"No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo", decía Voltaire, en lo que debería ser la base de la conducta oral y escrita de todo gobierno con respecto a la libertad de expresión. Algo que no parece estar ocurriendo actualmente en Argentina.
En mayo pasado, una investigación periodística reveló que el gobierno de Javier Milei elaboró un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abrió la puerta para el espionaje con fines políticos, es decir, espiar a periodistas, políticos, economistas y otros "actores" que expresen una postura contraria a las políticas de la Casa Rosada. De inmediato, su autor, el periodista Hugo Alconada Mon, sufrió varios intentos de hackeo que no llegaron a mayores, pero dejaron un mensaje: cualquiera que exponga al presidente y su gestión podría afrontar consecuencias.
La respuesta oficial no consiguió aventar esos temores, aunque el gobierno jure que no se utilizará la estructura de inteligencia del Estado para perseguir a opositores y críticos. El gobierno confirmó en un comunicado la existencia del documento, pero lo calificó como secreto y advirtió que su difusión podía implicar la comisión de un delito federal.
Ese secreto reservado, así como la intención de espiar, atentan contra la libertad de expresión, un derecho fundamental con protección constitucional en Argentina. La actividad de cualquier organismo estatal debe encuadrarse en la ley vigente, y su apartamiento determina responsabilidad jurídico-penal para quienes así lo hagan. El secreto no sirve para encubrir la eventual ilegalidad.
Desconociendo estos principios, el gobierno estableció por decreto reformas a la ley orgánica de la Policía Federal para ampliar sus atribuciones en un sentido que también viola las garantías individuales: en concreto, esa fuerza podrá vigilar redes sociales (ciberpatrullaje) y realizar pesquisas sin orden judicial bajo cubierta de actividades de prevención.
Es posible que el estilo del presidente predisponga a la sospecha sobre el uso de los recursos del Estado para atacar a los disidentes.
Mientras se presenta como un adalid de la libertad, Milei ha pretendido poner en ridículo a economistas, académicos, artistas o periodistas por medio de descalificaciones burdas, motivadas en el desacuerdo con sus opiniones. El último fin de semana de junio publicó en sus redes sociales casi 200 ataques a la prensa con el eslogan "no odiamos lo suficiente a los periodistas" y calificó la difusión de un video realizado con inteligencia artificial para desprestigiar a una periodista como un mero producto de la "libertad de expresión". Ha llegado incluso a compartir mensajes agresivos de sus seguidores, como uno en el que hasta acusaron de pedofilia a un diputado de la oposición.
Es evidente que el presidente puede discutir y polemizar con otros, pero no es atinado descalificar con esos epítetos. Deberían bastar los argumentos.
Estas actitudes, sumadas al decreto que amplía las funciones de una de las fuerzas del orden, configuran una vocación sin límites por constituirse en "policías de la opinión".Los tonos autoritarios que han revestido por momentos los recientes cruces entre periodistas y funcionarios del gobierno lamentablemente no son nuevos en el sistema democrático recuperado en 1983.
En octubre de 1985, el Ejecutivo de entonces estableció el estado de sitio por 60 días y ordenó por decreto el arresto arbitrario de doce ciudadanos, civiles y militares (entre ellos varios periodistas), sin intervención judicial previa, por el solo hecho de expresar opiniones que su gobierno consideró "desestabilizadoras". También hubo arbitrariedad en actos persecutorios de otros gobiernos. Alguno dijo que había que poner "al opositor de rodillas" y, con la excusa de combatir monopolios mediáticos, se intentó monopolizar la información.
Pero también ha habido avances. En junio de 1993 se derogó el delito de desacato y el Código Penal establece textualmente que "en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público", ni "los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público".
En síntesis, cabe recordar que la historia de Occidente nos ha mostrado que gobiernos masivamente elegidos pueden transformarse en autocracias en las que se conculcan los derechos fundamentales. Las herramientas legales, sin embargo, indican que los funcionarios públicos deben someterse al escrutinio general y, por lo tanto, es inaceptable cualquier fórmula que pretenda una censura previa de la expresión.
Más allá de las diferencias de opinión, los gobernantes, como dijo San Agustín, son nuestros servidores y deberán favorecer la libre expresión, que es un presupuesto de la democracia alcanzada en Argentina con grandes sacrificios.
Un signo de madurez por parte de los dirigentes en función de gobierno sería confiar más en la gente y estar menos pendientes de la opinión publicada.
El autor es político argentino, exvicepresidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) y presidente de la Peña Juan Bautista Alberdi.
Fuente: Diario La Prensa, Panamá
