Sí, podríamos decirlo, porque las restricciones que impone son tan amplias y abarcan tantas actividades que, en la práctica, implican una limitación casi absoluta al derecho de huelga. Por ejemplo, el decreto incluye dentro de las actividades “trascendentales” a sectores insólitos como la industria alimentaria en toda su cadena de valor. A partir de ahora, la fabricación de galletitas, alfajores o caramelos pasa a considerarse una actividad esencial, sujeta a las severas restricciones del decreto.
La verdad es que este decreto representa una grave violación de las garantías constitucionales y del derecho internacional en relación al derecho a huelga. Argentina cuenta con una normativa sólida en la materia, como la Ley 25.877, reconocida como una de las más avanzadas en Occidente. En cambio, lo que propone este decreto —si es que puede considerarse una norma legítima— constituye, en mi opinión, una verdadera aberración jurídica.
Lo más preocupante es el cambio en la concepción de “servicio esencial”. Tradicionalmente, esta categoría se reservaba para aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en riesgo inmediato y concreto la vida o la salud de la población. Por eso, la legislación previa solo contemplaba restricciones para cinco sectores muy específicos: el suministro de agua potable, los servicios hospitalarios, la electricidad, el control aéreo, entre otros.
Con este nuevo decreto, se pasa de proteger la vida y la salud de la población a proteger intereses empresariales, bajo el pretexto de representar a la sociedad. Pero lo cierto es que los empresarios no son la población, y sus intereses no siempre coinciden con los de la mayoría.
No resiste el más mínimo análisis jurídico, podríamos decir.
No, para nada, para nada, para nada, es más, se limita el derecho de huelga a trabajadores que por ahí pueden hacer huelga porque el empresario está haciendo actividades que pueden llegar a generar un perjuicio a la población, por ejemplo, violando la ecología. O sea, que esto no es por la población, es por los empresarios. Se cambia el eje del beneficio de la representación de la ley.
El Gobierno también ha justificado este decreto en nombre de un supuesto equilibrio fiscal.
El Gobierno se ha convertido en una máquina de decir disparates. Llega un punto en el que ya no se sabe ni qué comentar. Yo suelo ser muy respetuoso, pero las barbaridades que están diciendo superan cualquier lógica, y terminamos discutiendo afirmaciones que carecen completamente de sentido.
La categoría de "servicio esencial" jamás tuvo como propósito cuidar el equilibrio fiscal. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Es una invención de este Gobierno. Para ponerlo en perspectiva: actividades como las bancarias, los seguros o el transporte, en general, no se consideran esenciales en ningún país. Es cierto que, si una huelga se extiende demasiado —por ejemplo, 15, 20 o 30 días—, la Organización Internacional del Trabajo permite que los gobiernos intervengan para evitar que se afecte gravemente la vida cotidiana de la población. Pero eso es por la duración del conflicto, no por la naturaleza de la actividad en sí.
En cambio, acá se pretende considerar como “servicio esencial” al trabajo aduanero o a las tareas portuarias, simplemente para imponer restricciones al derecho a huelga. Y eso no es correcto. Están utilizando una categoría jurídica específica para fines completamente ajenos a su naturaleza original.
Además, estamos hablando de un decreto de necesidad y urgencia, y el Gobierno parece no entender que la población eligió a Javier Milei como presidente, es decir, como jefe del Poder Ejecutivo, pero también eligió a otras personas para ejercer el Poder Legislativo. El presidente se queja de que el Congreso no le aprueba sus medidas, pero ese es justamente el rol del Poder Legislativo: debatir, aprobar o rechazar leyes.
Y lo más grave: no se puede reformar una ley mediante un decreto. Eso es lisa y llanamente inconstitucional. Si seguimos siendo un país mínimamente democrático, entonces esto seguirá siendo inconstitucional, por más que quieran imponerlo por la fuerza o por decreto.
Hace un momento mencionaba a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Imagino que habrá alguna declaración de la OIT
Sí, la OIT ya ha emitido varias advertencias. Sin embargo, considero que las centrales sindicales probablemente impulsarán recursos judiciales. Es muy posible que la justicia suspenda este decreto. Además, es probable que las centrales sindicales se presenten ante la OIT, si es que aún no lo han hecho. A través del Comité de Libertad Sindical, la OIT podría exigirle explicaciones a Argentina y señalar que no puede emitir este tipo de normativas, que son totalmente contrarias al principio de libertad sindical. Se están violando derechos humanos fundamentales, protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica, el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y numerosos tratados internacionales que Argentina, como Estado, está obligada a respetar.
La situación ha llegado a un punto en el que este gobierno lleva tiempo erosionando el Estado de Derecho, lo cual es preocupante porque estamos jugando con fuego. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno, y eso es normal dentro de la democracia; discutimos y debatimos, es parte del proceso. Pero cuando un gobierno comienza a destruir el Estado de Derecho y las garantías institucionales, se ingresa en un terreno distinto y peligroso, pues pone en riesgo la democracia misma del país.
Escuchaba a un colega de Uruguay expresar su preocupación por esta medida y comentar que incluso los propios gobiernos de la región están algo alarmados frente a ciertas situaciones que estamos viviendo.
Hemos pasado a ser un mal ejemplo en ese sentido, y eso debe llamar la atención, sin duda. La región es compleja, con gobiernos más y menos democráticos, y con distintos niveles de desarrollo, pero creo que actualmente somos el peor ejemplo. Algo que no ocurría antes, pues en ciertos momentos llegamos a ser un referente de sociedades que, a pesar de sus contradicciones, podían considerarse entre las más progresistas de su época histórica. Hoy, lamentablemente, no es así.
Ya existen antecedentes de fallos similares que podrían anticipar una posible decisión. En 2001, durante el gobierno de la Rúa, ¿sucedió algo?
Sí, hubo varios precedentes. Gran parte de ellos provienen de denuncias realizadas ante la OIT por la UTA (Unión Tranviarios Automotor), donde la OIT condenó al Estado argentino. Además, hubo fallos judiciales que establecieron que no se puede limitar el derecho de huelga de esa manera. En general, estas medidas no son avaladas ni por la justicia, ni por la OIT, ni por ningún organismo internacional. No sé qué sucedería si se presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero probablemente también intervendría y consideraría que esto es un atropello.
La situación es muy particular: es un gobierno que no se detiene ante nada y no duda en vulnerar cualquier derecho, por fundamental que sea, lo cual resulta muy peligroso. Habrá que ver cómo continúa esto, pero desde la Asamblea de Abogados Laboralistas ya emitimos declaraciones y tengo la esperanza de que la justicia intervenga y suspenda este decreto. Por supuesto, la población también debe protestar a través de sus organismos o de forma directa, y así poner en crisis este tipo de medidas que son inaceptables. No se puede permitir que esto ocurra.
Es una contradicción, pero tenemos un gobierno que se autodenomina liberal y, sin embargo, regula con dureza exclusivamente el derecho laboral.
Sí, las restricciones solo se aplican a los trabajadores, mientras que, al mismo tiempo, se está flexibilizando todo lo demás e incluso se les aconseja a las personas violar la ley y evadir impuestos. Esto es insólito. Por eso digo que ya no es una cuestión de estar a favor o en contra, sino que se está llevando al extremo el riesgo sobre el Estado de Derecho. Porque un gobierno que insta a los ciudadanos a evadir la ley, diciéndoles que, si son “listos”, no paguen impuestos, es algo que no habíamos visto en este país.
Se ha llegado a un punto inédito en el que las únicas personas a las que se les imponen crecientes restricciones —por ejemplo, en la negociación paritaria— son los trabajadores. Mientras tanto, los empresarios, que son los grandes responsables ocultos de las crisis que hemos vivido durante 30, 40 o 50 años, permanecen fuera del foco; sus nombres nunca aparecen. Parece que en este país no hay empresarios corruptos, solo sindicalistas, políticos, obispos y ministros corruptos. Pero todos sabemos que los grandes beneficiarios de estas políticas son ellos.
Esto forma parte de un discurso construido con ese enfoque, y ahora lo están llevando al extremo. Tanto es así que incluso algunos empresarios pueden alegar que “el presidente de la Nación me dijo que siguiera evadiendo, así que no hay problema”. Eso es lo que está ocurriendo, y es gravísimo. El decreto en sí mismo es muy grave y, además, parece una burla, porque es un decreto sobre regulación del transporte marítimo que, a partir del artículo tercero, aparece de repente incluyendo una limitación al derecho de huelga en todas las actividades.
No, no tiene sentido. Es un disparate. No cuenta con fundamentación jurídica ni lógica alguna y vulnera todas las garantías constitucionales.
