Norberto Yauhar, ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, los había demandado por daños y perjuicios después de un informe de Periodismo para Todos y Lanata sin filtro en el que mostraban un supuesto vínculo con el narcotráfico. "Armaron un libreto", había acusado
El Alto Tribunal desestimó el recurso de queja de Yauhar, quien pretendía que revisara una decisión de la Cámara Civil adversa a sus pretensiones.
Según el expediente, en 2013 los programas "Lanata sin filtro" y "Cada mañana", de Radio Mitre, dieron un adelanto de una investigación de "Periodismo para Todos", sobre el hallazgo de 110 kilogramos de cocaína disimulada en cajas de langostinos en un buque pesquero de la empresa Poseidón, en Puerto Madryn. Esa firma estaba integrada por una sola persona, que fue condenada a nueve años de cárcel por almacenamiento de estupefacientes.
El informe periodístico daba cuenta del interés del entonces ministro Yauhar en la causa penal por narcotráfico. También, de vínculos del exfuncionario con el dueño del buque y con un contador responsable de la campaña electoral del partido de Yauhar que era además asesor financiero de la empresa pesquera. En ese marco, se barajó la teoría de que el exministro sería el verdadero propietario de la embarcación.
Yauhar ganó en primera instancia. Se ordenó una indemnización a su favor de $600.000 por las manifestaciones en las que se decía sobre él: "Está en el negocio de la droga", "Tiene contacto con los narcos" y "En algún momento va a ir preso, por narco". En aquel fallo se sostuvo que fueron afirmaciones categóricas y no opiniones, y que no había elementos para sostener esas acusaciones.
Luego, la Sala G de la Cámara Civil revocó la sentencia y rechazó la demanda. Concluyó que el informe periodístico contenía "una combinación de datos y opiniones propios de este tipo de nota", que mezclan "información con ideas propias del o los periodistas que evalúan, conjeturan y explicitan, desde la perspectiva de su profesión, esa información".
"La búsqueda de la verdad y el sometimiento de un tema de indiscutible interés general a la opinión pública, como es el flagelo del narcotráfico y su perniciosa ramificación en diferentes estamentos de nuestra sociedad, imponían la emisión del programa, no su silenciamiento o cancelación", planteó la alzada.
En su fallo, del 15 de noviembre de 2019, citó la doctrina de la real malicia y el precedente de la Corte de Estados Unidos "New York Times versus Sullivan", citado también por la Máxima Instancia local, que sostiene: "Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir".
Destacó además que no se demostró el conocimiento de la falsedad de la noticia ni el desinterés por encontrar la verdad. "Es cierto que diversos pasajes del informe periodístico y sus adelantos debieron razonablemente resultar ofensivos y molestos para el actor, empero, a la luz de la doctrina constitucional sentada en numerosos fallos de nuestra Corte, el funcionario público involucrado en labores periodísticas vinculadas al interés general, carga con el peso de una tolerancia mayor a manifestaciones que pueden resultar agraviantes en el contexto mediático en el que son expresadas", recordó.
"Ante el conflicto de derechos fundamentales como son el de derecho de prensa y libertad de expresión y opinión, y aquel que preserva el de intimidad y el honor de los ciudadanos, el derecho debe inclinarse en favor del primero, por su evidente proximidad al núcleo democrático de nuestra Constitución Nacional", sumó.
Yauhar llevó el caso hasta la Corte, que con la firma de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda desestimó su reclamo.
