La medida tira abajo el reglamento anterior del FoMeCa y lo reemplaza por otro esquema, el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA), que el gobierno presenta como una "modernización". Pero, si uno mira bien, es mucho más que eso. Ya no se trata de un fondo pensado para cuidar la diversidad de voces y sostener medios comunitarios. Ahora, la apuesta pasa por un modelo más abierto, competitivo y, sobre todo, alineado con la lógica del mercado y la búsqueda de inversiones.
FoMeCa nació con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Usaba el 10% de los gravámenes pagados por los grandes medios para apuntalar proyectos locales, autogestivos y comunitarios. No buscaba generar ganancias ni exportar contenidos; su meta era garantizar el derecho a la comunicación, fortalecer lo local y mantener la pluralidad informativa. Todo ese espíritu, en el mejor de los casos, queda diluido en el nuevo esquema del ENaCom intervenido. En el peor, directamente desaparece.
Fondos congelados, pagos que no llegan y un silencio que pesa
Hay algo que la resolución no menciona: desde principios de 2024, los fondos del FoMeCa están congelados. Las transferencias de las convocatorias de 2023 nunca llegaron, aunque los proyectos se aprobaron, se hicieron y se rindieron como pedía el propio ENaCom.
Lo mismo pasa con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), que debería usarse para conectividad e inclusión digital. En ambos casos, el Estado no cumplió lo prometido y dejó a cooperativas, pymes y medios comunitarios en serios problemas financieros.
Organizaciones como FARCo, CoNTA y AMARC lo vienen denunciando hace rato. Dicen que la falta de pagos no es casualidad ni un simple problema administrativo: es una decisión política para vaciar estos instrumentos de fomento sin admitirlo abiertamente. La Resolución 11/2026 no hace más que ponerle nombre y apellido a ese vaciamiento.
De la democratización al "contenido competitivo"
En la resolución, ENaCom justifica el fin del FoMeCa hablando de "simplificación burocrática", "innovación tecnológica" y la necesidad de crear contenidos "competitivos" y "exportables". Pero detrás de ese lenguaje técnico hay un giro político fuerte: el Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser, simplemente, un facilitador de negocios en el sector audiovisual.
Qué es el FoProA y por qué no reemplaza al FoMeCa
El FoProA es un régimen general de concursos para proyectos audiovisuales que prevé el acceso a aportes económicos no reembolsables, infraestructura, equipamiento o instancias de capacitación. Según su propio reglamento, está orientado a promover la producción de contenidos, la innovación tecnológica y la proyección de la industria audiovisual, con criterios de evaluación centrados en la consistencia, la factibilidad y el potencial de desarrollo de los proyectos.
Sin embargo, este diseño no reemplaza ni cumple la función que tenía el FoMeCa. El fondo eliminado estaba concebido como una política pública específica para sostener medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro, reconociendo su rol social, territorial y democrático en el sistema de comunicación. El FoProA, en cambio, financia proyectos puntuales y acotados en el tiempo, no la continuidad operativa de radios, canales o productoras comunitarias que dependen de esos recursos para sostener su funcionamiento cotidiano.
A diferencia del FoMeCa, el nuevo esquema no establece prioridades explícitas para los medios comunitarios, no garantiza líneas específicas para el sector sin fines de lucro ni contempla criterios de evaluación vinculados al derecho a la comunicación, la diversidad de voces o el arraigo local. La eventual participación de estos medios queda supeditada a competir en igualdad formal de condiciones con productoras comerciales u otros actores con mayor capacidad financiera, técnica y administrativa.
Esa igualdad formal oculta una desigualdad estructural. En un escenario de concentración y ajuste, competir bajo reglas comunes favorece a quienes ya cuentan con recursos, equipos profesionales y espalda económica, y deja en clara desventaja a los medios comunitarios, cuya función no es la rentabilidad ni la exportación de contenidos, sino el ejercicio del derecho a comunicar.
En ese sentido, el reemplazo del FoMeCa por el FoProA no constituye una mera actualización administrativa, sino un cambio de lógica en las políticas de fomento: el eje se desplaza desde la comunicación entendida como derecho humano hacia un modelo basado en la competencia por proyectos, la productividad y la “proyección” industrial. Un corrimiento que redefine quiénes son los destinatarios reales del apoyo estatal y quiénes quedan, una vez más, al margen.
Un golpe directo al derecho a la comunicación
La eliminación del FoMeCa no es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia del gobierno de Milei: intervención eterna del ENaCom, parálisis de políticas públicas, desfinanciamiento de sectores clave y abandono de los principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entiende la comunicación como derecho humano y asunto de interés público.
En vez de promover la pluralidad, esta medida debilita a los actores más frágiles del sistema de medios. El resultado: más concentración, más centralización y menos voces locales y comunitarias.
La pregunta que queda, y que no es técnica ni administrativa sino política, es clara: ¿qué lugar ocupan los medios comunitarios, cooperativos y populares en el país que quiere construir este gobierno? La respuesta, cada vez más, la deja escrita el Boletín Oficial.
