Una mujer sostiene la silueta de un bebé
Por: Haley Cohen Gilliland*
Muchos laboratorios pueden presumir de mejorar vidas —con la creación de terapias de genes que alivian la agonía de la anemia falciforme o nuevos tratamientos para combatir el cáncer—, pero quizá ninguno haya cambiado vidas de manera tan fundamental como el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina.
Durante casi cuatro décadas, el BNDG ha sido un custodio constante de pruebas científicas y de una justicia largamente esperada al trabajar en restablecer las identidades de los cientos de niños robados por los militares durante la dictadura argentina más reciente y reunirlos con sus familias de sangre.
Ahora que la investigación científica experimenta recortes drásticos en la financiación y ataques cínicos —en Argentina, Estados Unidos y otros países—, el futuro del BNDG está en duda. Esta amenaza debería inquietar a cualquiera que valore el papel de la ciencia en el descubrimiento de la verdad y la rectificación de errores pasados, pero es especialmente alarmante para las abuelas que tanto lucharon por crear el banco genético y para los nietos que este ayudó a encontrar.
Uno de ellos se llama Daniel.
En abril de 2023, un hombre de 46 años llamado Daniel Enrique González entró en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el centro de Buenos Aires. Estaba ahí para investigar un crimen, un crimen de 46 años en el que sospechaba que él podría ser la víctima. Se sentó en una silla azul con apoyabrazos pronunciados y se arremangó la camisa para que lo atendiera un flebotomista. Cuando la aguja le atravesó la piel, se sintió emocionado.
A Daniel siempre le habían dicho que había nacido el 24 de marzo de 1977, exactamente un año después de que una junta militar brutal tomara el poder en Argentina. Fue criado en la provincia de Buenos Aires por un agente de policía y su esposa. Su padre trataba su revólver como una extensión de sí mismo, y solo se lo quitaba para comer, cuando lo dejaba cargado junto al plato. Su madre era 20 años mayor que las madres de sus amigos: tenía 50 cuando él era un niño pequeño. Pero Daniel nunca pensó mucho en estas cosas. ¿No era la familia de todos un poco peculiar?
Entonces, cuando Daniel era un veinteañero, su madre murió, lo que inspiró a su hermana adoptiva, mucho mayor que él, a hacer una sorprendente confesión: sospechaba que Daniel tampoco era hijo biológico de sus padres. Un día, explicó, en plena dictadura, simplemente apareció, como si lo hubiera traído una cigüeña.
El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas tomaron el poder en Argentina y prometieron detener la violencia política que había asolado el país durante años. Pero en la búsqueda del orden, el gobierno militar pisoteó la ley. Los Ford Falcon sin matrícula llenaron las calles, conducidos por agentes vestidos de civil que sacaban a gente de sus casas, oficinas, iglesias y hospitales y los metían en centros clandestinos, donde la mayoría eran torturados y asesinados.
Sus objetivos no solo incluían a los argentinos que participaban en movimientos revolucionarios de izquierda que las fuerzas de seguridad pretendían aniquilar, sino también a periodistas, artistas, abogados, monjas, sacerdotes que atendían a los pobres y a cualquier otra persona considerada con “ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Los grupos de derechos humanos calculan que las fuerzas armadas argentinas desaparecieron por la fuerza a unas 30.000 personas en los casi ocho años que gobernaron el país.
El acto más atroz de los militares argentinos fue la desaparición de al menos 358 mujeres embarazadas. Las retuvieron en centros de detención clandestinos hasta que dieron a luz, las separaron de sus hijos y se los llevaron, y no se las volvió a ver más. Sus bebés fueron entregados a otras familias, muchas de ellas encabezadas por militares y policías. Las fuerzas armadas hicieron lo mismo con niños y niñas capturados junto a sus padres en redadas. A estos niños se les entregaban certificados de nacimiento falsificados con nuevos nombres, fechas de nacimiento y padres, borrándose sus vínculos familiares, al igual que se había hecho desaparecer a sus madres y padres.
Pero los dirigentes de la dictadura no habían comprendido algo esencial: no todo puede desaparecer. La identidad no puede extinguirse como los cuerpos, ni tampoco el amor paterno. Ambos son inalterables, irreprimibles y eternos.
Las abuelas de los niños robados por los militares lo comprendieron instintivamente. En una época en la que hacer mucho menos podía hacer que te sacaran de tu casa y te torturaran, se movilizaron con rapidez para encontrar a sus nietos. Con la ayuda de una renombrada científica estadounidense, fueron pioneras en métodos genéticos que podían sacar a la luz lo que el gobierno militar deseaba ocultar. Se dieron cuenta de que la genética les daría un arma mucho más potente y duradera que las ametralladoras de la dictadura: la verdad.
Al comenzar la dictadura, muy pocas cosas estaban claras para las abuelas, a quienes no les faltaban solo sus hijos, sino también sus nietos. Pulularon por las iglesias, los juzgados y el Ministerio del Interior, en cualquier lugar en el que se les ocurriera buscar información. Finalmente, se encontraron unas a otras y formaron una organización llamada Abuelas de Plaza de Mayo, en honor a la emblemática plaza frente al palacio presidencial de Argentina, donde cada semana protestaban con valentía.
Juntas, las mujeres escribieron cartas a organizaciones internacionales y al papa, y se hicieron pasar por vendedoras de artículos para bebés y empleadas del hogar para vigilar más de cerca a los niños que creían que podían ser de su familia. (Una abuela incluso se internó en un centro psiquiátrico para obtener información sobre un posible nieto). “Como hormigas, como espías”, dijo más tarde una abuela a la académica argentina Rita Arditti. “Y nos entrenamos solitas”.
Su valentía empezó a llamar la atención y, con ella, las denuncias anónimas. Hombres y mujeres se acercaban a las abuelas con nerviosismo mientras ellas protestaban en la Plaza de Mayo y les entregaban papeles con nombres o direcciones antes de escabullirse. Estas pistas permitieron a las abuelas localizar a varios de sus nietos, incluso mientras la matanza militar seguía.
Entonces, en 1983, tambaleándose tras su humillante derrota en la guerra de las Malvinas y la creciente condena de su salvajismo, la dictadura cayó definitivamente. Los militares, a regañadientes, permitieron la vuelta de la democracia al país, pero no devolvieron a los nietos de las abuelas; centenares seguían desaparecidos. A muchos se los habían llevado cuando aún estaban en el vientre de sus madres.
Las abuelas reunieron su propio dinero y donativos de grupos internacionales y organizaciones religiosas para viajar por todo el mundo, repitiendo una pregunta sencilla a cualquier científico que quisiera escuchar: ¿puede utilizarse nuestra sangre para identificar a nuestros nietos? Aún no se disponía de análisis de ADN, y durante años nadie pudo darles una respuesta definitiva. Aunque las pruebas de paternidad eran habituales, las pruebas de abuelidad —sin sangre de la generación intermedia— eran inauditas.
Finalmente, a medida que la dictadura se desmoronaba, las abuelas encontraron a alguien que las ayudó: la genetista estadounidense Mary-Claire King. King sería más tarde ampliamente conocida por descubrir el gen BRCA1 del cáncer de mama y ya era venerada en el campo de la genética. Era una progresista comprometida, que había ayudado a organizar campañas contra la guerra de Vietnam como estudiante de doctorado en el campus de Berkeley de la Universidad de California, y había presenciado personalmente los horrores de una dictadura mientras enseñaba como parte de un programa de intercambio en Chile en 1973. Su hija tenía la misma edad que los nietos que buscaban las abuelas. “Si yo hubiera nacido en Buenos Aires, y no en Chicago, probablemente habría sido una de las desaparecidas”, dijo King a la revista Science for the People, “y mi hija habría sido secuestrada”.
Junto con otras personas, King ideó una ecuación llamada Índice de Abuelidad que permitía a las abuelas demostrar su parentesco con quienes creían que eran sus nietos. Fue la primera fórmula de este tipo y, según la propia King, representó “la creación de la genealogía genética”, cuyo uso se generalizaría más tarde entre las fuerzas del orden y empresas de patrimonio familiar como Ancestry.com.
A medida que se disponía de análisis de ADN, las abuelas incorporaron métodos genéticos aún más poderosos. A finales de la década de 1980, King les ayudó a implementar las pruebas de ADN mitocondrial. A diferencia del ADN nuclear, que se hereda de ambos progenitores, el ADN mitocondrial lo transmiten exclusivamente las madres, permaneciendo prácticamente inalterado de generación en generación. Como tal, demostró ser una herramienta poderosa para vincular a las abuelas con sus nietos, incluso en ausencia de otros parientes.
A menudo, King ha bromeado con que la existencia del ADN mitocondrial demostraba que Dios era una mujer, que lo puso en la Tierra específicamente para las abuelas. Sin embargo, las propias abuelas siempre habían sido muy conscientes de su propia mortalidad. Muchas tenían entre 50 y 60 años cuando se llevaron a sus nietos. Casi tan pronto como empezaron a trabajar juntas, reconocieron la necesidad de garantizar que su misión les sobreviviera.
En 1987, tras años de furiosa presión, las abuelas convencieron al gobierno argentino de que creara un banco nacional para archivar su información genética, de modo que, aunque ellas murieran, se pudiera encontrar a sus nietos. Desde entonces, los datos genéticos de las abuelas se conservan en el BNDG —el primer biobanco de este tipo— a la espera de una coincidencia.
El actual presidente de Argentina, Javier Milei, ha planteado dudas sobre el destino del biobanco. Milei, un libertario excéntrico con el cabellera rebelde y una manada de mastines ingleses clonados, se ha enfrentado constantemente con grupos como las Abuelas de Plaza de Mayo durante el año y medio que lleva en el poder. Ha intentado reescribir la historia de la dictadura, presentándola como una “guerra” justificada y no como un periodo de terrorismo de Estado.
El año pasado, como parte de su agresiva campaña para pasarle la “motosierra” al gasto público —una campaña que ayudó a inspirar la iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk en Estados Unidos—, Milei desmanteló la unidad de investigación de un organismo gubernamental que trabaja estrechamente con las abuelas para encontrar a sus nietos robados y suprimió las subvenciones que las abuelas recibían del gobierno desde hacía tiempo, haciéndolas más dependientes de las donaciones para sostener su trabajo. Mientras que el Estado argentino se llevó a los nietos de las abuelas, el gobierno de Milei parece considerar que encontrarlos es un gasto innecesario.
Ahora Milei se enfoca en la institución que ha impulsado y protegido la misión de las abuelas durante décadas: el BNDG. El 22 de mayo, Milei promulgó un decreto para reestructurar el banco genético. Aunque su ministro de desregulación lo calificó de cuestión de sentido común para combatir la sobrecarga burocrática, la medida ha generado pánico entre las abuelas, que lo consideran una “intervención de facto” por parte del gobierno. Han solicitado al poder judicial que rechace el decreto y garantice que todos los datos genéticos contenidos en el BNDG se copien y resguarden. El mes pasado, un tribunal respondió que cualquier cambio que Milei pretenda introducir en el BNDG deberá pasar primero por el poder judicial.
Mientras tanto, el trabajo del BNDG continúa sobre una base endeble. El gobierno de Milei no ha actualizado el presupuesto del país desde 2023, dejando que la inflación erosione la capacidad de gasto de instituciones como el banco genético. Y no se ha celebrado ningún proceso de selección para sustituir a Mariana Herrera Piñero, cuyo mandato de 10 años como directora del BNDG expiró recientemente; permanecerá en el cargo de forma temporal hasta que eso ocurra. Herrera Piñero afirma que el banco contiene la información genética de 180 familias que siguen buscando a sus familiares robados. La suya está entre ellas. Tres primas de Herrera Piñero desaparecieron durante la dictadura, dos de ellas mientras esperaban un hijo.
Unos tres meses después de que Daniel González visitara el BNDG para donar su sangre, lo citaron en Buenos Aires y le entregaron una carpeta blanca con las palabras “Memoria. Verdad. Justicia. Ciencia. Identidad”. Dentro había un breve informe que describía las pruebas genéticas que el BNDG había aplicado a su muestra.
Las probabilidades eran de 49.400.000.000.000.000.000.000.000 a 1. No era hijo de la pareja que lo había criado, sino hijo de Cristina Silvia Navajas, que había sido desaparecida por las fuerzas armadas en julio de 1976 cuando estaba recién embarazada, y de Julio César de Jesús Santucho, quien había huido del país durante la dictadura y seguía vivo; una rareza milagrosa, ya que en la mayoría de los casos de las abuelas se trataba de dos padres desaparecidos.
Su abuela Nélida Gómez de Navajas había sido una integrante dedicada de las abuelas y era especialmente activa en los esfuerzos científicos del grupo. Había muerto en 2012, pero Daniel se enteró de que todos los años, desde el secuestro de su hija embarazada, Nélida le había preparado un pastel de cumpleaños en la fecha en que se sospechaba que iba a nacer, un requesón dulce con trocitos de chocolate. Tras soplar las velas a solas, llevaba el pastel a la sede de las abuelas para compartirla.
Pronto Daniel conectó con uno de sus hermanos biológicos por videochat. Entre sollozos, ahogó las palabras: “Gracias por no haber bajado los brazos, por seguir la búsqueda y el legado de la abuela”. Poco después, cambió su nombre por el de Daniel Santucho Navajas y se tatuó su verdadera fecha de nacimiento —10 de enero de 1977— en el antebrazo, junto con un pañuelo blanco, como los que las abuelas llevaban en la cabeza durante sus protestas semanales en la Plaza de Mayo.
Daniel Santucho Navajas era el nieto número 133 localizado por las abuelas. Desde entonces, con el apoyo del BNDG, han identificado a más. Una de las últimas coincidencias exitosas del biobanco fue en enero, cuando se analizó una muestra de sangre de una mujer que coincidía con la de los familiares de una pareja desaparecida en 1977. El personal del BNDG se reunió en la zona del laboratorio para analizar y volver a analizar los resultados y esperaron mucho después de la puesta de sol para analizar el ADN mitocondrial, el ADN nuclear, los microsatélites y otros marcadores genéticos de la mujer. Con cada método, surgía la verdad, sólida y segura como la piedra.
Obstruir la misión del BNDG no solo obstaculizaría la posible reunión de decenas de otros argentinos con sus familias biológicas, sino que retrasaría aún más el camino de Argentina hacia la sanación total. La ventana para la acción se está cerrando. En la actualidad, las abuelas sobrevivientes tienen edades entre los 87 y los increíbles 105 años. Muchas otras han muerto sin tener el privilegio de abrazar a sus nietos. Los nietos que siguen sin ser identificados se acercan ya a los 50 años, lo que deja solo unas décadas para localizarlos.
Nieto por nieto, las abuelas y el BNDG han obligado a Argentina a enfrentarse a su legado más sombrío. Hasta que se revele cada identidad robada y se repare cada linaje destrozado, ese legado no podrá convertirse realmente en historia y seguirá atormentando el presente y el futuro de Argentina.
*Haley Cohen Gilliland es directora de la Iniciativa Periodística de Yale y autora del libro A Flower Traveled in My Blood, que está por ser publicado.
"No quiero que mi formación se desperdicie”: los científicos argentinos que trabajan en empleos secundarios ante los recortes de Milei
Los recortes presupuestarios drásticos del gobierno de Javier Milei han obligado a investigadores a desempeñarse como electricistas, docentes o conductores de Uber
Leonardo Amarilla está desesperado. Este genetista y doctor en ciencias biológicas ocupa un puesto codiciado como investigador a tiempo completo en el prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CoNICET) de Argentina, donde estudia cómo mejorar el rendimiento de cultivos como maní, soja y girasol.
Pero tras la imposición de severas medidas de austeridad por parte del presidente Javier Milei, conocido localmente como el plan "motosierra", el salario de Amarilla se desplomó y ya no puede costear productos básicos ni sostener a sus padres ancianos.
Para llegar a fin de mes, se anotó para trabajar como conductor de Uber, dedicando cuatro horas diarias entre semana y seis los fines de semana.
"Trabajo entre 12 y 13 horas al día en total", dice. "Estoy agotado. Esto afecta la calidad de mi investigación y mi enseñanza. Antes llegaba a casa y leía artículos científicos, ahora llego y me voy directo a manejar pasajeros".
Amarilla no está solo. Ante la caída rápida de sus ingresos, muchos de los mejores científicos argentinos abandonan la investigación o toman trabajos extra — como conductores de aplicaciones, vendedores ambulantes, tutores o artesanos.
Desde que Milei asumió en diciembre de 2023, los salarios en Conicet perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo, según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). Además, el gobierno congeló la contratación de 850 investigadores ya aprobados bajo la gestión anterior. Otras instituciones estatales, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también sufrieron recortes bajo el plan "motosierra”.
Milei, autodenominado "anarcocapitalista" y negacionista del cambio climático, ha atacado las instituciones públicas científicas argentinas, considerándolas ineficientes y prescindibles. "Si creen que su investigación es tan útil", dijo en un discurso en 2024, "vayan al mercado como cualquier ciudadano, publiquen un libro y vean si a alguien le interesa".
Los recortes del gobierno van más allá de los salarios. Según el Inter-University Council del Reino Unido, la administración de Milei suspendió contratos con editoriales académicas, cortando el acceso a revistas científicas; eliminó todos los programas de cooperación internacional; y desmanteló los sistemas de compra de equipamiento y suministros para laboratorios.
En Buenos Aires, Valeria —quien pidió no revelar su apellido por temor a represalias—, investigadora de cáncer, abandonó recientemente su trabajo. Estudiaba una proteína vinculada a varios tipos de cáncer, con la esperanza de inhibirla como tratamiento. Pero su salario mensual de 950.000 pesos (unos 787 dólares) ya no le alcanza para cubrir lo básico. Ahora enseña biología en secundaria, donde gana más. "Pienso retomar mi investigación en otro país", dice. "No quiero que mi formación se desperdicie"
El mes pasado, miles de científicos protestaron frente al Ministerio de Ciencia, vestidos como el protagonista de la exitosa serie argentina de Netflix El Eternauta. Cubrieron sus rostros con la máscara antigás del héroe y denunciaron un "cienticidio”.
Pero no todos pudieron participar. En febrero, Jerónimo Montero, geógrafo económico de Conicet y la Universidad de Buenos Aires, comenzó un trabajo secundario como electricista para mantener a sus tres hijos, en lo que él describe como "un cambio radical” en su vida.
"Ese día de paro trabajé haciendo electricidad", dice Montero. "Fue duro saber que mis compañeros luchaban por mejores condiciones para todos, incluyendo a mí, mientras yo estaba pasando cables por tubos"
Montero, discípulo del geógrafo marxista británico David Harvey y estudioso de las condiciones laborales en la industria textil, gana alrededor de 1,5 millones de pesos mensuales (1.243 dólares). Pero la estrategia del gobierno de sostener artificialmente el peso para frenar la inflación convirtió a Argentina en el país más caro de América Latina, según un informe de El País. Para los empleados públicos, los salarios reales cayeron drásticamente frente a la inflación.
Según CIICTI, desde que Milei asumió se perdieron más de 4.000 empleos en el sector científico nacional. "En 2024, las renuncias aumentaron un 33% respecto al año anterior", afirma Gonzalo Sanz Cerbino, delegado sindical de Conicet. "Estamos frente a una fuga de cerebros. Los que no pasan al sector privado se van a instituciones científicas en el extranjero, lugares que aún valoran el conocimiento"
El mes pasado, Rodrigo Quiroga, bioinformático y químico de la Universidad de Córdoba, empezó a considerar dejar Argentina. En el consulado español, donde solicitó la ciudadanía, se encontró con otros dos investigadores de su universidad que también preparan su salida. "Perderemos recursos humanos altamente capacitados con múltiples posgrados... y probablemente no volverán", advierte Quiroga.
La campaña ideológica contra la ciencia parece intensificarse.
La semana pasada, una orden ejecutiva restringió la autonomía de la Agencia Nacional de Promoción Científica, principal fuente pública de financiamiento, reemplazando su directorio por designados del gobierno. Se rumorea un decreto similar para Conicet. Las ciencias sociales están en la mira: Milei las tilda de "propaganda política” sin valor real.
Pero los investigadores ven las cosas distinto. "Nuestro trabajo es transdisciplinario; depende del diálogo con economistas, lingüistas y científicos sociales", dice Matías Blaustein, biólogo que lleva más de 20 años en Conicet. Dirige un equipo que estudia las dimensiones biológicas, ambientales y sociales del cáncer en la Universidad de Buenos Aires. La ciencia financiada públicamente, explica, es fundamental porque no tiene sesgos comerciales como el sector privado. Pero la falta de insumos básicos amenaza sus investigaciones.
"Nuestras células necesitan mantenerse en nitrógeno líquido y requerimos dióxido de carbono. Si no lo recibimos, se perderán 20 años de líneas celulares", explica, y agrega que los investigadores deben usar sus propios fondos o pedir donaciones para seguir adelante. "Sería una tragedia"
A pesar de todo, muchos científicos siguen trabajando por pura pasión. "Fingimos locura", dice Blaustein con ironía, citando una frase popular argentina. "Como la orquesta del Titanic, seguimos tocando. Vamos a protestas, seguimos investigando, porque amamos nuestro trabajo y creemos que ayuda a la gente. Pero no tenemos presupuesto ni para lo básico"
Fotos: Gianni Ferrari/Getty Images, Luis Robayo/AFP
Fuentes: The New York Times y The Guardian
