Gran parte de Señales, de este sábado 4 de abril, estuvo atravesada por una consigna que, más que celebrar, abría interrogantes: la supuesta baja de la pobreza anunciada por el gobierno de Javier Milei. Mientras desde los despachos oficiales se hablaba de números en descenso, en el aire se instalaba una duda persistente sobre qué había realmente para festejar. Con esa inquietud como punto de partida, el periodista decidió recoger voces del territorio: referentes que viven y trabajan cotidianamente en los barrios populares, allí donde las estadísticas se vuelven experiencia concreta.
Alejandra Amarillo, Libres del Sur: "Es como si se hablara de un país paralelo"
En ese recorrido apareció el testimonio de Alejandra Amarillo, integrante de Libres del Sur, quien ofreció una mirada cruda y directa sobre la situación. Desde su perspectiva, la idea de una disminución de la pobreza no se corresponde con lo que ocurre en los barrios. Lejos de eso, describió un escenario en el que cada vez más personas recurren a espacios de asistencia. Incluso mencionó que organizaciones como Cáritas registran un aumento en la demanda, lo que refuerza la sensación de que existe una desconexión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
Amarillo planteó que es como si se hablara de "un país paralelo", porque en los sectores más vulnerables la situación no muestra mejoras visibles. En ese contexto, señaló la importancia de los ingresos que reciben cientos de miles de beneficiarios: unos 78.000 pesos que se cobrarían por última vez en abril, alcanzando a más de 900.000 personas. Ese dinero, explicó, tiene un impacto directo en la vida diaria: permite sostener compras básicas en los comercios del barrio, pagar deudas en libretas de alimentos o incluso afrontar gastos como la compra de zapatillas para los hijos.
Aunque reconoció que se trata de un monto congelado y limitado, insistió en que sigue siendo una ayuda fundamental. Por eso, la incertidumbre ante su discontinuidad genera angustia. A esa preocupación se suma la falta de claridad sobre las alternativas que propone el Gobierno, como capacitaciones o vouchers, que —según indicó— no terminan de definirse ni de materializarse.
La dirigente también puso el foco en el trabajo territorial que llevan adelante las organizaciones sociales desde hace años. Describió espacios que no solo brindan alimentos a través de comedores o copas de leche, sino que también ofrecen contención, especialmente a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. En ese entramado comunitario, el recorte de recursos impacta de manera directa y profunda.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, afirmó, las organizaciones sienten con fuerza el efecto de las políticas de ajuste. Habló de "la motosierra" como una realidad que recae, una vez más, sobre los sectores populares. Frente a este panorama, adelantó que junto a otras organizaciones están impulsando medidas de lucha, con la intención de visibilizar la situación y reclamar por sus derechos en el espacio público.
El cuadro que traza Amarillo es complejo y distante del relato oficial. Para ella, mientras el Gobierno sostiene una narrativa, en los barrios se vive otra completamente distinta, marcada por la creciente necesidad y la incertidumbre. Su voz fue apenas el primero de una serie que buscarían, a lo largo del programa, reconstruir esa realidad desde abajo, desde donde las cifras se traducen en vida cotidiana.
Rubén Benítez, FOL: "Lo que el Gobierno dice es una burla"
El segundo testimonio que atravesó el programa fue el de Rubén Benítez, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Rosario, una organización que desde hace años trabaja en barrios populares como Bella Vista, San Francisco, Tío Rolo, Cabin 9 y Tablada, nucleando a más de mil familias. Allí sostienen comedores, merenderos y cooperativas de trabajo vinculadas a la economía popular, en un intento por generar ingresos y construir una red de contención frente a la vulnerabilidad creciente. Se definen, además, como un espacio independiente de los gobiernos, con fuerte anclaje territorial y participación activa en reclamos sociales.
Desde ese lugar, Benítez trazó un diagnóstico contundente frente a la narrativa oficial sobre la baja de la pobreza. Lo que se escucha desde el Gobierno, planteó, está completamente alejado de lo que sucede en los barrios. Más aún: lo calificó como una burla, una afirmación que no logra comprender de dónde surge ni qué mediciones la sostienen. En su experiencia cotidiana —no solo en Rosario sino en distintos puntos del país donde el FOL tiene presencia— lo que se observa es exactamente lo contrario: un crecimiento constante en la cantidad de personas que se acercan a buscar un plato de comida.
Ese aumento, explicó, no se limita a quienes históricamente asistían a los comedores. Hay un fenómeno nuevo que se repite: personas que perdieron su empleo, pero también trabajadores que, aun teniendo ingresos, no logran cubrir sus necesidades básicas. El incremento de tarifas, impuestos y costos de vida —la luz, el agua, los servicios— termina empujando a esos sectores a recurrir a la asistencia alimentaria como una forma de sostenerse hasta fin de mes o liberar algo de dinero para afrontar otros gastos urgentes.
En paralelo, vinculó esta situación con un proceso más amplio de deterioro económico. Desde la asunción de Javier Milei, sostuvo, se han producido cierres de empresas en distintos puntos del país, lo que agrava el desempleo. Mencionó casos concretos y cercanos, pero también remarcó que se trata de una tendencia extendida. A eso se suma la paralización de la obra pública, que no solo afecta a quienes trabajan directamente en la construcción, sino a toda la red económica que depende de esa actividad: corralones, ferreterías y múltiples rubros asociados.
Benítez advirtió además que el escenario podría empeorar con la eliminación de programas sociales como Potenciar Trabajo, que funcionaban como un complemento de ingresos para quienes desarrollan tareas en la economía popular. La interrupción de ese ingreso, explicó, no solo impacta en lo individual, sino que repercute en toda la dinámica comunitaria. Frente a eso, ya comenzaron instancias de organización: asambleas en distintos puntos del país y una jornada nacional de protesta prevista para los días siguientes, con movilizaciones también en Rosario.
Desde su rol en el impulso de cooperativas, describió con detalle el retroceso en la producción y el trabajo. Las experiencias que venían desarrollando —carpintería en aluminio, herrería, mantenimiento, limpieza, talleres textiles— hoy atraviesan una fuerte caída en la actividad. La apertura de importaciones, señaló, y la baja del consumo interno afectan directamente la posibilidad de sostener estos emprendimientos. Incluso, alertó sobre el riesgo de perder los espacios físicos donde funcionan, debido a la dificultad para afrontar los alquileres sin ingresos regulares.
Su mirada también se detuvo en la dimensión política y social de este proceso. Cuestionó que las medidas adoptadas favorecen a sectores concentrados, mientras los trabajadores pierden derechos. En ese marco, interpretó reformas como la laboral como un retroceso que debilita aún más a quienes dependen de su trabajo para subsistir.
Pero donde su narración adquirió mayor densidad fue en la descripción del clima social en los barrios. Habló de un malestar creciente, de una tensión que se percibe en lo cotidiano, donde las personas reaccionan con mayor rapidez, con enojo, con desesperación. La imposibilidad de sostener la vida diaria, de llegar a fin de mes o de proyectar a futuro impacta directamente en los vínculos, generando conflictos y aumentando la violencia, incluso en el ámbito familiar.
En ese contexto, mencionó escenas que se vuelven cada vez más frecuentes y que condensan la gravedad de la situación: personas mayores buscando comida en la basura, familias enteras viviendo en la calle, jóvenes sin horizonte. Sobre estos últimos, expresó una preocupación particular: la falta de oportunidades y perspectivas, dijo, está teniendo consecuencias profundas, y en algunos lugares ya se traduce en un aumento de situaciones extremas como el suicidio.
También cuestionó el recorte en la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, una decisión que —según relató— se justificó en la supuesta existencia de espacios "fantasma", pero que en la práctica implicó dejar sin recursos a redes comunitarias que funcionan todos los días. Señaló que ni siquiera se realizó un relevamiento completo antes de tomar esa medida y que el trasfondo es, a su entender, un intento de debilitar a las organizaciones sociales y limitar su capacidad de reclamo.
Frente a este escenario, el FOL y otras organizaciones sostienen tanto el trabajo territorial como la protesta. Benítez insistió en la importancia de salir a la calle, de visibilizar lo que ocurre en los barrios y de reclamar por derechos que consideran básicos. En Rosario, adelantó, la convocatoria se concentrará este martes 7 en la zona de Circunvalación y la autopista a Buenos Aires, como parte de una jornada de alcance nacional.
El referente del FOL reforzó la idea que atravesaba el programa: que detrás de los indicadores oficiales existe otra realidad, palpable y cotidiana, donde la pobreza no retrocede sino que se transforma, se amplía y golpea a nuevos sectores, configurando un escenario cada vez más complejo.
Melisa Molina, Polo Obrero: "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker"
Luego se sumó al programa volvió a profundizar una misma línea de sentido: la distancia entre los números oficiales y lo que ocurre en los barrios. Esta vez, la voz fue la de Melisa Molina, dirigente del Polo Obrero, con trabajo territorial en Rosario y articulación con decenas de organizaciones a nivel nacional.
Desde el inicio de su relato, la descripción que ofreció fue tajante. Habló de una situación "realmente dramática" en los barrios, una caracterización que, según planteó, se vuelve evidente para cualquiera que recorra el territorio. En ese sentido, sostuvo que cualquier índice oficial que hable de una baja de la pobreza queda desmentido por la realidad concreta: cientos de familias en la ciudad —y miles a nivel país— atravesando condiciones cada vez más críticas.
A lo largo de su declaración, Molina fue desgranando un panorama que compone ese cuadro. Familias enteras que han perdido su empleo, chicos que dejan de asistir a la escuela para salir a "changuear" junto a sus padres, filas que crecen día a día en comedores y merenderos. Pero también puso el foco en un aspecto que consideró central: esos mismos espacios comunitarios, que funcionan como red de contención, atraviesan una situación límite.
Según explicó, bajo el gobierno de Javier Milei no se ha entregado asistencia alimentaria a comedores y merenderos, ni tampoco se financia su funcionamiento. En ese contexto, describió escenas que revelan el grado de precariedad: cocineras que, después de preparar la comida, terminan entregando sus propios tuppers y se quedan sin comer para que algún vecino no pase la noche sin alimento. Para Molina, ese tipo de situaciones sintetiza la gravedad del momento.
Sin embargo, su análisis no se limitó a la cuestión alimentaria. También señaló un proceso más amplio de descomposición social en los barrios. A medida que se agrava la crisis económica, sostuvo, se deterioran las condiciones de vida y con ellas emergen múltiples problemáticas: conflictos, tensiones, pérdida de vínculos y una degradación general del entramado comunitario.
En ese marco, advirtió sobre el avance de economías ilegales, en particular del narcotráfico, que —según planteó— encuentra terreno fértil en contextos de exclusión. Describió cómo ese fenómeno crece captando a jóvenes sin oportunidades, consolidando un negocio que "tiene en sus manos la sangre de nuestros pibes". Para la dirigente, esta dinámica no puede separarse del abandono estatal y de la falta de políticas que generen alternativas reales.
Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo dirigido a la eliminación o transformación de programas como "Volver al Trabajo", que alcanza a unas 950.000 personas. Se trata de un ingreso de alrededor de 78.000 pesos que, si bien calificó como insuficiente, cumple un rol clave en la economía de los hogares. Ese dinero, explicó, permite pagar deudas en comercios barriales, cubrir servicios básicos, comprar alimentos o incluso sostener el funcionamiento de comedores que no reciben financiamiento estatal.
La posible eliminación de ese ingreso, advirtió, tendría consecuencias directas y profundas. No solo porque implica la pérdida de un recurso económico, sino porque puede empujar a miles de familias hacia la indigencia. En ese punto, hizo una distinción clara: la indigencia no es solo un indicador estadístico, sino una situación límite en la que las personas no tienen garantizado el acceso a la comida ni a una vivienda.
Molina insistió en que los programas sociales funcionan como un piso, un mínimo que evita una caída aún más profunda. Sin ese sostén, planteó, el escenario se vuelve mucho más crítico. Y esa preocupación se extiende también a los espacios comunitarios: si no hay recursos, los comedores y merenderos corren riesgo de desaparecer.
Pero su planteo fue más allá al señalar que esos espacios cumplen funciones que exceden lo alimentario. Los definió como lugares de encuentro, de organización y de contención social. Allí no solo se garantiza un plato de comida, sino que también se asiste a mujeres en situación de violencia, se acompaña a jóvenes con consumos problemáticos y se construyen redes comunitarias en contextos donde otras instituciones —como clubes o centros deportivos— son escasas o están debilitadas.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de su eventual desaparición. "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker", sintetizó, marcando el riesgo de que esos vacíos sean ocupados por economías ilegales. Para Molina, el comedor no solo combate el hambre, sino que también disputa el territorio en términos sociales y simbólicos.
Al mismo tiempo, explicó que las tareas que se realizan en estos espacios —ya sea en comedores, centros juveniles o cuadrillas de trabajo— están asociadas a una contraprestación dentro de los programas sociales. Aunque remarcó que el monto es bajo y no alcanza para sostener una familia, sí permite complementar ingresos y sostener cierta estabilidad. La eliminación de ese esquema, insistió, pone en riesgo toda esa red.
En su discurso también hubo lugar para una crítica política más amplia. Cuestionó la idea de que los programas sociales puedan ser reemplazados por mecanismos como vouchers de empleo, a los que consideró inviables en el contexto actual. Argumentó que, con fábricas cerrando y una caída de la actividad industrial, no existen condiciones reales para generar empleo formal masivo. En ese sentido, definió al gobierno como "enemigo de los trabajadores" y sostuvo que las políticas implementadas profundizan la desocupación.
Además, retomó cuestionamientos sobre decisiones previas del gobierno, como la interrupción en la entrega de alimentos a comedores bajo el argumento de irregularidades. Según afirmó, nunca se realizó un relevamiento completo que justificara esa medida, y consideró que hubo una estigmatización hacia quienes sostienen esos espacios.
Hacia el limite de su intervención, Molina volvió sobre la convocatoria a la protesta. Reafirmó la decisión de avanzar con cortes de ruta en todo el país, incluyendo una acción en la autopista Rosario-Buenos Aires, como forma de resistencia frente a lo que definió como un intento de desarticular la organización social. Para ella, la respuesta no puede ser otra que la organización y la lucha colectiva.
Molina, realizó un relato extenso y cargado de definiciones y terminó de delinear un panorama donde la pobreza no solo persiste, sino que se profundiza y adquiere nuevas formas. En ese escenario, los barrios aparecen como el lugar donde esas transformaciones se vuelven visibles: en las filas de los comedores, en las trayectorias laborales interrumpidas, en los jóvenes sin horizonte y en las redes comunitarias que intentan sostener, con cada vez menos recursos, una realidad que se vuelve más difícil día a día.
Oscar Lupori, docente y referente comunitario: "La pobreza se expresa en cada dimensión de la vida"
Lúpori se sumó al recorrido del programa aportó otra mirada, distinta en tono pero coincidente en diagnóstico. Él es docente de la Universidad Nacional de Rosario y reconocido por esa casa de estudios como doctor honoris causa. Además de su trayectoria académica, Lupori forma parte del espacio comunitario conocido como Fisherton Pobre, un sector del oeste rosarino cuyo nombre —según recordó— fue definido por los propios vecinos en asambleas realizadas entre 2002 y 2003, en plena crisis social.
Desde allí, su relato se construyó con un tono pausado, casi pedagógico, pero no por eso menos contundente. Lo primero que dejó en claro fue que la situación del barrio resulta "totalmente contraria" a lo que sostiene el Gobierno nacional respecto de una baja de la pobreza. Lejos de cualquier mejora, afirmó, lo que se observa es un crecimiento alarmante.
Para sostener esa afirmación, Lupori no apeló a grandes conceptos abstractos, sino a indicadores concretos, visibles en la vida cotidiana del barrio. El primero de ellos fue la aparición de personas en situación de calle, algo que —según explicó— no era habitual tiempo atrás. Hoy, en cambio, esa realidad se hace presente incluso en formas más extremas, como familias completas, matrimonios con hijos, que no tienen dónde vivir.
El segundo elemento que describió fue la creciente demanda de asistencia alimentaria. En "La Casita", el espacio comunitario que integra se reparten alrededor de 120 bolsones de alimentos destinados a familias. Pero, como se encargó de aclarar, ese número no representa individuos sino núcleos familiares. Si se considera que muchas de esas familias están compuestas por cuatro o cinco integrantes, la cifra real de personas afectadas por la inseguridad alimentaria se multiplica de manera significativa.
A partir de ese dato, invitó a hacer una cuenta sencilla pero reveladora: detrás de esos bolsones hay cientos de personas que no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada. Y ese, señaló, es apenas uno de los rostros de la pobreza.
Lupori amplió luego el análisis hacia otras dimensiones que, a su entender, permiten comprender la profundidad del problema. Se detuvo particularmente en el impacto sobre la salud. Señaló que muchas personas que anteriormente contaban con obra social hoy han quedado desempleadas y deben recurrir al sistema público. Como consecuencia, los centros de salud del barrio se encuentran desbordados por la demanda.
Esa sobrecarga, explicó, no es un fenómeno aislado sino parte de un proceso más amplio en el que las carencias económicas repercuten directamente en las condiciones de vida. La pérdida de ingresos, la precarización laboral y la falta de cobertura médica terminan confluyendo en un sistema que no da abasto.
En la misma línea, sumó la dimensión educativa. En "La Casita", relató, brindan apoyo escolar a unos 60 chicos de nivel primario y a cerca de 20 estudiantes de secundaria. Ese dato, lejos de ser anecdótico, refleja para él una problemática de fondo: la dificultad de muchas familias para acompañar las trayectorias educativas de sus hijos en un contexto de vulnerabilidad creciente.
A partir de todos estos elementos, Lupori propuso una lectura más integral de la pobreza. No se trata solamente —sugirió— de un problema de ingresos, sino de una situación que atraviesa múltiples dimensiones de la vida. Habló, en ese sentido, de distintas formas de inseguridad: económica, alimentaria, sanitaria y educativa. Todas ellas, afirmó, se combinan y refuerzan entre sí, configurando lo que definió como una "profunda inseguridad humana".
Ese concepto funcionó como eje de su intervención. Más allá de los números o las estadísticas, lo que está en juego —planteó— es la posibilidad de las personas de vivir con dignidad, de acceder a derechos básicos y de proyectar un futuro. Y en ese plano, sostuvo, la realidad del barrio muestra un deterioro evidente.
En su análisis también hubo espacio para una crítica a las políticas económicas del Gobierno. Sin entrar en tecnicismos, cuestionó lo que definió como una orientación "neoliberal" centrada en el ajuste y en una lógica estrictamente monetarista. Según explicó, se trata de un enfoque que prioriza variables como el déficit fiscal cero, pero que pierde de vista las consecuencias humanas de esas decisiones.
Desde su perspectiva, esa forma de abordar la economía —"todo controlado contablemente", según sus palabras— carece de sensibilidad social. Y es precisamente esa falta de consideración por las condiciones de vida de la población lo que, a su entender, explica el agravamiento de la pobreza en los territorios.
Para terminar, Lupori volvió sobre el punto inicial para cerrar su planteo. Las cifras que difunde el Gobierno nacional, afirmó, no se corresponden "ni remotamente" con lo que sucede en su barrio. No se trata, para él, de una diferencia menor o de una interpretación discutible, sino de una distancia profunda entre el discurso oficial y la experiencia concreta de las comunidades.
Desde su experiencia territorial pero también desde una reflexión más conceptual, reforzó el hilo conductor del envío: la necesidad de interrogar las estadísticas a la luz de la realidad cotidiana. En Fisherton Pobre, como en los otros barrios mencionados a lo largo de la emisión, los números parecen quedar en segundo plano frente a evidencias mucho más tangibles: personas sin techo, familias sin alimentos suficientes, sistemas de salud saturados y niños que necesitan apoyo para sostener su escolaridad.
En ese cruce entre datos y vivencias, la voz de Lupori funcionó como una síntesis clara: si se quiere hablar en serio de pobreza, sugirió, es necesario mirar más allá de los indicadores y atender a las múltiples formas en que la desigualdad se expresa en la vida diaria.
Tomás Valentín Castagnino, CEPA: "La baja de la pobreza puede ser un efecto de la medición"
El último tramo del programa introdujo una voz distinta, más técnica, que buscó poner en contexto los números que venían siendo cuestionados a lo largo de la emisión. El dato de partida era contundente: según el INDEC, la pobreza se ubicó en el 28,2% en el segundo semestre de 2025, lo que representa una caída significativa respecto del año anterior. En el Departamento Rosario, además, la baja superó los diez puntos, ubicándose apenas por encima del 22%.
Sin embargo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advertían que esa mejora podía no reflejar una recuperación real de los ingresos, sino estar vinculada a cambios en la forma de medición. Para profundizar en ese punto, en Señales dialogamos con Tomás Valentín Castagnino, licenciado en Ciencia Política e integrante de ese espacio.
A partir de allí, el análisis se desplazó desde la percepción social hacia la estructura técnica del indicador. Castagnino planteó que, antes de discutir si la pobreza bajó o no, es fundamental entender cómo se mide. En Argentina, explicó, la pobreza se calcula por ingresos: se establece una línea —la llamada línea de pobreza— que delimita quiénes quedan por debajo (y son considerados pobres) y quiénes la superan.
Esa línea se construye a partir de dos herramientas clave: la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La primera define el umbral de indigencia y está compuesta por el conjunto mínimo de alimentos necesarios para cubrir requerimientos calóricos básicos. La segunda amplía ese cálculo incorporando otros consumos esenciales, como transporte y servicios.
Pero allí aparece el primer punto crítico. Según explicó el especialista, la canasta básica alimentaria se basa en parámetros muy antiguos —data de mediados de los años noventa— y la canasta básica total se apoya en estructuras de consumo de principios de los 2000. Esto implica que los criterios con los que se mide hoy la pobreza no reflejan necesariamente los hábitos y necesidades actuales de la población.
Uno de los ejemplos más claros que mencionó fue el peso de los servicios en el gasto cotidiano. Mientras la metodología vigente supone que una proporción importante del ingreso se destina a alimentos, en los últimos años se produjo un fuerte incremento en rubros como transporte, tarifas y servicios básicos, que no están adecuadamente representados en la canasta. En ciudades como Rosario, señaló, el transporte público tuvo aumentos muy significativos, lo que impacta directamente en el presupuesto de los hogares.
A esto se suma otro desfasaje: la falta de incorporación de consumos que hoy resultan prácticamente indispensables, como la telefonía celular o el acceso a internet. Estos gastos, que forman parte de la vida cotidiana incluso en sectores vulnerables, no están plenamente contemplados en la medición, lo que contribuye a subestimar el costo real de vida.
De esta manera, sostuvo Castagnino, la canasta básica total podría estar subvaluada, es decir, fijando un umbral de pobreza más bajo del que correspondería si se consideraran todos los gastos actuales. Y ese punto es clave: si la línea de pobreza está desactualizada, más personas pueden quedar por encima de ella sin que su situación material haya mejorado de manera significativa.
El segundo eje de su análisis se centró en la medición de los ingresos. Para determinar si un hogar supera o no la línea de pobreza, el INDEC releva información a través de encuestas, preguntando a las personas por sus fuentes de ingreso. Sin embargo, en los últimos años se incorporaron nuevas preguntas que amplían el registro de ingresos no salariales.
Entre ellos, mencionó asignaciones sociales, programas de asistencia, pensiones y otros beneficios estatales. Este cambio metodológico, implementado hacia fines de 2023, permite captar con mayor precisión esos ingresos, lo que en la práctica eleva el total declarado por los hogares.
El efecto combinado de estos dos factores —una canasta posiblemente subestimada y un registro más amplio de ingresos— genera un escenario particular: más personas logran ubicarse por encima de la línea de pobreza, aunque eso no necesariamente implique una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
A esto se suma un tercer elemento: la medición de los ingresos no registrados. Según explicó el analista, en la actualidad se observa una mayor declaración de este tipo de ingresos en las encuestas, lo que también contribuye a incrementar el cálculo total. En ese contexto, los valores de ingresos informales aparecen en niveles elevados, lo que impacta en el resultado final del indicador.
Castagnino fue cuidadoso en aclarar que no se trata de una manipulación, sino de una metodología que busca mantener cierta continuidad en el tiempo. Sin embargo, insistió en la necesidad de interpretar los datos con cautela, entendiendo las limitaciones y cambios en la forma de medición.
En ese sentido, también relativizó algunas afirmaciones políticas que utilizan estos números de manera lineal. Señaló que, en contextos de alta inflación o de fuertes variaciones económicas, el indicador puede mostrar movimientos bruscos que responden tanto a dinámicas reales como a efectos estadísticos.
Otro punto relevante que introdujo fue el fenómeno de los "trabajadores pobres". A partir del análisis de la mediana salarial, explicó que una proporción significativa de trabajadores no alcanza, con su ingreso principal, a cubrir el costo de la canasta básica total para una familia tipo. Esto no implica que todos sean pobres según la medición oficial, pero sí que dependen de ingresos adicionales para sostener su nivel de vida.
Ese dato, para el CEPA, refleja una tensión estructural: el empleo ya no garantiza por sí solo condiciones suficientes para evitar la pobreza. En muchos casos, los hogares necesitan combinar salarios, programas sociales y otras fuentes de ingreso para superar el umbral establecido.
Hacia el final, el análisis volvió sobre la pregunta inicial: ¿la baja de la pobreza refleja una mejora real o es resultado de cambios en la medición? La respuesta, según Castagnino, es compleja y combina ambas dimensiones.
Por un lado, reconoció que durante 2024 hubo una desaceleración de la inflación junto con cierta recomposición de ingresos, lo que pudo haber contribuido a una mejora en los indicadores. Pero, por otro, advirtió que esa tendencia no se estaría sosteniendo en el tiempo.
Según los datos más recientes que analizan desde el Centro de Economía Política Argentina, durante 2025 comenzó a observarse un cambio en la dinámica económica: caída del poder adquisitivo, presión inflacionaria y deterioro de los ingresos reales. De cara a 2026, los primeros indicadores sugieren que la pobreza podría volver a crecer.
Así, el cierre de su intervención dejó planteada una advertencia: más allá de la foto que muestran los números actuales, la evolución de la pobreza dependerá de variables clave como la inflación, los salarios y las políticas económicas. Y en ese terreno, sostuvo, los signos recientes no permiten anticipar una mejora sostenida.
Alejandra Amarillo, Libres del Sur: "Es como si se hablara de un país paralelo"
Amarillo planteó que es como si se hablara de "un país paralelo", porque en los sectores más vulnerables la situación no muestra mejoras visibles. En ese contexto, señaló la importancia de los ingresos que reciben cientos de miles de beneficiarios: unos 78.000 pesos que se cobrarían por última vez en abril, alcanzando a más de 900.000 personas. Ese dinero, explicó, tiene un impacto directo en la vida diaria: permite sostener compras básicas en los comercios del barrio, pagar deudas en libretas de alimentos o incluso afrontar gastos como la compra de zapatillas para los hijos.
Aunque reconoció que se trata de un monto congelado y limitado, insistió en que sigue siendo una ayuda fundamental. Por eso, la incertidumbre ante su discontinuidad genera angustia. A esa preocupación se suma la falta de claridad sobre las alternativas que propone el Gobierno, como capacitaciones o vouchers, que —según indicó— no terminan de definirse ni de materializarse.
La dirigente también puso el foco en el trabajo territorial que llevan adelante las organizaciones sociales desde hace años. Describió espacios que no solo brindan alimentos a través de comedores o copas de leche, sino que también ofrecen contención, especialmente a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. En ese entramado comunitario, el recorte de recursos impacta de manera directa y profunda.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, afirmó, las organizaciones sienten con fuerza el efecto de las políticas de ajuste. Habló de "la motosierra" como una realidad que recae, una vez más, sobre los sectores populares. Frente a este panorama, adelantó que junto a otras organizaciones están impulsando medidas de lucha, con la intención de visibilizar la situación y reclamar por sus derechos en el espacio público.
El cuadro que traza Amarillo es complejo y distante del relato oficial. Para ella, mientras el Gobierno sostiene una narrativa, en los barrios se vive otra completamente distinta, marcada por la creciente necesidad y la incertidumbre. Su voz fue apenas el primero de una serie que buscarían, a lo largo del programa, reconstruir esa realidad desde abajo, desde donde las cifras se traducen en vida cotidiana.
Rubén Benítez, FOL: "Lo que el Gobierno dice es una burla"
Desde ese lugar, Benítez trazó un diagnóstico contundente frente a la narrativa oficial sobre la baja de la pobreza. Lo que se escucha desde el Gobierno, planteó, está completamente alejado de lo que sucede en los barrios. Más aún: lo calificó como una burla, una afirmación que no logra comprender de dónde surge ni qué mediciones la sostienen. En su experiencia cotidiana —no solo en Rosario sino en distintos puntos del país donde el FOL tiene presencia— lo que se observa es exactamente lo contrario: un crecimiento constante en la cantidad de personas que se acercan a buscar un plato de comida.
Ese aumento, explicó, no se limita a quienes históricamente asistían a los comedores. Hay un fenómeno nuevo que se repite: personas que perdieron su empleo, pero también trabajadores que, aun teniendo ingresos, no logran cubrir sus necesidades básicas. El incremento de tarifas, impuestos y costos de vida —la luz, el agua, los servicios— termina empujando a esos sectores a recurrir a la asistencia alimentaria como una forma de sostenerse hasta fin de mes o liberar algo de dinero para afrontar otros gastos urgentes.
En paralelo, vinculó esta situación con un proceso más amplio de deterioro económico. Desde la asunción de Javier Milei, sostuvo, se han producido cierres de empresas en distintos puntos del país, lo que agrava el desempleo. Mencionó casos concretos y cercanos, pero también remarcó que se trata de una tendencia extendida. A eso se suma la paralización de la obra pública, que no solo afecta a quienes trabajan directamente en la construcción, sino a toda la red económica que depende de esa actividad: corralones, ferreterías y múltiples rubros asociados.
Benítez advirtió además que el escenario podría empeorar con la eliminación de programas sociales como Potenciar Trabajo, que funcionaban como un complemento de ingresos para quienes desarrollan tareas en la economía popular. La interrupción de ese ingreso, explicó, no solo impacta en lo individual, sino que repercute en toda la dinámica comunitaria. Frente a eso, ya comenzaron instancias de organización: asambleas en distintos puntos del país y una jornada nacional de protesta prevista para los días siguientes, con movilizaciones también en Rosario.
Desde su rol en el impulso de cooperativas, describió con detalle el retroceso en la producción y el trabajo. Las experiencias que venían desarrollando —carpintería en aluminio, herrería, mantenimiento, limpieza, talleres textiles— hoy atraviesan una fuerte caída en la actividad. La apertura de importaciones, señaló, y la baja del consumo interno afectan directamente la posibilidad de sostener estos emprendimientos. Incluso, alertó sobre el riesgo de perder los espacios físicos donde funcionan, debido a la dificultad para afrontar los alquileres sin ingresos regulares.
Su mirada también se detuvo en la dimensión política y social de este proceso. Cuestionó que las medidas adoptadas favorecen a sectores concentrados, mientras los trabajadores pierden derechos. En ese marco, interpretó reformas como la laboral como un retroceso que debilita aún más a quienes dependen de su trabajo para subsistir.
Pero donde su narración adquirió mayor densidad fue en la descripción del clima social en los barrios. Habló de un malestar creciente, de una tensión que se percibe en lo cotidiano, donde las personas reaccionan con mayor rapidez, con enojo, con desesperación. La imposibilidad de sostener la vida diaria, de llegar a fin de mes o de proyectar a futuro impacta directamente en los vínculos, generando conflictos y aumentando la violencia, incluso en el ámbito familiar.
En ese contexto, mencionó escenas que se vuelven cada vez más frecuentes y que condensan la gravedad de la situación: personas mayores buscando comida en la basura, familias enteras viviendo en la calle, jóvenes sin horizonte. Sobre estos últimos, expresó una preocupación particular: la falta de oportunidades y perspectivas, dijo, está teniendo consecuencias profundas, y en algunos lugares ya se traduce en un aumento de situaciones extremas como el suicidio.
También cuestionó el recorte en la asistencia alimentaria a comedores y merenderos, una decisión que —según relató— se justificó en la supuesta existencia de espacios "fantasma", pero que en la práctica implicó dejar sin recursos a redes comunitarias que funcionan todos los días. Señaló que ni siquiera se realizó un relevamiento completo antes de tomar esa medida y que el trasfondo es, a su entender, un intento de debilitar a las organizaciones sociales y limitar su capacidad de reclamo.
Frente a este escenario, el FOL y otras organizaciones sostienen tanto el trabajo territorial como la protesta. Benítez insistió en la importancia de salir a la calle, de visibilizar lo que ocurre en los barrios y de reclamar por derechos que consideran básicos. En Rosario, adelantó, la convocatoria se concentrará este martes 7 en la zona de Circunvalación y la autopista a Buenos Aires, como parte de una jornada de alcance nacional.
El referente del FOL reforzó la idea que atravesaba el programa: que detrás de los indicadores oficiales existe otra realidad, palpable y cotidiana, donde la pobreza no retrocede sino que se transforma, se amplía y golpea a nuevos sectores, configurando un escenario cada vez más complejo.
Melisa Molina, Polo Obrero: "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker"
Desde el inicio de su relato, la descripción que ofreció fue tajante. Habló de una situación "realmente dramática" en los barrios, una caracterización que, según planteó, se vuelve evidente para cualquiera que recorra el territorio. En ese sentido, sostuvo que cualquier índice oficial que hable de una baja de la pobreza queda desmentido por la realidad concreta: cientos de familias en la ciudad —y miles a nivel país— atravesando condiciones cada vez más críticas.
A lo largo de su declaración, Molina fue desgranando un panorama que compone ese cuadro. Familias enteras que han perdido su empleo, chicos que dejan de asistir a la escuela para salir a "changuear" junto a sus padres, filas que crecen día a día en comedores y merenderos. Pero también puso el foco en un aspecto que consideró central: esos mismos espacios comunitarios, que funcionan como red de contención, atraviesan una situación límite.
Según explicó, bajo el gobierno de Javier Milei no se ha entregado asistencia alimentaria a comedores y merenderos, ni tampoco se financia su funcionamiento. En ese contexto, describió escenas que revelan el grado de precariedad: cocineras que, después de preparar la comida, terminan entregando sus propios tuppers y se quedan sin comer para que algún vecino no pase la noche sin alimento. Para Molina, ese tipo de situaciones sintetiza la gravedad del momento.
Sin embargo, su análisis no se limitó a la cuestión alimentaria. También señaló un proceso más amplio de descomposición social en los barrios. A medida que se agrava la crisis económica, sostuvo, se deterioran las condiciones de vida y con ellas emergen múltiples problemáticas: conflictos, tensiones, pérdida de vínculos y una degradación general del entramado comunitario.
En ese marco, advirtió sobre el avance de economías ilegales, en particular del narcotráfico, que —según planteó— encuentra terreno fértil en contextos de exclusión. Describió cómo ese fenómeno crece captando a jóvenes sin oportunidades, consolidando un negocio que "tiene en sus manos la sangre de nuestros pibes". Para la dirigente, esta dinámica no puede separarse del abandono estatal y de la falta de políticas que generen alternativas reales.
Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo dirigido a la eliminación o transformación de programas como "Volver al Trabajo", que alcanza a unas 950.000 personas. Se trata de un ingreso de alrededor de 78.000 pesos que, si bien calificó como insuficiente, cumple un rol clave en la economía de los hogares. Ese dinero, explicó, permite pagar deudas en comercios barriales, cubrir servicios básicos, comprar alimentos o incluso sostener el funcionamiento de comedores que no reciben financiamiento estatal.
La posible eliminación de ese ingreso, advirtió, tendría consecuencias directas y profundas. No solo porque implica la pérdida de un recurso económico, sino porque puede empujar a miles de familias hacia la indigencia. En ese punto, hizo una distinción clara: la indigencia no es solo un indicador estadístico, sino una situación límite en la que las personas no tienen garantizado el acceso a la comida ni a una vivienda.
Molina insistió en que los programas sociales funcionan como un piso, un mínimo que evita una caída aún más profunda. Sin ese sostén, planteó, el escenario se vuelve mucho más crítico. Y esa preocupación se extiende también a los espacios comunitarios: si no hay recursos, los comedores y merenderos corren riesgo de desaparecer.
Pero su planteo fue más allá al señalar que esos espacios cumplen funciones que exceden lo alimentario. Los definió como lugares de encuentro, de organización y de contención social. Allí no solo se garantiza un plato de comida, sino que también se asiste a mujeres en situación de violencia, se acompaña a jóvenes con consumos problemáticos y se construyen redes comunitarias en contextos donde otras instituciones —como clubes o centros deportivos— son escasas o están debilitadas.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de su eventual desaparición. "Donde no funciona un comedor, el lugar te lo va a agarrar búnker", sintetizó, marcando el riesgo de que esos vacíos sean ocupados por economías ilegales. Para Molina, el comedor no solo combate el hambre, sino que también disputa el territorio en términos sociales y simbólicos.
Al mismo tiempo, explicó que las tareas que se realizan en estos espacios —ya sea en comedores, centros juveniles o cuadrillas de trabajo— están asociadas a una contraprestación dentro de los programas sociales. Aunque remarcó que el monto es bajo y no alcanza para sostener una familia, sí permite complementar ingresos y sostener cierta estabilidad. La eliminación de ese esquema, insistió, pone en riesgo toda esa red.
En su discurso también hubo lugar para una crítica política más amplia. Cuestionó la idea de que los programas sociales puedan ser reemplazados por mecanismos como vouchers de empleo, a los que consideró inviables en el contexto actual. Argumentó que, con fábricas cerrando y una caída de la actividad industrial, no existen condiciones reales para generar empleo formal masivo. En ese sentido, definió al gobierno como "enemigo de los trabajadores" y sostuvo que las políticas implementadas profundizan la desocupación.
Además, retomó cuestionamientos sobre decisiones previas del gobierno, como la interrupción en la entrega de alimentos a comedores bajo el argumento de irregularidades. Según afirmó, nunca se realizó un relevamiento completo que justificara esa medida, y consideró que hubo una estigmatización hacia quienes sostienen esos espacios.
Hacia el limite de su intervención, Molina volvió sobre la convocatoria a la protesta. Reafirmó la decisión de avanzar con cortes de ruta en todo el país, incluyendo una acción en la autopista Rosario-Buenos Aires, como forma de resistencia frente a lo que definió como un intento de desarticular la organización social. Para ella, la respuesta no puede ser otra que la organización y la lucha colectiva.
Molina, realizó un relato extenso y cargado de definiciones y terminó de delinear un panorama donde la pobreza no solo persiste, sino que se profundiza y adquiere nuevas formas. En ese escenario, los barrios aparecen como el lugar donde esas transformaciones se vuelven visibles: en las filas de los comedores, en las trayectorias laborales interrumpidas, en los jóvenes sin horizonte y en las redes comunitarias que intentan sostener, con cada vez menos recursos, una realidad que se vuelve más difícil día a día.
Oscar Lupori, docente y referente comunitario: "La pobreza se expresa en cada dimensión de la vida"
Foto: Sebastián Suárez Meccia - La Capital
Desde allí, su relato se construyó con un tono pausado, casi pedagógico, pero no por eso menos contundente. Lo primero que dejó en claro fue que la situación del barrio resulta "totalmente contraria" a lo que sostiene el Gobierno nacional respecto de una baja de la pobreza. Lejos de cualquier mejora, afirmó, lo que se observa es un crecimiento alarmante.
Para sostener esa afirmación, Lupori no apeló a grandes conceptos abstractos, sino a indicadores concretos, visibles en la vida cotidiana del barrio. El primero de ellos fue la aparición de personas en situación de calle, algo que —según explicó— no era habitual tiempo atrás. Hoy, en cambio, esa realidad se hace presente incluso en formas más extremas, como familias completas, matrimonios con hijos, que no tienen dónde vivir.
El segundo elemento que describió fue la creciente demanda de asistencia alimentaria. En "La Casita", el espacio comunitario que integra se reparten alrededor de 120 bolsones de alimentos destinados a familias. Pero, como se encargó de aclarar, ese número no representa individuos sino núcleos familiares. Si se considera que muchas de esas familias están compuestas por cuatro o cinco integrantes, la cifra real de personas afectadas por la inseguridad alimentaria se multiplica de manera significativa.
A partir de ese dato, invitó a hacer una cuenta sencilla pero reveladora: detrás de esos bolsones hay cientos de personas que no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada. Y ese, señaló, es apenas uno de los rostros de la pobreza.
Lupori amplió luego el análisis hacia otras dimensiones que, a su entender, permiten comprender la profundidad del problema. Se detuvo particularmente en el impacto sobre la salud. Señaló que muchas personas que anteriormente contaban con obra social hoy han quedado desempleadas y deben recurrir al sistema público. Como consecuencia, los centros de salud del barrio se encuentran desbordados por la demanda.
Esa sobrecarga, explicó, no es un fenómeno aislado sino parte de un proceso más amplio en el que las carencias económicas repercuten directamente en las condiciones de vida. La pérdida de ingresos, la precarización laboral y la falta de cobertura médica terminan confluyendo en un sistema que no da abasto.
En la misma línea, sumó la dimensión educativa. En "La Casita", relató, brindan apoyo escolar a unos 60 chicos de nivel primario y a cerca de 20 estudiantes de secundaria. Ese dato, lejos de ser anecdótico, refleja para él una problemática de fondo: la dificultad de muchas familias para acompañar las trayectorias educativas de sus hijos en un contexto de vulnerabilidad creciente.
A partir de todos estos elementos, Lupori propuso una lectura más integral de la pobreza. No se trata solamente —sugirió— de un problema de ingresos, sino de una situación que atraviesa múltiples dimensiones de la vida. Habló, en ese sentido, de distintas formas de inseguridad: económica, alimentaria, sanitaria y educativa. Todas ellas, afirmó, se combinan y refuerzan entre sí, configurando lo que definió como una "profunda inseguridad humana".
Ese concepto funcionó como eje de su intervención. Más allá de los números o las estadísticas, lo que está en juego —planteó— es la posibilidad de las personas de vivir con dignidad, de acceder a derechos básicos y de proyectar un futuro. Y en ese plano, sostuvo, la realidad del barrio muestra un deterioro evidente.
En su análisis también hubo espacio para una crítica a las políticas económicas del Gobierno. Sin entrar en tecnicismos, cuestionó lo que definió como una orientación "neoliberal" centrada en el ajuste y en una lógica estrictamente monetarista. Según explicó, se trata de un enfoque que prioriza variables como el déficit fiscal cero, pero que pierde de vista las consecuencias humanas de esas decisiones.
Desde su perspectiva, esa forma de abordar la economía —"todo controlado contablemente", según sus palabras— carece de sensibilidad social. Y es precisamente esa falta de consideración por las condiciones de vida de la población lo que, a su entender, explica el agravamiento de la pobreza en los territorios.
Para terminar, Lupori volvió sobre el punto inicial para cerrar su planteo. Las cifras que difunde el Gobierno nacional, afirmó, no se corresponden "ni remotamente" con lo que sucede en su barrio. No se trata, para él, de una diferencia menor o de una interpretación discutible, sino de una distancia profunda entre el discurso oficial y la experiencia concreta de las comunidades.
Desde su experiencia territorial pero también desde una reflexión más conceptual, reforzó el hilo conductor del envío: la necesidad de interrogar las estadísticas a la luz de la realidad cotidiana. En Fisherton Pobre, como en los otros barrios mencionados a lo largo de la emisión, los números parecen quedar en segundo plano frente a evidencias mucho más tangibles: personas sin techo, familias sin alimentos suficientes, sistemas de salud saturados y niños que necesitan apoyo para sostener su escolaridad.
En ese cruce entre datos y vivencias, la voz de Lupori funcionó como una síntesis clara: si se quiere hablar en serio de pobreza, sugirió, es necesario mirar más allá de los indicadores y atender a las múltiples formas en que la desigualdad se expresa en la vida diaria.
Tomás Valentín Castagnino, CEPA: "La baja de la pobreza puede ser un efecto de la medición"
El último tramo del programa introdujo una voz distinta, más técnica, que buscó poner en contexto los números que venían siendo cuestionados a lo largo de la emisión. El dato de partida era contundente: según el INDEC, la pobreza se ubicó en el 28,2% en el segundo semestre de 2025, lo que representa una caída significativa respecto del año anterior. En el Departamento Rosario, además, la baja superó los diez puntos, ubicándose apenas por encima del 22%.
Sin embargo, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advertían que esa mejora podía no reflejar una recuperación real de los ingresos, sino estar vinculada a cambios en la forma de medición. Para profundizar en ese punto, en Señales dialogamos con Tomás Valentín Castagnino, licenciado en Ciencia Política e integrante de ese espacio.
A partir de allí, el análisis se desplazó desde la percepción social hacia la estructura técnica del indicador. Castagnino planteó que, antes de discutir si la pobreza bajó o no, es fundamental entender cómo se mide. En Argentina, explicó, la pobreza se calcula por ingresos: se establece una línea —la llamada línea de pobreza— que delimita quiénes quedan por debajo (y son considerados pobres) y quiénes la superan.
Esa línea se construye a partir de dos herramientas clave: la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La primera define el umbral de indigencia y está compuesta por el conjunto mínimo de alimentos necesarios para cubrir requerimientos calóricos básicos. La segunda amplía ese cálculo incorporando otros consumos esenciales, como transporte y servicios.
Pero allí aparece el primer punto crítico. Según explicó el especialista, la canasta básica alimentaria se basa en parámetros muy antiguos —data de mediados de los años noventa— y la canasta básica total se apoya en estructuras de consumo de principios de los 2000. Esto implica que los criterios con los que se mide hoy la pobreza no reflejan necesariamente los hábitos y necesidades actuales de la población.
Uno de los ejemplos más claros que mencionó fue el peso de los servicios en el gasto cotidiano. Mientras la metodología vigente supone que una proporción importante del ingreso se destina a alimentos, en los últimos años se produjo un fuerte incremento en rubros como transporte, tarifas y servicios básicos, que no están adecuadamente representados en la canasta. En ciudades como Rosario, señaló, el transporte público tuvo aumentos muy significativos, lo que impacta directamente en el presupuesto de los hogares.
A esto se suma otro desfasaje: la falta de incorporación de consumos que hoy resultan prácticamente indispensables, como la telefonía celular o el acceso a internet. Estos gastos, que forman parte de la vida cotidiana incluso en sectores vulnerables, no están plenamente contemplados en la medición, lo que contribuye a subestimar el costo real de vida.
De esta manera, sostuvo Castagnino, la canasta básica total podría estar subvaluada, es decir, fijando un umbral de pobreza más bajo del que correspondería si se consideraran todos los gastos actuales. Y ese punto es clave: si la línea de pobreza está desactualizada, más personas pueden quedar por encima de ella sin que su situación material haya mejorado de manera significativa.
El segundo eje de su análisis se centró en la medición de los ingresos. Para determinar si un hogar supera o no la línea de pobreza, el INDEC releva información a través de encuestas, preguntando a las personas por sus fuentes de ingreso. Sin embargo, en los últimos años se incorporaron nuevas preguntas que amplían el registro de ingresos no salariales.
Entre ellos, mencionó asignaciones sociales, programas de asistencia, pensiones y otros beneficios estatales. Este cambio metodológico, implementado hacia fines de 2023, permite captar con mayor precisión esos ingresos, lo que en la práctica eleva el total declarado por los hogares.
El efecto combinado de estos dos factores —una canasta posiblemente subestimada y un registro más amplio de ingresos— genera un escenario particular: más personas logran ubicarse por encima de la línea de pobreza, aunque eso no necesariamente implique una mejora sustancial en sus condiciones de vida.
A esto se suma un tercer elemento: la medición de los ingresos no registrados. Según explicó el analista, en la actualidad se observa una mayor declaración de este tipo de ingresos en las encuestas, lo que también contribuye a incrementar el cálculo total. En ese contexto, los valores de ingresos informales aparecen en niveles elevados, lo que impacta en el resultado final del indicador.
Castagnino fue cuidadoso en aclarar que no se trata de una manipulación, sino de una metodología que busca mantener cierta continuidad en el tiempo. Sin embargo, insistió en la necesidad de interpretar los datos con cautela, entendiendo las limitaciones y cambios en la forma de medición.
En ese sentido, también relativizó algunas afirmaciones políticas que utilizan estos números de manera lineal. Señaló que, en contextos de alta inflación o de fuertes variaciones económicas, el indicador puede mostrar movimientos bruscos que responden tanto a dinámicas reales como a efectos estadísticos.
Otro punto relevante que introdujo fue el fenómeno de los "trabajadores pobres". A partir del análisis de la mediana salarial, explicó que una proporción significativa de trabajadores no alcanza, con su ingreso principal, a cubrir el costo de la canasta básica total para una familia tipo. Esto no implica que todos sean pobres según la medición oficial, pero sí que dependen de ingresos adicionales para sostener su nivel de vida.
Ese dato, para el CEPA, refleja una tensión estructural: el empleo ya no garantiza por sí solo condiciones suficientes para evitar la pobreza. En muchos casos, los hogares necesitan combinar salarios, programas sociales y otras fuentes de ingreso para superar el umbral establecido.
Hacia el final, el análisis volvió sobre la pregunta inicial: ¿la baja de la pobreza refleja una mejora real o es resultado de cambios en la medición? La respuesta, según Castagnino, es compleja y combina ambas dimensiones.
Por un lado, reconoció que durante 2024 hubo una desaceleración de la inflación junto con cierta recomposición de ingresos, lo que pudo haber contribuido a una mejora en los indicadores. Pero, por otro, advirtió que esa tendencia no se estaría sosteniendo en el tiempo.
Según los datos más recientes que analizan desde el Centro de Economía Política Argentina, durante 2025 comenzó a observarse un cambio en la dinámica económica: caída del poder adquisitivo, presión inflacionaria y deterioro de los ingresos reales. De cara a 2026, los primeros indicadores sugieren que la pobreza podría volver a crecer.
Así, el cierre de su intervención dejó planteada una advertencia: más allá de la foto que muestran los números actuales, la evolución de la pobreza dependerá de variables clave como la inflación, los salarios y las políticas económicas. Y en ese terreno, sostuvo, los signos recientes no permiten anticipar una mejora sostenida.
Mónica Crespo, UTEP: "Mis compañeros la están pasando muy mal"
Por último, Señales volvió a llevar la discusión al territorio, a la experiencia directa de quienes sostienen cotidianamente espacios comunitarios. La voz fue la de Mónica Crespo, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y parte de una cooperativa de reciclado con larga trayectoria en la ciudad.
Desde el comienzo de su intervención, Crespo dejó en claro que su mirada no parte de estudios técnicos, sino de lo que definió como "el pulso de los barrios". Y desde ese lugar, su conclusión fue directa: no cree en los datos del INDEC. No como una discusión metodológica, sino como una convicción construida a partir de lo que ve todos los días.
Su relato se apoyó en escenas concretas. Habló del crecimiento sostenido de personas que se acercan a su espacio comunitario para pedir algo básico: un plato de comida, una jarra de leche, algo que sus compañeras puedan preparar, como tortas fritas o panificados simples. Esa demanda creciente, insistió, es incompatible con la idea de una baja de la pobreza.
Con una mezcla de bronca y certeza, planteó que no logra entender en qué se basan esas mediciones. Lo dijo sin rodeos: si uno recorre los barrios y escucha a la gente, la realidad que aparece es otra, marcada por el sufrimiento cotidiano. "Mis compañeros la están pasando muy mal", resumió, ubicándose ella misma dentro de ese universo de trabajadores de la economía popular.
En su análisis, también vinculó esa situación con decisiones económicas recientes. Señaló que la apertura de importaciones afectó directamente a los sectores más humildes, golpeando actividades que ya venían siendo frágiles. A eso sumó la incertidumbre generada por los cambios en los programas sociales. Recordó que muchos trabajadores se inscribieron con la expectativa de acceder a empleo formal a través de nuevas iniciativas, pero que esas promesas —según afirmó— no se concretaron.
Esa distancia entre lo anunciado y lo que efectivamente sucede en el territorio fue uno de los ejes de sus palabras. Habló de una sensación de engaño, de expectativas frustradas en personas que están dispuestas a trabajar pero no encuentran oportunidades reales. "Hay mano de obra", insistió, subrayando que existe una voluntad concreta de salir adelante a través del trabajo.
En ese punto, puso en valor la tarea que realizan en su cooperativa de reciclado. Describió el trabajo en el galpón, donde sus compañeros recolectan, clasifican y enfardan materiales que luego reingresan al circuito productivo. Ese proceso, explicó, no solo genera ingresos, sino que también cumple una función ambiental y social. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los ingresos no alcanzan: "no llegamos ni a mitad de mes", afirmó.
Crespo, se definió como una trabajadora de toda la vida, con aportes realizados y hoy jubilada con el haber mínimo. Desde ese lugar, expresó una profunda desilusión, no solo por su situación individual sino por el contexto general que atraviesan quienes la rodean.
Pero lejos de correrse, dejó en claro que continúa involucrada en el trabajo comunitario. Explicó que, incluso en los días en que no hay distribución de alimentos, la demanda aparece igual: chicos que se acercan a preguntar si hay leche o comida, familias que necesitan una respuesta urgente. Esa presencia constante de la necesidad genera, según describió, una angustia difícil de procesar.
Actualmente, relató, logran sostener la asistencia alimentaria tres veces por semana, aunque reconoció que resulta insuficiente frente al nivel de demanda. Cada jornada implica un esfuerzo colectivo para "llenar las ollas", en un contexto donde los recursos son escasos y la ayuda, según señaló, proviene principalmente de niveles locales del Estado y no del gobierno nacional.
En ese sentido, también cuestionó el discurso que estigmatiza a los beneficiarios de programas sociales. Rechazó la idea de que se trate de personas que no quieren trabajar y defendió la identidad de quienes integran estos espacios como trabajadores. "No pedimos planes", aclaró, sino reconocimiento y oportunidades laborales.
La dignidad del trabajo apareció como un concepto central en su relato. Para Crespo, lo que realmente transforma la vida de las personas no es la asistencia, sino la posibilidad de acceder a un empleo genuino. Y en ese punto, sostuvo que la realidad actual está lejos de ofrecer esas condiciones.
Hacia el final, su intervención adquirió un tono casi interpelador. Invitó, de manera directa, a quienes elaboran las estadísticas y a los funcionarios a recorrer los barrios, a ver con sus propios ojos lo que ocurre en lugares como Barrio Industrial, la zona norte o la zona sur de Rosario. Desde su perspectiva, solo ese contacto con la realidad permitiría dimensionar la magnitud del problema.
Describió el presente como un escenario donde crecen el hambre, la desilusión y la desesperación. Un proceso que se "siembra" en los barrios cuando faltan respuestas estructurales. Frente a eso, reivindicó el rol de las organizaciones sociales como sostén cotidiano: espacios que contienen, alimentan y acompañan, incluso cuando los recursos no alcanzan.
Su cierre fue también una definición de identidad. Reafirmó que quienes están en esos espacios saben de lo que hablan porque lo viven todos los días. Y volvió a insistir en una idea que atravesó todo su charla: detrás de cada número, de cada indicador, hay personas concretas, trabajadores que luchan por sostener a sus familias en condiciones cada vez más difíciles.
Así, su voz completó el mosaico de relatos del programa, aportando una perspectiva que no se mide en porcentajes sino en experiencias, en cuerpos y en territorios donde la pobreza no es un dato, sino una realidad que se enfrenta todos los días.
Desde el comienzo de su intervención, Crespo dejó en claro que su mirada no parte de estudios técnicos, sino de lo que definió como "el pulso de los barrios". Y desde ese lugar, su conclusión fue directa: no cree en los datos del INDEC. No como una discusión metodológica, sino como una convicción construida a partir de lo que ve todos los días.
Su relato se apoyó en escenas concretas. Habló del crecimiento sostenido de personas que se acercan a su espacio comunitario para pedir algo básico: un plato de comida, una jarra de leche, algo que sus compañeras puedan preparar, como tortas fritas o panificados simples. Esa demanda creciente, insistió, es incompatible con la idea de una baja de la pobreza.
Con una mezcla de bronca y certeza, planteó que no logra entender en qué se basan esas mediciones. Lo dijo sin rodeos: si uno recorre los barrios y escucha a la gente, la realidad que aparece es otra, marcada por el sufrimiento cotidiano. "Mis compañeros la están pasando muy mal", resumió, ubicándose ella misma dentro de ese universo de trabajadores de la economía popular.
En su análisis, también vinculó esa situación con decisiones económicas recientes. Señaló que la apertura de importaciones afectó directamente a los sectores más humildes, golpeando actividades que ya venían siendo frágiles. A eso sumó la incertidumbre generada por los cambios en los programas sociales. Recordó que muchos trabajadores se inscribieron con la expectativa de acceder a empleo formal a través de nuevas iniciativas, pero que esas promesas —según afirmó— no se concretaron.
Esa distancia entre lo anunciado y lo que efectivamente sucede en el territorio fue uno de los ejes de sus palabras. Habló de una sensación de engaño, de expectativas frustradas en personas que están dispuestas a trabajar pero no encuentran oportunidades reales. "Hay mano de obra", insistió, subrayando que existe una voluntad concreta de salir adelante a través del trabajo.
En ese punto, puso en valor la tarea que realizan en su cooperativa de reciclado. Describió el trabajo en el galpón, donde sus compañeros recolectan, clasifican y enfardan materiales que luego reingresan al circuito productivo. Ese proceso, explicó, no solo genera ingresos, sino que también cumple una función ambiental y social. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los ingresos no alcanzan: "no llegamos ni a mitad de mes", afirmó.
Crespo, se definió como una trabajadora de toda la vida, con aportes realizados y hoy jubilada con el haber mínimo. Desde ese lugar, expresó una profunda desilusión, no solo por su situación individual sino por el contexto general que atraviesan quienes la rodean.
Pero lejos de correrse, dejó en claro que continúa involucrada en el trabajo comunitario. Explicó que, incluso en los días en que no hay distribución de alimentos, la demanda aparece igual: chicos que se acercan a preguntar si hay leche o comida, familias que necesitan una respuesta urgente. Esa presencia constante de la necesidad genera, según describió, una angustia difícil de procesar.
Actualmente, relató, logran sostener la asistencia alimentaria tres veces por semana, aunque reconoció que resulta insuficiente frente al nivel de demanda. Cada jornada implica un esfuerzo colectivo para "llenar las ollas", en un contexto donde los recursos son escasos y la ayuda, según señaló, proviene principalmente de niveles locales del Estado y no del gobierno nacional.
En ese sentido, también cuestionó el discurso que estigmatiza a los beneficiarios de programas sociales. Rechazó la idea de que se trate de personas que no quieren trabajar y defendió la identidad de quienes integran estos espacios como trabajadores. "No pedimos planes", aclaró, sino reconocimiento y oportunidades laborales.
La dignidad del trabajo apareció como un concepto central en su relato. Para Crespo, lo que realmente transforma la vida de las personas no es la asistencia, sino la posibilidad de acceder a un empleo genuino. Y en ese punto, sostuvo que la realidad actual está lejos de ofrecer esas condiciones.
Hacia el final, su intervención adquirió un tono casi interpelador. Invitó, de manera directa, a quienes elaboran las estadísticas y a los funcionarios a recorrer los barrios, a ver con sus propios ojos lo que ocurre en lugares como Barrio Industrial, la zona norte o la zona sur de Rosario. Desde su perspectiva, solo ese contacto con la realidad permitiría dimensionar la magnitud del problema.
Describió el presente como un escenario donde crecen el hambre, la desilusión y la desesperación. Un proceso que se "siembra" en los barrios cuando faltan respuestas estructurales. Frente a eso, reivindicó el rol de las organizaciones sociales como sostén cotidiano: espacios que contienen, alimentan y acompañan, incluso cuando los recursos no alcanzan.
Su cierre fue también una definición de identidad. Reafirmó que quienes están en esos espacios saben de lo que hablan porque lo viven todos los días. Y volvió a insistir en una idea que atravesó todo su charla: detrás de cada número, de cada indicador, hay personas concretas, trabajadores que luchan por sostener a sus familias en condiciones cada vez más difíciles.
Así, su voz completó el mosaico de relatos del programa, aportando una perspectiva que no se mide en porcentajes sino en experiencias, en cuerpos y en territorios donde la pobreza no es un dato, sino una realidad que se enfrenta todos los días.
