De acuerdo con la respuesta oficial, el proceso está siendo evaluado tanto desde el punto de vista regulatorio como en materia de defensa de la competencia. En ese marco, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) ya emitió su intervención técnica y recordó que cualquier cambio de control accionario en empresas del sector requiere autorización previa, además del cumplimiento de exigencias económicas, legales y técnicas.
Entre ellas, se destacan la inexistencia de deudas con el Estado, el cumplimiento de compromisos de inversión, el uso adecuado del espectro radioeléctrico y el respeto a los límites de acumulación de frecuencias. La normativa vigente también prevé sanciones que pueden llegar hasta la caducidad de licencias si se concretan transferencias sin aval oficial.
En paralelo, el Ministerio de Economía informó que ya finalizó la etapa de investigación de la operación, tras la recolección de pruebas e informes técnicos, incluido el del ENaCom. Actualmente, la Secretaría de Concentraciones Económicas se encuentra elaborando el dictamen que será elevado a la Autoridad Nacional de la Competencia para su resolución.
El marco legal contempla tres posibles escenarios: la aprobación de la operación, su autorización con condiciones o su rechazo. Según lo informado, la decisión final podría conocerse en un plazo aproximado de 30 días, en un expediente clave para la configuración del mercado de telecomunicaciones en la Argentina.
El factor político: un tuit fijado desde marzo de 2025
En paralelo al análisis técnico, el presidente Javier Milei mantiene fijado en su cuenta de X, desde marzo de 2025, un mensaje fuertemente crítico contra el Grupo Clarín y la operación.
"Clarín: la gran estafa argentina", arranca el posteo, en el que acusa al grupo de "presionar y operar a los gobiernos para obtener beneficios" y advierte sobre una supuesta estrategia para concentrar el mercado. "Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas", sostiene.
En ese tono, el mandatario plantea que una eventual aprobación implicaría una posición dominante que afectaría a los usuarios: "Tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico".
El mensaje cierra con una advertencia política: "No vamos a dejar que eso suceda".
