El abogado del exministro Etchevehere, Rubén Pagliotto, señaló a su vez que todos los integrantes de la familia prestarán declaración indagatoria. «Es lo que corresponde», aseveró. «Ellos quisieron hacerlo y yo comparto plenamente que así sea», agregó.
La indagatoria de los Etchevehere en la causa por estafa -dos créditos solicitado por empresas familiares a los bancos Itaú y Nación a tasa preferencial, dizque para fines productivos aunque habrían ido parar a manos de los propios socios, integrantes de la familia- más el proceso de vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, había sido solicitada en 2017 y en 2018 por el Ministerio Público Fiscal, pero la anterior jueza que tramitó la causa, Susana María Paola Firpo, había rechazado la petición. Ahora, Carlos Ríos, que fue su secretario y fue nombrado juez de forma interina, decidió cumplir con ese trámite.
La indagatoria será presencial, y según dijo el exministro Etchevehere a Entre Ríos Ahora, se hará presente ante el magistrado para cumplir con el trámite.
El caso de estafa denunciado por Dolores Etchevehere en la Justicia provincial también llegó a los tribunales Federales, a partir de un informe que produjo, en 2015, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Su entonces titular, Carlos Gonella, denunció penalmente a integrantes del Grupo Etchevehere por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de $4,5 millones contraídos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra. Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo. «Importa examinar -indica la denuncia- si las mencionadas simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere (…) obligaciones tributarias que no habrían sido ingresadas debidamente al organismo fiscal nacional», es decir, la AFIP.
Al evaluar los primeros elementos recabados en la investigación, la Procelac concluyó que las pruebas «sugieren» que «dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados» y que «en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero», en este caso, la propia mutual.
La presentación de la Procelac había sido consecuencia de una investigación preliminar iniciada a raíz de la denuncia formulada ante esa Procuraduría por Dolores Carmen Etchevehere, quien denunció maniobras de restantes miembros del grupo económico tendientes a vaciar empresas que ella integraba en carácter minoritario, con el objetivo de perjudicarla. En su presentación, la denunciante también refirió la obtención de préstamos en dólares por parte de otra firma del grupo que fueron desviados de su finalidad declarada y la existencia de cuentas bancarias radicadas en el exterior con dinero que no fue declarado ante las autoridades argentinas.
El resultado de la investigación preliminar de la Procelac fue remitida al fiscal general de Paraná, Ricardo Álvarez, quien es coordinador del distrito. Álvarez derivó la denuncia al fiscal federal de primera instancia, Mario Silva, quien impulsó la acción penal para que se investigue al grupo económico.
De acuerdo con la investigación de la Procelac, el grupo económico «habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo» -sobre los que no se encuentra acreditada su existencia- con la mutual AMUS con el objetivo de «posibilitar el hecho de que la empresa Construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los] que en realidad carecería» y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de otra firma del grupo, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en la que tenía participación minoritaria la denunciante (Dolores Etchevehere). Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi $3,3 millones.
Fuente: Proyecto Artigas, Análisis digital
