La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado en tono crítico, alertando sobre los riesgos del uso de estas tecnologías. También lo hizo el diputado Carlos del Frade, mediante un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura. En la misma línea, Luisa Pourpour, mamá de Maximiliano, asesinado por una mujer policía de la Santafesina, expresó su preocupación en el programa Señales, subrayando el peligro de militarización de la seguridad pública.
El impacto eléctrico de las Taser
Las pistolas Taser funcionan como armas de electroshock. Generan un arco electrovoltaico que atraviesa el cuerpo con una tensión de aproximadamente 50.000 voltios, pero con una intensidad muy baja —alrededor de 4 miliamperios—. Este tipo de descarga bloquea temporalmente los músculos motores, provocando una inmovilización instantánea que permite la reducción del individuo sin, en teoría, causar daños permanentes.
Byrna, las lanzadoras cinéticas
Además, el Gobierno provincial adquirió 100 lanzadoras Byrna. Utilizan dióxido de carbono comprimido para disparar proyectiles cinéticos fabricados con polímero, que pueden ser huecos o contener sustancias irritantes. "Este tipo de pistolas disuade a una persona que pone en riesgo una situación y la desactiva sin recurrir a un arma de fuego. Están pensadas para el personal de Infantería, es decir, para otro tipo de contextos o conflictos", explicaron desde el Ministerio de Seguridad.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha advertido que el uso de estas armas provoca un dolor intenso, puede constituir una forma de tortura y, en ciertos casos, incluso causar la muerte. Por ello, ha recomendado a los Estados miembros abandonar su utilización.
El principal problema radica en su clasificación como armas de "menor letalidad", lo que facilita un uso excesivo y arbitrario por parte de las fuerzas de seguridad. Esta falsa percepción de inocuidad ha derivado, en distintos contextos, no solo en un aumento de casos de tortura, sino también en muertes.
Norma Ríos: "Estamos hablando de la picana moderna"
En diálogo con Señales, Norma Ríos —Presidenta Honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y miembro de la Mesa Directiva Regional Rosario— expresó su enérgico repudio a la decisión del gobierno provincial de Santa Fe de implementar un plan piloto con 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna.
"Uno ni siquiera sabía qué eran las Byrna, tuve que buscarlas en internet. Pero sí sabíamos qué son las Taser. En nuestra larga lucha contra las herramientas de tortura y represión, ya en 2016, siendo presidenta nacional de la APDH, me reuní con la entonces ministra Patricia Bullrich, junto con otros representantes. Uno de los temas centrales fue la preocupación —mucho más que preocupación— por el posible uso de las Taser, esas neopicanas contra las que ya nos habíamos presentado judicialmente junto a otras organizaciones", recordó.
Ríos señaló que la APDH ha denunciado el uso de estas armas en distintas provincias, como Mendoza, Tigre, Neuquén y ahora, Rosario. "Las Taser fueron calificadas como instrumento de tortura por el Comité contra la Tortura de la ONU. No sólo por el dolor extremo que generan, sino porque afectan derechos fundamentales: la vida, la integridad física y psíquica, y en muchos casos provocan la muerte."
También alertó sobre sus efectos documentados en otros países: "Hay evidencia de que su uso ha provocado quemaduras, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento, trauma psicológico. En definitiva, estamos hablando de la picana. Esa misma que se usó durante días sobre los cuerpos de prisioneros políticos en la dictadura. Una herramienta de tortura que sigue presente, muchas veces, en comisarías".
Nadie que defienda los derechos humanos puede hacerse el tonto
Norma Ríos recordó que en Argentina —país tristemente pionero en el uso de la picana— se puede armar una de estas armas de tortura de manera casera, rápida y efectiva. "Hay gente que sabe hacerlo muy bien, y a muchos militantes del campo popular les consta", aseguró.
También denunció que en marzo de 2023, durante la gestión de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, la APDH volvió a rechazar la compra de pistolas Taser por parte del Estado nacional, sumándose así a las adquisiciones previas realizadas por Patricia Bullrich y por el gobierno porteño, primero con Mauricio Macri y luego con Horacio Rodríguez Larreta.
"Que quede claro: no es una bronquita partidaria. El 5 de septiembre de 2016 se hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impulsada por el Observatorio de Derechos Humanos, para reclamar que se prohíba el uso de armas eléctricas como las Taser. La firmaron decenas de personalidades y organizaciones de todo el país. Ese documento, como tantos otros, traza un camino de lucha", remarcó.
Ríos también denunció la lógica represiva que subyace detrás del argumento de la "seguridad". "Cada vez que se habla de la compra de armas hay un negocio detrás. Y además, se avanza en equipar al Estado con más aparatos represivos, pensando en posibles estallidos sociales, frente a una situación donde se están recortando derechos día tras día. Esto es una preparación para reprimir al pueblo que no puede seguir sobreviviendo".
Al recordar la reunión entre el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y Patricia Bullrich —celebrando que Rosario sería el lugar donde se aplicaría la llamada "ley antimafia"—, Ríos fue tajante: "Ese fue el momento en que supimos que no había vuelta atrás. Esto no depende de votos ni de discursos democráticos. Es una marcha hacia más represión".
Y agregó una advertencia crucial: "En sitios serios se puede comprobar que estas armas afectan más a los cuerpos más vulnerables: mujeres, embarazadas, niñas y niños. Hoy vemos cómo en ciudades como Berlín, Roma o Londres se encarcela a chicos de 13 o 14 años por protestar en favor de Palestina. Y acá, frente al Congreso, gasearon a una nena pequeña. ¿Quién puede garantizar que la próxima no sea una Taser la que mate?".
Finalmente, Ríos cerró con un mensaje contundente: "Cuando hablamos de instrumentos de tortura, nadie —absolutamente nadie— que tenga un gramo de decencia, o una mínima visión de garantismo y defensa de los derechos humanos, puede hacerse el tonto".
El diputado provincial Carlos del Frade también participó de Señales y aportó datos fundamentales sobre el proceso de adquisición de las armas no letales por parte del gobierno santafesino.
"El viernes 15 de agosto, el diario La Capital publicó en tapa y en su página 6 que la policía iniciaría en Rosario una prueba piloto para el uso de las pistolas Taser. El gobierno provincial entregó 200 armas de baja letalidad a un grupo de agentes que comenzarán a emplearlas en patrullaje. También se anunció un plan de capacitación", relató el legislador.
En esa nota, el diario aclaraba que las Taser son pistolas de electrochoque y que las Byrna lanzan pequeñas pelotas que pueden contener gas pimienta, motivo por el cual también se las conoce como "armas antitumulto".
Del Frade señaló que ya el 1 de abril había presentado un pedido de informes —expediente 55.978— sobre la licitación que permitió esta compra, oficialmente denominada Licitación Acelerada N° 5, del 26 de marzo de 2025. Lo que llamó la atención fue la similitud casi textual entre el pliego licitatorio del gobierno provincial y el catálogo comercial de la empresa Byrna Latam, la firma que finalmente resultó ganadora.
Según explicó, esa empresa tiene vínculos directos con Bersa S.A., la misma que fue favorecida por una compra directa de 6 millones de dólares realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de 2024, bajo el argumento de los hechos delictivos graves ocurridos en Rosario, incluyendo los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo de ese año.
Del Frade advirtió sobre los intereses detrás del negocio: "No podemos ignorar que Bersa está directamente relacionada con el marido de la ministra Patricia Bullrich. Esta conexión ha sido denunciada en varias oportunidades".
Pero más allá del proceso de compra, el diputado remarcó una pregunta central: ¿Para qué se van a usar estas armas?: "Si se trata de responder a enfrentamientos armados, habría que revisar muy bien la historia reciente. En los últimos cinco o diez años es muy difícil encontrar casos de enfrentamientos reales entre la policía santafesina y bandas narco. Lo que sí encontramos, con muchísima más frecuencia, es cómo muchos integrantes de la fuerza provincial integran esas mismas bandas, lo que llamamos narcopolicías barriales", afirmó.
Finalmente, Del Frade hizo hincapié en que el gobierno aún no dio explicaciones sobre el contenido del pliego ni sobre el destino final de estas armas. "Todo indica que se trata más de un instrumento para el control social y la represión de manifestaciones públicas que de una herramienta real para mejorar la seguridad ciudadana. Y lo más grave es que el pliego parecía hecho a imagen y semejanza de los intereses de una empresa con vínculos directos con el poder político nacional".
Proyecto legislativo para esclarecer una licitación millonaria
Carlos del Frade formalizó su preocupación en la Cámara de Diputados de Santa Fe mediante un Proyecto de Comunicación, en el que solicita al Poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre la polémica licitación de las armas no letales.
En el texto, el legislador solicita que el Ejecutivo informe los motivos de las coincidencias entre el catálogo de la empresa Byrna Latam y los requisitos técnicos establecidos en el pliego de la Licitación Acelerada N° 5, correspondiente al expediente 201-0272297-2. Esta licitación, cuya apertura de ofertas se produjo el 26 de marzo de 2025 en Rosario, implicó una inversión pública de 678.318.436 pesos, según lo publicado el 12 de marzo del mismo año.
Del Frade también pide que se aclare si la empresa Bersa S.A., vinculada a Byrna Latam, fue favorecida por una compra directa de seis millones de dólares realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en julio de 2024. Esta adquisición fue justificada en el marco de los llamados "hechos delictivos de extrema gravedad" ocurridos en Rosario, y respaldada por el expediente 32796967, que planteaba la necesidad de un esfuerzo conjunto entre Nación y provincia para "restablecer la seguridad interior".
Finalmente, el proyecto legislativo exige conocer los niveles de enfrentamientos armados registrados entre integrantes de la Policía de Santa Fe y organizaciones delictivas en los últimos tres años. El objetivo: establecer si existe una justificación real para dotar a la fuerza provincial con este tipo de armamento no letal.
La madre de Maxi: "¿Ahora qué? ¿Una Taser para hacerlo más lento?"
"Rosario es una ciudad peligrosa, todo lo que quieran, pero las balaceras siguen, las muertes de personas inocentes siguen. Así que yo no veo dónde está la solución", aseguró y agregó: "No me voy a meter en terrenos que no me corresponden —dijo— pero seguimos barriendo y tirando la mugre bajo la alfombra. Me parece que no va por ahí. Llenar de motos, de patrulleros, de policías, no arregla nada. Y ahora, con las Taser… Que no me digan que la Taser es un arma no letal. Es mentira".
Luisa no hablaba en abstracto. Su denuncia tiene nombre propio y viene desde adentro: "Los muchachos ahora van a tener con qué divertirse. Tal vez no los maten, pero los van a picanear, porque eso es: una picana. Una picana eléctrica. Se van a divertir, porque tiene diferentes calibraciones. Lo tumban, le dan, le siguen dando, y se ríen. Para los policías, tener una Taser va a ser una diversión."
Y su reflexión final, más que un cierre, es un grito de memoria: "Antes lo mataban a tiros. Después, lo chocaban con los patrulleros. O lo mataban a golpes en una comisaría. ¿Y ahora qué? ¿Una Taser para hacerlo más lento?"
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