Así lo reveló Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina, quien dijo además que tienen pensado iniciar acciones legales en caso de no tener respuestas
Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina SE (RTA), habló sobre la indemnización al periodista Orlando Barone, quien le inició juicio a la TV Pública por considerarse despedido del programa 6,7,8 en 2016, y reveló que intimaron a la productora Pensado Para Televisión (PPT) para que les devuelva el dinero.
Días atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del periodista y determinó que la TV Pública le debía pagar una indemnización de 15 millones de pesos a Barone, quien trabajó en el programa entre 2009 y 2015.
Lufrano explicó que, pese a ser producido por PPT, la productora de Diego Gvirtz que pertenece al Grupo Indalo (de Cristóbal López y Fabián de Sousa) el contrato de trabajo establece que como ambos se beneficiaban del programa –la productora y el canal– hay un "principio de solidaridad" por el que resultaron condenadas ambas partes.
"Si bien el trabajador elige a quien cobrarle, en este caso lo hace contra el que considera más solvente, nosotros ya intimamos a la productora para que devuelva el dinero. Y si no lo devuelve vamos a iniciar acciones legales contra Pensado Para Televisión", aseguró Lufrano en diálogo con Reynaldo Sietecase por Radio con Vos.
Lufrano: "Se apeló la decisión pero la Cámara volvió a sentenciar en contra"
En ese contexto, también desmintió las versiones que circularon, en las que se acusaba a la TV Pública de perjudicar al Estado por no apelar a la causa:" Se dijeron barbaridades, como que la empresa no apeló por una cuestión ideológica. Se apeló, se fue hasta la Cámara, pero ese es un fallo firme", detalló.
"Estamos condenados, por ende estamos obligados a cumplir la sentencia. Ya se intimó a la productora para que devuelva el dinero, si no, iniciaremos acciones legales", reiteró Lufrano más adelante.
Por otro lado, en diálogo con Víctor Hugo Morales por AM750, la presidenta de RTA dijo que "nadie puede impedir que un trabajador haga un juicio contra su empleador", y consideró que "hay mucha ignorancia y mentira" en el tratamiento del tema.
Luego, Lufrano señaló que el artículo 30 de la ley de Contrato de Trabajo establece un criterio de solidaridad por el cual "quienes subcontraten servicios que hagan a la actividad normal y específica propia del establecimiento, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social". Por ese motivo, si bien Barone estaba contratado por la productora PPT que a su vez vendía el producto 678 a RTA, la condena recayó sobre la empresa privada y la empresa pública.
Además, la titular de los medios públicos desminintió las versiones que decían que RTA no había apelado el fallo de la justicia. "Eso es mentira. Se apeló hasta la instancia que se puede apelar", aclaró, e indicó que, si se apelaba ante la Corte Suprema como pedían algunos integrantes de la oposición, la respuesta hubiera demorado mucho tiempo y, por ende, aumentarían los costos que el Estado le debe pagar al trabajador.
"La condena es para la productora y para RTA. Nostros vamos a intimar a la productora para que pague este dinero y si no lo paga vamos a iniciar acciones legales", contó Lufrano.
Durante el último año, cuatro jueces de primera instancia condenaron a Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que maneja la TV Pública y Radio Nacional, a pagar $ 60 millones a los periodistas Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, así como a los abogados y a los peritos contadores que participaron en esos juicios.
A esos cuatro juicios se suman otros tres que iniciaron los periodistas Carlos Barragán, Nora Veiras y Hernán Brienza, por otros $ 50 millones.
Los siete trabajaban en Radio Nacional y fueron desvinculados a fines de 2015 por la nueva gestión macrista en los medios públicos.
Qué le reclaman al Estado
Según explicaron, se consideraron despedidos ante la falta de pago de sus salarios de ese año y la negativa de las nuevas autoridades de la radio a incluirlos en la nueva programación.
Por ejemplo, en su demanda judicial, Brienza aseguró que fue despedido por "motivación discriminatoria fundada en la ideología o filiación política", ya que había sido invitado en reiteradas oportunidades al programa 6,7,8. "Por tal razón, quedé identificado con el mismo aun cuando no fuera panelista", sostuvo el periodista.
Fuentes: Diario Perfil, PáginaI12 y El Cronista