Isla de los Mástiles: 30 años de concesión y un acuerdo sellado sin testigos

Para hablar sobre la privatización encubierta de un sector de la Isla de los Mástiles, en Señales dialogamos con Laura Toledo, integrante de la organización Ambientalistas de Baigorria. Situada frente a Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, esta isla nacida de un accidente náutico en 1943 es hoy un área natural protegida clave para la biodiversidad del Delta del Paraná. Sin embargo, la reciente licitación por 30 años para su uso y explotación por parte de un privado, impulsada en silencio por el intendente Adrián Maglia y su secretario Martín Tartarelli —también responsable del área ambiental—, desató un nuevo conflicto con las organizaciones que integran la mesa de gestión de la reserva

Organizaciones ambientalistas nucleadas en la Intersectorial Isla de los Mástiles denunciaron que el Municipio de Granadero Baigorria impulsó una licitación para concesionar parte del territorio de la isla homónima a un privado por 30 años, sin consultar ni notificar al Comité Multisectorial de Gestión ni respetar el estatus de Área Natural Protegida que rige desde 2020. La decisión contradice, aseguran, no sólo el espíritu de protección ambiental que dio origen a ese espacio, sino también normativas municipales vigentes como las ordenanzas 5621/20 y 5760/22.

Laura Toledo, integrante de la organización Ambientalistas de Baigorria, remarcó que la Isla de los Mástiles es una joya de biodiversidad con una ubicación estratégica, al estar frente a las ciudades de Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. A pesar de ser territorio santafesino cedido en comodato a los municipios —la mitad norte a Capitán Bermúdez y la mitad sur a Baigorria—, el predio sigue bajo jurisdicción provincial, lo cual implica condiciones de conservación específicas. Durante años, explicó Toledo, el ecosistema se mantuvo sin excesos de infraestructura turística ni privatización, a diferencia de otras islas de la región.

Desde 2020, tras los incendios masivos en el humedal del Delta del Paraná, se conformó un espacio participativo con el objetivo de proteger este territorio. Así nació la mesa de gestión de la isla, integrada por diversas organizaciones socioambientales, representantes del municipio y la Universidad Nacional de Rosario, con el fin de trabajar en un plan de manejo que defina qué actividades son compatibles con el ecosistema y cómo se deben llevar adelante.

Toledo denunció que el proceso de licitación impulsado por el Municipio de Baigorria no pasó por esta mesa de gestión ni fue comunicado a las organizaciones que la integran. Aseguró que se enteraron del proceso casi de manera informal, cuando ya estaba en marcha. La licitación, que tuvo un solo oferente, fue adjudicada el 23 de mayo, aunque aún no está confirmado si se firmó el contrato. Toledo cuestionó la falta de transparencia, al señalar que días antes de esa fecha hubo una reunión de la mesa de gestión en la que no se mencionó absolutamente nada al respecto.

Las organizaciones comenzaron entonces a solicitar información oficial. El proceso, lento y trabado, recién permitió acceder a la documentación completa en los últimos días. Frente a esta situación, difundieron un comunicado exigiendo la suspensión inmediata de la licitación. Desde el municipio, la respuesta fue —según denunció Toledo— agresiva y basada en falsedades: se afirmó que las organizaciones conocían y avalaban el proceso, algo que niegan rotundamente.

Otro punto relevante es el rol de la provincia, que sigue siendo la titular del territorio. Para Toledo, la intervención del gobierno santafesino resulta indispensable, no sólo como órgano de control sobre el cumplimiento del comodato, sino también porque recientemente se reglamentó la Ley Provincial de Humedales, que otorga un marco legal más estricto para la protección de estos ecosistemas.

El proceso se concretó a espaldas de las organizaciones ambientales, del Concejo Municipal e incluso de buena parte de la ciudadanía. Se trata de una reiteración de viejas maniobras: en 2021, una licitación similar fue desactivada por presión social tras denuncias por violaciones normativas y falta de transparencia. Hoy, la historia se repite, y las sospechas apuntan a una adjudicación hecha a medida para un emprendimiento privado vinculado al parador Puerto Pirata.

Aunque el área licitada coincide con una zona ya señalada como de servicios en la planificación territorial (actualmente explotada por el parador conocido como Puerto Pirata), desde las organizaciones recalcan que incluso en ese tipo de sectores deben respetarse parámetros ambientales estrictos. Para ellas, el problema no es con el adjudicatario en sí, sino con el proceso viciado que excluyó instancias básicas de consulta ciudadana y legal.

El intendente de Baigorria, Adrián Maglia, brindó declaraciones a medios locales como La Capital y Rosario3, insistiendo en que hubo consenso, pero las organizaciones insisten en que tal acuerdo nunca existió.

Toledo subrayó que la prioridad sigue siendo el cuidado del territorio y reafirmó el compromiso de las organizaciones para seguir defendiendo la isla ante cualquier intento de avance inconsulto. Además, invitó a la ciudadanía a sumarse a las recorridas abiertas que realizan por el humedal: caminatas sin costo fijo, pensadas para acercar a más personas a este espacio natural y fortalecer su protección colectiva.

"Cuantos más ojos haya sobre la isla, más cuidada va a estar", expresó. Por eso, llamó a seguir las redes de Ambientalistas de Baigorria, donde se publican las fechas de las salidas y actividades: Instagram y Facebook.

La defensa de la Isla de los Mástiles no es solo ambiental: es también una forma de ejercer ciudadanía frente al avance del extractivismo urbano.