El Sukaria, la interventora de facto, designada por Victoria Villaruel, presentó un diagnóstico centrado exclusivamente en aspectos burocráticos, como recortes presupuestarios, reducción de personal y supuestas irregularidades heredadas. Sin embargo, omite completamente la razón de ser del organismo: la defensa de los derechos comunicacionales de la ciudadanía y la promoción de una comunicación democrática.
Distintas organizaciones de comunicación, sindicatos de prensa y referentes académicos han criticado duramente a la intervención y esta auditoría. Coinciden en que se trata de un intento de desarticular una institución que, desde su creación en 2012, ha sido un actor clave para garantizar el derecho a la información plural, equitativa y sin discriminación.
La lectura del informe evidencia que no existen argumentos sólidos para justificar el cierre de la Defensoría. La interventora simplemente no cree en su razón de ser, ni parece conocer su función. En un contexto de creciente concentración mediática, preocupa la invisibilización de los derechos que esta institución promovía. Resulta evidente una política de desmantelamiento institucional encubierta bajo el discurso de la austeridad.
El informe presentado por Soher El Sukaria al Congreso carece de una definición institucional clara sobre el rol de la Defensoría del Público. No explica su razón de ser ni el valor que tiene como garante de los derechos de las audiencias y promotora de una comunicación democrática. Ausente de cualquier diagnóstico sobre la crisis del sistema de medios, la concentración informativa o los discursos de odio, el documento se limita a enumerar medidas de gestión centradas en el ajuste: despidos, reestructuraciones y reducción de gastos, sin ofrecer una mirada crítica o contextualizada.
La crisis del sistema de medios y la ausencia de respuestas
El informe omite mencionar la crisis del sistema de medios, aunque diversos estudios y organizaciones han advertido sobre el deterioro de la pluralidad informativa y el aumento de la violencia mediática. Esta falta de análisis crítico ha sido interpretada como una omisión deliberada, que ignora la función esencial de la Defensoría en la defensa de una comunicación libre, plural y diversa. En lugar de abordar estos temas, el informe convierte a la Defensoría en una mera oficina técnica, sin función pública significativa. Se detallan la eliminación de equipos, el despido de personal especializado y la paralización de programas históricos vinculados a la protección de los derechos de las audiencias, sin justificar los criterios adoptados ni evaluar sus consecuencias. La lógica del ajuste se presenta como el eje central, sin mencionar en ningún momento el marco normativo ni los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En lugar de fortalecer a la Defensoría como un espacio clave para la protección de los derechos comunicacionales, el informe opta por un ajuste que debilita su capacidad de intervención y monitoreo. Se omite cualquier mención a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que sustenta la existencia del organismo, y se desoye el reconocimiento de los derechos comunicacionales de grupos históricamente vulnerados, como niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios, mujeres y personas con discapacidad. Las audiencias, el público en general, simplemente no existen en el informe. Este documento despolitiza una institución creada para empoderar a la ciudadanía frente a los medios, reduciéndola a un apéndice estatal innecesario e ineficiente.
Al enfocarse únicamente en supuestas irregularidades administrativas, el informe construye un relato de ineficacia, que prepara el terreno para su desactivación. Este enfoque se produce en paralelo al vaciamiento de otros organismos clave de regulación y control, como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). La intervención, entonces, no parece una oportunidad de mejora institucional, sino una maniobra más en un proceso más amplio para desmantelar las políticas públicas de comunicación democrática impulsadas en los últimos años.
Ausencia de voces del sector y de participación
Es llamativo que el informe no incluya testimonios ni diagnósticos de los colectivos afectados, ni tampoco un diálogo con sectores académicos, sindicales o comunitarios. La Defensoría fue concebida como un organismo participativo, pero la intervención presentada se caracteriza por una gestión verticalista y desprovista de rendición de cuentas a las audiencias reales. Esta omisión de voces del sector refleja un enfoque cerrado y desconectado de las necesidades y demandas sociales.
Ajuste y persecución política
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, expresó en su cuenta de X: "Soher El Sukaria dinamita la Defensoría del Público para luego decir que no sirve y pretender cerrarla. Además, persiguió a los trabajadores por su orientación política para que aceptaran un retiro voluntario".
"La funcionaria cobra bien por hacer lo que vino a hacer; solo que termina su tarea y sigue sin saber el para qué de una Defensoría del Público, su importancia crucial para fortalecer nuestra democracia. No dice una sola palabra sobre la crisis actual del sistema de medios. No brinda argumentos para su cierre. No le reconoce derechos a las audiencias, al público en general ni a los periodistas en particular. Nada, solo ajuste y persecución política". "Nos vemos en el Congreso", concluyó Carro.
