El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Carolina Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora que desarrolló durante décadas su trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce y coordinó la participación argentina en SPRINT, un proyecto internacional dedicado a estudiar la exposición múltiple a plaguicidas. La decisión, formalizada mediante la resolución RESOL-2026-366-APN-CD#INTA, firmada el 26 de octubre, fundamenta la sanción en presuntas irregularidades administrativas, metodológicas y vinculadas con el manejo de información de la investigación.
Pero el expediente disciplinario es apenas una parte de una historia que Aparicio reconstruyó en una entrevista con Señales. Allí explicó los objetivos y resultados de SPRINT, relató cómo se interrumpió la participación argentina y cuestionó que la discusión institucional haya desplazado la atención de los datos producidos y de las preguntas científicas que el proyecto buscaba responder.
La resolución del INTA no establece que la sanción se deba a los resultados sobre plaguicidas. Sí sostiene que Aparicio incurrió en faltas graves en la ejecución del proyecto y considera que su conducta encuadra en las causales de exoneración previstas en el régimen de empleo público. La investigadora, por su parte, advierte que el desenlace puede desalentar futuras investigaciones sobre cuestiones ambiental y socialmente sensibles.
Una investigación sobre la exposición a plaguicidas
Aparicio comenzó a trabajar en el INTA en 1997. Su trayectoria científica estuvo ligada inicialmente al estudio del suelo y el agua y a los efectos que las sustancias utilizadas en la producción agropecuaria pueden tener sobre los recursos naturales. Con la incorporación de equipamiento especializado, su equipo pudo avanzar en el análisis de plaguicidas y ampliar las preguntas hacia los alimentos, el ambiente y la exposición humana.
Ese recorrido desembocó en SPRINT, un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020, con un presupuesto internacional de 15 millones de euros y la participación de instituciones de diez países europeos y Argentina. Su objetivo era estudiar la exposición simultánea a múltiples plaguicidas y producir herramientas que contribuyeran a reducir la dependencia de estas sustancias en los sistemas de producción.
En Argentina, el relevamiento incluyó a 73 voluntarios de diez partidos del sudeste bonaerense. Participaron personas que trabajaban con plaguicidas, habitantes de localidades rurales y residentes de ciudades sin vinculación laboral directa con la actividad agropecuaria. Se analizaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de otras matrices relacionadas con el ambiente y la vida cotidiana.
Según los resultados que Aparicio describió en Señales, el estudio permitió detectar más de 200 plaguicidas de uso actual en distintas matrices. Entre las muestras humanas analizadas en el país, el glifosato apareció en una proporción estimada de entre el 84 y el 86 por ciento de los participantes.
La investigadora subrayó que la exposición no se limita a quienes aplican productos en el campo. También puede producirse a través de los alimentos, el agua, el aire y el contacto con el ambiente. Aclaró, a la vez, que detectar una sustancia no demuestra por sí solo que haya provocado una enfermedad: para evaluar sus posibles consecuencias es necesario investigar las dosis, la duración de la exposición, las mezclas de compuestos y sus efectos.
Uno de los aportes que destacó fue precisamente la posibilidad de estudiar exposiciones simultáneas, en lugar de analizar cada producto de manera aislada. Ese conocimiento podía servir como punto de partida para nuevas investigaciones toxicológicas y para evaluar alternativas productivas que redujeran el uso de plaguicidas.
La interrupción argentina y los resultados pendientes
En la entrevista con Señales, Aparicio contó que la participación argentina en SPRINT se interrumpió en 2023. Según su relato, no recibió una explicación concreta que permitiera comprender esa decisión. También señaló que la salida no llegó a formalizarse ante el consorcio internacional y que el proyecto continuó hasta febrero de 2026 con el INTA todavía integrado al conjunto de instituciones participantes.
La interrupción tuvo consecuencias para los voluntarios que habían aportado muestras y datos personales. Aparicio explicó que, una vez recibidos los análisis realizados en Europa, comenzó a preparar informes individuales para que cada participante conociera los resultados de sus propias muestras. Esa devolución individual se fue concretando, pero no llegó a realizarse la reunión colectiva en la que estaba previsto presentar y discutir los hallazgos generales.
Según relató, el INTA le pidió suspender ese encuentro en 2023. La investigadora describió la decisión como una frustración para quienes habían participado de manera voluntaria y altruista, con la expectativa de contribuir a una investigación de interés público.
Aparicio también contó que algunos participantes pudieron reunirse a puertas cerradas con el entonces nuevo director nacional del organismo para reclamar la continuidad del proyecto. De acuerdo con su testimonio, el interés de los voluntarios no se limitaba a conocer los resultados: también querían que la investigación avanzara hacia el estudio de alternativas y posibles soluciones al problema de la exposición a plaguicidas.
La resolución disciplinaria aborda, sin embargo, otros aspectos de la ejecución del proyecto. Esas observaciones administrativas constituyen el fundamento formal de la exoneración y no deben confundirse con una evaluación científica de los hallazgos.
Qué objeta el INTA
Entre los principales cuestionamientos, el organismo sostiene que José Luis Costa, pareja conviviente de Aparicio y exinvestigador del INTA, desempeñó funciones operativas de hecho junto a ella sin contar con una designación o autorización institucional formal. También objeta que Costa figurara en la documentación del proyecto como una persona autorizada a consultar información de los participantes, incluso sin disponer de códigos de acceso, lo que, según el INTA, comprometía la confidencialidad de los datos.
La resolución considera que la situación implicó un trato favorecedor y que no fue formalmente informada a las instancias institucionales y éticas correspondientes. El organismo sostiene que el conocimiento que pudiera tener la coordinación internacional del proyecto sobre la participación de Costa, así como su condición de voluntario no remunerado, no reemplazaban las autorizaciones exigidas.
Otro de los cuestionamientos se refiere al circuito de análisis de las muestras humanas. El INTA afirma que se modificó el esquema previsto para realizar análisis locales y se optó por enviarlas a laboratorios del exterior, en los Países Bajos, sin contar con las aprobaciones institucionales que consideraba necesarias. También señala que se sustituyó el comité de ética previsto inicialmente por otro sin autorización formal.
En su descargo, según reseña la resolución, Aparicio argumentó que la tramitación ante el comité inicialmente contemplado podía demandar entre 90 y 180 días, un plazo incompatible con el calendario de toma de muestras. El organismo objetó que esa consulta y la demora invocada no estuvieran documentadas de manera suficiente.
La resolución también identifica inconsistencias en la documentación sobre la composición de la muestra de voluntarios. El protocolo contemplaba 72 participantes distribuidos en tres grupos de 24, mientras que otros registros consignaban 73 personas y cantidades diferentes para productores, vecinos y consumidores. Para el INTA, no quedó debidamente reconstruida la correspondencia entre las categorías, los criterios de selección y las muestras analizadas.
Un cuarto eje se relaciona con un requerimiento judicial. En agosto de 2023, el Juzgado de Garantías del Joven N.º 1 de Mercedes solicitó información sobre los estudios individuales realizados en el marco de SPRINT. Aparicio respondió invocando la falta de autorización institucional y el consentimiento de los participantes, pero el INTA sostiene que no puso los registros a disposición de las áreas jurídicas y administrativas competentes para que pudieran examinar la documentación bajo reserva y elaborar una respuesta. La resolución menciona que, en octubre de ese año, el juzgado calificó la contestación del organismo como "evasiva y ambigua".
La investigadora había explicado en Señales la importancia de proteger la información personal de los voluntarios y garantizar que cada participante pudiera conocer sus propios resultados. Ese planteo no resuelve por sí mismo la controversia administrativa: el punto central de la objeción del INTA es si la documentación estuvo disponible para las autoridades que debían responder el requerimiento judicial, con las salvaguardas correspondientes.
Los gastos y la responsabilidad administrativa
La resolución también consigna ingresos por 5.661.483,83 pesos y gastos por 5.527.359,58 pesos, con un saldo de 134.124,25 pesos. Dentro de las erogaciones, identifica 4.007.884,42 pesos vinculados con envíos internacionales de muestras, equivalentes al 70,79 por ciento de los ingresos registrados. Entre ellos menciona una factura de World Courier SA por 1.688.445,82 pesos, correspondiente a julio de 2022.
El propio acto administrativo advierte que esas cifras no constituyen, por sí solas, prueba de un perjuicio fiscal. La determinación de eventuales consecuencias económicas y de su monto queda pendiente de la rendición final del proyecto y de las actuaciones que pudieran corresponder para establecer responsabilidades financieras.
Además de disponer la exoneración de Aparicio, el INTA ordenó comunicar los antecedentes a la Oficina Anticorrupción para que evalúe si existen elementos que ameriten otras actuaciones. Esa comunicación no equivale a una condena penal ni acredita por sí misma la comisión de un delito.
La resolución también rechaza los planteos de nulidad y discriminación formulados por la investigadora. En el mismo expediente, otros agentes recibieron sanciones de suspensión, mientras que varios fueron absueltos o quedaron exentos de responsabilidad.
El temor a que el caso desaliente otras investigaciones
En Señales, Aparicio expresó preocupación por las consecuencias que la sanción puede tener más allá de su situación personal. La exoneración supone la pérdida de su puesto en la administración pública y pone en riesgo la continuidad de una carrera científica construida durante décadas. Pero, según planteó, también puede enviar una señal al resto del sistema de investigación: que abordar temas controvertidos puede comprometer el futuro profesional de quienes los estudian.
"En vez de combatir ciencia con más ciencia", lamentó, el conflicto se concentra en el procedimiento administrativo y en las responsabilidades de quienes participaron del proyecto, mientras quedan pendientes nuevas preguntas sobre la exposición a plaguicidas y sus posibles efectos.
La investigadora no planteó que los resultados de SPRINT demostraran automáticamente daños a la salud. Su argumento fue que la información reunida debía servir para profundizar los estudios, identificar las mezclas de sustancias más frecuentes y avanzar en la evaluación de sus efectos. También defendió la posibilidad de reducir el uso de plaguicidas sin asumir que eso implique necesariamente producir menos, mediante un seguimiento más preciso de las plagas y alternativas de manejo agronómico.
La resolución del INTA fundamenta la exoneración en presuntas faltas graves vinculadas con el funcionamiento administrativo del proyecto, la confidencialidad de los datos, los procedimientos de aprobación y la respuesta a un requerimiento judicial. El relato de Aparicio pone el foco en el contexto científico de la investigación, su interrupción y la información que, sostiene, quedó sin una instancia colectiva de presentación y debate.
Ambas dimensiones deben ser examinadas sin confundir sus alcances. Las objeciones administrativas del organismo no constituyen, por sí mismas, una refutación de los resultados científicos de SPRINT. Del mismo modo, la relevancia social de estudiar la exposición a plaguicidas no elimina la obligación de cumplir los protocolos institucionales, éticos y de protección de datos.
Lo que queda planteado es una discusión sobre cómo se investigan y se gestionan los temas de interés público dentro de los organismos científicos estatales: qué responsabilidades corresponden a cada participante, cómo se resguardan los derechos de los voluntarios y qué mecanismos garantizan que los resultados puedan ser evaluados, comunicados y utilizados para orientar nuevas investigaciones.
Para Aparicio, el objetivo es que los datos reunidos no queden archivados en medio del conflicto. La pregunta que atraviesa su historia sigue abierta: qué hace una sociedad con el conocimiento que produce cuando ese conocimiento permite examinar prácticas extendidas y formular preguntas relevantes para el ambiente, la producción de alimentos y la salud.
#Grave: El INTA expulsó a una científica por investigar y comunicar la presencia de agroquímicos en el ambiente y en las personas. Sin evidencia libre no hay información rigurosa: perseguir a quienes investigan es censurar el debate público. #InformaciónAmbientalEsUnDerechoHumano
— Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) October 26, 2026
Foto: Tierra Viva
