresas de cobranza y el capital financiero.
Tampoco comparte la idea de que el fenómeno esté exclusivamente vinculado al crecimiento de las apuestas online o al consumo suntuario. Si bien reconoce que esos casos existen, remarca que el endeudamiento atraviesa situaciones mucho más cotidianas. Hay familias que solicitan préstamos para comprar una motocicleta que necesitan para trabajar, para adquirir un electrodoméstico indispensable o, simplemente, para poder sostener la alimentación del hogar. "El endeudamiento viene por cualquier cosa", resume. Lo verdaderamente dramático, dice, es que aun esos compromisos mínimos dejan de poder afrontarse porque los ingresos ya no alcanzan.
Sin inversión, no hay futuro productivo
Abraham explica el mecanismo con un ejemplo sencillo. Ese porcentaje de salario perdido no desaparece: son recursos que dejan de estar en el bolsillo de quienes trabajan. Si un empleado estatal perdió alrededor del 22 por ciento de su poder adquisitivo respecto de 2023, esa diferencia representa cientos de miles de pesos mensuales que ya no percibe. Sumando esas pérdidas acumuladas desde el inicio del gobierno, calcula que cada trabajador estatal resignó aproximadamente 14 millones de pesos, mientras que, en promedio, cada trabajador registrado perdió alrededor de 2,5 millones.
Multiplicado por los cerca de diez millones de trabajadores registrados del país, el resultado es una enorme masa de recursos que dejó de llegar a los hogares. "Es plata que no estuvo en los bolsillos de los trabajadores y que básicamente quedó en otros bolsillos", resume.
Según su análisis, los principales beneficiarios no son los pequeños comerciantes ni los dueños de negocios de barrio. La mayor parte de esa transferencia termina concentrándose en los grandes grupos económicos, especialmente en el capital financiero. Abraham aclara que cuando habla de capital financiero no se refiere únicamente a los bancos, sino a las grandes corporaciones que operan en los mercados financieros mediante bonos, letras e instrumentos de inversión. "Son quienes se van quedando, de a poco, con esa ganancia extraordinaria que no fue a los bolsillos de los trabajadores", sostiene.
La situación de los jubilados constituye otro de los capítulos más críticos del informe. Abraham recuerda que durante los primeros meses de gestión las jubilaciones sufrieron una caída cercana al 40 por ciento en su poder adquisitivo. Aunque hubo una recuperación parcial durante la segunda mitad de 2024, esa mejora nunca compensó la pérdida inicial.
Desde entonces, explica, la actualización por la nueva fórmula mantiene relativamente estable el nivel de ingresos frente a la inflación, pero consolida una pérdida cercana al 25 por ciento respecto de 2023.
Para ilustrarlo utiliza una comparación sencilla: si en 2023 una jubilación permitía comprar una canasta equivalente a 100, hoy apenas alcanza para adquirir 76. "El jubilado perdió una cuarta parte del poder adquisitivo de su jubilación. Es un recorte brutal", afirma.
El cálculo acumulado también resulta contundente. Según las estimaciones del Mirador, cada jubilado dejó de percibir desde el inicio del actual gobierno una suma equivalente a casi siete millones de pesos. Abraham propone otra forma de dimensionarlo: "Es más fácil verlo así: no importa cuánto gane el jubilado. Desde que empezó este gobierno le han robado ocho jubilaciones mensuales completas". Para el economista, "efectivamente es una tragedia".
Cuando el crédito empieza a reemplazar al salario
El deterioro de los ingresos también aparece reflejado en otro indicador que el informe considera alarmante: el crecimiento histórico del endeudamiento y de la morosidad de las familias.
Abraham sostiene que, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el crédito pasó a reemplazar parcialmente al salario como mecanismo para sostener el consumo cotidiano. Explica que la desregulación del mercado financiero facilitó el acceso a préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales. "Hoy cualquier aplicación en el celular te da un préstamo", resume.
Menciona tanto a Mercado Pago como a numerosas empresas financieras no bancarias que ofrecen créditos de manera inmediata y, muchas veces, a tasas muy elevadas. Millones de personas se endeudaron creyendo que luego podrían afrontar esos compromisos o que las deudas perderían peso con la inflación. Sin embargo, la caída de los ingresos cambió completamente ese escenario.
"Se permitió que cualquier aplicación y cualquier servicio financiero prestara plata indiscriminadamente", señala. Como consecuencia, creció de manera exponencial tanto la cantidad de personas endeudadas como el porcentaje de quienes ya no logran pagar las cuotas.
Los niveles de morosidad que registra el informe reflejan esa situación. En créditos para la compra de electrodomésticos, el atraso de al menos tres meses alcanza al 44 por ciento de los casos; en tarjetas y financieras como Tarjeta Naranja supera el 26 por ciento; y en Mercado Pago llega al 35 por ciento. "Uno de cada tres créditos no puede ser atendido en tiempo y forma porque la gente no tiene salario", resume Abraham.
Más allá de las estadísticas: la deuda que no aparece
A ese diagnóstico, el periodista suma una dimensión que las estadísticas oficiales no alcanzan a registrar: el crecimiento del crédito informal en los barrios populares. Prestamistas muchas veces vinculados con economías informales o incluso con organizaciones delictivas prestan dinero bajo condiciones abusivas, ejercen presión sobre quienes no pueden pagar y profundizan un circuito de exclusión que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales y sin respuestas estatales para las familias afectadas.
El crecimiento del endeudamiento familiar aparece, para Abraham, como uno de los fenómenos sociales más preocupantes del presente. Sin embargo, advierte que las estadísticas apenas alcanzan a mostrar una parte del problema. Los registros oficiales reflejan el mercado formal del crédito, pero detrás de esos números existe un universo mucho más amplio de préstamos informales y mecanismos de cobranza que empujan a miles de familias a una situación de extrema vulnerabilidad.
El economista señala que muchas de las aplicaciones que hoy ofrecen créditos inmediatos se mueven en una zona gris entre la formalidad y la informalidad. Explica que algunas solicitan acceso irrestricto a la información del teléfono celular y, entre los permisos que exigen, figura la autorización para acceder a la lista completa de contactos del usuario. Cuando aparecen los atrasos en los pagos, esas mismas plataformas utilizan esa información como mecanismo de presión.
"Empiezan a mandar mensajes a todos tus contactos diciendo que no pagaste. Es una especie de amenaza, una publicidad de tu mora, de tu incapacidad de pago", describe. Para Abraham, se trata de prácticas que profundizan la angustia de quienes ya atraviesan una situación económica límite.
El drama, asegura, no termina con el primer crédito. Muy por el contrario, muchas familias ingresan en una espiral de endeudamiento de la que resulta casi imposible salir. "Hay gente que saca un segundo crédito para pagar el primero. Después ese segundo crédito tiene una tasa más alta, entonces necesita un tercero para cancelar el segundo. Llega un momento en que se pierde completamente el control", explica.
En numerosos casos, agrega, las cuotas son debitadas directamente de los ingresos mensuales y llegan a absorber entre un 30 y un 50 por ciento del salario apenas comienza el mes. Esa reducción del ingreso disponible obliga nuevamente a recurrir al crédito para afrontar los gastos cotidianos, alimentando un círculo que se retroalimenta indefinidamente.
"Es una realidad que estamos viendo en todos los barrios y en todo el país, no solamente en Rosario", afirma. A su entender, el endeudamiento masivo constituye "uno de los peores legados que está dejando este gobierno".
Abraham insiste en que resulta fundamental romper con la idea de que la deuda responde exclusivamente a decisiones individuales. Sostiene que muchas personas cargan además con un sentimiento de culpa, convencidas de que su situación obedece únicamente a errores personales. Sin embargo, entiende que los datos muestran otra realidad.
"Cuando estamos hablando de siete millones de personas con este problema ya no es un problema individual, es un problema social", sostiene. A su juicio, existe un sistema que facilita el endeudamiento y termina sometiendo a millones de personas a las condiciones impuestas por prestamistas, empresas de cobranza y el capital financiero.
Tampoco comparte la idea de que el fenómeno esté exclusivamente vinculado al crecimiento de las apuestas online o al consumo suntuario. Si bien reconoce que esos casos existen, remarca que el endeudamiento atraviesa situaciones mucho más cotidianas. Hay familias que solicitan préstamos para comprar una motocicleta que necesitan para trabajar, para adquirir un electrodoméstico indispensable o, simplemente, para poder sostener la alimentación del hogar. "El endeudamiento viene por cualquier cosa", resume. Lo verdaderamente dramático, dice, es que aun esos compromisos mínimos dejan de poder afrontarse porque los ingresos ya no alcanzan.
El informe también encuentra señales preocupantes en otro frente: la inversión privada. Pese a un tipo de cambio que podría favorecer la incorporación de bienes de capital, la compra de maquinaria importada continúa mostrando una marcada debilidad.
Para Abraham, esa conducta empresarial revela mucho más que una decisión coyuntural. "Una inversión siempre implica una apuesta al futuro", explica. Cuando un empresario compra una máquina, amplía una planta o incorpora tecnología, lo hace porque espera producir más, reducir costos o aumentar su capacidad de competir. Si esas inversiones no aparecen, interpreta, es porque tampoco existe una expectativa favorable sobre el futuro de la economía.
"La sensación es que no hay una visión por parte del empresariado nacional acerca de cuál es el futuro productivo de la Argentina", sostiene.
En ese punto, vincula directamente la falta de inversión con el rumbo general del modelo económico. Según su análisis, la estrategia oficial no apuesta al fortalecimiento del mercado interno ni al crecimiento del consumo popular, sino a un esquema centrado en la explotación de recursos naturales mientras se debilitan las capacidades productivas acumuladas durante décadas.
En esa enumeración incluye desde el sistema científico y tecnológico hasta la infraestructura energética, las universidades públicas y organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recuerda que durante generaciones el Estado invirtió recursos públicos para desarrollar tecnología nuclear, centrales hidroeléctricas, investigación científica y capacidades industriales que hoy, según su mirada, se encuentran en proceso de desmantelamiento o privatización.
"Da la sensación de que es un gobierno que no parece un gobierno argentino; parece un gobierno puesto por una potencia extranjera, cuyas únicas decisiones son romper las capacidades argentinas, romper el Estado nacional y romper lo que puede hacer el país", afirma.
Desde esa perspectiva, considera lógico que el empresariado retrase inversiones productivas. "¿Qué empresario va a invertir en la Argentina futura si esa Argentina se parece más a un desierto productivo, donde solamente se extraen recursos naturales?", se pregunta. Para Abraham, ese es el verdadero interrogante de fondo que plantea el actual modelo económico.
Menos empleo formal, más precarización
El mercado laboral constituye otro de los ejes donde el informe observa transformaciones profundas. Los datos muestran una persistente caída del empleo registrado, acompañada por un crecimiento de formas de trabajo cada vez más precarias.
Según Abraham, ya se perdieron alrededor de 100 mil puestos industriales y casi 300 mil empleos registrados en total. No se trata únicamente de una reducción cuantitativa, sino también de un deterioro en la calidad del trabajo disponible.
Los empleos industriales, explica, garantizaban derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, cobertura de salud y representación sindical. En cambio, buena parte de esas ocupaciones están siendo reemplazadas por actividades informales, ventas ambulantes, comercialización por catálogo o trabajos que dependen exclusivamente de lo que cada persona logre vender día tras día.
"Es la ruptura del entramado productivo nacional", resume. Y advierte que, mientras continúe vigente este modelo económico, el proceso difícilmente pueda revertirse, ya que responde a una transformación estructural antes que a una coyuntura pasajera.
El Estado que se achica y una sociedad más desigual
El relevamiento también analiza el impacto del ajuste fiscal sobre el funcionamiento del Estado. Abraham reconoce que el Gobierno logró reducir el gasto público, pero sostiene que ese resultado tiene consecuencias que trascienden el equilibrio de las cuentas.
A su entender, el principal riesgo consiste en el retiro progresivo del Estado de funciones esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. "Un Estado empobrecido genera una sociedad más desigual", afirma.
Desde su mirada, la concepción oficial parte de la idea de que cada persona debe acceder a la educación, la salud o la seguridad social únicamente en función de su capacidad económica. Si el Estado deja de garantizar esos derechos, sostiene, las diferencias sociales inevitablemente se profundizan.
En esa lista incluye no sólo la educación y la salud públicas, sino también las jubilaciones, el sistema científico, organismos tecnológicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las políticas de investigación, los programas de educación sexual integral, las políticas de género, la cultura, el deporte, las artes y numerosas áreas que, según afirma, atraviesan un fuerte proceso de desfinanciamiento.
"El resultado es un país más desigual", concluye. En ese escenario, sostiene, quienes no puedan pagar por esos servicios quedarán progresivamente excluidos de derechos básicos.
Sobre el final de la conversación, Abraham evita realizar pronósticos acerca del dato de inflación que el Gobierno espera mostrar como un nuevo logro económico. Explica que el MATE no elabora estimaciones mensuales sobre el índice de precios porque su interés está puesto en comprender el funcionamiento general del modelo económico y sus efectos sociales.
Por eso insiste en que la discusión no debería limitarse a determinar si la inflación perfora o no el dos por ciento mensual. A su juicio, el verdadero debate pasa por analizar qué ocurre con los ingresos, el empleo, las jubilaciones, la inversión, la capacidad productiva y el papel del Estado. Son esos indicadores, sostiene, los que permiten comprender el alcance de las transformaciones económicas que atraviesa hoy la Argentina.
Para Abraham, esa conducta empresarial revela mucho más que una decisión coyuntural. "Una inversión siempre implica una apuesta al futuro", explica. Cuando un empresario compra una máquina, amplía una planta o incorpora tecnología, lo hace porque espera producir más, reducir costos o aumentar su capacidad de competir. Si esas inversiones no aparecen, interpreta, es porque tampoco existe una expectativa favorable sobre el futuro de la economía.
"La sensación es que no hay una visión por parte del empresariado nacional acerca de cuál es el futuro productivo de la Argentina", sostiene.
En ese punto, vincula directamente la falta de inversión con el rumbo general del modelo económico. Según su análisis, la estrategia oficial no apuesta al fortalecimiento del mercado interno ni al crecimiento del consumo popular, sino a un esquema centrado en la explotación de recursos naturales mientras se debilitan las capacidades productivas acumuladas durante décadas.
En esa enumeración incluye desde el sistema científico y tecnológico hasta la infraestructura energética, las universidades públicas y organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recuerda que durante generaciones el Estado invirtió recursos públicos para desarrollar tecnología nuclear, centrales hidroeléctricas, investigación científica y capacidades industriales que hoy, según su mirada, se encuentran en proceso de desmantelamiento o privatización.
"Da la sensación de que es un gobierno que no parece un gobierno argentino; parece un gobierno puesto por una potencia extranjera, cuyas únicas decisiones son romper las capacidades argentinas, romper el Estado nacional y romper lo que puede hacer el país", afirma.
Desde esa perspectiva, considera lógico que el empresariado retrase inversiones productivas. "¿Qué empresario va a invertir en la Argentina futura si esa Argentina se parece más a un desierto productivo, donde solamente se extraen recursos naturales?", se pregunta. Para Abraham, ese es el verdadero interrogante de fondo que plantea el actual modelo económico.
Menos empleo formal, más precarización
El mercado laboral constituye otro de los ejes donde el informe observa transformaciones profundas. Los datos muestran una persistente caída del empleo registrado, acompañada por un crecimiento de formas de trabajo cada vez más precarias.
Según Abraham, ya se perdieron alrededor de 100 mil puestos industriales y casi 300 mil empleos registrados en total. No se trata únicamente de una reducción cuantitativa, sino también de un deterioro en la calidad del trabajo disponible.
Los empleos industriales, explica, garantizaban derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, cobertura de salud y representación sindical. En cambio, buena parte de esas ocupaciones están siendo reemplazadas por actividades informales, ventas ambulantes, comercialización por catálogo o trabajos que dependen exclusivamente de lo que cada persona logre vender día tras día.
"Es la ruptura del entramado productivo nacional", resume. Y advierte que, mientras continúe vigente este modelo económico, el proceso difícilmente pueda revertirse, ya que responde a una transformación estructural antes que a una coyuntura pasajera.
El Estado que se achica y una sociedad más desigual
El relevamiento también analiza el impacto del ajuste fiscal sobre el funcionamiento del Estado. Abraham reconoce que el Gobierno logró reducir el gasto público, pero sostiene que ese resultado tiene consecuencias que trascienden el equilibrio de las cuentas.
A su entender, el principal riesgo consiste en el retiro progresivo del Estado de funciones esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. "Un Estado empobrecido genera una sociedad más desigual", afirma.
Desde su mirada, la concepción oficial parte de la idea de que cada persona debe acceder a la educación, la salud o la seguridad social únicamente en función de su capacidad económica. Si el Estado deja de garantizar esos derechos, sostiene, las diferencias sociales inevitablemente se profundizan.
En esa lista incluye no sólo la educación y la salud públicas, sino también las jubilaciones, el sistema científico, organismos tecnológicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las políticas de investigación, los programas de educación sexual integral, las políticas de género, la cultura, el deporte, las artes y numerosas áreas que, según afirma, atraviesan un fuerte proceso de desfinanciamiento.
"El resultado es un país más desigual", concluye. En ese escenario, sostiene, quienes no puedan pagar por esos servicios quedarán progresivamente excluidos de derechos básicos.
Sobre el final de la conversación, Abraham evita realizar pronósticos acerca del dato de inflación que el Gobierno espera mostrar como un nuevo logro económico. Explica que el MATE no elabora estimaciones mensuales sobre el índice de precios porque su interés está puesto en comprender el funcionamiento general del modelo económico y sus efectos sociales.
Por eso insiste en que la discusión no debería limitarse a determinar si la inflación perfora o no el dos por ciento mensual. A su juicio, el verdadero debate pasa por analizar qué ocurre con los ingresos, el empleo, las jubilaciones, la inversión, la capacidad productiva y el papel del Estado. Son esos indicadores, sostiene, los que permiten comprender el alcance de las transformaciones económicas que atraviesa hoy la Argentina.
Escuhá la entrevista completa:
Mirá el Informe de Conyuntura:
