El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPrUS) reclama la apertura de paritarias, denuncia una pérdida del 27% del poder adquisitivo y advierte sobre el deterioro del sistema de salud en Santa Fe. En Señales, hablamos con Jerónimo Ainsuain, titular del gremio.
Estamos denunciando que los profesionales de la salud somos cada vez más, pero con ingresos cada vez más licuados. Tenemos una pérdida del 27% del salario entre 2024 y lo que va de 2025, y eso está generando una crisis: muchos profesionales migran al sector privado, a otras provincias o al exterior. Esto resiente gravemente la atención: hay más demoras en turnos, interconsultas, cirugías. Hay dificultades con los medicamentos, con infraestructura en distintos lugares de la provincia, por lo tanto, un problema que teníamos en la salud pública que venía hace años, ahora en vez de mejorarse se está profundizando. Eso es lo que venimos advirtiendo a la población.
¿Está esto en la agenda del gobierno?
El gobernador prometió durante la campaña "la mejor salud", "los mejores hospitales" y "los profesionales mejor pagos de la región". Nada de eso está ocurriendo. No hay una política de recomposición salarial. Los centros de salud están cerrados o desbordados, con guardias colapsadas y demoras de 6 a 8 horas para ser atendido. Eso lo ve la población, y contrasta con las promesas de campaña.
Ustedes reclaman un salario mínimo de 2.100.000 pesos. ¿Cómo se explica ese número? No es un número descabellado.
Hablamos de profesionales con años de experiencia, múltiples especialidades, posgrados, congresos, que llevan décadas prestando servicios. Hoy, un profesional de 24 horas con antigüedad y formación cobra apenas un poco más de un millón de pesos. Es una falta de respeto al conocimiento, a la trayectoria y a la responsabilidad que implica cuidar la salud de la población.
¿Hubo algún avance paritario o convocatoria al diálogo?
Tuvimos una primera paritaria por enero, febrero y marzo; una segunda por abril, mayo y junio; y ahora debería haber una para el trimestre de julio en adelante. Pero aún no hay convocatoria. Mientras tanto, los profesionales se preguntan cómo renunciar, cómo licenciarse o cómo irse. Hay especialidades críticas, como pediatría o medicina general, donde ya casi no hay residentes. El problema no es sólo salarial: es la falta de perspectiva profesional posterior y desarrollo cuando termina la especialización.
Y parte del salario perdido por la inflación nunca fue actualizado, ¿no?
Exacto. Perdimos un 23% a principios de 2024 por la paritaria 2023 que no se cumplió. Y además, una caída del poder adquisitivo de más del 27% en lo que va de 2024 y parte de 2025. Nunca vivimos una pérdida así. La provincia no es pobre: tiene recursos. Por eso exigimos jerarquización, pago por especializaciones, carrera sanitaria, y un sistema que reconozca el rol social de nuestra profesión.
¿Están evaluando medidas de fuerza?
Estamos en alerta, realizando actividades de visibilización. El 17 de julio haremos una jornada en el marco de la Jornada Nacional de Salud, en solidaridad con los profesionales del Garrahan y también para visibilizar nuestros reclamos en Santa Fe. Si no hay respuesta, vamos a discutir con los profesionales cómo continuar. La situación no puede seguir así.
Escuchá la entrevista:
No solo perdemos el trabajo, también está en juego el derecho a la luz
Trabajadores de Industrias Secco denuncian despidos masivos, desmantelamiento del servicio de emergencias eléctricas y precarización. Sin respuestas estatales, el conflicto pone en tensión el acceso a un derecho básico: la energía. En Señales dialogamos con Ariel Moreno, delegado Sindical de Industrias Secco
Para quienes no conocen, ¿a qué se dedica Industrias Secco?
Es una multinacional con presencia en varios sectores energéticos. Nosotros trabajamos en el área de generación eléctrica, específicamente en emergencias: reponemos el servicio ante cortes de luz.
¿Cuántos despidos hubo?
Más de 30 familias quedaron en la calle en las últimas semanas. Eran técnicos especializados que trabajaban en reconexiones de emergencia. Denunciamos que el servicio está siendo desmantelado, pese a que los usuarios lo pagan en sus facturas. Eso constituye una estafa: las empresas están obligadas a reponer el suministro de inmediato, pero lo están eliminando.
¿Qué dice la empresa?
Alegan que "no hay trabajo". Pero justo la semana pasada, durante la ola polar, más de 100.000 usuarios en Buenos Aires se quedaron sin luz. Todos sabemos que los cortes aumentan año a año. Y el único servicio que podía aliviar un poco esa situación, el de emergencias, está siendo desmantelado. Las empresas van a seguir prestando el servicio, pero sin ese respaldo operativo. Y los cortes de luz no van a desaparecer, porque además de la falta estructural de inversión en el país, los fenómenos climáticos también agravan el problema.
Estamos viendo un desmantelamiento de un sector que, en realidad, debería fortalecerse, crecer, recibir más inversión. Los cortes de luz en Argentina preocupan mucho. Desde la privatización del servicio en los años 90, la situación ha empeorado progresivamente. El consumo crece, pero la inversión empresarial no acompaña.
Además, esto forma parte de una estrategia empresarial. Si uno escucha las audiencias públicas o a los voceros de las empresas, siempre argumentan que los problemas de cortes y apagones se deben a que “no cobran lo suficiente”, por lo tanto no pueden brindar un servicio de calidad. Y, de esa manera, responsabilizan a los usuarios.
Es una excusa constante, ya sea para reclamar más subsidios como en años anteriores, o para justificar los tarifazos que se vienen aplicando. Lamentablemente, los trabajadores y los usuarios estamos siendo rehenes de empresarios que se han adueñado del servicio eléctrico y siguen llenándose los bolsillos. Cada vez estamos peor.
¿Esto forma parte de una avanzada por la flexibilización laboral
Sí. Lo venimos señalando en todos los espacios posibles, porque lo escuchamos tanto de las empresas como del propio gobierno nacional, e incluso de sectores sindicales como la CGT. Son distintos actores que ya empezaron a instalar ese discurso.
Pero, en la práctica, en las empresas, la flexibilización ya se está aplicando. En nuestro caso, por ejemplo, buscan técnicos especializados, con más de 10 años de experiencia, para contratarlos sin derechos, en condiciones de precarización o bajo contratos temporales.
Y esto sucede en todo el sector. Es parte de una planificación más amplia, una ofensiva empresarial que apunta a todos los trabajadores. Nosotros, en respuesta, estamos llevando adelante un plan de acción y visibilización. Realizamos reuniones abiertas con otros sectores que también están luchando, con agrupaciones y espacios solidarios que comenzaron a acompañarnos.
¿El conflicto llegó a la esfera estatal?
Interviene el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero funciona como "el Ministerio de los Despidos". Dicen que "no pueden hacer nada". La empresa no se presenta a las audiencias, o va solo para ganar tiempo.
El gobierno provincial, a través de sus funcionarios, en declaraciones y en los medios, había dicho que iban a "blindar" la provincia frente a los ataques de la Ley Bases, del gobierno nacional y de los empresarios. Pero acá no sucedió nada de eso. Al contrario, las empresas hacen lo que quieren: despiden trabajadores masivamente, avanzan con ataques como este sin presentar un procedimiento preventivo de crisis, e incluso despiden a delegados sindicales con fueros.
Y estamos hablando de empresas cuyos dueños, como en este caso, están denunciados e imputados por causas de corrupción. Pero existe una impunidad tremenda. Desde los ministerios nos dicen que "no pueden hacer nada". Hacen declaraciones para los medios, pero en la práctica, no obtenemos ningún tipo de respuesta.
En las audiencias que tuvimos, la empresa directamente no se presentó, o cuando lo hizo, fue solo para ganar tiempo, sin dar ningún tipo de solución. Ya tuvimos cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Todos estos días estuvimos exigiendo que intervengan en serio. Este martes tenemos la sexta audiencia, y estamos pidiendo que se tomen medidas concretas. No puede ser que estas empresas hagan lo que quieran, sin ningún tipo de control ni sanción.
Además, tienen que dar respuestas porque la semana pasada hubo un millón de personas sin luz. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la provincia ante esta situación? ¿Frente al empeoramiento constante del servicio eléctrico?
Todos los veranos se registran apagones masivos en todo el país, pero en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el AMBA, la situación es aún más crítica. No hay ningún tipo de planificación, ni respuestas concretas. Ni siquiera nos atienden a nosotros, los trabajadores. Ningún funcionario, absolutamente nadie, nos ha dicho nada. No hubo ningún contacto, ninguna respuesta.
Así que esa es la realidad. Nosotros vamos a seguir luchando, porque no queremos quedar en la calle, no queremos ser desocupados, ni tampoco esclavos. No queremos perder los derechos laborales que conquistamos con años de organización y pelea.
Tampoco queremos una reforma laboral. Acá en la empresa, lo que tenemos son derechos mínimos, básicos, que se lograron con mucha lucha. Y no los vamos a entregar fácilmente. Vamos a pelear.
La situación es muy difícil, por eso necesitamos toda la ayuda posible. Que nos llamen, que nos ayuden a difundir en los medios, es algo muy importante para nosotros, porque es parte de cómo vamos a poder dar esta pelea.
¿Qué están haciendo como trabajadores?
Estamos en plan de lucha. Hicimos tres cortes en el Camino del Buen Ayre frente a la central, y esta semana fuimos a la casa central en Rosario. No queremos perder nuestro trabajo ni nuestros derechos. Queremos que se escuche nuestro reclamo: el acceso a la energía no puede quedar librado a la lógica empresarial. Tiene que garantizarse como un derecho.
Trabajadores de Industrias Secco denuncian despidos masivos, desmantelamiento del servicio de emergencias eléctricas y precarización. Sin respuestas estatales, el conflicto pone en tensión el acceso a un derecho básico: la energía. En Señales dialogamos con Ariel Moreno, delegado Sindical de Industrias Secco
Es una multinacional con presencia en varios sectores energéticos. Nosotros trabajamos en el área de generación eléctrica, específicamente en emergencias: reponemos el servicio ante cortes de luz.
¿Cuántos despidos hubo?
Más de 30 familias quedaron en la calle en las últimas semanas. Eran técnicos especializados que trabajaban en reconexiones de emergencia. Denunciamos que el servicio está siendo desmantelado, pese a que los usuarios lo pagan en sus facturas. Eso constituye una estafa: las empresas están obligadas a reponer el suministro de inmediato, pero lo están eliminando.
¿Qué dice la empresa?
Alegan que "no hay trabajo". Pero justo la semana pasada, durante la ola polar, más de 100.000 usuarios en Buenos Aires se quedaron sin luz. Todos sabemos que los cortes aumentan año a año. Y el único servicio que podía aliviar un poco esa situación, el de emergencias, está siendo desmantelado. Las empresas van a seguir prestando el servicio, pero sin ese respaldo operativo. Y los cortes de luz no van a desaparecer, porque además de la falta estructural de inversión en el país, los fenómenos climáticos también agravan el problema.
Estamos viendo un desmantelamiento de un sector que, en realidad, debería fortalecerse, crecer, recibir más inversión. Los cortes de luz en Argentina preocupan mucho. Desde la privatización del servicio en los años 90, la situación ha empeorado progresivamente. El consumo crece, pero la inversión empresarial no acompaña.
Además, esto forma parte de una estrategia empresarial. Si uno escucha las audiencias públicas o a los voceros de las empresas, siempre argumentan que los problemas de cortes y apagones se deben a que “no cobran lo suficiente”, por lo tanto no pueden brindar un servicio de calidad. Y, de esa manera, responsabilizan a los usuarios.
Es una excusa constante, ya sea para reclamar más subsidios como en años anteriores, o para justificar los tarifazos que se vienen aplicando. Lamentablemente, los trabajadores y los usuarios estamos siendo rehenes de empresarios que se han adueñado del servicio eléctrico y siguen llenándose los bolsillos. Cada vez estamos peor.
¿Esto forma parte de una avanzada por la flexibilización laboral
Sí. Lo venimos señalando en todos los espacios posibles, porque lo escuchamos tanto de las empresas como del propio gobierno nacional, e incluso de sectores sindicales como la CGT. Son distintos actores que ya empezaron a instalar ese discurso.
Pero, en la práctica, en las empresas, la flexibilización ya se está aplicando. En nuestro caso, por ejemplo, buscan técnicos especializados, con más de 10 años de experiencia, para contratarlos sin derechos, en condiciones de precarización o bajo contratos temporales.
Y esto sucede en todo el sector. Es parte de una planificación más amplia, una ofensiva empresarial que apunta a todos los trabajadores. Nosotros, en respuesta, estamos llevando adelante un plan de acción y visibilización. Realizamos reuniones abiertas con otros sectores que también están luchando, con agrupaciones y espacios solidarios que comenzaron a acompañarnos.
¿El conflicto llegó a la esfera estatal?
Interviene el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero funciona como "el Ministerio de los Despidos". Dicen que "no pueden hacer nada". La empresa no se presenta a las audiencias, o va solo para ganar tiempo.
El gobierno provincial, a través de sus funcionarios, en declaraciones y en los medios, había dicho que iban a "blindar" la provincia frente a los ataques de la Ley Bases, del gobierno nacional y de los empresarios. Pero acá no sucedió nada de eso. Al contrario, las empresas hacen lo que quieren: despiden trabajadores masivamente, avanzan con ataques como este sin presentar un procedimiento preventivo de crisis, e incluso despiden a delegados sindicales con fueros.
Y estamos hablando de empresas cuyos dueños, como en este caso, están denunciados e imputados por causas de corrupción. Pero existe una impunidad tremenda. Desde los ministerios nos dicen que "no pueden hacer nada". Hacen declaraciones para los medios, pero en la práctica, no obtenemos ningún tipo de respuesta.
En las audiencias que tuvimos, la empresa directamente no se presentó, o cuando lo hizo, fue solo para ganar tiempo, sin dar ningún tipo de solución. Ya tuvimos cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Todos estos días estuvimos exigiendo que intervengan en serio. Este martes tenemos la sexta audiencia, y estamos pidiendo que se tomen medidas concretas. No puede ser que estas empresas hagan lo que quieran, sin ningún tipo de control ni sanción.
Además, tienen que dar respuestas porque la semana pasada hubo un millón de personas sin luz. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de la provincia ante esta situación? ¿Frente al empeoramiento constante del servicio eléctrico?
Todos los veranos se registran apagones masivos en todo el país, pero en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el AMBA, la situación es aún más crítica. No hay ningún tipo de planificación, ni respuestas concretas. Ni siquiera nos atienden a nosotros, los trabajadores. Ningún funcionario, absolutamente nadie, nos ha dicho nada. No hubo ningún contacto, ninguna respuesta.
Así que esa es la realidad. Nosotros vamos a seguir luchando, porque no queremos quedar en la calle, no queremos ser desocupados, ni tampoco esclavos. No queremos perder los derechos laborales que conquistamos con años de organización y pelea.
Tampoco queremos una reforma laboral. Acá en la empresa, lo que tenemos son derechos mínimos, básicos, que se lograron con mucha lucha. Y no los vamos a entregar fácilmente. Vamos a pelear.
La situación es muy difícil, por eso necesitamos toda la ayuda posible. Que nos llamen, que nos ayuden a difundir en los medios, es algo muy importante para nosotros, porque es parte de cómo vamos a poder dar esta pelea.
¿Qué están haciendo como trabajadores?
Estamos en plan de lucha. Hicimos tres cortes en el Camino del Buen Ayre frente a la central, y esta semana fuimos a la casa central en Rosario. No queremos perder nuestro trabajo ni nuestros derechos. Queremos que se escuche nuestro reclamo: el acceso a la energía no puede quedar librado a la lógica empresarial. Tiene que garantizarse como un derecho.
Escuchá la entrevista:
