El 23 de marzo de 2018 siete jóvenes de Rosario sufrieron abusos, golpes, torturas y amenazas por parte de las fuerzas policiales en las Cuatro Plazas del Barrio Belgrano, en el Distrito Noroeste. Tras ocho años de espera, 21 policías de Santa Fe llegarán a juicio por violencia institucional.
Julia Jordano, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, relató en Señales cómo ocurrió aquella madrugada. Explicó que los siete jóvenes, como muchísimos otros en ese momento, se habían acercado a las plazas para terminar la noche, comer algo en el carrito o simplemente seguir socializando. La situación cambió cuando dos de ellos fueron a un kiosco a comprar algo y comenzaron a ser perseguidos por un móvil policial sin razón alguna, generándoles temor.
Al llegar a las Cuatro Plazas, una de las chicas que iba en una moto se bajó, y de inmediato los patrulleros que los venían siguiendo los abordaron a punta de pistola, con amenazas, improperios y violencia física. Cuando la joven pidió explicaciones, comenzaron a recibir golpes no solo con las manos, sino también con las culatas de las armas y hasta con un escopetazo en el gemelo de uno de los chicos.
Uno de los jóvenes, intentando escapar, logró eludir momentáneamente la violencia desplegada, pero fue perseguido por una decena de patrulleros, entre automóviles y motos, y atrapado a pocos metros, donde fue golpeado salvajemente y le cortaron las rastas. Durante el trayecto, los siete fueron detenidos mientras les lanzaban amenazas terribles: les advertían que podrían aparecer muertos en una zanja, que serían violados, que les implantarían armas o que les armarían causas judiciales.
Fueron trasladados a la Comisaría 14, donde las amenazas y la humillación continuaron hasta entrada la tarde. Los hechos comenzaron alrededor de las cuatro y media de la mañana y se prolongaron hasta aproximadamente las cuatro de la tarde: doce horas de detención sin motivo alguno. Finalmente, los jóvenes recuperaron la libertad sin formación de causa, evidenciando que no había justificación para la persecución inicial ni para la prolongada detención.
Además, Jordano detalló que uno de los jóvenes sufrió abuso sexual simple por parte de un policía. Lo hicieron desvestir completamente, lo obligaron a dar vueltas esposado en un acto de humillación y, cuando le permitieron vestirse mientras seguía esposado, lo vejaron físicamente de manera directa.
El alivio llegó solo cuando las madres y padres lograron enterarse de su paradero y acercarse a la comisaría, iniciar los reclamos y presentar las denuncias correspondientes. Así comenzó un largo periplo judicial de varios años que finalmente llevará a los responsables a juicio oral.
Demoras y obstáculos en la justicia
Tras un prolongado derrotero judicial, el proceso judicial por los hechos de 2018 finalmente comenzará. La demora en el inicio del juicio responde a una combinación de factores burocráticos y políticos. Los juicios que tradicionalmente tienen prioridad son aquellos en los que las personas permanecen privadas de libertad. En este caso, los acusados, los 21 policías, fueron inicialmente liberados, y la Cámara confirmó esa decisión considerando que no existía riesgo de fuga ni de interferencia en la investigación.
Desde el inicio de la denuncia, sin embargo, la investigación estuvo marcada por obstáculos y presiones. Surgieron amedrentamientos, amenazas y persecuciones que pusieron en duda la continuidad del proceso y generaron temor tanto en las víctimas como en quienes acompañaban la causa. A pesar de ello, los tribunales evaluaron que no había riesgo de que el personal policial atentara contra el desarrollo del juicio, aunque la sensación de inseguridad permanece latente.
Esta demora también refleja la política pública imperante: los organismos del Estado, incluidos los tribunales y el Ministerio Público de la Acusación, no priorizan el juzgamiento del personal policial acusado de cometer atrocidades. Mientras que la prisión preventiva se aplica rápidamente a quienes roban un celular, cometen hurtos o delitos menores, el juicio contra policías acusados de tortura, omisión de denuncia de tortura y abuso sexual se mantiene en un segundo plano, dejando en evidencia la desigual atención que reciben estos casos dentro del sistema judicial, expone la abogada de la APDH.
Todos los hechos denunciados —golpes, vejaciones, amenazas y el abuso sexual sufrido por uno de los jóvenes— forman parte de las calificaciones legales que se someterán a juicio. La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos trabajó coordinadamente con la Fiscalía, aunque reconocen que en algunos puntos existen diferencias sobre cómo calificar ciertos delitos. En general, las coincidencias predominan, pero la APDH decidió en todos los casos optar por una calificación más gravosa: la de tortura.
La decisión de calificar los hechos como tortura se sustenta en la magnitud y coordinación de la violencia ejercida por el personal policial. La participación numerosa de los efectivos garantizó la interacción directa y continua con las víctimas, asegurando que todos los jóvenes fueran objeto de agresión. Así, cada uno de los policías implicados no puede considerarse simplemente partícipe o cómplice, sino autor del delito de tortura en su totalidad. Esta postura refleja también una estrategia judicial orientada a visibilizar la gravedad del hecho y la responsabilidad de cada involucrado, evitando minimizar la violencia institucional como si se tratara de incidentes aislados o errores individuales.
El inicio del juicio representa, por tanto, un paso importante no solo para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto. La espera deja en evidencia la lentitud del sistema judicial frente a casos de violencia institucional y la necesidad de políticas públicas que prioricen la protección de los derechos humanos frente a la impunidad policial. Para las familias de los jóvenes, la expectativa es que este proceso no solo reconozca la magnitud de los abusos sufridos, sino que también siente un precedente respecto a la responsabilidad de quienes ejercen el poder estatal.
El debate oral permitirá reconstruir con detalle la cadena de violencias vivida aquella madrugada, desde la persecución inicial hasta la detención prolongada y las vejaciones en la comisaría, mientras la sociedad y los tribunales enfrentan la difícil tarea de traducir en justicia los horrores que durante años permanecieron invisibles. Cada testimonio, cada detalle de la investigación, cada decisión judicial será un paso hacia el reconocimiento de lo sucedido y hacia la reparación de un daño que los años no ha logrado borrar.
Revictimización y declaraciones en el juicio
A partir del 18 de febrero, los jóvenes deberán volver a enfrentar el tribunal, presentarse y declarar ante los jueces, tal como lo prevé el proceso oral. Este regreso al tribunal no es un simple trámite: representa una nueva revictimización. Cada testimonio, cada relato, implica revivir la violencia y el miedo de aquella madrugada de 2018. Escuchar nuevamente los episodios de persecución, golpes y humillaciones constituye, en palabras de quienes acompañan el caso, una suerte de tortura renovada, que provoca dolor físico y psíquico. Aún después de múltiples declaraciones previas, el proceso exige que las víctimas reconstruyan frente al tribunal la cadena de violencias sufridas.
El calendario de audiencias está definido: comenzarán el 18 de febrero y se extenderán hasta el 9 de marzo inclusive. El primer día se reservará principalmente para presentaciones formales, identificaciones de los imputados y los alegatos de apertura, aunque el tamaño del caso —21 policías acusados y siete víctimas— condiciona la dinámica. La producción de pruebas comenzará el 19 de febrero, con la presentación inicial de la acusación, seguida por los testimonios de las víctimas. Luego se dará paso a la producción de pruebas por parte de la defensa. La culminación del juicio se espera entre el 6 y el 9 de marzo, con los alegatos finales de todas las partes, un momento clave donde la acusación y la defensa expondrán sus conclusiones ante el tribunal.
Hoy todos los policías acusados continúan en funciones. Patrullan las calles, se desempeñan en el comando radioeléctrico y en la Policía de Acción Táctica (PAT), sin restricciones significativas que impidan su contacto con la comunidad o su participación en operaciones policiales. A pesar de que se habían establecido obligaciones procesales, como la presentación periódica ante la oficina de gestión judicial, estos mecanismos no han sido suficientes para garantizar la seguridad de las víctimas ni impedir intentos de amedrentamiento. Durante los meses posteriores a la denuncia, varias de las víctimas sufrieron distintos tipos de persecución y hostigamiento, evidenciando que las medidas preventivas aplicadas hasta ahora resultaron insuficientes frente a un entorno institucional que no siempre protege a quienes denuncian abusos.
El escenario judicial, por tanto, se presenta complejo y delicado. Los mecanismos de protección que existen hasta ahora no alcanzan, y ver a los acusados todavía en la policía suma una amenaza real, una presión que está ahí y no se puede pasar por alto. Aun con todo eso, que el juicio haya empezado marca un antes y un después: la justicia por fin obliga al sistema a mirar de frente la gravedad de lo que pasó y a exigir cuentas a quienes, en teoría, estaban ahí para cuidar a la gente. Cada audiencia será un recordatorio de lo ocurrido y una oportunidad para visibilizar la violencia institucional que hasta ahora permaneció silenciada.
Difusión de imágenes y hostigamiento constante
El juicio no solo traerá la reconstrucción de la violencia física y sexual, sino también la exposición de las estrategias de hostigamiento y miedo que la policía desplegó durante años. La difusión de fotografías tomadas por los propios efectivos se convirtió en una forma adicional de intimidación. Las imágenes, registradas durante los episodios de detención y vejación, circulaban entre los mismos miembros de la fuerza, generando un miedo constante en las víctimas. Los jóvenes se encontraban con efectivos que, en medio de la vida cotidiana, los reconocían y los confrontaban: "Vos sos el que estabas en la 14, ¿querés terminar igual que la otra vez?", decían, recordándoles de manera explícita los abusos sufridos.
Estas persecuciones fueron denunciadas en cada oportunidad ante la fiscalía, registrando un patrón persistente de amenazas y acoso. En el caso de Nelson, uno de los jóvenes afectados, la situación alcanzó tal magnitud que, el 23 de marzo de 2018, se gestionó un recurso de hábeas corpus preventivo que finalmente fue concedido. Este mecanismo judicial permitió frenar, aunque parcialmente, el hostigamiento constante y la persecución policial que sufría. Antes de la intervención del tribunal, las medidas de protección resultaban insuficientes, y los jóvenes estaban expuestos a la intimidación cotidiana de aquellos que debían garantizar su seguridad.
La concesión del hábeas corpus fue, en ese contexto, una herramienta clave para demostrar la realidad de la persecución. Sin esa constancia legal que registrara formalmente el hostigamiento, es probable que las denuncias se hubieran desestimado o minimizado. La validez de este recurso evidencia que la sistematicidad del acoso era tangible y comprobable: no se trataba de episodios aislados ni de percepciones subjetivas, sino de prácticas institucionalizadas dentro de la fuerza policial.
Más allá del aspecto legal, la existencia de estas imágenes y la circulación entre los efectivos tuvieron un efecto devastador en la vida de las víctimas. Cada encuentro con la policía podía convertirse en un recordatorio del abuso pasado, un mecanismo de control social que extendía el daño más allá del episodio inicial en la comisaría. La violencia institucional, de esta manera, se prolongaba en el tiempo y en el espacio, y el juicio busca también dar visibilidad a estas formas de intimidación menos evidentes, pero igualmente dañinas.
La producción de la prueba en el tribunal incluirá estas situaciones, detallando no solo los actos de violencia física y sexual, sino también las formas de hostigamiento que configuraron un clima de miedo sostenido durante años. Mostrar estas estrategias ante jueces y fiscales les ayuda a ver la violencia institucional en toda su magnitud. No es solo algo que pasa una noche y ya; es un daño que sigue, que se mete en la vida diaria de las víctimas, les roba libertad, seguridad y hasta afecta su salud mental.
Este punto del juicio deja claro que la justicia no puede enfocarse solo en los golpes o el abuso físico. También tiene que mirar cómo el poder del Estado presiona, humilla y controla a quienes se atreven a denunciar. Cada fotografía, cada amenaza, cada acto de persecución documentado se incorpora así como prueba de un patrón sistemático de violencia y de la necesidad de que el Estado responda de manera efectiva frente a sus propios agentes.
El juicio como oportunidad de reparación
El juicio por los hechos de 2018 adquiere una dimensión que trasciende lo individual: no se trata solo de sancionar a los responsables de la violencia ejercida sobre los siete jóvenes, sino de visibilizar un patrón de actuación institucional que reproduce desigualdades y refuerza la impunidad. La expectativa de la APDH y de quienes acompañan la causa es que este proceso sirva para mostrar que la violencia estatal no puede quedar normalizada, que los abusos cometidos por personal uniformado deben ser juzgados y que los derechos de las víctimas deben ser garantizados, incluso frente a años de burocracia y dilaciones judiciales.
Mientras se espera que se realicen las audiencias, las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a las víctimas se muestran insuficientes, y la continuidad de los policías acusados en sus funciones pone de relieve los riesgos y las contradicciones del sistema. Sin embargo, la apertura del juicio representa un paso significativo hacia la reparación y la visibilización de la violencia institucional: la sociedad se enfrenta a la evidencia de que los derechos humanos no pueden ser objeto de demora ni de doble estándar.
Al final, este caso deja claro que buscar justicia no solo significa ir tras los culpables directos. También pone en jaque a las políticas públicas y a la forma en que el Estado elige proteger —o simplemente dejar de lado— a quienes se atreven a denunciar abusos. La violencia institucional, el hostigamiento y la revictimización no son hechos aislados; forman parte de algo mucho más grande, sin importar quién tenga el poder.
Mientras se espera que se realicen las audiencias, las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a las víctimas se muestran insuficientes, y la continuidad de los policías acusados en sus funciones pone de relieve los riesgos y las contradicciones del sistema. Sin embargo, la apertura del juicio representa un paso significativo hacia la reparación y la visibilización de la violencia institucional: la sociedad se enfrenta a la evidencia de que los derechos humanos no pueden ser objeto de demora ni de doble estándar.
Al final, este caso deja claro que buscar justicia no solo significa ir tras los culpables directos. También pone en jaque a las políticas públicas y a la forma en que el Estado elige proteger —o simplemente dejar de lado— a quienes se atreven a denunciar abusos. La violencia institucional, el hostigamiento y la revictimización no son hechos aislados; forman parte de algo mucho más grande, sin importar quién tenga el poder.
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