Graciela, manos a la obra, pintando uno de los paredones de la plaza el pasado 9 de Julio
Más de 70 años después de aquella cesión, la discusión enfrenta memoria familiar, uso del espacio público y un proyecto educativo. Mientras el municipio asegura que la escuela ocupará solo una parte del predio y que el resto será una nueva plaza, los vecinos temen perder el espacio verde que utilizan desde hace décadas.
En barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario, el futuro de un terreno ubicado sobre Bolivia al 600 bis abrió una fuerte polémica entre vecinos, descendientes de la familia Casasola y la Municipalidad. Allí, donde durante décadas existió un espacio verde reconocido por los habitantes del barrio como una plaza pública, se proyecta la construcción de una escuela vinculada a la Fundación Fortaleza de Sión.
Desde el municipio sostienen que no hubo una venta del predio, que la cesión fue aprobada por el Concejo Municipal y que solo una parte del terreno será destinada al establecimiento educativo, mientras que el resto se convertirá en una nueva plaza.
Del otro lado del reclamo está Graciela Casasola, nieta de Juan Bautista Casasola, el hombre que dejó esas tierras para que fueran destinadas al uso público. A sus 73 años, Graciela habla de ese terreno como quien habla de una parte inseparable de su propia historia. Su familia, dice, no reclama la propiedad para sí, sino que pretende que se respete el destino que tuvo desde el momento en que sus antepasados cedieron esas tierras.
"Esto no es mío, es de todos", repite Graciela. En esa frase resume el motivo por el que decidió involucrarse en una discusión que, según cuenta, comenzó como una preocupación familiar y terminó convirtiéndose en un reclamo de todo el barrio.
El terreno de los Casasola
Juan Bautista Casasola, su nono, había llegado de Italia después de la guerra. Se instaló en la zona y puso un horno de ladrillos. Con ese trabajo, realizado de sol a sol, consiguió comprar tres cuadras en la zona de La Redonda y luego adquirió tierras en otros sectores. Era, recuerda Graciela, un hombre de trabajo, de esos inmigrantes italianos que construían su patrimonio con las manos y con jornadas interminables.
En julio de 1953, Juan murió a los 68 años. Sus hijos quedaron al frente de la herencia, entre ellos el padre de Graciela. Con el tiempo, al realizarse el loteo y la sucesión, la familia tuvo que cumplir con una disposición municipal de la época: quienes poseían grandes extensiones de tierra debían ceder una parte para calles o para algún espacio de uso público.
Los Casasola decidieron que ese lugar fuera un espacio verde.
Graciela insiste en una precisión que considera fundamental. No se trató de una deuda de la familia con la Municipalidad ni de una entrega realizada porque los Casasola debieran algo. Era, explica, lo que correspondía en aquel proceso de loteo. Podían haberse destinado esas tierras a calles, pero la familia eligió dejar un pulmón verde para el barrio.
"Que no se tome como que la familia Casasola debía, no, nada que ver", sostiene.
Los herederos fueron a la Municipalidad de Rosario y firmaron la cesión porque así correspondía al momento de lotear. Lo hicieron, remarca Graciela, para que ese espacio fuera público y pudiera ser disfrutado por todos.
Durante décadas, sin embargo, el lugar permaneció prácticamente sin intervención municipal. Desde 1953 hasta 1985, su padre lo araba y allí se sembraba maíz y otros cultivos, siguiendo las costumbres de los antiguos inmigrantes italianos. El terreno todavía formaba parte de la vida cotidiana de la familia, aunque su destino final ya estaba establecido.
Fue en 1985, durante la gestión del intendenta Horacio Usandizaga, cuando el lugar se transformó formalmente en una plaza. Se instalaron tres hamacas, un tobogán y algunas luces. No había mucho más, pero para Graciela ese fue el momento en que el espacio comenzó a ser reconocido de manera concreta como aquello para lo que había sido cedido: una plaza para el barrio.
Después de eso, cuenta, prácticamente nunca volvió a ser intervenido.
Pasaron los años y Graciela y otros integrantes de su familia intentaron conseguir que se hiciera algo más. Iba a la vecinal, se acercaba a la Municipalidad y preguntaba por qué no se mejoraba el lugar. También su hijo, arquitecto, se acercó a Planeamiento. No lo hacía solamente desde su profesión, aclara, sino también como nieto de Juan Casasola.
La familia pedía mejoras para el espacio público, no un beneficio propio.
"No pedimos nada para nosotros, porque primero no nos corresponde", explica Graciela. Y enseguida agrega que, además, ese nunca había sido el propósito de su abuelo. El objetivo de Juan Bautista Casasola, sostiene, era que las tierras fueran para el barrio.
La historia familiar quedó también registrada en una placa colocada en el mástil durante la gestión de Usandizaga. Graciela conserva una fotografía de aquel momento. Es, para ella, una de las pruebas materiales de la historia del lugar y de la relación entre su familia y ese espacio.
Pero hay algo que considera todavía más importante que los papeles y las fotografías: la memoria de los vecinos.
Graciela nació y vivió siempre allí. Su padre murió a los 76 años en ese mismo lugar. Ella tiene 73. "Diría Mirta Legrand, somos una leyenda en el barrio", bromea, antes de volver al tono serio con el que cuenta la historia.
Cuando apareció el proyecto
Por eso, la llegada de quienes ahora impulsan la construcción de la escuela la tomó por sorpresa.
Cuando los vio en el terreno, cuenta, le dijeron que se quedara tranquila. Le hablaron incluso de poner el nombre de su abuelo en la biblioteca y de cerrar la plaza. Para Graciela, aquello resultó incomprensible.
"¿Cómo todo eso? No se puede", recuerda haber pensado.
Su reacción fue pedir que le mostraran los documentos y, a partir de allí, comenzó a investigar junto con otros vecinos. Revisaron la información disponible, los antecedentes y aquello que ya se había hecho público. La discusión dejó entonces de ser una preocupación familiar para convertirse en un reclamo vecinal.
Graciela cuestiona también el momento en que la decisión llegó al Concejo Municipal. Según cuenta, el trámite quedó aprobado a fines de diciembre del año anterior, mientras ella llevaba tiempo acercándose a la Municipalidad y recibiendo como respuesta que debía esperar. "Esperar, esperar", recuerda.
El expediente, según su relato, permanecía en la mesa y nunca avanzaba. Ahora, en cambio, el barrio se moviliza. Graciela asegura que el reclamo no tiene una bandera política. "Nosotros vamos con la verdad, sin política, nosotros vamos con el barrio, con la gente", afirma.
Parte de esa movilización se expresa en las firmas que comenzaron a reunir. Ella las pide a quienes se acercan a su negocio y les explica para qué son: para preservar la plaza y para el barrio.
No sabe si alcanzarán las 1.200 firmas que, según explica, les pide el Concejo para avanzar con el planteo. Pero considera que el número no es lo más importante. Para ella, la voluntad de los vecinos está clara: quieren que ese espacio siga siendo una plaza pública.
Una plaza para los chicos
Detrás del reclamo hay también una preocupación concreta por los chicos.
Graciela habla de los niños del barrio que no tienen dónde jugar, de quienes quieren entrenar y no cuentan con dinero para pagar una actividad. En una zona que describe como industrial, el espacio verde representa también una posibilidad de encuentro y de recreación que, asegura, no sobra.
A pocas cuadras de su casa, sobre Juan José Paso, hay otra escena que para ella demuestra esa necesidad. Cuenta que allí se juntan numerosos chicos para jugar y entrenar. En algún momento, los arcos fueron retirados. Los propios vecinos, relata, los soldaron y volvieron a colocarlos.
Ese gesto resume, para Graciela, la relación que el barrio mantiene con sus espacios públicos. Los vecinos los necesitan, los usan y, cuando hace falta, incluso los reparan por su cuenta.
Por eso considera que el terreno de Bolivia al 600 bis no es simplemente una parcela disponible para un nuevo proyecto. Es la tierra que su abuelo dejó para que el barrio tuviera un lugar donde encontrarse.
La plaza, asegura, se usa. Y lo que ocurrió con los arcos de fútbol es para ella una demostración de ese uso. Fueron retirados en pleno mediodía, según su relato, cuando un vehículo ingresó al lugar. Después, los propios vecinos volvieron a soldarlos y los colocaron nuevamente.
"¿A qué vecino le fueron a preguntar: '¿Vos querés esto?'", cuestiona.
Para ella, el problema no es solamente el proyecto, sino la forma en que se tomó una decisión que afecta a todos sin consultar a quienes viven alrededor. Por eso pide que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que puedan explicar sus argumentos "como personas civilizadas".
Los vecinos imaginan incluso qué podrían hacer si el espacio fuera recuperado. Algunos se ofrecen a organizar entrenamientos de fútbol. Una vecina habló de hacer patín; otro vecino imaginó un espacio para básquet aprovechando incluso el paredón del fondo de su casa, de unos cuatro metros de altura.
Graciela también piensa en mesas y bancos de cemento donde las familias puedan sentarse a tomar mate, como ocurre hoy en tantas plazas renovadas de la ciudad.
La necesidad de un lugar de esas características, insiste, es concreta. Quienes viven allí deben trasladarse a otros espacios, como el Parque Alem o la plaza Claudio "Pocho" Lepratti, sobre calle Junín. Para ella, no tiene sentido quitarles el único espacio verde de proximidad cuando el barrio ya tiene una demanda tan fuerte de lugares para jugar, hacer deporte y encontrarse.
El argumento de la escuela
A comienzos de este año, Graciela se cruzó con una concejala que no había participado de la sesión en la que se aprobó la cesión. En esa conversación volvió a escuchar uno de los principales argumentos con los que se defendía el proyecto: en la zona no habría escuelas y, por eso, sería necesario destinar el terreno a la construcción de un establecimiento educativo.
Para Graciela, ese argumento no se sostiene.
Enumera las instituciones que existen en el sector: la escuela Pablo VI, el jardín ubicado a la vuelta de su casa, sobre Ecuador, y la escuela Dr. Luis Chorroarín, además de otra ubicada sobre calle México. También recuerda que en otro terreno que había pertenecido a su abuelo, donde hoy funciona la vecinal 20 de Junio, existe otra institución educativa.
Su cuestionamiento, aclara, no pasa por oponerse a que haya escuelas en el barrio. Lo que discute es que el espacio público sea destinado a una institución que, según denuncia, tendría fines de lucro.
"No queremos escuelas para fines de lucro", aclara. Para ella, si el objetivo fuera responder a una necesidad educativa de las familias de la zona, debería tratarse de una escuela gratuita y de acceso libre.
Desde el municipio, en cambio, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, sostuvo públicamente que la escuela ocuparía apenas un tercio del terreno y que el resto continuaría siendo una plaza completamente renovada.
Para Graciela, esa explicación no refleja lo que se está haciendo en el lugar. "Eso no es verdad", afirma.
Y explica su temor con una imagen concreta: si se coloca un alambrado que atraviese el terreno, de un lado quedaría la escuela y del otro un espacio reducido que, en la práctica, podría quedar limitado a las tres hamacas que existen actualmente.
Para ella, eso no sería conservar la plaza, sino convertirla en una extensión del patio escolar.
Nadie, sostiene, habló con los vecinos para explicarles esa situación. Y recuerda especialmente una conversación con una de las personas que estaban trabajando en el predio, a quien incluso le tomó una fotografía para identificar de dónde provenía.
Según el relato de Graciela, esa persona le confirmó que cerrarían el sector con un alambrado.
Los papeles y el alambrado
La familia tampoco tuvo, según Graciela, un contacto directo con la Fundación Fortaleza de Sión, a la que se cedería parte del terreno.
Cuenta que la primera vez que tuvo contacto con quienes estaban trabajando allí fue cuando vio que pretendían colocar servicios y comenzaron a llevar tierra. Les pidió que retiraran o desparramaran los montículos. En ese momento, relata, pidió explicaciones y documentación.
Su respuesta fue mostrar los papeles que conserva.
Graciela se presenta como heredera y tercera generación de la familia Casasola, pero subraya que existen documentos firmados por su propio padre en la Municipalidad. Para ella, lo que está sucediendo representa un atropello contra su familia, aunque inmediatamente amplía el alcance del reclamo:
"No solamente para mi familia, para el barrio".
La memoria de los vecinos vuelve a aparecer como parte central de su argumento. Si la gente sabe que ese terreno fue donado para uso público, explica, es lógico que los chicos se acerquen a pedirles espacios para hacer actividades. Ellos mismos reconocen que la plaza es pública. Quieren caminar allí, jugar, entrenar y encontrarse.
Graciela sostiene que, si el espacio tuviera una buena vereda y estuviera iluminado, podría convertirse en un lugar mucho más aprovechable. Pero, según cuenta, la situación fue en sentido contrario.
Asegura que quienes comenzaron a trabajar en el predio hicieron cerrar puertas y ventanas de vecinos y que actuaron como si fueran propietarios del lugar. Lo que nunca ocurrió, afirma, fue que alguien le mostrara personalmente la documentación que respaldaba esa situación.
"¿Dónde está la cesión? ¿A dónde está? ¿Quién le dio todo eso?", pregunta.
Reconoce que existe la firma de varios concejales en la documentación, pero cree que quienes votaron la medida no tuvieron en cuenta todos los antecedentes. No cuestiona su capacidad profesional ni su legitimidad para ocupar sus cargos; por el contrario, dice que son personas preparadas y que los vecinos los eligieron para estar allí. Su crítica es que, a su entender, no averiguaron lo suficiente antes de tomar la decisión.
También intentó obtener explicaciones por otros canales. Habló con Anita Martínez y con personas que conoce, pero asegura que nunca recibió una respuesta concreta. Aclara que su vínculo personal con algunos dirigentes no cambia el reclamo: no se trata de una cuestión individual ni de un pedido para su familia.
"Esto no es mío, es de todos", repite.
La plaza, cubierta de tierra
El proyecto que inicialmente avanzaba hacia la construcción de la escuela quedó detenido, al menos por ahora. Pero la paralización no significó que el terreno volviera a su estado anterior.
Al contrario, Graciela describe un espacio atravesado por el barro y las pilas de tierra. Los chicos ya no pueden realizar allí actividades deportivas con normalidad. Los arcos fueron nuevamente soldados y colocados por los vecinos, pero el resto del terreno sigue afectado por las obras y los movimientos de suelo.
La pelea, entonces, también se volvió visible en el estado actual del lugar.
Graciela calcula que hay unos 23 montículos de tierra distribuidos en medio del terreno y que dificultan el uso cotidiano de la plaza.
"¿Cómo puede ser que a una plaza la usurpen así?", se pregunta, convencida de que cualquiera que dude de su relato puede acercarse al barrio y comprobar por sí mismo lo que está ocurriendo.
Mientras esperan respuestas, los vecinos comenzaron a organizar actividades para sostener el reclamo. Hicieron un locro y otras iniciativas destinadas a reunir apoyo. Graciela asegura que van a continuar.
Incluso imagina una nueva etapa para el lugar: pintar, recuperar las paredes que faltan y hacer dibujos para darle color.
Mira las plazas que se construyeron o renovaron en otros sectores de Rosario y quisiera que el municipio pudiera escuchar su propuesta. Menciona especialmente las obras que hizo Pablo Javkin y dice que le gustaría poder explicarle directamente al intendente lo que está transmitiendo públicamente.
Hoy no puede acercarse personalmente porque atraviesa un problema de salud, pero pretende que su voz llegue de todos modos.
En algún momento, cuenta, una secretaria municipal recibió a los vecinos. Pero Graciela cree que el mensaje no llegó correctamente. Según su relato, la funcionaria interpretó que ellos se oponían a la construcción de escuelas.
Ella insiste en que no es eso lo que plantean.
Quieren escuelas, dice, pero no una escuela con fines de lucro instalada sobre el espacio público que consideran destinado al barrio. Quieren una plaza libre, abierta para todos, con iluminación, color, veredas y equipamiento. Una plaza en la que puedan jugar los chicos y reunirse las familias.
Hoy, en cambio, describe un terreno convertido en barro. Las pocas viviendas que quedaron pegadas al predio tienen dificultades incluso para salir de sus casas.
Graciela explica que el tamaño original de las tierras de su abuelo era tan grande que con el tiempo se construyeron galpones y quedaron pocos vecinos alrededor. Pero justamente esos pocos habitantes son quienes, según sostiene, están padeciendo directamente las consecuencias de las obras.
El miedo a que la plaza se vuelva un patio
La respuesta municipal tampoco la convence. Chale sostuvo que la escuela ocuparía aproximadamente un tercio del terreno y que el resto se convertiría en una plaza completamente renovada. Para Graciela, el problema no se resuelve con la cantidad de metros que queden libres, sino con el modo en que ese espacio podrá utilizarse.
Si se coloca un alambrado de un extremo al otro, explica, de un lado quedaría la escuela y del otro una porción de terreno que podría terminar reducida a las tres hamacas que existen actualmente.
Así, las hamacas que hoy sobreviven en la antigua plaza podrían terminar formando parte del espacio de uso de la escuela. Es justamente esa posibilidad la que Graciela rechaza con mayor fuerza.
Para ella, el problema no es solamente cuánto terreno quedará fuera del proyecto, sino quién podrá usarlo y en qué condiciones.
Porque la discusión vuelve al mismo punto desde el que comenzó la historia familiar: aquellas tierras fueron cedidas para que fueran públicas.
Graciela recuerda una conversación con una de las personas que trabajaban en el predio. Según cuenta, fue esa persona quien le explicó cómo sería el cierre del terreno: colocarían un alambrado de un extremo al otro, delimitando unos 600 metros.
"¿Cómo cerrar? No podés cerrar, es público", recuerda haberle respondido.
La explicación que recibió fue que, de esa manera, quedaría el jardín. La propuesta no terminó allí. También le hablaron de la posibilidad de colocar detrás una biblioteca y ponerle el nombre de su abuelo. Pero tampoco esa alternativa la convenció.
Graciela no quiere que le pongan el nombre de su abuelo a una biblioteca como forma de compensación. El nombre de Juan Casasola, dice, ya está inscripto en la memoria del barrio. No necesita una placa ni una denominación para justificar lo que, desde su perspectiva, ya forma parte de la historia de ese lugar.
"Yo no quiero el nombre de mi nono", resume. Para ella, el homenaje ya está hecho de otra manera: en las tierras que su abuelo dejó y en el uso público que tuvieron durante décadas. "Acá fue donado de corazón, de corazón y para el barrio", insiste.
Una historia que el barrio recuerda
El caso despierta también recuerdos de otros espacios públicos que terminaron perdiendo parte de su función comunitaria.
Durante la conversación, la historia de Bolivia al 600 bis fue comparada con la de una antigua plaza y canchita de fútbol ubicada sobre Pellegrini, entre Iriondo y Crespo. Allí, durante años, los chicos del barrio entrenaban, jugaban partidos y organizaban torneos.
Con el tiempo, aquel espacio fue ocupado por un supermercado. La promesa, según recuerdan quienes conocen esa historia, era que se construiría una plazoleta como compensación. Quedó, finalmente, un pequeño espacio triangular con tres árboles y algunos bancos.
El complejo deportivo y el lugar de recreación que utilizaban los chicos, en cambio, desaparecieron.
Ese antecedente vuelve a aparecer ahora como una advertencia para quienes defienden la plaza de Bolivia. La preocupación de los vecinos es que algo similar ocurra allí: que una parte del espacio sea destinada a otro uso y que la promesa de una plaza renovada termine dejando en el camino aquello que hacía que el lugar fuera realmente de todos.
Para Graciela, la diferencia entre una cosa y otra está en algo tan sencillo como la posibilidad de entrar, jugar, caminar y encontrarse.
Un espacio público, sostiene, no debería necesitar permiso para ser utilizado por quienes viven alrededor.
Las firmas, entre carbón y leña
Mientras la discusión continúa, los vecinos mantienen abierta la campaña de firmas para respaldar el reclamo.
Graciela recibe a quienes quieran adherir en su propio negocio, ubicado a pocos metros de la plaza. Está en Juan José Paso 6853, a la vuelta del terreno que perteneció a su abuelo.
Allí funciona una carbonería, un negocio familiar que Graciela heredó de su padre y que mantiene desde hace toda la vida. Es, además, el lugar desde donde sostiene buena parte de la campaña. Las planillas para firmar están allí y, cuando puede, también sale a repartirlas por el barrio.
La respuesta que encuentra entre sus clientes, cuenta, refuerza su convicción de que el reclamo excede ampliamente a la familia Casasola.
Cuando explica para qué son las firmas, muchos hacen la misma pregunta: si es para el barrio. Y cuando Graciela responde que sí, que es para el barrio, la adhesión aparece.
No sabe cómo terminará el reclamo. Espera que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que exista una respuesta favorable a su planteo. Mantiene la esperanza de que el lugar pueda recuperarse y transformarse en la plaza que, según entiende, el barrio merece.
Una plaza con juegos, iluminación, veredas, espacios deportivos y lugares de encuentro. Su deseo, dice, es poder festejar algún día con los vecinos la recuperación del espacio.
El destino de una decisión
Más de siete décadas después de la muerte de Juan Casasola, su nieta sigue defendiendo aquella decisión.
No habla de recuperar una propiedad familiar. Los vecinos tampoco reclaman una propiedad privada. Lo que Graciela defiende es que el espacio continúe cumpliendo el destino que, según sostiene y según los documentos que conserva, tuvo desde el principio: ser una plaza para todos.
La discusión sobre el futuro del terreno de Bolivia al 600 bis tampoco se limita, para ella, a cuántos metros serán ocupados por la escuela o a cuánto espacio quedará para una eventual plaza renovada.
Lo que está en juego, sostiene, es el carácter público de un lugar que su familia cedió "de corazón" para el barrio.
Juan Casasola llegó de Italia, trabajó durante décadas, levantó un patrimonio y, cuando llegó el momento de lotear las tierras, una parte fue destinada a convertirse en un espacio público. Graciela cree que aquella decisión debe seguir vigente.
No quiere que le devuelvan las tierras. No pretende ponerle su apellido a una biblioteca. Tampoco pide una plaza en beneficio de su familia.
Lo que reclama es que aquello que Juan Casasola dejó para todos continúe siendo, efectivamente, de todos.
La campaña de firmas sigue en su carbonería de Juan José Paso 6853. Allí, entre leña y carbón, Graciela continúa contando la historia de su abuelo y explicando a cada vecino por qué considera necesario defender ese terreno.
La pregunta que recibe de quienes escuchan su relato es siempre parecida: "¿Es para el barrio?". Y su respuesta también: "Sí, es para el barrio".
Ese es el destino que quiere preservar. Y también, en su mirada, la deuda que el presente tiene con una decisión tomada hace más de setenta años: que una parte de las tierras de Juan Casasola siguiera siendo un lugar abierto para los chicos, las familias y todos los vecinos de Larrea.
Ver también: La historia detrás de la plaza en disputa: el expediente que terminó cediendo parte del espacio verde a una fundación
En barrio Larrea, en la zona noroeste de Rosario, el futuro de un terreno ubicado sobre Bolivia al 600 bis abrió una fuerte polémica entre vecinos, descendientes de la familia Casasola y la Municipalidad. Allí, donde durante décadas existió un espacio verde reconocido por los habitantes del barrio como una plaza pública, se proyecta la construcción de una escuela vinculada a la Fundación Fortaleza de Sión.
Desde el municipio sostienen que no hubo una venta del predio, que la cesión fue aprobada por el Concejo Municipal y que solo una parte del terreno será destinada al establecimiento educativo, mientras que el resto se convertirá en una nueva plaza.
Del otro lado del reclamo está Graciela Casasola, nieta de Juan Bautista Casasola, el hombre que dejó esas tierras para que fueran destinadas al uso público. A sus 73 años, Graciela habla de ese terreno como quien habla de una parte inseparable de su propia historia. Su familia, dice, no reclama la propiedad para sí, sino que pretende que se respete el destino que tuvo desde el momento en que sus antepasados cedieron esas tierras.
"Esto no es mío, es de todos", repite Graciela. En esa frase resume el motivo por el que decidió involucrarse en una discusión que, según cuenta, comenzó como una preocupación familiar y terminó convirtiéndose en un reclamo de todo el barrio.
El terreno de los Casasola
Juan Bautista Casasola, su nono, había llegado de Italia después de la guerra. Se instaló en la zona y puso un horno de ladrillos. Con ese trabajo, realizado de sol a sol, consiguió comprar tres cuadras en la zona de La Redonda y luego adquirió tierras en otros sectores. Era, recuerda Graciela, un hombre de trabajo, de esos inmigrantes italianos que construían su patrimonio con las manos y con jornadas interminables.
En julio de 1953, Juan murió a los 68 años. Sus hijos quedaron al frente de la herencia, entre ellos el padre de Graciela. Con el tiempo, al realizarse el loteo y la sucesión, la familia tuvo que cumplir con una disposición municipal de la época: quienes poseían grandes extensiones de tierra debían ceder una parte para calles o para algún espacio de uso público.
Los Casasola decidieron que ese lugar fuera un espacio verde.
Graciela insiste en una precisión que considera fundamental. No se trató de una deuda de la familia con la Municipalidad ni de una entrega realizada porque los Casasola debieran algo. Era, explica, lo que correspondía en aquel proceso de loteo. Podían haberse destinado esas tierras a calles, pero la familia eligió dejar un pulmón verde para el barrio.
"Que no se tome como que la familia Casasola debía, no, nada que ver", sostiene.
Los herederos fueron a la Municipalidad de Rosario y firmaron la cesión porque así correspondía al momento de lotear. Lo hicieron, remarca Graciela, para que ese espacio fuera público y pudiera ser disfrutado por todos.
Durante décadas, sin embargo, el lugar permaneció prácticamente sin intervención municipal. Desde 1953 hasta 1985, su padre lo araba y allí se sembraba maíz y otros cultivos, siguiendo las costumbres de los antiguos inmigrantes italianos. El terreno todavía formaba parte de la vida cotidiana de la familia, aunque su destino final ya estaba establecido.
Fue en 1985, durante la gestión del intendenta Horacio Usandizaga, cuando el lugar se transformó formalmente en una plaza. Se instalaron tres hamacas, un tobogán y algunas luces. No había mucho más, pero para Graciela ese fue el momento en que el espacio comenzó a ser reconocido de manera concreta como aquello para lo que había sido cedido: una plaza para el barrio.
Después de eso, cuenta, prácticamente nunca volvió a ser intervenido.
Pasaron los años y Graciela y otros integrantes de su familia intentaron conseguir que se hiciera algo más. Iba a la vecinal, se acercaba a la Municipalidad y preguntaba por qué no se mejoraba el lugar. También su hijo, arquitecto, se acercó a Planeamiento. No lo hacía solamente desde su profesión, aclara, sino también como nieto de Juan Casasola.
La familia pedía mejoras para el espacio público, no un beneficio propio.
"No pedimos nada para nosotros, porque primero no nos corresponde", explica Graciela. Y enseguida agrega que, además, ese nunca había sido el propósito de su abuelo. El objetivo de Juan Bautista Casasola, sostiene, era que las tierras fueran para el barrio.
La historia familiar quedó también registrada en una placa colocada en el mástil durante la gestión de Usandizaga. Graciela conserva una fotografía de aquel momento. Es, para ella, una de las pruebas materiales de la historia del lugar y de la relación entre su familia y ese espacio.
Pero hay algo que considera todavía más importante que los papeles y las fotografías: la memoria de los vecinos.
Graciela nació y vivió siempre allí. Su padre murió a los 76 años en ese mismo lugar. Ella tiene 73. "Diría Mirta Legrand, somos una leyenda en el barrio", bromea, antes de volver al tono serio con el que cuenta la historia.
Cuando apareció el proyecto
Por eso, la llegada de quienes ahora impulsan la construcción de la escuela la tomó por sorpresa.
Cuando los vio en el terreno, cuenta, le dijeron que se quedara tranquila. Le hablaron incluso de poner el nombre de su abuelo en la biblioteca y de cerrar la plaza. Para Graciela, aquello resultó incomprensible.
"¿Cómo todo eso? No se puede", recuerda haber pensado.
Su reacción fue pedir que le mostraran los documentos y, a partir de allí, comenzó a investigar junto con otros vecinos. Revisaron la información disponible, los antecedentes y aquello que ya se había hecho público. La discusión dejó entonces de ser una preocupación familiar para convertirse en un reclamo vecinal.
Graciela cuestiona también el momento en que la decisión llegó al Concejo Municipal. Según cuenta, el trámite quedó aprobado a fines de diciembre del año anterior, mientras ella llevaba tiempo acercándose a la Municipalidad y recibiendo como respuesta que debía esperar. "Esperar, esperar", recuerda.
El expediente, según su relato, permanecía en la mesa y nunca avanzaba. Ahora, en cambio, el barrio se moviliza. Graciela asegura que el reclamo no tiene una bandera política. "Nosotros vamos con la verdad, sin política, nosotros vamos con el barrio, con la gente", afirma.
Parte de esa movilización se expresa en las firmas que comenzaron a reunir. Ella las pide a quienes se acercan a su negocio y les explica para qué son: para preservar la plaza y para el barrio.
No sabe si alcanzarán las 1.200 firmas que, según explica, les pide el Concejo para avanzar con el planteo. Pero considera que el número no es lo más importante. Para ella, la voluntad de los vecinos está clara: quieren que ese espacio siga siendo una plaza pública.
Una plaza para los chicos
Detrás del reclamo hay también una preocupación concreta por los chicos.
Graciela habla de los niños del barrio que no tienen dónde jugar, de quienes quieren entrenar y no cuentan con dinero para pagar una actividad. En una zona que describe como industrial, el espacio verde representa también una posibilidad de encuentro y de recreación que, asegura, no sobra.
A pocas cuadras de su casa, sobre Juan José Paso, hay otra escena que para ella demuestra esa necesidad. Cuenta que allí se juntan numerosos chicos para jugar y entrenar. En algún momento, los arcos fueron retirados. Los propios vecinos, relata, los soldaron y volvieron a colocarlos.
Ese gesto resume, para Graciela, la relación que el barrio mantiene con sus espacios públicos. Los vecinos los necesitan, los usan y, cuando hace falta, incluso los reparan por su cuenta.
Por eso considera que el terreno de Bolivia al 600 bis no es simplemente una parcela disponible para un nuevo proyecto. Es la tierra que su abuelo dejó para que el barrio tuviera un lugar donde encontrarse.
La plaza, asegura, se usa. Y lo que ocurrió con los arcos de fútbol es para ella una demostración de ese uso. Fueron retirados en pleno mediodía, según su relato, cuando un vehículo ingresó al lugar. Después, los propios vecinos volvieron a soldarlos y los colocaron nuevamente.
"¿A qué vecino le fueron a preguntar: '¿Vos querés esto?'", cuestiona.
Para ella, el problema no es solamente el proyecto, sino la forma en que se tomó una decisión que afecta a todos sin consultar a quienes viven alrededor. Por eso pide que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que puedan explicar sus argumentos "como personas civilizadas".
Los vecinos imaginan incluso qué podrían hacer si el espacio fuera recuperado. Algunos se ofrecen a organizar entrenamientos de fútbol. Una vecina habló de hacer patín; otro vecino imaginó un espacio para básquet aprovechando incluso el paredón del fondo de su casa, de unos cuatro metros de altura.
Graciela también piensa en mesas y bancos de cemento donde las familias puedan sentarse a tomar mate, como ocurre hoy en tantas plazas renovadas de la ciudad.
La necesidad de un lugar de esas características, insiste, es concreta. Quienes viven allí deben trasladarse a otros espacios, como el Parque Alem o la plaza Claudio "Pocho" Lepratti, sobre calle Junín. Para ella, no tiene sentido quitarles el único espacio verde de proximidad cuando el barrio ya tiene una demanda tan fuerte de lugares para jugar, hacer deporte y encontrarse.
El argumento de la escuela
A comienzos de este año, Graciela se cruzó con una concejala que no había participado de la sesión en la que se aprobó la cesión. En esa conversación volvió a escuchar uno de los principales argumentos con los que se defendía el proyecto: en la zona no habría escuelas y, por eso, sería necesario destinar el terreno a la construcción de un establecimiento educativo.
Para Graciela, ese argumento no se sostiene.
Enumera las instituciones que existen en el sector: la escuela Pablo VI, el jardín ubicado a la vuelta de su casa, sobre Ecuador, y la escuela Dr. Luis Chorroarín, además de otra ubicada sobre calle México. También recuerda que en otro terreno que había pertenecido a su abuelo, donde hoy funciona la vecinal 20 de Junio, existe otra institución educativa.
Su cuestionamiento, aclara, no pasa por oponerse a que haya escuelas en el barrio. Lo que discute es que el espacio público sea destinado a una institución que, según denuncia, tendría fines de lucro.
"No queremos escuelas para fines de lucro", aclara. Para ella, si el objetivo fuera responder a una necesidad educativa de las familias de la zona, debería tratarse de una escuela gratuita y de acceso libre.
Desde el municipio, en cambio, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, sostuvo públicamente que la escuela ocuparía apenas un tercio del terreno y que el resto continuaría siendo una plaza completamente renovada.
Para Graciela, esa explicación no refleja lo que se está haciendo en el lugar. "Eso no es verdad", afirma.
Y explica su temor con una imagen concreta: si se coloca un alambrado que atraviese el terreno, de un lado quedaría la escuela y del otro un espacio reducido que, en la práctica, podría quedar limitado a las tres hamacas que existen actualmente.
Para ella, eso no sería conservar la plaza, sino convertirla en una extensión del patio escolar.
Nadie, sostiene, habló con los vecinos para explicarles esa situación. Y recuerda especialmente una conversación con una de las personas que estaban trabajando en el predio, a quien incluso le tomó una fotografía para identificar de dónde provenía.
Según el relato de Graciela, esa persona le confirmó que cerrarían el sector con un alambrado.
Los papeles y el alambrado
La familia tampoco tuvo, según Graciela, un contacto directo con la Fundación Fortaleza de Sión, a la que se cedería parte del terreno.
Cuenta que la primera vez que tuvo contacto con quienes estaban trabajando allí fue cuando vio que pretendían colocar servicios y comenzaron a llevar tierra. Les pidió que retiraran o desparramaran los montículos. En ese momento, relata, pidió explicaciones y documentación.
Su respuesta fue mostrar los papeles que conserva.
Graciela se presenta como heredera y tercera generación de la familia Casasola, pero subraya que existen documentos firmados por su propio padre en la Municipalidad. Para ella, lo que está sucediendo representa un atropello contra su familia, aunque inmediatamente amplía el alcance del reclamo:
"No solamente para mi familia, para el barrio".
La memoria de los vecinos vuelve a aparecer como parte central de su argumento. Si la gente sabe que ese terreno fue donado para uso público, explica, es lógico que los chicos se acerquen a pedirles espacios para hacer actividades. Ellos mismos reconocen que la plaza es pública. Quieren caminar allí, jugar, entrenar y encontrarse.
Graciela sostiene que, si el espacio tuviera una buena vereda y estuviera iluminado, podría convertirse en un lugar mucho más aprovechable. Pero, según cuenta, la situación fue en sentido contrario.
Asegura que quienes comenzaron a trabajar en el predio hicieron cerrar puertas y ventanas de vecinos y que actuaron como si fueran propietarios del lugar. Lo que nunca ocurrió, afirma, fue que alguien le mostrara personalmente la documentación que respaldaba esa situación.
"¿Dónde está la cesión? ¿A dónde está? ¿Quién le dio todo eso?", pregunta.
Reconoce que existe la firma de varios concejales en la documentación, pero cree que quienes votaron la medida no tuvieron en cuenta todos los antecedentes. No cuestiona su capacidad profesional ni su legitimidad para ocupar sus cargos; por el contrario, dice que son personas preparadas y que los vecinos los eligieron para estar allí. Su crítica es que, a su entender, no averiguaron lo suficiente antes de tomar la decisión.
También intentó obtener explicaciones por otros canales. Habló con Anita Martínez y con personas que conoce, pero asegura que nunca recibió una respuesta concreta. Aclara que su vínculo personal con algunos dirigentes no cambia el reclamo: no se trata de una cuestión individual ni de un pedido para su familia.
"Esto no es mío, es de todos", repite.
La plaza, cubierta de tierra
El proyecto que inicialmente avanzaba hacia la construcción de la escuela quedó detenido, al menos por ahora. Pero la paralización no significó que el terreno volviera a su estado anterior.
Al contrario, Graciela describe un espacio atravesado por el barro y las pilas de tierra. Los chicos ya no pueden realizar allí actividades deportivas con normalidad. Los arcos fueron nuevamente soldados y colocados por los vecinos, pero el resto del terreno sigue afectado por las obras y los movimientos de suelo.
La pelea, entonces, también se volvió visible en el estado actual del lugar.
Graciela calcula que hay unos 23 montículos de tierra distribuidos en medio del terreno y que dificultan el uso cotidiano de la plaza.
"¿Cómo puede ser que a una plaza la usurpen así?", se pregunta, convencida de que cualquiera que dude de su relato puede acercarse al barrio y comprobar por sí mismo lo que está ocurriendo.
Mientras esperan respuestas, los vecinos comenzaron a organizar actividades para sostener el reclamo. Hicieron un locro y otras iniciativas destinadas a reunir apoyo. Graciela asegura que van a continuar.
Incluso imagina una nueva etapa para el lugar: pintar, recuperar las paredes que faltan y hacer dibujos para darle color.
Mira las plazas que se construyeron o renovaron en otros sectores de Rosario y quisiera que el municipio pudiera escuchar su propuesta. Menciona especialmente las obras que hizo Pablo Javkin y dice que le gustaría poder explicarle directamente al intendente lo que está transmitiendo públicamente.
Hoy no puede acercarse personalmente porque atraviesa un problema de salud, pero pretende que su voz llegue de todos modos.
En algún momento, cuenta, una secretaria municipal recibió a los vecinos. Pero Graciela cree que el mensaje no llegó correctamente. Según su relato, la funcionaria interpretó que ellos se oponían a la construcción de escuelas.
Ella insiste en que no es eso lo que plantean.
Quieren escuelas, dice, pero no una escuela con fines de lucro instalada sobre el espacio público que consideran destinado al barrio. Quieren una plaza libre, abierta para todos, con iluminación, color, veredas y equipamiento. Una plaza en la que puedan jugar los chicos y reunirse las familias.
Hoy, en cambio, describe un terreno convertido en barro. Las pocas viviendas que quedaron pegadas al predio tienen dificultades incluso para salir de sus casas.
Graciela explica que el tamaño original de las tierras de su abuelo era tan grande que con el tiempo se construyeron galpones y quedaron pocos vecinos alrededor. Pero justamente esos pocos habitantes son quienes, según sostiene, están padeciendo directamente las consecuencias de las obras.
El miedo a que la plaza se vuelva un patio
La respuesta municipal tampoco la convence. Chale sostuvo que la escuela ocuparía aproximadamente un tercio del terreno y que el resto se convertiría en una plaza completamente renovada. Para Graciela, el problema no se resuelve con la cantidad de metros que queden libres, sino con el modo en que ese espacio podrá utilizarse.
Si se coloca un alambrado de un extremo al otro, explica, de un lado quedaría la escuela y del otro una porción de terreno que podría terminar reducida a las tres hamacas que existen actualmente.
Así, las hamacas que hoy sobreviven en la antigua plaza podrían terminar formando parte del espacio de uso de la escuela. Es justamente esa posibilidad la que Graciela rechaza con mayor fuerza.
Para ella, el problema no es solamente cuánto terreno quedará fuera del proyecto, sino quién podrá usarlo y en qué condiciones.
Porque la discusión vuelve al mismo punto desde el que comenzó la historia familiar: aquellas tierras fueron cedidas para que fueran públicas.
Graciela recuerda una conversación con una de las personas que trabajaban en el predio. Según cuenta, fue esa persona quien le explicó cómo sería el cierre del terreno: colocarían un alambrado de un extremo al otro, delimitando unos 600 metros.
"¿Cómo cerrar? No podés cerrar, es público", recuerda haberle respondido.
La explicación que recibió fue que, de esa manera, quedaría el jardín. La propuesta no terminó allí. También le hablaron de la posibilidad de colocar detrás una biblioteca y ponerle el nombre de su abuelo. Pero tampoco esa alternativa la convenció.
Graciela no quiere que le pongan el nombre de su abuelo a una biblioteca como forma de compensación. El nombre de Juan Casasola, dice, ya está inscripto en la memoria del barrio. No necesita una placa ni una denominación para justificar lo que, desde su perspectiva, ya forma parte de la historia de ese lugar.
"Yo no quiero el nombre de mi nono", resume. Para ella, el homenaje ya está hecho de otra manera: en las tierras que su abuelo dejó y en el uso público que tuvieron durante décadas. "Acá fue donado de corazón, de corazón y para el barrio", insiste.
Una historia que el barrio recuerda
El caso despierta también recuerdos de otros espacios públicos que terminaron perdiendo parte de su función comunitaria.
Durante la conversación, la historia de Bolivia al 600 bis fue comparada con la de una antigua plaza y canchita de fútbol ubicada sobre Pellegrini, entre Iriondo y Crespo. Allí, durante años, los chicos del barrio entrenaban, jugaban partidos y organizaban torneos.
Con el tiempo, aquel espacio fue ocupado por un supermercado. La promesa, según recuerdan quienes conocen esa historia, era que se construiría una plazoleta como compensación. Quedó, finalmente, un pequeño espacio triangular con tres árboles y algunos bancos.
El complejo deportivo y el lugar de recreación que utilizaban los chicos, en cambio, desaparecieron.
Ese antecedente vuelve a aparecer ahora como una advertencia para quienes defienden la plaza de Bolivia. La preocupación de los vecinos es que algo similar ocurra allí: que una parte del espacio sea destinada a otro uso y que la promesa de una plaza renovada termine dejando en el camino aquello que hacía que el lugar fuera realmente de todos.
Para Graciela, la diferencia entre una cosa y otra está en algo tan sencillo como la posibilidad de entrar, jugar, caminar y encontrarse.
Un espacio público, sostiene, no debería necesitar permiso para ser utilizado por quienes viven alrededor.
Las firmas, entre carbón y leña
Mientras la discusión continúa, los vecinos mantienen abierta la campaña de firmas para respaldar el reclamo.
Graciela recibe a quienes quieran adherir en su propio negocio, ubicado a pocos metros de la plaza. Está en Juan José Paso 6853, a la vuelta del terreno que perteneció a su abuelo.
Allí funciona una carbonería, un negocio familiar que Graciela heredó de su padre y que mantiene desde hace toda la vida. Es, además, el lugar desde donde sostiene buena parte de la campaña. Las planillas para firmar están allí y, cuando puede, también sale a repartirlas por el barrio.
La respuesta que encuentra entre sus clientes, cuenta, refuerza su convicción de que el reclamo excede ampliamente a la familia Casasola.
Cuando explica para qué son las firmas, muchos hacen la misma pregunta: si es para el barrio. Y cuando Graciela responde que sí, que es para el barrio, la adhesión aparece.
No sabe cómo terminará el reclamo. Espera que las autoridades vuelvan a recibir a los vecinos y que exista una respuesta favorable a su planteo. Mantiene la esperanza de que el lugar pueda recuperarse y transformarse en la plaza que, según entiende, el barrio merece.
Una plaza con juegos, iluminación, veredas, espacios deportivos y lugares de encuentro. Su deseo, dice, es poder festejar algún día con los vecinos la recuperación del espacio.
El destino de una decisión
Más de siete décadas después de la muerte de Juan Casasola, su nieta sigue defendiendo aquella decisión.
No habla de recuperar una propiedad familiar. Los vecinos tampoco reclaman una propiedad privada. Lo que Graciela defiende es que el espacio continúe cumpliendo el destino que, según sostiene y según los documentos que conserva, tuvo desde el principio: ser una plaza para todos.
La discusión sobre el futuro del terreno de Bolivia al 600 bis tampoco se limita, para ella, a cuántos metros serán ocupados por la escuela o a cuánto espacio quedará para una eventual plaza renovada.
Lo que está en juego, sostiene, es el carácter público de un lugar que su familia cedió "de corazón" para el barrio.
Juan Casasola llegó de Italia, trabajó durante décadas, levantó un patrimonio y, cuando llegó el momento de lotear las tierras, una parte fue destinada a convertirse en un espacio público. Graciela cree que aquella decisión debe seguir vigente.
No quiere que le devuelvan las tierras. No pretende ponerle su apellido a una biblioteca. Tampoco pide una plaza en beneficio de su familia.
Lo que reclama es que aquello que Juan Casasola dejó para todos continúe siendo, efectivamente, de todos.
La campaña de firmas sigue en su carbonería de Juan José Paso 6853. Allí, entre leña y carbón, Graciela continúa contando la historia de su abuelo y explicando a cada vecino por qué considera necesario defender ese terreno.
La pregunta que recibe de quienes escuchan su relato es siempre parecida: "¿Es para el barrio?". Y su respuesta también: "Sí, es para el barrio".
Ese es el destino que quiere preservar. Y también, en su mirada, la deuda que el presente tiene con una decisión tomada hace más de setenta años: que una parte de las tierras de Juan Casasola siguiera siendo un lugar abierto para los chicos, las familias y todos los vecinos de Larrea.
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