La parte gremial, encabezada por el secretario general del SPR, Edgardo Carmona, y los representantes de los medios de comunicación: Multimedios La Capital, Televisión Litoral y Telefe, expusieron todas las situaciones hostiles con movileros de televisión, en particular, y con las y los trabajadores de prensa, en general, de las fuerzas de seguridad dependientes de la provincia, tanto por acción directa como por omisión.
El ministro se mostró receptivo a los planteos, admitió la dificultad que se presenta y, de acuerdo a lo ya enunciado en otras reuniones, propuso avanzar con la elaboración de un protocolo, ya sea de sucesos especiales como cotidianos, dando participación a todos los actores involucrados. Se comprometió, además, a mantener reuniones con la fiscalía para actuar en un mismo sentido y convino en designar un jefe de operativo que ordene la escena del acontecimiento, con quien las y los trabajadores de prensa puedan interactuar.
Carmona señaló también que si bien la situación de Rosario no es idéntica a la de Buenos Aires -donde ya se contabilizan 241 casos de agresiones a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, quienes deben usar elementos de protección para resguardar su integridad física- va creciendo en la ciudad, en forma sistemática, un destrato peligroso a las y trabajadores de prensa, en un marco de odio promovido desde el propio presidente y en las redes sociales, que genera un clima poco propicio para un trabajo periodístico con normalidad y respeto.
Además, se planteó a Cococcioni el tema de las presiones sobre las publicaciones y/o coberturas que surgen desde el propio gobierno frente a temas que pretenden que no se cubran o que se les dé un tratamiento determinado, cuando uno de los principios fundamentales de la existencia del periodismo es ser fiel a la información y a trabajar libre de censura, que en muchos casos se transforma de hecho en autocensura.
El SPR solicitará, también, reuniones con la fiscalía y el Ministerio Público de la Acusación frente a las dificultades en la cobertura periodísticas de temas de justicia penal, las que se traducen en limitaciones directas y en una deficiente información producto de esas medidas arbitrarias.
