El problema de los residuos en Rosario tiene una historia larga, pero también una escena cotidiana que cualquier vecino puede reconocer. Basta recorrer la ciudad para encontrar contenedores desbordados, bolsas acumuladas, microbasurales y zonas donde la recolección parece no alcanzar.
En el oeste, donde se concentra buena parte de los barrios populares, el problema adquiere una dimensión todavía mayor. Allí se acumula la mayor cantidad de microbasurales de la ciudad, especialmente en sectores que no cuentan con recolección o que tienen un servicio deficiente.
Para Mariano Romero, concejal del Bloque Peronista, esa postal no es un hecho aislado sino la expresión visible de una crisis estructural.
"La verdad que uno transitando por toda la ciudad, cualquier vecino puede corroborar que está en crisis el sistema de recolección de residuos", sostuvo durante la entrevista en vivo.
Un pliego que quedó detenido en 2010
Romero ubica el origen de buena parte de los problemas actuales en una decisión tomada hace 16 años. En 2010 se redactó el último pliego de licitación del servicio de recolección de residuos de Rosario. Desde entonces, el sistema prácticamente no volvió a ser rediscutido de manera integral.
La concesión venció en 2019 y, desde la llegada de Pablo Javkin al gobierno municipal, comenzó un esquema de sucesivas prórrogas. Pero, según explicó el concejal, desde 2024 la situación tomó una particularidad: ni siquiera se trataría formalmente de una nueva prórroga, sino de una interpretación de la última extensión aprobada por el Concejo Municipal.
Aquella prórroga establecía un plazo de dos años o hasta que se adjudicara un nuevo pliego. Su sector votó en contra. La interpretación que terminó imponiéndose fue que, mientras no hubiera una nueva licitación, la prórroga podía continuar.
"Interpretaron esa cláusula para decir: si no hay licitación, eternamente en prórroga", cuestionó.
El resultado, según su descripción, es un sistema que año tras año renueva contratos con las mismas empresas: una estatal, Sumar, y dos privadas, Lime y Limpar. La ciudad está dividida entre esas prestadoras y los contratos se actualizan mediante cláusulas de redeterminación de precios que contemplan distintas variables.
Para Romero, ese esquema genera un problema que va mucho más allá de la duración formal de un contrato. Una empresa que sabe que puede tener asegurado el servicio solamente durante uno o dos años difícilmente realizará inversiones que necesitan siete o diez años para amortizarse.
"Es imposible que una empresa invierta a largo plazo para modificar un sistema o incluso para mantenerlo, con nuevos camiones, con nuevos contenedores, si no tiene una previsión", explicó.
La lógica es sencilla: si después de una nueva licitación la empresa pierde el servicio, la inversión realizada puede no recuperarse. De ese modo, sostiene el concejal, el sistema termina funcionando "con lo mínimo".
"Algo se rompe y no se repone y así estamos", resumió.
Romero considera que esa falta de previsibilidad contractual es una de las razones fundamentales —aunque no la única— del deterioro que atraviesa la recolección de residuos.
Frente a ese diagnóstico, plantea una alternativa: si el Ejecutivo municipal no quiere enviar un nuevo pliego de licitación al Concejo, el propio Concejo debería impulsar una comisión destinada a elaborarlo.
La propuesta no busca excluir al municipio. Por el contrario, considera indispensable que el Estado municipal participe con sus equipos técnicos. Pero propone que los distintos bloques del Concejo actúen como garantes de un proceso que incorpore también a quienes conocen el funcionamiento del sistema desde otros lugares y que históricamente no son convocados.
Entre ellos ubica, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras de la recolección y al sindicato.
"Nadie más que ellos sabe exactamente cuáles son los problemas que tienen a la hora de efectuar el servicio", afirmó.
También considera imprescindible incorporar a las organizaciones ambientalistas, que llevan años estudiando la problemática y comparando modelos implementados en distintas ciudades del mundo; a la Universidad Nacional de Rosario, a través de sus áreas técnicas; y a los recuperadores urbanos, a quienes define como "un actor fundamental".
Los recuperadores ya están contemplados en el actual esquema de reciclaje con inclusión social y su presencia se ha multiplicado en las calles. Para Romero, no pueden quedar al margen de una discusión sobre el futuro de los residuos porque forman parte efectiva del sistema y cumplen una función central en la recuperación de materiales.
El problema es que, mientras la ciudad cambió, el sistema permaneció prácticamente congelado.
"La ciudad ha cambiado, el pliego no", sintetizó Romero.
Los contenedores naranjas siguen siendo una de las principales herramientas de separación de residuos, aunque el sistema presenta una contradicción fundamental.
La basura que los vecinos depositan allí, incluso cuando la separan con la expectativa de que siga un circuito diferente, termina en el mismo destino que el resto: el relleno sanitario.
"Efectivamente, va al relleno sanitario de la misma manera", reconoció el concejal. Para él, eso demuestra que el mecanismo de separación implementado no alcanzó los objetivos buscados.
Romero considera que una alternativa central debería ser el sistema de separación puerta a puerta. Ese modelo permitiría, según explicó, identificar vecino por vecino cómo se está realizando la separación y trabajar sobre los hábitos de cada comunidad.
"Se roban los cestos paqueteros, por ejemplo", contó.
Por eso insiste en que la discusión debe hacerse de manera colectiva y atendiendo a las particularidades de cada territorio.
"Hay que elaborarlo de manera conjunta", sostuvo.
Basura Cero: una meta que quedó enterrada
En su mirada, Rosario lleva demasiado tiempo sosteniendo un modelo que fue diseñado hace 16 años y que no alcanzó los objetivos que se había propuesto. Y hay un dato que, para él, resume el fracaso: la Ordenanza de Basura Cero.
La norma fue pionera y establecía, entre otros objetivos, eliminar el entierro de residuos en el relleno sanitario para el año 2020. Ese plazo quedó atrás hace seis años.
Y no solamente Rosario no dejó de enterrar basura: proporcionalmente, entierra cada vez más.
La aclaración es importante. En términos absolutos, hoy se entierra menos basura que antes, pero eso ocurre porque la ciudad genera menos residuos como consecuencia de la crisis económica y de la caída del consumo.
"Cada vez se produce menos basura en Rosario a motivo de la crisis económica y la falta y el menor consumo", explicó Romero.
Sin embargo, cuando se observa qué porcentaje de los residuos generados termina enterrado, la situación empeora.
"En términos porcentuales del total de la basura que se genera enterramos más", advirtió.
Para el concejal, la Ordenanza de Basura Cero no solamente quedó relegada: nunca existió una verdadera voluntad política para cumplir sus objetivos. Por eso, junto con otros planteos, reclama que vuelva a funcionar la Comisión de Seguimiento de esa ordenanza.
El organismo debía controlar la evolución del programa y verificar el cumplimiento de sus metas, pero, según Romero, nunca fue convocado. La propia normativa establecía que debía reunirse dentro de los seis meses posteriores a su sanción.
Han pasado alrededor de 15 años desde entonces.
"Nunca hubo ningún tipo de control acerca de la voluntad de avanzar hacia su cumplimiento", cuestionó.
El resultado es un sistema que, en lugar de acercarse a las metas originales, permanece estancado y se deteriora. El propio pliego había establecido objetivos que no se cumplieron y, según Romero, tampoco hubo una revisión profunda para corregir el rumbo.
Los que viven de la basura
En ese contexto aparece otra dimensión de la crisis: la económica y social.
La menor generación de residuos producto de la caída del consumo convive con una mayor presencia de personas que buscan materiales reciclables entre los desechos. El cirujeo y el cartoneo volvieron a ocupar un lugar cada vez más visible en las calles.
Pero hay una imagen todavía más cruda: personas y familias que directamente buscan comida en los contenedores.
Para Romero, esa realidad está directamente vinculada con la situación socioeconómica. En particular, señala el crecimiento de la pobreza y cuestiona las políticas del Gobierno nacional, a las que califica de "criminales".
Pero hay otro aspecto que le preocupa: la mirada oficial sobre quienes viven de la recuperación de residuos.
Según el concejal, desde el oficialismo municipal se instaló un discurso que responsabiliza a los recuperadores urbanos por parte de los problemas de limpieza de la ciudad. Se los señala, por ejemplo, porque revuelven los residuos y dejan bolsas fuera de los contenedores o porque pueden generar dificultades en el tránsito con sus carros.
Romero considera que esa mirada desconoce una cuestión elemental: para miles de personas, recuperar materiales es un trabajo y, al mismo tiempo, los recuperadores organizados constituyen una parte fundamental del reciclaje que se realiza en Rosario.
"Hoy todo lo que es recuperación de residuos está en crisis", advirtió.
Puso como ejemplo el cartón, cuyo precio se desplomó y cuya disponibilidad se encuentra atravesada por la importación desde Brasil. Para quienes viven de la recuperación de ese material, la caída del valor implica una pérdida directa de ingresos.
A eso se suma una situación que, según Romero, hasta hace pocos años no era habitual: familias que directamente recurren a la basura para alimentarse.
El concejal entiende que el Estado debería reconocer esa realidad y actuar sobre ella en lugar de convertir a los recuperadores en responsables de una crisis que, a su juicio, tiene causas mucho más profundas.
Cuando el basural se corre de lugar
"Nosotros tenemos microbasurales estables", remarcó Romero.
No se trata, sostiene, de lugares que aparecen circunstancialmente porque alguien revolvió un contenedor. Son puntos que se mantienen en el tiempo y que incluso cuentan con mecanismos específicos de intervención municipal.
En algunos de esos lugares, explica, existe un plan de microbasurales mediante el cual se concurre sistemáticamente con una pala mecánica porque no existe otro método de recolección.
Para Romero, esa situación demuestra que no se puede atribuir el problema exclusivamente a quienes recuperan materiales.
"Eso no es por los recuperadores urbanos y creo que el municipio debería hacerse cargo de la parte que le toca", afirmó.
Pero en su diagnóstico aparece también una responsabilidad que excede la recolección: la educación.
Romero coincide en que son múltiples los factores que explican el problema. La conducta de los vecinos forma parte de la ecuación, pero entiende que el Estado tiene una responsabilidad central en acompañar y educar.
Y allí observa otra ausencia que, según dice, se hizo cada vez más evidente con el paso de los años: las campañas sostenidas de concientización.
Recuerda las campañas que suelen verse en medios nacionales —muchas veces vinculados a Buenos Aires— con piezas publicitarias destinadas a explicar cómo funciona el sistema de residuos, cuándo sacar la basura y cuáles son las políticas públicas relacionadas con la separación y la recolección.
En Rosario, asegura, ese tipo de comunicación desapareció hace años.
El resultado es que buena parte de los vecinos desconoce cuestiones elementales.
"Si uno pregunta por zona cuál es el horario que tienen que sacar la basura, cuál es la diferencia entre verde y voluminoso, no tiene idea, digamos, la gran mayoría de los rosarinos", señaló.
Para Romero, esa falta de información también es responsabilidad del municipio. Después aparecen las cuestiones vinculadas con la convivencia cotidiana y el sentido común, admite, pero sin una política estatal que refuerce esos comportamientos, el sistema queda debilitado.
Y el problema se vuelve todavía más complejo porque Rosario no tiene una única realidad.
No es lo mismo el microcentro que un barrio con contenedores, un sector donde se utilizan cestos paqueteros o una zona donde directamente no existe recolección.
En determinados barrios, cuenta Romero, los vecinos pueden tener que caminar 15, 20 o incluso 30 cuadras para encontrar un lugar donde depositar los residuos.
Eso genera comportamientos previsibles. Algunos vecinos que tienen automóvil trasladan sus residuos hasta barrios donde sí hay contenedores. Otros terminan arrojándolos en el sector más cercano.
También aparecen empresas que, en lugar de trasladar sus residuos hasta los lugares correspondientes, descargan directamente en zonas donde ya existe un basural.
El problema se retroalimenta: una vez que aparece un microbasural, ese lugar se convierte en un punto de atracción para nuevos residuos.
En ese sentido, Romero valora una política municipal como la de las plazas de bolsillo, pero advierte que puede resultar insuficiente si no está acompañada por un sistema eficiente de recolección.
"Si vos no tenés un acompañamiento en el sistema de recolección, lo que pasa es que el basural se corre", explicó.
El mecanismo es simple. Se instala una plaza de bolsillo donde antes había un punto de acumulación de basura y el espacio mejora visualmente. Pero si no se resuelve el problema que generaba la acumulación, los residuos terminan apareciendo a una cuadra, a 20 metros o a 50 metros.
Romero pone como ejemplo el entorno de Circunvalación, donde identifica grandes basurales abiertos en distintos colectores. Allí, señala, puede colocarse equipamiento urbano, pero si no se garantiza la recolección, el problema simplemente cambia de lugar.
"Lo que falta ahí es la recolección", resumió.
Del relleno sanitario al Paraná
La discusión sobre los residuos conduce hacia otro problema que Rosario arrastra desde hace décadas: el tratamiento de los líquidos cloacales.
Rosario tira al Paraná 345 millones de litros de caca por día, sin tratamiento ni planificación. En serio, ¿un parque acuático? pic.twitter.com/FNW9WASLmM
— Mariano Romero (@Mariano_Romero5) May 26, 2026
En casi 30 años de debates sobre la ciudad, la construcción de una planta depuradora de líquidos cloacales aparece como una de esas obras estratégicas que se mencionan recurrentemente, pero que nunca terminan de concretarse.
Romero volvió a poner el tema sobre la mesa durante la discusión vinculada con el Parque Acuático, cuando apareció el denominado Conducto Piaggio y el eje del debate comenzó a desplazarse hacia la problemática ambiental.
A partir de aquella discusión, relata, organizaciones como la Asociación Civil Cuenca del Río Paraná aportaron información sobre la existencia de numerosos puntos de descarga a lo largo del río Paraná.
El problema, entonces, dejó de aparecer como una particularidad exclusivamente rosarina y comenzó a mostrar una dimensión regional.
Romero considera que el debate en torno al Parque Acuático permitió, al menos, visibilizar una cuestión que estaba prácticamente ausente de la discusión pública.
"Creo que sacamos algo bueno fue que nosotros introdujimos esto", señaló.
A partir de ese planteo, sostiene, el Gobierno provincial tomó una decisión, aunque no la que él considera necesaria. La intervención elegida fue reparar el emisario sur, cuyo entubamiento había colapsado y había quedado a cielo abierto.
La obra tiene una urgencia evidente. El emisario había explotado aproximadamente diez años atrás como consecuencia de la presión generada durante una crecida del río y, desde entonces, la descarga a cielo abierto había ido horadando el terreno.
El recorrido afectaba incluso sectores próximos a las vías del ferrocarril y a viviendas.
Las obras de entubamiento comenzaron a partir de esa situación. Pero la reparación no resuelve el problema de fondo: los líquidos cloacales continúan llegando sin tratamiento al Paraná.
Romero lo describe sin eufemismos: se trata de los desechos que provienen de los inodoros y de las actividades domésticas, incluidas las aguas de la cocina. Todo eso, explica, continúa siendo descargado crudo en el río.
Los conductos invisibles
El emisario sur es solamente uno de los tres grandes emisarios que, según detalla, atraviesan el sistema de desagües de la ciudad.
Uno se encontraba en la zona de Puerto Norte; otro está en el sector de Uriburu, sobre el río; y el tercero se encuentra hacia el límite con Granadero Baigorria, a la altura del puente Rosario-Victoria.
Pero debajo de esa estructura principal existe una red mucho más extensa y menos visible.
Son canales cloacales o conductos originalmente pluviales que terminaron siendo utilizados para transportar líquidos cloacales, en algunos casos de manera clandestina.
El Conducto Piaggio es uno de esos ejemplos. Toma su nombre de la calle Piaggio, que continúa hacia el interior de la ciudad, y forma parte de una red de conductos que descargan líquidos sin tratamiento directamente en el Paraná.
La dimensión del problema, según Romero, puede observarse incluso dentro del área central. En el radio comprendido entre el microcentro y los grandes emisarios existen numerosos entubados de menor tamaño.
Menciona sectores como Pellegrini, Montevideo, 9 de Julio y Mendoza.
"Tenemos básicamente unos diez pequeños entubados que descargan al río líquidos cloacales sin tratar", afirmó.
El problema no termina en el hecho de que los líquidos sean arrojados al río. También importa dónde se produce la descarga.
El Paraná tiene un caudal enorme y, en su cauce, la capacidad de dilución es significativa. Pero las descargas se producen en la orilla, justamente en sectores donde la contaminación tiene un impacto directo sobre el entorno inmediato.
Romero pone como ejemplo la zona de la Franja Boliviana. Allí, sostiene, los conductos terminaron afectando directamente la barranca.
La imagen que describe es la de una costa que se va desmoronando. Desde arriba puede observarse cómo la barranca aparece carcomida. Desde abajo, en cambio, se ven los propios conductos, algunos por encima del nivel del agua y otros ya por debajo, mientras determinados sectores parecen quedar literalmente suspendidos porque el terreno que los sostenía desapareció.
Las obras que no se ven
Para Romero, esas escenas son consecuencia de algo más amplio: la falta de inversiones estratégicas y una tendencia a priorizar obras de impacto visible o inmediato por sobre aquellas que resuelven problemas estructurales.
En ese punto vuelve a aparecer el Parque Acuático como elemento de comparación.
Romero pone números sobre la mesa: la obra representa, según sus cálculos, una inversión de unos 13 mil millones de pesos. Con 20 mil millones, sostiene, podría construirse una planta de tratamiento de líquidos cloacales para Rosario.
La comparación forma parte de su crítica política: mientras la Provincia decide una inversión, deja de lado otra obra que el concejal considera estratégica, y el municipio, según cuestiona, acompaña esa decisión sin exigir una solución integral para el tratamiento de los efluentes.
Para Romero, además, existe una cuestión institucional que agrava el problema.
Rosario es, según señala, una de las pocas ciudades de la provincia que no integra el directorio de Aguas Santafesinas.
La situación tiene un origen político que se remonta a la creación de la empresa estatal.
Antes de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), el servicio estaba a cargo de la empresa francesa Aguas Provinciales. Cuando esa empresa dejó de prestar el servicio y se creó la estructura estatal, Rosario tuvo la posibilidad de formar parte del directorio.
Romero recuerda que, en aquel momento, Jorge Obeid estaba al frente de la Gobernación provincial y Miguel Lifschitz era intendente de Rosario, de otro signo político. Según su relato, Lifschitz decidió que la ciudad no ingresara al directorio de Aguas Santafesinas*. Se trató, sostiene, de una decisión política que dejó a Rosario fuera de una estructura que hoy tiene una composición en la que el 51 por ciento corresponde a la Provincia, el 39 por ciento a los municipios y el 10 por ciento a los trabajadores.
Romero recuerda que, en aquel momento, Jorge Obeid estaba al frente de la Gobernación provincial y Miguel Lifschitz era intendente de Rosario, de otro signo político. Según su relato, Lifschitz decidió que la ciudad no ingresara al directorio de Aguas Santafesinas*. Se trató, sostiene, de una decisión política que dejó a Rosario fuera de una estructura que hoy tiene una composición en la que el 51 por ciento corresponde a la Provincia, el 39 por ciento a los municipios y el 10 por ciento a los trabajadores.
La particularidad es que, de acuerdo con Romero, actualmente Rosario podría ingresar al directorio de manera gratuita y para esto presentará un proyecto en la próxima reunión de Gobierno para que esto ocurra.
Las obras que municipio y Provincia realizan en conjunto —por ejemplo, la extensión de redes de agua en barrios populares— serían suficientes para alcanzar las condiciones de ingreso.
Sin embargo, la ciudad continúa sin voz ni voto dentro de la empresa.
Para Romero, no es un detalle menor. En una ciudad que enfrenta problemas tanto en materia de agua como de cloacas, quedar fuera del órgano donde se discuten las políticas estratégicas implica resignar capacidad de planificación y decisión.
"Rosario no tiene voz ni votos dentro de Aguas Santafesinas", remarcó. Y considera que eso debería cambiar.
La discusión tampoco es nueva. En anteriores debates, recuerda, se presentaron pedidos de informes para conocer qué había ocurrido con gestiones realizadas durante otros gobiernos nacionales y por qué nunca se concretaron determinadas obras, entre ellas el acueducto del Gran Rosario y la planta de tratamiento.
El reclamo, asegura, volvió a perderse con el paso del tiempo.
En el caso del tratamiento cloacal, la gravedad es todavía mayor porque no se trata solamente de una cuestión ambiental o de infraestructura. También involucra la salud y el acceso al agua.
Romero menciona incluso la situación judicial de exdirectivos de Aguas Santafesinas y recuerda que, desde hace al menos una década, existen funcionarios y responsables de distintas gestiones involucrados en investigaciones vinculadas con el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento.
La razón, sostiene, es concreta: "Es ilegal tirar los residuos cloacales sin tratar al río Paraná".
Y allí aparece una de las contradicciones más fuertes del sistema. El mismo río que recibe los líquidos cloacales constituye también la fuente de la que se extrae el agua potable que consume la población.
En Rosario, aclara Romero, la toma de agua se realiza más hacia el norte, por lo que los vertidos de la ciudad no impactan directamente sobre la toma local en la misma proporción. Pero el problema trasciende las fronteras municipales.
"El río Paraná es un gran lecho de residuos cloacales de una punta a la otra", advirtió.
Un acueducto que lleva más de una década esperando
El problema del agua aparece como otra de las grandes deudas de infraestructura de Rosario.
El Acueducto del Gran Rosario es uno de los ejemplos que menciona Romero. La obra comenzó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue interrumpida durante la gestión de Mauricio Macri y desde entonces acumuló sucesivas promesas de finalización por parte de gobiernos provinciales y nacionales.
Más de diez años después, continúa sin terminarse.
Las consecuencias, sostiene, se sienten especialmente en el oeste y sudoeste de Rosario, dos de las zonas que más padecen los problemas de provisión de agua.
La discusión, entonces, vuelve a conectar las grandes obras de infraestructura con la desigualdad territorial: no todos los rosarinos padecen de la misma manera las deficiencias de los servicios públicos.
La ciudad que se quiere construir
La autonomía municipal ya está reconocida formalmente por la Constitución, explica Romero. Lo que todavía falta es conocer cuál será su alcance concreto.
Esa definición quedará plasmada en la Carta Orgánica, una suerte de "mini-constitución" de Rosario que establecerá las reglas institucionales con las que la ciudad ejercerá esa autonomía.
"Sabemos cuáles son las limitaciones, pero no cuáles son las posibilidades", planteó.
El problema, observa, es que buena parte de la sociedad todavía permanece ajena a una discusión que tendrá consecuencias durante décadas.
El año próximo, los ciudadanos deberán elegir convencionales estatuyentes, que serán quienes redacten esa primera Carta Orgánica.
Romero considera que esa elección y el proceso posterior constituyen una oportunidad histórica. La intención de "Bases" es justamente anticipar esa discusión y abrirla antes de que quede encerrada exclusivamente en los ámbitos institucionales.
La propuesta consiste en trabajar con vecinos, vecinas y organizaciones de la ciudad a partir de distintos ejes temáticos para discutir qué Rosario se quiere construir y qué herramientas debería tener esa nueva norma.
El concejal utiliza una comparación histórica para dimensionar la importancia del proceso. La Constitución Nacional fue sancionada originalmente en 1853 y, casi dos siglos después, continúa siendo la base institucional del país, aun con sus posteriores reformas.
La Carta Orgánica de Rosario podría tener una permanencia similar.
"Nosotros vamos a tener la posibilidad originaria de justamente tener una redacción de una carta orgánica que nos va a regir por lo menos, capaz, para los 100, 150 años posteriores", sostuvo.
Por eso considera que no se trata simplemente de redactar una norma administrativa.
Una vez establecida una estructura institucional, explica, puede ser modificada, pero resulta poco frecuente que se transforme completamente desde sus raíces.
"Es esta oportunidad histórica en la cual queremos darla con todos los vecinos y vecinas de la ciudad", afirmó.
Los encuentros ya comenzaron a recorrer diferentes áreas. Uno de los últimos estuvo dedicado a salud y educación y reunió a docentes, integrantes de la comunidad educativa, trabajadores y actores del sistema sanitario, dispositivos comunitarios, atención primaria y representantes de colegios profesionales como el de Psicólogos.
La idea es discutir qué educación y qué modelo de salud integral necesita Rosario y, al mismo tiempo, pensar de qué manera esas políticas pueden quedar incorporadas en la futura Carta Orgánica.
La autonomía, en ese sentido, aparece para Romero como una oportunidad de discutir no solamente cómo se organiza el gobierno municipal, sino qué derechos, servicios y políticas públicas quiere garantizar la ciudad durante las próximas generaciones.
Pero mientras esa discusión de futuro comienza a abrirse, hay problemas del presente que siguen condicionando la vida cotidiana.
Uno de ellos es el transporte público.
Romero viene siguiendo el funcionamiento del sistema también desde el Observatorio del Transporte y tiene una mirada particularmente crítica sobre las frecuencias, la previsibilidad y el precio del boleto.
Su diagnóstico puede resumirse en una frase sencilla: para recuperar pasajeros hay que bajar el precio y mejorar el servicio.
El problema, sostiene, es que Rosario tiene hoy el boleto más caro de su historia si se lo compara con el salario mínimo vital y móvil.
Y, al mismo tiempo, ofrece un servicio cada vez menos atractivo.
El resultado es una pérdida constante de pasajeros.
Romero aporta una cifra para explicar una paradoja del sistema: de cada cuatro rosarinos que utilizan el colectivo, aproximadamente tres no pagan la tarifa plena.
Se trata de usuarios que acceden al boleto educativo gratuito, atributos sociales, franquicias locales u otros mecanismos de descuento o gratuidad.
"Solamente el 22%, paga la tarifa plena", precisó. Eso significa que el sistema se sostiene cada vez más sobre pasajeros que tienen algún tipo de subsidio o beneficio tarifario, mientras disminuye la cantidad de personas dispuestas o en condiciones de pagar el valor completo del boleto.
Para Romero, la razón no es difícil de encontrar: el servicio empeoró, particularmente en materia de frecuencias.
Y la falta de previsibilidad es casi tan importante como la demora misma.
Si un pasajero sabe que el colectivo llegará dentro de determinado tiempo, puede organizarse: esperar, caminar, buscar otro medio de transporte.
Pero cuando los sistemas de seguimiento funcionan mal y el usuario no sabe cuándo llegará el colectivo, la incertidumbre termina expulsándolo.
Romero apunta incluso a los problemas en los GPS y en la transmisión de datos que alimentan plataformas como Google Maps.
Cuando una persona tiene que llegar a horario al trabajo o a otro compromiso, explica, termina tomando el colectivo solamente cuando no tiene otra alternativa.
A esa situación se suman las aplicaciones de transporte que funcionan por fuera del esquema tradicional y la reducción del servicio nocturno.
En determinados sectores, afirma, directamente desaparece el transporte durante la noche. En otros, también se reducen recorridos diurnos o los colectivos dejan de ingresar a determinados barrios.
Todo eso contribuye a que cada vez menos personas se suban al sistema.
Pero para Romero el precio del boleto constituye un capítulo central.
Considera que existe una decisión del intendente de trasladar directamente al usuario el impacto de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior dispuesta por el Gobierno nacional.
La comparación histórica que plantea resulta contundente.
Un rosarino puede comprar actualmente poco más de 200 boletos con un salario mínimo vital y móvil. En 2011 podía comprar aproximadamente mil.
Incluso en mayo de 2022, durante uno de los momentos más críticos de la historia reciente del sistema de transporte, cuando quebraron numerosas empresas que prestaban el servicio en la ciudad, el salario mínimo permitía comprar unos 263 boletos. Hoy son unos 60 boletos menos.
Para Romero, el dato muestra que el sistema llegó a un punto de inflexión: "Tenemos el boleto por escándalo más caro de la historia".
Desde su bloque plantearon alternativas para compensar la pérdida de recursos nacionales.
Una de ellas consiste en equiparar el Derecho de Registro e Inspección que pagan las entidades financieras con el que abona el casino.
Romero considera que esos sectores se encuentran entre los pocos ganadores del actual esquema económico y que, con esa modificación, podría generarse una fuente de financiamiento suficiente para cubrir el monto que dejó de llegar a través del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
También hubo un intento de llevar la discusión a la Justicia.
El planteo buscaba reclamar por los fondos que dejaron de transferirse, pero la respuesta judicial fue que los concejales no tenían legitimación activa para hacerlo: quienes debían iniciar la acción eran los municipios, por ser los damnificados directos.
Según Romero, el intendente no avanzó con esa vía judicial. Y allí introduce otra de sus críticas políticas: considera que esa decisión expresa una suerte de complicidad política con el Gobierno nacional.
Para él, el problema del transporte es simultáneamente local y nacional. "Una parte importante también del problema no solamente es local, sino también es Javier Milei", sostuvo.
En su interpretación, el Gobierno nacional recauda mediante el impuesto a los combustibles líquidos, pero dejó de enviar los recursos destinados a sostener el transporte del interior del país, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires conserva un esquema de financiamiento diferencial.
A eso suma el impacto general del ajuste económico.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios termina repercutiendo directamente en el transporte: si el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas, pagar un boleto cada vez más caro se convierte en otra barrera para utilizar el servicio.
Cuando el Concejo no logra contar lo que discute
La crítica de Romero, sin embargo, no se queda en las políticas nacionales ni en las decisiones del Ejecutivo municipal. También alcanza al propio Concejo Municipal.
Desde la entrevista aparece entonces una observación incómoda sobre el funcionamiento de la institución que él mismo integra.
La crítica apunta a la forma en que el Concejo comunica —o deja de comunicar— sus debates.
Hay reuniones cada quince días, pero para buena parte de la sociedad resulta difícil entender qué se discute.
Las transmisiones por streaming pueden convertirse, según la mirada planteada, en largas sucesiones de expedientes, números y votaciones cuyo significado no siempre llega al ciudadano.
Después aparecen las sorpresas, meses más tarde, cuando determinadas decisiones empiezan a mostrar sus consecuencias.
Romero reconoce que existe un problema de comunicación, pero también uno político más profundo.
El episodio que sirve como ejemplo es el debate generado a partir de un proyecto vinculado con el hermano del gobernador Maximiliano Pullaro, Damián Pullaro.
Según se planteó durante aquel debate, allí se expusieron datos, cifras y argumentos que tuvieron una importancia significativa, pero que no fueron comunicados oficialmente por el Concejo con la misma intensidad con la que se habían discutido tanto en comisión como en el recinto.
Para Romero, esa situación forma parte de una degradación más general de la política. "No es solamente el Concejo", advirtió.
A su entender, existe un deterioro de la actividad política que también alcanza a la institución legislativa local.
El concejal sostiene que son pocos los ediles que llegan con una trayectoria de militancia, preparación política y disposición para estudiar técnicamente los temas que deben tratar.
En muchos casos, incluso, considera que los asesores terminan teniendo un conocimiento mucho mayor que los propios concejales.
"Hay un nivel bajo", resumió.
Entre el expediente y el slogan
La degradación también alcanza al discurso político.
Romero pone como referencia el estilo del presidente Javier Milei y plantea que, si alguna vez alguien hubiera imaginado que un presidente podía expresarse públicamente de la manera en que lo hace Milei, resultaría difícil sorprenderse entonces por el nivel de algunos representantes locales.
La crítica, aclara, no está dirigida exclusivamente al oficialismo o a un bloque determinado.
"Se traslada a todos los espacios políticos", sostuvo. También incluye al propio peronismo.
Romero reconoce que el deterioro de la representación política se relaciona con estrategias que diferentes sectores utilizaron para ganar elecciones: cuando una estructura partidaria no tenía una construcción política suficiente, recurría a figuras conocidas para atraer votos.
La televisión, el deporte, la gastronomía y el periodismo se convirtieron así en canteras de candidatos.
"En un momento hemos tenido cocineros, deportistas, una gran cantidad de periodistas", recordó.
El problema, según su mirada, es que las condiciones que permiten ganar una elección no necesariamente coinciden con las capacidades necesarias para ejercer una función legislativa.
Ser conocido puede ayudar a obtener votos, pero no garantiza conocimiento de los expedientes, capacidad para estudiar una problemática, experiencia institucional o formación política.
Y el fenómeno, sostiene, suele repetirse.
Las figuras conocidas pueden obtener una buena elección en su primera experiencia, pero luego el resultado cambia.
"A los dos años hacen una elección mediocre y después desaparecen del escenario", afirmó, o quedan completamente afuera de la política institucional.
Pero Romero no termina su crítica señalando únicamente a los dirigentes o a los famosos que llegan a las listas.
Hace un mea culpa más amplio.
También responsabiliza a la propia política y a la militancia por el deterioro de sus mecanismos de representación.
Porque detrás de la búsqueda de una figura conocida para ganar una elección hay, en definitiva, una estructura política que decidió que esa estrategia era válida.
Seguridad, garantías y el poder de los slogans
El episodio del proyecto presentado por Damián Pullaro terminó funcionando, para Romero, como una síntesis de varios de los problemas que observa en la política actual.
La situación ya resultaba incómoda desde el punto de vista formal: el hermano del gobernador presentando en el Concejo un proyecto de beneplácito por una iniciativa impulsada por su propio hermano. Para Romero, eso "ya de forma es algo que no corresponde".
Por esa razón, desde su bloque decidieron impedir que el proyecto fuera tratado sobre tablas. En comisión, reconoce, el oficialismo tenía los votos necesarios para aprobarlo.
Pero la discusión de fondo era, a su juicio, mucho más importante que la cuestión familiar.
Uno de los sectores que no acompañó la iniciativa fue el Partido Socialista, integrante del espacio Unidos.
Para Romero, esa decisión puso en evidencia la profundidad de las diferencias existentes dentro del oficialismo provincial frente a un proyecto que considera directamente incompatible con las garantías constitucionales.
"Es una barbaridad el proyecto de Pullaro", sostuvo.
Según su interpretación, la iniciativa, presentada en nombre de la seguridad, avanza sobre una cantidad significativa de garantías constitucionales y amenaza con desarmar parte del sistema procesal que se construyó durante los gobiernos del Frente Progresista.
Romero reivindica aquel proceso de transformación del sistema penal hacia un modelo acusatorio y adversarial, en el que el juez ocupa el lugar de imparcialidad, el fiscal conduce la investigación y la defensa ejerce su rol dentro de un procedimiento oral y público, con garantías constitucionales.
Uno de los cambios que cuestiona es la eliminación de la denominada teoría del fruto del árbol venenoso.
Para explicar sus consecuencias, recurre a un ejemplo sencillo: si alguien rompe el vidrio de una vivienda, ingresa sin autorización y dentro encuentra un arma, esa evidencia podría ser considerada válida bajo el nuevo esquema.
A eso suma otras modificaciones que considera especialmente graves.
Según enumera, la policía podría realizar determinados allanamientos sin orden judicial; los fiscales podrían disponer detenciones por sí mismos y sin control judicial durante un período determinado; y el Poder Ejecutivo podría establecer zonas bajo un régimen excepcional en las que se limite el ingreso y egreso de personas, la circulación vehicular y se habiliten detenciones de hasta 48 horas por averiguación de antecedentes.
Para Romero, el problema no es solamente jurídico. También existe una contradicción entre el objetivo punitivo del proyecto y sus posibles resultados. "Es un objetivo claramente punitivista", afirmó.
Y advierte que las herramientas incorporadas podrían terminar produciendo el efecto contrario al buscado: generar procedimientos que no superen los controles de constitucionalidad y, por lo tanto, darle a las defensas más argumentos para hacer caer causas judiciales.
Pero hay algo que lo preocupa tanto como el contenido de los proyectos: la capacidad de quienes los defienden para sostenerlos públicamente.
En su mirada, el debate legislativo exige mucho más que una consigna.
Las frases que funcionan en redes sociales no necesariamente resisten una discusión cara a cara, donde aparecen preguntas, datos y argumentos.
"Una cosa es salir en un TikTok o en un Reel de 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, en la cual vos decís una frase, suena linda, se difunde por las redes, pero en el cara a cara vos tenés que defender las cosas que decís", planteó.
El RIGI y la discusión que llega al recinto
El mismo mecanismo, sostiene, aparece en otros debates.
Menciona una discusión en comisión sobre el denominado "Super RIGI", la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que defendían concejales de La Libertad Avanza.
Romero sostiene que, además de considerar que el régimen no funciona como se presenta públicamente, entiende que existen aspectos que podrían entrar en conflicto con las autonomías provinciales y municipales.
El ejemplo que utiliza es el de los tributos locales.
Según su argumento, un beneficio establecido por la Nación no debería poder impedir que un municipio cobre las tasas o derechos que corresponden a su propia jurisdicción.
Las provincias, recuerda, son preexistentes a la Nación y existen facultades que no fueron delegadas al Gobierno federal.
Desde esa perspectiva, considera que Rosario tiene derecho a establecer los tributos locales que correspondan y cuestiona que el régimen nacional pueda quitarle recursos sin garantizarle, a cambio, beneficios equivalentes en infraestructura.
"Te sacan y no te dan nada", resumió. Pone como ejemplo la Circunvalación, cuya situación considera una muestra de esa falta de reciprocidad.
El debate económico también derivó en una discusión sobre las inversiones.
Romero cuestiona el discurso según el cual el Gobierno de Javier Milei estaría produciendo una verdadera "lluvia de inversiones".
Durante una discusión en comisión, recuerda, un concejal de La Libertad Avanza defendió el modelo sosteniendo que Milei estaba reconstruyendo el país y generando una oleada de inversiones, al tiempo que responsabilizaba a las gestiones anteriores por los niveles de pobreza.
Romero decidió responder con datos.
Según la cifra que aportó durante el debate, la inversión extranjera directa durante los dos primeros años del gobierno de Milei habría sido significativamente menor que durante los dos primeros años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, incluso tomando como referencia un período inmediatamente posterior a la crisis de 2001.
También sostuvo que los niveles eran inferiores a los registrados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Para él, el problema es que el RIGI puede presentarse como una herramienta para atraer capitales, pero no necesariamente genera nuevas inversiones productivas.
Su crítica apunta además a las posibilidades de modificar el objeto de los proyectos incluidos en el régimen.
Como ejemplo, plantea que una empresa podría ingresar anunciando que invertirá en baterías de litio y luego modificar el rubro de actividad en un plazo relativamente corto para dedicarse a producir otro bien, incluso uno que ya fabricaba.
El resultado, según Romero, sería un esquema de beneficios tributarios que puede alcanzar a impuestos nacionales, provinciales y municipales sin garantizar necesariamente que se trate de una inversión verdaderamente nueva.
Para el concejal, ese tipo de discusión vuelve a demostrar la diferencia entre el slogan y la discusión legislativa concreta.
Una cosa es afirmar que habrá inversiones, que habrá crecimiento o que una determinada política traerá seguridad.
Otra es sentarse frente a los expedientes, revisar las normas, poner los números sobre la mesa y explicar cómo funcionará cada mecanismo.
"En el cara a cara, vos tenés que defender las cosas que decís", insistió.
Los clubes que todavía sostienen los barrios
Pero después de recorrer residuos, agua, cloacas, transporte, autonomía, seguridad y política económica, Romero vuelve a una preocupación mucho más cercana a la vida cotidiana de los barrios: los clubes.
El año anterior, desde su bloque impulsaron una serie de proyectos vinculados con el deporte comunitario y los clubes barriales.
Para Romero, esas instituciones cumplen hoy una función que excede ampliamente la práctica deportiva.
Son, en muchos barrios, uno de los últimos espacios de contención y construcción comunitaria.
Por los clubes pasan chicos y chicas que, en algunos casos, ni siquiera tienen vínculo con la escuela o con un centro de salud.
Allí pueden detectarse situaciones familiares, sociales o de vulnerabilidad que de otro modo quedarían fuera de los circuitos institucionales.
Pero además se construye algo que Romero considera fundamental: comunidad.
"Se genera un proyecto de vida alrededor del club y no alrededor de otras cosas", explicó.
El problema es que los clubes están atravesando una situación económica crítica.
Romero recuerda que una de las primeras decisiones del Gobierno de Milei fue eliminar el programa nacional "Hay Equipo", que permitía cubrir la cuota de clubes para chicos y chicas cuyos grupos familiares recibían la Asignación Universal por Hijo.
Frente a esa ausencia, el bloque peronista impulsó una política municipal destinada a cubrir las cuotas sociales de niños y adolescentes de entre 6 y 16 años que atraviesan situaciones socioeconómicas desfavorables.
La iniciativa fue aprobada y, según Romero, incluso fue incorporada al presupuesto municipal.
Pero el dinero no llegó. "Estamos entrando ya a septiembre. Cero pesos de ese programa", denunció.
Para Romero, la situación resulta especialmente contradictoria en una ciudad que suele presentarse como "la ciudad del deporte" y que se prepara para recibir los Juegos Sudamericanos.
Mientras se proyectan grandes acontecimientos deportivos, sostiene, los clubes de barrio sobreviven gracias al esfuerzo cotidiano de las familias.
Padres y madres que salen de trabajar a las seis de la tarde y, en lugar de regresar a sus casas, van al club para colaborar.
Personas cuyos hijos quizá ya ni siquiera forman parte de la institución, pero que continúan ayudando porque sienten que ese espacio pertenece a la comunidad.
Organizan polladas, venden rifas, realizan actividades y hacen todo lo que pueden para sostener las cuentas. "Un esfuerzo sobrehumano", lo definió Romero.
Frente a eso, considera que el Estado tiene una responsabilidad que no puede delegar.
La Municipalidad, sostiene, no puede desentenderse de los clubes porque son uno de los pilares que mantienen organizada la vida comunitaria en los barrios, especialmente en un contexto social atravesado por la crisis económica.
Sin embargo, observa que esa política no aparece entre las prioridades del intendente.
Romero revisa incluso las comunicaciones oficiales y las redes sociales del municipio y del propio intendente. No encuentra, según afirma, una política sostenida hacia los clubes de barrio.
Ni siquiera observa, dice, aquella práctica habitual de la política que consiste en acercarse a una institución, sacarse una fotografía y mostrarla como parte de una gestión. "Ni siquiera eso", enfatizó.
Para él, la ausencia es significativa porque revela que el problema no está solamente en la falta de ejecución de un programa específico.
Hay una decisión política sobre qué temas ocupan el centro de la agenda y cuáles quedan relegados.
Y los clubes, sostiene, quedaron afuera.
La ciudad que viene
Después de una conversación que atravesó la basura que se acumula en las esquinas, los líquidos cloacales que desembocan en el Paraná, un acueducto que lleva más de una década inconcluso, un transporte cada vez más caro, la autonomía que Rosario comienza a discutir y un Concejo que Romero considera degradado, el recorrido termina en esos clubes que funcionan muchas veces con recursos mínimos.
Allí aparece una imagen diferente de la política.
No la del expediente que se vota cada quince días ni la del slogan que circula durante unos segundos en redes sociales. Tampoco la de las grandes obras anunciadas durante años.
Es la política cotidiana de los padres que sostienen una institución después de terminar su jornada laboral. La de quienes organizan una pollada para pagar una factura. La de los entrenadores que contienen a chicos que quedaron lejos de otras instituciones. La de un club que, aun con las cuentas en rojo, sigue abriendo sus puertas.
Para Romero, ese es uno de los lugares donde todavía se sostiene la vida comunitaria de Rosario.
Y quizás por eso la discusión que propone sobre la ciudad que viene termina volviendo, inevitablemente, a los barrios.
Porque mientras se debate qué autonomía tendrá Rosario y qué Carta Orgánica regirá durante las próximas décadas, hay una ciudad que ya está funcionando todos los días, con sus problemas concretos y sus redes de contención.
Una ciudad donde todavía hay familias que buscan comida en un contenedor, vecinos que caminan cuadras para encontrar dónde tirar una bolsa, barrios que sufren problemas de agua, pasajeros que esperan un colectivo que no saben cuándo llegará y clubes que sobreviven con el esfuerzo de quienes se niegan a dejarlos caer.
La discusión sobre el futuro, en definitiva, también consiste en decidir qué lugar ocuparán esas realidades en la ciudad que Rosario quiere ser.
Y ahí vuelve la frase con la que Romero sintetizó buena parte de su diagnóstico: "La ciudad ha cambiado, el pliego no".
La diferencia entre la ciudad que Rosario es hoy y las estructuras que todavía la organizan atraviesa no solamente la gestión de los residuos. También aparece en las obras de saneamiento, en el acceso al agua, en el transporte, en las instituciones y en las políticas que sostienen la vida cotidiana.
La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo más puede una ciudad seguir postergando las decisiones de fondo mientras sus problemas se acumulan en la superficie.
Escuchá la entevista completa:
*La posición de Lifschitz respondía a una definición política: Rosario reclamaba recuperar el control del servicio de agua y volver a prestarlo desde el municipio. Por eso, en lugar de integrarse al directorio de Assa, la ciudad sostuvo su intención de avanzar hacia una nueva empresa pública de aguas.
