Exaltación de la Cruz: fumigaciones, cáncer y una comunidad que no se rinde

Exaltación de la Cruz, localidad bonaerense ubicada a solo 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, enfrenta desde hace años una grave crisis sanitaria vinculada al uso de agrotóxicos. A pesar de las pruebas científicas, testimonios y fallos judiciales, las fumigaciones con agroquímicos como el glifosato y otros insecticidas prohibidos en decenas de países continúan realizándose a metros de viviendas y escuelas rurales.

El barrio Esperanza y San José, en particular, concentran una cifra alarmante: en apenas 280 hogares se detectaron 58 casos de cáncer, además de malformaciones, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias y neurológicas. Estos barrios están rodeados de campos fumigados donde, en muchos casos, se aplican sustancias en horarios escolares y en cercanía directa con zonas habitadas, violando abiertamente la legislación vigente.

Desde 2012, el colectivo Exaltación Salud, conformado por vecinas y vecinos, denuncia esta situación, exige controles reales y el cumplimiento del fallo judicial que prohíbe fumigar a menos de 1000 metros de zonas habitadas. Pero, lejos de garantizar protección, las autoridades locales han minimizado el problema, encubierto a productores y priorizado negocios por encima del derecho a la salud.

Una de las voces más firmes de esta lucha es la de Gabriela Sandes, vecina de la zona e integrante del colectivo. Su hija Ana, de solo 13 años, falleció en 2017 tras ser diagnosticada con cáncer de ovario. Gabriela nunca imaginó que las avionetas que pasaban por encima del barrio, que al principio le parecían inofensivas, estaban esparciendo productos altamente tóxicos cerca de su casa, de la escuela, de sus hijos.

"No fue algo que uno sospechara. Lo entendí después de la muerte de Ana, cuando me uní a Exaltación Salud y empecé a ver los casos, los patrones, las fumigaciones constantes. Mi hija no se enfermó porque sí. Le impusieron el veneno sin que lo supiéramos", relata.

El caso de Ana no es aislado. Gabriela cuenta que en la misma escuela a la que iba su hija, tres niñas desarrollaron distintos tipos de cáncer terminal en un corto período de tiempo. Fue uno de los datos más alarmantes que impulsaron a vecinas del grupo a comenzar un relevamiento epidemiológico comunitario. El Estado, por su parte, nunca lo hizo o lo hizo con un enfoque meramente censal, sin abordar los problemas de salud.

El colectivo Exaltación Salud denunció esta semana un acuerdo que calificó como escandaloso e ilegal, y que —según afirman— debería marcar un antes y un después, no solo en nuestro partido, sino en todo el país. Se trata de un hecho gravísimo que, lejos de haber sido sancionado, fue ocultado durante años.

Sobre este verdadero calvario que atraviesan vecinos y vecinas de la localidad, en las Señales, hablamos con Gabriela integrante de la organización.

Para comenzar, ¿nos podés contar brevemente quién eras antes de todo esto allí en esa zona y cómo cambió tu vida tras lo que significó perder a una hija, como en el caso de Ana (foto)?

Bueno, nuestra vida antes de que pasara eso era común y corriente, como la de cualquier otra familia. Éramos una familia humilde, normal. Llevábamos a nuestra hija a la escuela. Teníamos dos hijos mayores: Juan, el mayor, Félix, y Ana. Y bueno, mi marido era trabajador, plomero y también gasista. Yo, por mi parte, me ocupaba de la casa. Esa era mi familia en ese entonces.

¿Y en qué momento empezaste a sospechar que la enfermedad de Ana podía estar relacionada con el tema de las fumigaciones?

En realidad nunca lo sospeché desde un principio. Todo pasó así. Me di cuenta después de que ella falleció. Ahí empecé a notar cosas nuevas. Por ejemplo, en un momento ella comenzó con un dolor en un costado. La llevé al hospital de Salto de la Cruz para que la revisaran. La atendieron en la guardia y me dijeron que podía ser una inflamación intestinal. Le dieron un ibuprofeno y nos volvimos a casa.

Pasó un mes y ella seguía con dolores. Entonces la llevé a la sala del barrio Esperanza, donde atendía su pediatra en ese momento, Mariana García. Fue ahí donde notaron que tenía la panza hinchada. Nos mandaron a hacer estudios, análisis, imágenes. Y bueno, en noviembre de 2016, alrededor del 20, le hicieron una ecografía. Ahí le encontraron un tumor en el ovario derecho. Y bueno… en ese momento, mi vida cambió por completo.

En una nota que leí, donde te entrevistaban, decías que al principio veías pasar las avionetas como algo lindo. Pero después, cuando uno empieza a atar cabos, y asusta...

Mirá, nunca nos dimos cuenta hasta que yo entré al grupo Exaltación Salud y empecé a ver la realidad de lo que estaba pasando. Yo llevaba a mi hija por la ruta, que en ese entonces era todo campo, puro campo de soja. Atrás de mi casa también había soja, y en el barrio de al lado igual, todo rodeado de campos con soja.

Yo veía las avionetas y, con mi marido, las mirábamos desde la bicicleta como algo lindo, algo fuera de lo común. Me gustaba mostrarle a mi hija eso en el cielo, como una cosa linda para ver. Pero nunca me imaginé las consecuencias ni la gravedad que con el tiempo empecé a entender y a ver. En ese momento, no lo sabía.

¿Y cómo nace Exaltación Salud?

Bueno, yo entré en el grupo en 2017, después de que falleció mi hija Ana. Pero el grupo se había formado en 2012, con dos personas: Patricia y Karina. Ellas vivían en la localidad de Cardales y empezaron a notar cosas raras en los campos: olores extraños, situaciones incómodas, fumigaciones.

Y bueno, así fue como ellas comenzaron a investigar, a averiguar qué pasaba. Y de a poco se fue formando el grupo. En ese momento muchos las trataban de locas, igual que pasa hoy en día. Porque cuesta que la gente entienda —o que quiera entender— lo que realmente está pasando. Pero sí, así empezó todo, en 2012.

Ustedes han hecho un trabajo inmenso que debería haber hecho el Estado para cuidar la salud de vecinas y vecinos. Han relevado barrios, mostrado cifras alarmantes, y hasta consiguieron un amparo judicial. ¿Qué respuesta han tenido por parte de las autoridades frente a todo esto que ustedes demuestran?

Bueno, te cuento un poco de eso y después vamos a lo municipal. En los barrios Esperanza y San José, que en ese momento contaban con 28 manzanas, registramos 58 casos de cáncer y otras enfermedades: malformaciones, abortos espontáneos, y distintos problemas de salud. Todo esto está relacionado con el uso de agrotóxicos, porque estamos rodeados de campos fumigados.

Ese relevamiento lo hicimos entre dos vecinas comunes, preocupadas por lo que estábamos viendo. Todo comenzó cuando detectamos tres casos de chicas con cáncer terminal que iban a la misma escuela que mi hija, en el barrio San José, a solo 150 metros del barrio Esperanza. Mi hija tuvo cáncer de ovario. Otra chica, cáncer de intestino. Y una más, más chica, con un tumor en la cabeza. Todo eso nos encendió las alarmas.

Yo en ese entonces no sabía nada del tema, pero empezamos a investigar. Lo que descubrimos fue muy fuerte. No eran enfermedades comunes, ni algo aislado. Había un patrón, y era claro que algo nos estaba enfermando.

Después del relevamiento que hicimos, el municipio se movió, pero no para investigar la salud de la población. Hicieron otro relevamiento, pero más bien administrativo: si la casa era propia, si había cloacas, servicios… Nada que ver con los problemas de salud. Yo lo sentí como una forma de tapar el reclamo, de sacarse la responsabilidad de encima.

Gabriela Sandes con la foto de su hija Ana, de 14 años, víctima de cáncer. Foto: Noelia Guevara / ANCCOM

Hace poco se conoció un nuevo escándalo: una escuela fumigada, con un acuerdo entre directivos y un productor. Se cambió salud por pupitres. ¿Cómo vivieron eso?

Ese caso fue gravísimo. Pasó hace seis años en la Escuela N°4 de Parada Robles, donde funcionaban la primaria y la secundaria juntas. Esto demuestra el nivel de desprotección en el que estamos. No hay controles reales, no hay sanciones, no hay una política de salud que priorice la vida de las personas. Por eso seguimos luchando, porque nadie más lo hace si no lo hacemos nosotros.

Las fumigaciones aéreas se hicieron varias veces sobre la zona, incluso en cercanías de la escuela, usando insecticidas peligrosísimos como el Thiametoxam y la Lambdacialotrina. Son productos altamente tóxicos, prohibidos en al menos 28 países. Y acá los tiraban cerca de los chicos, de los docentes, mientras las clases estaban en curso.

Esto ocurrió en 2019, hace seis años. Los docentes tuvieron que ser evacuados, y desde entonces, la comunidad quedó marcada por ese hecho. ¿Cómo se puede tomar una situación así? Con mucho dolor, con mucha impotencia. Porque no fue un accidente. Fue una decisión política, un acuerdo entre un productor —Miguel Ángel Zocca— y funcionarios municipales, entre ellos Adolfo Charrato, quien era delegado municipal de Parada Robles.

Ese acuerdo incluía, literalmente, intercambiar pupitres y sillas a cambio de fumigar. Taparon pruebas. Hubo complicidades. Y lo peor es que cuando se denuncia, en vez de investigar a los responsables, terminamos siendo señalados nosotros, los vecinos, los que nos animamos a hablar. Nos denunciaron a nosotros.

Esa es la impunidad con la que se manejan. Siguen fumigando de noche, como si no pasara nada. El municipio pone la plata y los negocios por encima de la salud. Y esto no es solo culpa de los que gobiernan hoy. Esto viene desde hace muchos años. Gobiernos anteriores, actuales, todos han mirado para otro lado.

Y a veces te preguntás: ¿cómo se sigue? Se sigue con dolor, con bronca, con una lucha que parece no terminar. Porque duele ver morir a tu hija. Duele ver cómo enferman a los niños. Duele no poder hacer nada. Estás atada de pies y manos.

En mi caso, no tenía obra social. Cuando mi hija se enfermó, no la atendieron bien en el hospital local, el de Los Cardales. Me tuve que ir al Garrahan, donde por suerte sí me escucharon y nos dieron lo que acá nos negaron. Y ahí vi a muchas otras familias, de distintos lugares, con las mismas enfermedades, con los mismos dolores, y con las mismas preguntas: ¿por qué?

Y entendí que esto no fue una cuestión del destino. No fue "porque sí". No fue que "le tocó". Fue porque nos fumigaron. Porque nos impusieron veneno. Porque hicieron las cosas mal. Porque pusieron el negocio antes que la vida.

Tal vez suene como una pregunta frívola, pero pienso en Exaltación de la Cruz, donde vive una persona muy conocida que menciona mucho este lugar en los medios: Lilita Carrió. Siempre dice que es su lugar en el mundo. ¿Ella en algún momento se refirió a todo esto que está pasando?

Mirá, que yo sepa, no. Por lo menos desde mi parte o desde el grupo, no. Tal vez alguien lo escuchó o lo comentó, pero yo nunca la oí hablar del tema ni mostrar interés en involucrarse. Y eso que siempre dice que Exaltación de la Cruz es su paraíso, su refugio.

Pero bueno, pasan cosas también en este "refugio". Porque donde ella tiene su chacra y disfruta del verde, también hay mosquitos… pero no solo los de picadura, sino esos mosquiteros químicos, esos aviones y tractores que nos envenenan y nos arruinan la vida.

Yo me pregunto: ¿qué pasaría si esto le pasara a ella, o a alguna de las personas importantes que también tienen propiedades en la zona? Como Alfredo Casero, por ejemplo. ¿Cómo reaccionarían?

Desde mi lugar, lo veo así: muchas veces miran solo su ombligo, su comodidad. Mientras no les pase a ellos, no se mueven. Pero esto le puede pasar a cualquiera. A Carrió, a vos, a mí, a cualquiera. Y si les pasara, estoy segura de que reaccionarían con la misma desesperación con la que reaccionamos nosotros: golpearían puertas, denunciarían, harían lo imposible por frenar esto.

Queremos que se sepa lo que pasa en Exaltación de la Cruz —como en tantos lugares fumigados— llegue a más oídos, porque todavía estamos lejos de que el Estado tome conciencia. O peor aún: quizás sí saben, pero prefieren poner el negocio por encima de todo. Siempre el negocio arriba, la salud abajo… cuando debería ser exactamente al revés.

La salud de niñas, niños y docentes canjeada por muebles escolares

Desde el colectivo Exaltación Salud denunciamos un arreglo escandaloso e ilegal que debería marcar un antes y un después, no solo en nuestro partido sino en todo el país. Un hecho gravísimo que, lejos de haber sido castigado, fue ocultado durante años.

En un expediente judicial recientemente accedido, se consigna que la “reparación” por la fumigación aérea ilegal de una escuela en Parada Robles —ocurrida en marzo de 2019— fue un insólito y vergonzoso acuerdo: 30 pupitres y 60 sillas. Así se pretendió cerrar un crimen ambiental y sanitario que puso en riesgo la vida de niñas, niños y docentes.

Este episodio no solo refleja el desprecio por la salud pública, sino que expone un entramado de complicidades entre el sector privado, autoridades educativas, funcionarios municipales y el poder judicial.

El hecho
El 11 de marzo de 2019, una avioneta fumigó en pleno horario escolar sobre la Escuela Primaria N° 4 "General José de San Martín" de Parada Robles, donde también funciona la Secundaria Técnica N°1. El resultado fue alarmante: docentes y estudiantes con síntomas de intoxicación, evacuación del edificio y suspensión de clases. Varias de las consecuencias para la salud podrían ser irreversibles o aparecer años después.

La avioneta utilizó dos insecticidas altamente peligrosos:

• Thiametoxam, prohibido en 28 países, según la Pesticide Action Network.
• Lambdacialotrina, un químico tóxico por inhalación o contacto dérmico, cuyos efectos coinciden con los síntomas denunciados.

El hecho generó tal repercusión que derivó en la aprobación de una ordenanza que prohibió las fumigaciones aéreas en el partido. Pero detrás de esa medida, hubo una maniobra para encubrir responsabilidades.

El "acuerdo" ilegal
Pese a la gravedad del caso, la causa fue archivada ese mismo año por el fiscal Juan Manuel Esperante, hoy denunciado por Exaltación Salud por su actuación en múltiples causas vinculadas a fumigaciones ilegales.

Gracias al trabajo del abogado Fabián Maggi, logramos acceder finalmente al expediente. Lo que encontramos fue un acuerdo entre los directores de ambas escuelas —María Natalia Gaglioti (Primaria) y Marcelo Germán Oubel (Secundaria)— y el productor agropecuario Miguel Ángel Zocca, responsable de la fumigación.

El acuerdo consistía en una supuesta “reparación del daño”: Zocca donaría 30 pupitres y 60 sillas. Un pago material por un delito contra la salud pública. Con este acuerdo —avalado por el fiscal Esperante— el responsable reconoció su culpabilidad y, a la vez, logró que la causa se archivara, manteniéndose oculta por años.

Irregularidades graves
El acuerdo es completamente ilegal:

• Involucra a menores de edad, y la Ley 13.433 (art. 6, inciso a) prohíbe cualquier arreglo de este tipo.
• No intervinieron la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos ni la Asesoría de Menores e Incapaces.
• Las declaraciones de los directivos, tomadas en días distintos, son sospechosamente similares.
• Se afirma falsamente que todas las familias estaban de acuerdo. Padres y madres que fueron ese día desmienten haber sido consultados, y sus testimonios no figuran en el expediente.
• Además, el juez de garantías Julio Andrés Grassi no objetó el acuerdo ni lo impugnó, y el entonces delegado municipal Adolfo Charrato, denunciante formal del hecho, no solo no lo informó a la comunidad, sino que actuó en complicidad con el Poder Ejecutivo local al no advertir la ilegalidad del proceso.

Complicidad judicial y política
El fiscal Juan Manuel Esperante no solo avaló este “arreglo” sino que, en paralelo, se fotografiaba con integrantes de la Sociedad Rural de la zona —posibles implicados en causas de fumigación—. Usó el acuerdo con Zocca como excusa para archivar la causa, garantizando impunidad.

¿Cuánto vale la salud?
Este caso deja al desnudo cómo se manipulan instituciones educativas y judiciales para encubrir delitos ambientales. La salud de nuestras infancias y docentes fue tasada en muebles escolares. Y la comunidad fue deliberadamente excluida del proceso judicial.

La obstrucción al acceso a la justicia, la impunidad institucional y la naturalización de prácticas tóxicas son parte de un modelo que avanza sin freno, con el aval de quienes deberían protegernos.

Seguiremos luchando
Desde Exaltación Salud no vamos a callarnos. Seguiremos denunciando, exigiendo y construyendo justicia ambiental y social. Por el derecho a vivir en un ambiente sano, por nuestras vidas, por las infancias que no pueden defenderse y por todas las que vendrán.

No nos callamos. No nos vendemos. No nos rendimos.