Minería, Justicia, poder y el reclamo que no se apaga en Traslasierra

Aunque la Justicia ordenó la clausura preventiva de una explotación minera en Las Tapias, Traslasierra, las explosiones, las denuncias y ahora el retiro de maquinaria y material pétreo mantienen en alerta a vecinos y organizaciones ambientales, que advierten sobre irregularidades, contaminación de napas y posibles maniobras para eludir los controles. Organizaciones ambientales denuncian años de explotación ilegal, filtraciones que afectan el agua potable y la presencia de una nueva empresa vinculada al Estado provincial en una mina que permanece oficialmente clausurada

El conflicto en torno a la actividad minera en Las Tapias, en el valle de Traslasierra, no es un hecho aislado ni reciente. Es el resultado de un trabajo sostenido y arduo de diversas organizaciones y vecinos que, desde hace años, vienen advirtiendo sobre los impactos ambientales y sociales de una mina ubicada en una zona que hoy se encuentra profundamente transformada.

Entre los actores que impulsan este reclamo se encuentran el Foro Ambiental de Traslasierra, el Cabildo Abierto de Traslasierra y vecinas y vecinos de la localidad de Las Tapias, en la provincia de Córdoba. Gracias a esa articulación, la Justicia dictó una clausura preventiva sobre Integración Minera SRL, empresa minera que opera en la zona, aunque en algunos medios trascendió erróneamente que la firma habría decidido retirarse definitivamente. Según explican desde las organizaciones, eso no ocurrió: la empresa continúa allí, aunque formalmente se encuentra clausurada.

Una mina con historia y un territorio transformado
En Señales, Luis María Jiménez —antropólogo, consultor ambiental e integrante del Foro Ambiental de Traslasierra— , reconstruye el trasfondo del conflicto y aporta precisiones clave. La mina en cuestión —explica— tiene una historia extensa: fue inaugurada en 1936 por el propio Estado nacional, a través de Fabricaciones Militares, y desde entonces funcionó de manera intermitente, con períodos de actividad y otros de inactividad, hasta llegar al presente. Sin embargo, el contexto que rodea a la explotación cambió radicalmente con el paso de las décadas.

Donde antes había un área prácticamente despoblada, hoy existe una zona urbanizada. En un radio cercano a la mina hay dos escuelas, una ubicada a unos 1.400 metros y otra a 1.200, y la toma principal de agua potable que abastece a la localidad de Las Tapias se encuentra a apenas 600 metros del yacimiento. A esto se suman las explosiones, el movimiento constante y una serie de inconvenientes que alteran la tranquilidad característica del entorno serrano.

Polvo en el aire y organización vecinal

Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a organizarse y a buscar respuestas. El año pasado, un grupo de habitantes decidió analizar un polvo fino que se había dispersado por toda la zona luego de detonaciones en la mina. Los estudios de laboratorio determinaron que se trataba de harina de piedra. Aunque no se detectaron químicos extraños, se concluyó que la sustancia es altamente tóxica cuando se inhala, ya que, si bien proviene de elementos naturales, no es habitual que la piedra esté pulverizada en partículas tan pequeñas como para ser respiradas.

Ese hallazgo marcó un punto de inflexión. A partir de allí, se profundizaron las investigaciones, se multiplicaron los pedidos de información y aumentó la presión sobre las autoridades. Como resultado, la Secretaría de Minería colocó un informe en la puerta del predio en el que se indicaba que toda actividad minera estaba prohibida. Sin embargo, de manera paralela, las explosiones con dinamita continuaron.

Denuncias penales y una clausura preventiva
Ante esa contradicción, los vecinos avanzaron con denuncias penales, asesorados para que no se tratara de presentaciones comunes, sino de denuncias específicas por la violación de disposiciones de organismos oficiales. La causa fue tomada por la Fiscalía N.º 1 de Villa Dolores, que dio inicio a actuaciones en las que intervinieron distintas instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Finalmente, Policía Ambiental realizó una inspección en el lugar y determinó una clausura provisoria.

Desde las organizaciones celebraron inicialmente la medida, aunque rápidamente aclararon que se trata de una clausura preventiva y no definitiva. Además, al profundizar las averiguaciones en la Secretaría de Minería, descubrieron que la empresa cuenta en paralelo con un estudio de impacto ambiental presentado para obtener la habilitación formal para la explotación.

Irregularidades, filtraciones y agua en riesgo
Según Jiménez, hay elementos suficientes para sostener que la empresa trabajó de manera ilegal durante años. Entre las irregularidades comprobadas se encuentran la acumulación de explosivos sin autorización, el uso de explosivos sin los permisos correspondientes y otras faltas que resultarían extensas de enumerar. A esto se suma un dato especialmente preocupante: la existencia de filtraciones que llegan a las napas subterráneas y que estarían contaminando las aguas aguas abajo.

Pese a las dificultades propias de la Feria Judicial, las denuncias y la presión ante la Fiscalía continuaron. Jiménez señala que los turnos de urgencia del Poder Judicial no se suspenden durante ese período, lo que permitió avanzar con nuevas actuaciones, entre ellas el pedido de un allanamiento en el predio para constatar la situación real descripta en el acta de Policía Ambiental.

El retiro de maquinaria y la hipótesis del allanamiento

En ese contexto, en las últimas semanas se produjo un hecho significativo: la empresa comenzó a retirar maquinaria del lugar. Para las organizaciones, esto podría interpretarse como una señal de que la firma fue alertada sobre un posible allanamiento inminente. No descartan, incluso, que ese retiro anticipe una salida definitiva, aunque por el momento se manejan con cautela.

Sin embargo, el escenario volvió a complejizarse. Mientras se observaba el repliegue de la empresa originalmente clausurada, comenzaron a registrarse movimientos de camiones que retiraban piedra molida del área. Se trataría de una firma dedicada al mantenimiento vial, con contratos directos con la Gobernación de Córdoba y en carácter de proveedora del Estado provincial. Esa condición, advierten desde el Foro Ambiental, le otorgaría un fuerte blindaje político.

Por esa razón, las organizaciones optaron por no adelantar conclusiones. Buscan interiorizarse con mayor precisión sobre qué está ocurriendo y determinar si efectivamente se está retirando material de una mina que permanece clausurada. Jiménez subraya que confían plenamente en la información aportada por los vecinos y que el retiro de maquinaria no es un rumor, sino un hecho comprobado.

La empresa que actualmente aparece vinculada a estos movimientos se llama Vial RG y estaría ingresando a la zona para abastecerse de material pétreo pulverizado. No obstante, aún no pueden asegurar de manera concluyente que se trate exactamente de la misma mina clausurada, ya que el complejo incluye cuatro minas, de las cuales solo una —la Mina Las Tapias— estaba en actividad y fue la que recibió la clausura.

La imposibilidad de acceder al interior del predio, por tratarse de propiedad privada y contar con carteles que prohíben el ingreso, limita las verificaciones directas. Desde las organizaciones remarcan que su accionar se rige estrictamente por los marcos legales y que su fortaleza radica, justamente, en exigir el cumplimiento de la ley sin vulnerarla.

Seguir organizados, aun con la mina cerrada
Mientras tanto, continúan desplegando acciones de visibilización, presentaciones administrativas y medidas legales, además de movilizaciones y actos frente a la entrada de la mina. "Estamos actuando en distintos ámbitos", resume Jiménez, quien también agradece la posibilidad de difundir la situación que atraviesa esta región del valle de Traslasierra, ubicada a unos 240 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba y contigua a Villa Dolores.

Luis María Jiménez forma parte de un entramado de organizaciones ambientales que, en Córdoba, lograron poner un freno a una actividad extractiva cuestionada, y que hoy permanecen en estado de alerta para evitar que la clausura quede en una mera formalidad.

Comunicado del Cabildo Abierto Traslasierra (CAT)
En relación con las distintas versiones difundidas sobre los hechos ocurridos en el ámbito de la mina "Las Tapias", consideramos necesario realizar una serie de aclaraciones con el objetivo de brindar información fidedigna, sustentada en criterios verificables y con trazabilidad científica, a fin de evitar la confusión generada por notas periodísticas y versiones que califican como “rumores” hechos debidamente comprobados.

En primer lugar, desde CAT reafirmamos el retiro de maquinaria vinculada a la explotación de la mina mencionada, operada por la firma "Integración Minera S.A.", en virtud de un convenio o acuerdo con el titular de los derechos mineros del yacimiento, la empresa "Minera Andino S.A.".
A continuación, detallamos las razones por las cuales la calificación de “rumores” resulta incorrecta o se basa en el desconocimiento del trabajo de campo realizado:

1. Los informantes son parte activa de nuestra organización. Contradecir sus dichos implicaría poner en duda a nuestra propia gente, comprometiendo su colaboración futura.

2. Nuestra metodología de trabajo en la zona se basa en la obtención de datos mediante un sistema propio de la aplicación científica de las ciencias sociales al trabajo de campo, conocido como "triple ciego". Esto implica que las fuentes cuentan con al menos tres orígenes independientes entre sí. De este modo, la información recopilada se contrasta internamente, permitiendo detectar coincidencias o divergencias y logrando una verificación más precisa del flujo de datos disponibles.

3. Este sistema de verificación tiene como objetivo principal la protección de la identidad de los informantes, siendo el material testimonial obtenido de valor probatorio para eventuales instancias judiciales. Asimismo, el método no impide la recopilación de documentación gráfica, la cual —por las razones expuestas— no se exhibe ni se exhibirá. Estas medidas de protección, respeto y confianza hacia los vecinos fortalecen los vínculos de cooperación mutua, a diferencia de lo que ocurre cuando las fuentes son externas a la organización y puestas sistemáticamente en duda.

Otra desinformación difundida sostiene que no existiría acceso a la fiscalía durante la feria judicial. Al respecto, corresponde aclarar que existen 28 acordadas y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJC) que establecen prioridades para el funcionamiento del Poder Judicial, en especial en el fuero penal durante los períodos de feria. Entre las disposiciones aplicables al presente caso, se desmiente categóricamente que la feria judicial interfiera en el acceso a la justicia penal, el cual se encuentra garantizado a través de:

1. La posibilidad de que las causas penales abiertas continúen recibiendo documentación probatoria, entre otros actos procesales, aun durante la feria judicial.

2. El Reglamento General de Aplicación al Expediente Electrónico, que garantiza el acceso a los expedientes para los casos de constitución de querella.

3. La garantía de que cualquier expediente judicial abierto que invoque la posibilidad de daño inminente —ambiental o de otra índole— pueda ser actualizado e incluso dar lugar a acciones preventivas u oficios, cuando se encuentren debidamente justificadas. Esta medida alcanza a todos los fueros de la justicia.

Por otra parte, la misma fuente que califica los hechos como “rumores” insta a no tratar el tema hasta contar con "información oficial", la cual resulta extremadamente difícil de obtener. Existen pedidos de información cursados hace más de 70 días que aún no han recibido respuesta, sin que los Pronto Despacho interpuestos hayan surtido efecto alguno.

Desde la militancia ambiental comprometida, es histórico el reclamo por la falta de información oficial, situación sobradamente comprobable por cualquier persona que haya intentado acceder a este tipo de datos. Por este motivo, desde CAT impulsamos la construcción de una versión basada en los testimonios de quienes, en el territorio, se exponen en defensa del bien común. Se trata de una versión igualmente válida, con respaldo testimonial y amparo constitucional, frente a los relatos que pretenden posicionar al Estado como única fuente legítima de información sobre los hechos ocurridos.

Realizadas estas aclaraciones, comunicamos la sucesión de hechos que se vienen registrando en el lugar y que, hasta el momento, no han generado acciones legales por parte de nuestra organización:

1. El día sábado 24/01/26, constatamos que la empresa "Integración Minera S.A.", operadora de la mina al momento de su clausura preventiva, realizó el retiro de parte de la maquinaria utilizada en el predio, junto con otras pertenencias y materiales que no pudieron ser identificados por encontrarse cubiertos. Interpretamos este hecho como un inicio de desmantelamiento de la operación.

2. El día lunes 26/01/26, se presentó en el acceso a la mina maquinaria vial perteneciente a la empresa "RG Vial", la cual realizó tareas de ensanchamiento y mejora del camino desde un vado cercano a la escuela de Las Tapias hasta el acceso al yacimiento. Dicho tramo se extiende aproximadamente en un 50 % dentro del ejido de Las Tapias y el resto en jurisdicción de la Comunidad Regional, conocida como "zona gris".

3. El día martes 27/01/26, comenzaron a salir camiones cargados con piedra molida. Mediante seguimiento, se comprobó que estos camiones descargaron el material en la planta procesadora de asfalto de la empresa RG Vial, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 148.

Esta secuencia cronológica difícilmente pueda atribuirse al azar. En este contexto, desde CAT nos encontramos intentando establecer:

a. De cuál de las cinco minas existentes en el lugar proviene la extracción del material.
b. Cuál sería el amparo legal para la extracción de piedra, considerando que, según la Secretaría de Minería, ninguna de las minas se encuentra habilitada para operar, al menos hasta la fecha 10/12/25.
c. Si las mejoras viales realizadas dentro del territorio administrado por el municipio de Las Tapias cuentan con su conocimiento y aprobación. A tal efecto, se ha cursado el correspondiente Pedido de Información.
d. Manifestamos especial cautela, dado que la empresa RG Vial mantiene importantes vínculos formales con el Estado provincial, los cuales, en el contexto argentino y particularmente en nuestra provincia, suelen presentar connotaciones de difícil comprobación legal.

Aprovechamos la ocasión para adelantar la realización de un taller presencial teórico-práctico, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero, cuyo objetivo pedagógico será difundir y enseñar la incidencia de la denuncia penal como herramienta de defensa del ambiente. El material práctico consistirá en el análisis de diversas denuncias impulsadas por nuestra organización, no solo para lograr la clausura preventiva, sino también para promover acciones orientadas a alcanzar, de manera definitiva, una Traslasierra libre de minería. Próximamente se brindarán más detalles sobre esta actividad.

Finalmente, señalamos que la emisión de nuestros comunicados se concentra habitualmente en los días lunes o martes, con el fin de evitar una periodicidad que, por su frecuencia, pueda comprometer la atención del periodismo que nos acompaña, así como proteger al público que nos sigue de estrategias de desinformación basadas en la saturación de versiones divergentes.

Una comunidad organizada, con conocimiento de sus derechos y de cómo actuar ante cada situación, tiene poder real.

Escuchá el testimonio completo: