Ese silencio no fue casual ni neutro. Fue una decisión editorial tomada bajo presión comercial.
Familiares de policías bloquearon parcialmente la Jefatura. Hubo bocinazos, pancartas, carteles y momentos de tensión que alteraron la dinámica habitual del edificio. Las demandas estaban claras: salarios deteriorados, jornadas laborales extenuantes, condiciones de trabajo precarias y un progresivo deterioro del bienestar dentro de la fuerza. Nada de eso apareció en la agenda de los principales medios provinciales mientras el conflicto se desarrollaba.
El reclamo de la Policía de Santa Fe es inocultable, por más esfuerzos que se hagan para taparlo.
La cobertura recién comenzó cuando habló el gobierno provincial. Anunciaron la resolución de un conflicto que no nunca estuvo en el aire de esos medios.
A partir de ese momento, los portales se llenaron de declaraciones oficiales, cifras, explicaciones y advertencias. El eje dejó de ser el reclamo para pasar a ser la versión gubernamental del conflicto: que era inorgánico, que los pedidos eran difusos, que no había representatividad clara y que el servicio de seguridad nunca estuvo en riesgo. Lo que no se explicó fue por qué, durante 48 horas, la protesta no mereció ser noticia.
Ahí aparece el problema de fondo. No se trata solo de una mala cobertura, sino de una degradación del rol periodístico. Cuando los medios eligen no informar mientras un conflicto está en curso y luego funcionan como caja de resonancia del discurso oficial, dejan de cumplir su función básica: informar de manera oportuna, completa y crítica.
La sociedad no se enteró de la protesta cuando ocurrió. Se enteró cuando el gobierno decidió narrarla, y a su manera.
Ese mecanismo es peligroso. No solo erosiona la credibilidad de los medios, sino que empobrece el debate público. Un conflicto que involucra a una fuerza clave del Estado no puede ser tratado como un dato secundario ni condicionado a la conveniencia política del momento. Mucho menos cuando existen señales graves y persistentes de deterioro humano dentro de la institución.
Porque el conflicto no es solo salarial.
Desde 2023 hasta abril de 2025 se registraron al menos 17 suicidios de policías en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con reconstrucciones basadas en pedidos de informes legislativos y en trabajos periodísticos. Al ampliar el recorte temporal, otro relevamiento indica que entre 2014 y 2019 se produjeron al menos 23 casos dentro de la Policía provincial, incluyendo efectivos varones y mujeres. Las cifras no provienen de un informe oficial único y consolidado, sino de fuentes parciales y relevamientos independientes que, en conjunto, permiten identificar una tendencia persistente y preocupante.
El silencio también fue sobre esto.
No hubo investigaciones profundas, no hubo seguimiento sistemático, no hubo interpelaciones públicas sostenidas al poder político. El tema aparece de manera fragmentada y episódica, sin continuidad. Como si nombrarlo fuera incómodo. Como si visibilizarlo obligara a asumir responsabilidades.
Las políticas salariales del Gobierno de Santa Fe empujan a la pobreza a quienes viven exclusivamente de su sueldo: docentes, personal de salud, trabajadores de la administración pública y muchos otros. En el caso de las fuerzas de seguridad, a los bajos salarios se suman traslados extensos, desarraigo, jornadas prolongadas y una presión laboral constante. Estos son los hechos. No consignas. No interpretaciones malintencionadas.
Reducir la protesta a un reclamo difuso, como sostuvo el gobierno, es una forma de minimizar un malestar que se acumula desde hace años. Cuando las demandas económicas se combinan con un deterioro sostenido de las condiciones de vida y de trabajo, el conflicto deja de ser sectorial y pasa a ser estructural. Cuando las familias salen a la calle, por lo general, es porque los canales institucionales ya no funcionan.
El periodismo, en este contexto, debería haber cumplido un rol central: describir los hechos, contextualizar los reclamos, investigar las causas profundas y sostener el tema en agenda. En cambio, eligió callar primero y amplificar después la palabra oficial.
Ese es el peor de los mundos posibles para una democracia.
Hay, además, una dimensión que permanece deliberadamente fuera del debate público: la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad. No es un tema marginal ni accesorio, sino un componente central del conflicto. Y su ocultamiento es tan grave como el silencio sobre los reclamos salariales.
Hablar de salud mental en la policía no es solo hablar de bienestar individual. Es hablar de personas que trabajan bajo presión permanente, con jornadas extensas, exposición constante a la violencia y portación de armas. Ignorar ese cuadro no solo pone en riesgo a quienes integran la fuerza, sino también al conjunto de la sociedad.
El problema de salud mental que no se cuenta no se agota en el daño autoinfligido. Cuando el Estado desatiende de manera sistemática estas situaciones, también habilita escenarios de riesgo hacia terceros. Fingir que no existe es una forma de irresponsabilidad institucional.
La ausencia de políticas públicas visibles, sostenidas y transparentes en materia de contención psicológica dentro de la policía se combina con salarios deteriorados, desarraigo, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento. Ese cóctel no puede ser tratado como un asunto privado ni como un dato incómodo que se menciona de forma episódica y luego se archiva.
El silencio, una vez más, no es neutral. Es parte del problema.
El conflicto no está cerrado. Las reuniones continúan y el malestar sigue latente. Podrán tapar las protestas. Podrán discutir la representatividad. Podrán relativizar los números. Pero no pueden borrar las causas. Y mientras esas causas sigan intactas, el conflicto seguirá ahí, aunque algunos prefieran no contarlo.
Ese es el peor de los mundos posibles para una democracia.
Hay, además, una dimensión que permanece deliberadamente fuera del debate público: la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad. No es un tema marginal ni accesorio, sino un componente central del conflicto. Y su ocultamiento es tan grave como el silencio sobre los reclamos salariales.
Hablar de salud mental en la policía no es solo hablar de bienestar individual. Es hablar de personas que trabajan bajo presión permanente, con jornadas extensas, exposición constante a la violencia y portación de armas. Ignorar ese cuadro no solo pone en riesgo a quienes integran la fuerza, sino también al conjunto de la sociedad.
El problema de salud mental que no se cuenta no se agota en el daño autoinfligido. Cuando el Estado desatiende de manera sistemática estas situaciones, también habilita escenarios de riesgo hacia terceros. Fingir que no existe es una forma de irresponsabilidad institucional.
La ausencia de políticas públicas visibles, sostenidas y transparentes en materia de contención psicológica dentro de la policía se combina con salarios deteriorados, desarraigo, sobrecarga laboral y falta de reconocimiento. Ese cóctel no puede ser tratado como un asunto privado ni como un dato incómodo que se menciona de forma episódica y luego se archiva.
El silencio, una vez más, no es neutral. Es parte del problema.
El conflicto no está cerrado. Las reuniones continúan y el malestar sigue latente. Podrán tapar las protestas. Podrán discutir la representatividad. Podrán relativizar los números. Pero no pueden borrar las causas. Y mientras esas causas sigan intactas, el conflicto seguirá ahí, aunque algunos prefieran no contarlo.
Editorial de apertura en Señales
