Claramente expresamos, y así lo manifiesta la doctrina jurídica en el ámbito interamericano plasmada en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que la existencia de medios públicos de carácter nacional, provincial, municipal y de universidades nacionales, resulta esencial para garantizar, junto con el mundo comunitario, cooperativo y de pequeñas empresas, la diversidad de voces que aseguran el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, la coalición opositora y las empresas infocomunicacionales dominantes en el mercado insisten en atacar a las empresas de bandera, instalando la idea que no son rentables y considerando la inversión pública en éstas como un déficit, cuando el lucro nunca fue su cometido. En forma sistemática aluden a Radio y Televisión Argentina (RTA), Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la agencia de noticias Télam, desinformando sobre sus fines y objetivos y desconociendo el rol inclusivo y federal de su accionar. Ya lo hicieron con la reforma del estado en los 90, cuando privatizaron medios para ponerlos al servicio del desmantelamiento del estado y la destrucción de servicios públicos que dejaron en el desamparo a millones de argentinos. A la vista están los casos de YPF, Aerolíneas Argentinas o las jubilaciones que dan testimonio de los descalabros que se intentan repetir.
Los ataques planificados y simultáneos contra la Televisión y la Radio Públicas, contra las señales culturales, deportivas e infantiles expresadas en Paka Paka, Encuentro o DeporTV y la gestión de contenidos federales por parte de Contenidos Públicos S.E., así como contra la agencia estatal TelAm, intentan condicionar las políticas públicas que permiten la expresión de voces divergentes con el modelo comunicacional dominante. Nada dicen, en cambio de los cuantiosos recursos de la publicidad oficial o prebendas regulatorias que reclaman al estado para su propio beneficio.
Cabe destacar el rol de equilibrio que juegan en América Latina, Estados Unidos, Europa y todo el mundo los sistemas públicos de comunicación frente a la tendencia creciente, favorecida por los procesos de concentración y convergencia, de grupos económicos que pretenden digitar la totalidad de la agenda informativa en beneficio exclusivo de sus propios intereses.
Coalición por una Comunicación Democrática*
*Entidad surgida en 2004 con el aporte de sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la comunicación, universidades nacionales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, redes de medios comunitarios, cooperativos y pymes, entidades de pueblos originarios, colectivos de género y militantes de la comunicación que impulsó los 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.
